Bajas en el potenciar trabajo: se presentó un amparo colectivo

Ayer, martes 26 de marzo, 16 beneficiarios y beneficiarias del Potenciar Trabajo junto a distintas organizaciones sociales presentaron una acción de amparo colectiva para exigir la restitución de los salarios dados de baja arbitrariamente. Realizaron, además, una permanencia pacífica frente al obelisco con radio abierta. Por Sofía Oillataguerre (ANRed).

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Según el abogado patrocinante, Eduardo Penello: «la resolución 82/2024 del Ministerio de Capital Humano afecta a 22501 personas. Es completamente arbitraria, ilegítima e inconstitucional porque viola una cantidad de derechos y garantías consagrados en la propia constitución nacional. Viola el derecho al trabajo, el acceso a la salud, a la seguridad social; viola el derecho a la educación ya que la gran mayoría tiene hijes a cargo; niega el derecho a la libre circulación ya que implica un perjuicio para todo aquel que quiera salir del país y fomenta la migración ilegal».

#AHORA #CABA Concentración en el Obelisco exigiendo la restitución del Potenciar Trabajo pic.twitter.com/sPtKOJXrg6

— ANRed #30Años (@Red__Accion) March 26, 2024

La resolución dictada por el ministerio a cargo de la funcionaria Sandra Pettovello y firmada por el Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo María de la Torre, determina el cese del pago a todos aquellos beneficiarios que hayan viajado al exterior «entendiendo que existe pérdida de la condición de vulnerabilidad social del titular, acreditada al momento del ingreso a dicho programa»

Para Doris Quispe, abogada y miembro de la Campaña Migrar No Es Delito, el estado «debe proteger a este grupo. No pierden su condición de vulnerables por haber viajado a sus países de origen».

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Se escucharon varios testimonios durante la radio abierta de personas que se han quedado sin el ingreso por un viaje hecho incluso 5 años atrás en su mayoría, para asistir a familiares enfermos, a ver a sus padres después de 25 años, o a despedirse de su madre en su lecho de muerte. «¿Tenemos que ver a nuestros familiares adentro de un cajón por el celular?» se preguntaba María Ester Giménez, una de las damnificadas.  Otro testimonio: «porque viajemos una vez al año no quiere decir que tengamos los bolsillos llenos de dólares, que seamos millonarios. El hecho de que nos compremos unas zapatillas, hasta eso se está fijando el gobierno».

Denuncian el nivel de entrometimiento del estado en la vida privada de las personas, en sus consumos. Como el testimonio de una militante del Polo Obrero: «No somos rehenes de este país,  tenemos derecho a viajar.  Mi hermana murió el año pasado en Bolivia. Mi otra hermana me mandó el giro desde España para que pueda viajar. Tuve que presentar todos los comprobantes. Todo te preguntan sobre tu vida personal. Me siento invadida. Tuve que decir cuándo murió mi mamá, quién me pagó el pasaje, el nombre de mi hermana, dónde labura, su código postal. Después que presenté y me dijeron que estaba todo bien me salieron con otra cosa. Un viaje en 2020 que no me acordaba. Después me acordé y era que viajé porque mi hija tenía un embarazo de alto riesgo.  Hoy tuve que pedirle que consiga los papeles del hospital de Bolivia donde estuvo internada, ella tuvo que perder su día de trabajo. Esto no puede ser».

Además,  hay errores groseros en el cruce de datos ya que a varias personas les quitaron el salario por haber viajado a Salta o a La Plata, y acusaron a una mujer de haber viajado a Noruega, lo cual fue desmentido por ella y su patrocinio legal.

Para Gabriel Nilsen del FOL La Plata estas medidas representan un ataque directo a las formas de organización popular: «Las compañeras que cobran estos planes son las que  están en la barrios cumpliendo tareas esenciales donde el estado no llega y por otra parte, el gobierno entrega vouchers a las clases medias acomodadas para pagar las escuelas privadas».

Muchas de las personas que cobraban el Potenciar trabajan en los comedores que asisten a miles de familias en los barrios de todo el país. El Ministerio de Capital Humano sigue sin dar respuestas a esta situación.

Denuncian una discriminación y estigmatización por clase social. Damaris Rolón de la Coordinadora por el Cambio Social declaró: «No enviar los alimentos, amenazarnos con que si luchamos o defendemos nuestros derechos vamos a terminar pesos,  sacarnos nuestro salario por migrar, por salir de nuestro país, por tomar un avión. Sepamos que el estado también puede incurrir en acciones ilegales lo que pasa es que es mucho más difícil juzgarlas. Dentro del gobierno de Javier Milei hay muchos chorros, asesinos, corruptos. Como Caputo, Ministro de Economía, quien tomó la deuda con el FMI, se la dio a todos sus amigos banqueros, especuladores y empresarios y nadie lo fue a investigar.  A él no le embargaron el sueldo, no se fijaron cuántos aviones se tomó, no fue en cana, no le preguntaron a dónde fue y es un delincuente».