Bullrich intima a pagar su millonario protocolo antiprotestas a sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales
Imagen de la intimación que llegó a Camioneros.
En una clara provocación a días del paro general convocado por la CGT y las CTA para el 24 de enero, la ministra de Seguridad de Javier Milei, Patricia Bullrich, intima a sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales a que paguen sus millonarios operativos policiales (que nadie solicitó). Pretende cobrarle $40.419.227,56 a la Federación Marítima y Portuaria (FEMPINRA), al gremio de Anses APOPS, al de judiciales UEJN, al Polo Obrero, a la UTEP, al MST, a Izquierda Socialista, la UOM, la UOCRA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), el de Neumático SUTNA, a Camioneros, la CTA, la Conadu Histórica y la CTA Autónoma, por el operativo del 27 de diciembre de 2023. También, busca cobrarle $56.760.282,58 a ATE, la CTA, la UTEP, la Federación Nacional Territorial, Libres del Sur, el Frente Barrial CTA, la Federación de Trabajadores de la Economía Social (FETRAES) y al FOL, por la movilización del 22 de diciembre del año pasado. La abogada Valeria Carreras reveló que las cartas documentos son nulas, por tener errores como los nombres incorrectamente escritos de las organizaciones intimadas o estar firmada por el «Ministerio de Seguridad», sin aclarar si es de Nación o Provincia. Por ANRed.
Finalmente, luego de que la ministra de Seguridad de Javier Milei, Patricia Bullrich, anunciara el 14 de diciembre de 2023 su «protocolo para el mantenimiento del orden público«, que falló en todas las movilizaciones en las que se aplicó, dado que las arterias principales de la ciudad de y de otras localidadades del país se bloquearon igualmente, ahora se propone castigar y criminalizar el derecho a la protesta social a través de un masivo envío de cartas documento a sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales para que paguen sus millonarios operativos policiales (que ninguna organización solicitó).
Una clara intención política de parte del gobierno de Javier Milei de limitar cualquier tipo de reclamo público en todo el país, reduciendo el derecho a la libre expresión y favoreciendo la criminalización de la protesta, en pos del supuesto beneficio de garantizar la circulación regular de medios de transporte.
En ese sentido, este miércoles 10 de enero, justo 10 días hábiles antes del paro general convocado por la CGT y las CTA para el 24 de Marzo – lo cual es una clara provocación – pretende cobrarle $40.419.227,56 a la Federación Marítima y Portuaria (FEMPINRA), al gremio de Anses APOPS, al de judiciales UEJN, al Polo Obrero, a la UTEP, al MST, a Izquierda Socialista, la UOM, la UOCRA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), el de Neumático SUTNA, a Camioneros, la CTA, la Conadu Histórica y la CTA Autónoma, por el operativo del 27 de diciembre de 2023.
El gobierno de Javier Milei y su ministra Patricia Bullrich avanzan en su cruzada anti democrática. Esta es la Carta Documento que nos llegó a @sipreba como a otras organizaciones.
La Constitución Nacional garantiza el derecho a la protesta. Al brutal ajuste se suma la represión pic.twitter.com/38C01JryBB
— Agu Lecchi (@AguLecchi) January 11, 2024
Mientras que también busca cobrarle $56.760.282,58 a ATE, la CTA, la UTEP, la Federación Nacional Territorial, Libres del Sur, el Frente Barrial CTA, la Federación de Trabajadores de la Economía Social (FETRAES) y al FOL, por la movilización del 22 de diciembre del año pasado.
A ver, @PatoBullrich, si vos querés mandar policías a provocar en una movilización pacífica, por lo menos que se paguen sus propios micros.
No tenemos por qué pagar nosotros tus delirios de megalómana. pic.twitter.com/3DGpruomoy— Daniel "Tano" Catalano (@DanielCatalano_) January 11, 2024
@PatoBullrich lleva adelante un ataque a la libertad de expresión.
Lo vamos a rechazar en todos los terrenos.
Es un intento de amordazar la protesta popular ante un ajuste sin precedentes que llega hasta eliminar la comida de los comedores populares pic.twitter.com/XuLOgYi2ak— eduardo belliboni (@EBelliboni) January 11, 2024
En las cartas documento el ministerio a cargo de Bullrich no especifica cuál es el costo por ítem en la suma de cada operativo y, además, acompaña la intimación con la amenaza de dar 10 días para efectuar el pago – que supuestamente debería efectuarse a través de un Volante Electrónico de Pago (VEP) a las arcas del Ministerio de Economía –, caso contrario, iniciarán acciones legales contra las organizaciones.
Nula la Carta Doc enviada a gremios
El destinatario debió ser Sindicato Choferes de Camiones y afines
El firmante, Siracusa lo hizo a nombre propio, pero en el remitente…
Ah tampoco es válida porq el remitente dice “ministerio de seguridad” sin aclarar Nación o Provincia pic.twitter.com/O9Rl7w4wjL— Dra.Valeria Carreras (@dravaleria) January 11, 2024
Entre las primeras repercusiones, en un primer análisis de las intimaciones, la abogada Valeria Carreras mostró algunas de ellas e indicó que son nulas al contener diversos tipos de errores, como que los nombres de las orgaanizaciones intimadas están mal escritas, que están firmadas por un particular (Martín Siracusa), y que en el remitente figura un «Ministerio de Seguridad», sin aclarar si es de Nación o Provincia. Algunos de esos errores se repiten en el resto de las cartas documento que llegaron a otros sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos.
📍COMUNICADO DE CGT:
El Gobierno no va a condicionar al Movimiento Obrero Organizado. #cgt pic.twitter.com/4JKrNcI3ff— infocamioneros (@cgt_camioneros) January 12, 2024
La CGT, por su parte, en nombre de las organizaciones afiliadas intimadas, emitió un comunicado en el que repudió las cartas documento y recalcó que «El gobierno no va a condicionar al movimiento obrero organizado» y que entienden la acción como «una nueva provocación» del gobierno de Javier Milei.
Asimismo, desde la central sindical consideran que el gobierno nacional busca «acallar toda manifestación y protesta de los trabajadores y trabajadoras organizados en expresión de sus legítimos reclamos, ante la reforma laboral más regresiva en toda la historia democrática de nuestro país«.
También remarcaron que la medida es anticonstitucional y «expone la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical, el derecho a huelga y de protesta«, pero que «no condicionará al movimiento obrero organizado«.
Resolver los problemas de la gente? Dar asistencia alimentaria? Explicar las políticas públicas? No, mejor condicionar la protesta social, eso prefiere el gobierno de Milei. Encima ese día no hubo corte de calles, solo concentración en el Obelisco. pic.twitter.com/paiMG6MVaO
— Silvia Saravia (@silvia_saravia) January 12, 2024
Por su parte, Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur, una de las organizaciones sociales intimadas, expresó en un comunicado: «el gobierno de Milei pretende condicionar la protesta social, antes que resolver los problemas de la gente. La Jornada Nacional denunciaba la interrupción total de la asistencia alimentaria por parte de la Ministra Pettovello, en un marco de emergencia social y económica, donde el deterioro de las condiciones de vida de la población se acelera de forma abrupta. En ese contexto, la Ministra hizo un spot amenazante hacia quienes reclamábamos las medidas concretas de su ‘billetera abierta’, sin dar precisiones sobre su gestión como funcionaria pública hacia quienes tienen dificultades para acceder a una alimentación saludable. La única respuesta al día de hoy es del Ministerio de Seguridad, con una sanción económica por protestar, aún sin haber cortado calles. Una provocación más de un gobierno nacional que no duda en avasallar derechos constitucionales», concluyó.