Amplio repudio al protocolo antiprotestas: «Bullrich se ubica en el terreno de la ilegalidad»

La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó este jueves 14 de diciembre un «protocolo para el mantenimiento del orden público», que busca cercenar el legítimo derecho a la protesta. Las cuatro fuerzas federales, más el Servicio Penitenciario Federal, intervendrán frente a cortes, piquetes y bloqueos, y serán identificados y criminalizados los autores de las convocatorias, entre otras medidas. El CELS advirtió: «cuando el poder político habilitó la represión de las manifestaciones, el resultado fue una enorme crisis política y terminó con muertes en las calles». La APDH denunció que «abre las puertas a la comisión de delitos graves por parte de las fuerzas de seguridad federales». La excandidata a presidenta por el FIT, Myriam Bregman, expresó: «lo que anunció Bullrich es absolutamente inconstitucional. La que se ubica en el terreno de la ilegalidad es ella», recordando, además, que Bullirch cortó calles durante la cuarentena. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez consideró que Bullrich «se maneja como si fuera un juez: ya juzga y sentencia» y que el protocolo anunciado «está condenado al fracaso y la violencia». Diputados del FIT convocan a una audiencia pública para martes 19 de diciembre a las 16 contra el protocolo. Por ANRed.

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A pocos días de la masiva protesta de organizaciones sociales que se espera para el miércoles 20 de diciembre, ante un nuevo aniversario del 19 y 20 de diciembre de 2001, este jueves 14 de diciembre por la tarde, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Javier Milei, anunció el nuevo «protocolo para el mantenimiento del orden público«. Entre sus principales anuncios, indicó que las cuatro fuerzas federales, más el Servicio Penitenciario Federal, van a intervenir frente a cortes, piquetes y bloqueos, sean parciales o totales, las cuales podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes, «el artículo 194 del Código Penal» y «podrán intervenir en flagrancia«, explicó.

Asimismo, informó que se va actuar hasta dejar liberado el espacio de circulación y que las fuerzas emplearán «la mínima fuerza necesaria y suficiente, que será graduada de acuerdo a la resistencia». También anunció que serán identificados y criminalizados los autores de las convocatorias. En ese sentido, señaló que «se creará un registro de las organizaciones que participen en este tipo de hechos y que sistemáticamente sean los que hacen de voceros de este tipo de manifestaciones«.

Lo mismo sucederá con los vehículos utilizados y sus conductores, dado que se registrarán todas las infracciones administrativas y/o penales existentes y se procederá a incautar los vehículos que no estén bajos las normas de tránsito o cuyos conductores no tengan la documentación que hay que tener.

También anunció que trabajarán en las estaciones de tren, persiguiendo a personas que tengan en posesión material que debería ser incautado, como palos o máscaras. Asimismo, consideró que «los autores, cómplices, partícipes, instigadores y organizadores van a ser sancionados: sea por un bloqueo, a la IGJ para ver las personerías jurídicas de quienes bloquearon. Sea por personas que vienen con un plan social o sean sindicatos o trabajadores que estén bloqueando una empresa», especificó.

Además, indicó que se buscará sancionar la quema de gomas. En tanto, en el caso de participación de niños y adolescentes, se va a dar aviso a la autoridad competente de la protección de los mismos y se procederá a tener sanciones a aquellos que lleven consigo a menores que, «en vez de estar en la escuela, estén en un piquete». Para el caso de «los extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones», prometió.

Finalmente, avisó que por todos los costos vinculados a los operativos de seguridad, se les enviará la factura a las organizaciones o individuos responsables: «el Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad. Tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos de la misma”.

Amplio repudio al protocolo antiprotestas de Bullrich: «se maneja como si fuera un juez: ya juzga y sentencia»

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) repudió el anuncio de Bullrich y remarcó que «bajo la promesa de orden, busca suprimir las manifestaciones públicas contra los efectos de las medidas oficiales». En ese contexto, el organismo considera: «pretenden saltarse la intervención judicial, lo que limita derechos y garantías. Todo esto está prohibido por el derecho internacional, que son normas incorporadas a nuestra Constitución Nacional con jerarquía superior a cualquier ley o a cualquier protocolo. Cortar las calles no es delito. La resolución que Bullrich derogó limitaba la represión tras los asesinatos de manifestantes en 2001 y 2002 y en el Parque Indoamericano en 2010. Ahora, más que una limitación del uso de la fuerza policial hay una habilitación para ejercer violencia contra los manifestantes.

En ese sentido, advirtió: «es grave enviar un mensaje político como este hacia las fuerzas policiales. Cuando el poder político habilitó la represión de las manifestaciones, el resultado fue una enorme crisis política y terminó con muertes en las calles».

