Movilizan al Obelisco con permanencia en repudio a los despidos discriminatorios de migrantes en el Potenciar Trabajo

Organizaciones sociales presentarán este martes 26 a las 11 un amparo legal en los Tribunales porteños y movilizarán al Obelisco con permanencia en repudio a la suspensión de más de 45 mil personas migrantes en el programa Potenciar Trabajo en los últimos dos meses. «Estamos ante un brutal ataque discriminatorio y xenófobo contra trabajadorxs de Bolivia, Paraguay y Perú, quienes tienen un enorme peso en las barriadas obreras de todo el país. Sin ningún tipo de evaluación de la condición social de cada persona y sin ningún aviso previo, violando la propia reglamentación del Potenciar Trabajo, solo por cruzar la frontera o por viajar dentro del país, han sufrido este ataque. El objetivo del gobierno es avanzar con un ajuste brutal eliminando la asistencia social cuando la pobreza supera el 60% de la población. Han dejado sin su único ingreso para poder comer a decenas de miles de familias, que no podrán asistir al comedor popular, también cerrado por el gobierno, y tampoco podrán pagar el alquiler, empujando a muchas familias a las calle», denuncian. Por ANRed.

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En la misma línea, agregan: «en muchos casos se trata de familias que hace décadas viven y trabajan en el país y se les quiere cercenar su derecho a circular, transformándolos en rehenes de este gobierno y ciudadanos de segunda que no tienen derecho a ver a su familiares por situaciones de salud, fallecimientos u otros motivos«, detallan las organizaciones sociales, que este martes 26 de marzo desde las 11 concentrarán frente a los Tribunales porteños (Talcahuano y Lavalle) para presentar un amparo legal, para luego movilizar al Obelisco porteño, con las consignas «Abajo los despidos discriminatorios en el Potenciar Trabajo» y «Migrar es un derecho«.

Entre las particularidades del brutal ajuste, también denuncian: «ha habido despidos de compañerxs que viven en pueblos fronterizos y cruzan todos los días caminando para trabajar, ya que muchas veces son parte de una misma comunidad, como la Quiaca y Villazón. O casos en Tierra del Fuego, que para pasar por tierra a territorio argentino en Santa Cruz deben pasar por Chile». Incluso, remarcan, «ha habido casos directamente que no viajaron y los funcionarios de ministerio de capital humano se excusan que ‘fue equivocacion’ «.

«Se trata de una política criminal y racista de ajuste contra lxs trabajadorxs más golpeadxs por la crisis, quienes tienen los trabajos peores pagos y sin derechos laborales. Llamamos a enfrentar este ataque criminal contra lxs que menos tienen y la defensa de todos los derechos y las libertades de las colectividades migrantes hasta conquistar el reintegro de los ingresos para todxs lxs compañerxs», finaliza el comunicado de las organizaciones sociales.