Bullrich anunció que va a impedir con represión la protesta social.

Lo hizo en medio de un brutal ajuste con graves consecuencias sociales. Bajo la promesa de orden, busca suprimir las manifestaciones públicas contra los efectos de las medidas oficiales.
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— CELS (@CELS_Argentina) December 14, 2023

Por su parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) también rechazó el «Protocolo Bullrich», al denunciar que «abre las puertas a la comisión de delitos graves por parte de las fuerzas de seguridad federales, reprimiendo a quienes participen de marchas y movilizaciones callejeras». Asimismo, consideró que el protocolo anunciado es «una remake recargada del que presentó al mes de asumir el mismo cargo en el gobierno de Mauricio Macri y que nunca fue utilizado por ser manifiestamente ilegal«. Finalmente, la APDH anunció que «postulará su derogación por vía judicial«.

Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) recalcaron en sus redes sociales que «el ajuste no cierra sin represión» y denunciaron que «a dos días del gobierno anuncian un paquete de medidas económicas que licuó el salario en casi un 120% y deciden no combatir la inflación«, pero que «al otro día, te anuncian que no se te ocurra chistar porque te meten preso.

También recordaron que desde el organismo antirrepresivo venían alertando por «la escalada represiva que se avecinaba, de la mano de las designaciones de Patricia Bullrich y Luis Petri en las carteras de Seguridad y Defensa nacionales, y de Waldo Wolff y Diego Kravetz en Seguridad porteña y conducción de la Policía de la Ciudad«.

Protocolo para la represión y la criminalización de la protesta

Hace apenas unos días, cuando se anunciaron las primeras medidas del gobierno recién asumido (https://t.co/sn64fVLAkN) enumerábamos las señales claras dadas

Lee nota completa: https://t.co/M0iiX8HaW2

— CORREPI (@CORREPI) December 15, 2023

En tanto, en declaraciones a «La Inmensa Minoría», programa conducido por Reynaldo Sietecase en Radio Con Vos, el constitucionalista Andres Gil Dominguez consideró que «el único órgano para discutir los límites a la protesta es el Congreso, no una ministra«. En la misma línea, señaló: «Bullrich trata la protesta social como si no fuera un derecho constitucional, y la emparenta con la protesta violenta. Se maneja como si fuera un juez: ya juzga y sentencia». Finalmente, consideró que «la solución de la colisión de estos dos derechos, que tiene tensionada a la sociedad hace tiempo, no va a poder resolverse si no es a través de una ley del congreso, una política pública, con consenso de todas las fuerzas. Sino, está condenado al fracaso y la violencia«.

La ex candidata a presidenta por el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), Myriam Bregman, también manifestó su repudio por sus redes sociales: «Lo que anunció Bullrich es absolutamente inconstitucional. La que se ubica en el terreno de la ilegalidad, es ella. El derecho a la protesta es el primero de los derechos, sin ese, pueden violentar los demás y no hay cómo impedirlo», expresó Bregman, quien consideró que Bullrich «prefiere violar la Constitución a que se exprese el descontento» y que «la legislación que rige el funcionamiento del servicio penitenciario impide hacer lo que dijo la ministra».

Para la ministra Bullrich, hay manifestaciones de "argentinos de bien" y otras del pueblo trabajador. Las primeras son divinas, las segundas serían ilegales. pic.twitter.com/suVRJzbmcn

— Myriam Bregman (@myriambregman) December 14, 2023

«En Juntos por el Cambio algunos llegaron a senadores por cortar rutas – agregó – Otros, de La Libertad Avanza, marchaban felices contra la cuarentena. En realidad, lo que les molesta es que protesten contra las medidas de su gobierno. La ‘libertad de circulación’ para ellos es puro chamuyo».

En coincidencia con esta contradicción planteada por Bregman, el periodista de TN Mario Massaccesi, expresó: «en definitiva, Patricia Bullrich está prohibiendo lo que ella misma hacía en el tiempo de la cuarentena, que cortaba el Obelisco, que convocaba a protestar contra la cuarentena. Ella también estuvo cortando calles durante el gobierno de Alberto. Si ella en su momento sintió que era legítimo protestar, ¿qué autoridad tiene ahora para decirle a los demás que no pueden protestar?», se preguntó el periodista del canal del Grupo Clarín, insospechado de ser kichnerista.

Se despachó con sutileza @mariomassaccesi en TN pic.twitter.com/5BmgABHFfJ

— Guille Arrieta (@arrguille) December 14, 2023

También otros usuarios de redes sociales se sumaron a recordar aquellos momentos, no mucho tiempo atrás, en el que para Patricia Bullrich estaba bien y era legítimo protestar y cortar vías de circulación, como la Avenida 9 de Julio, amplia arteria vehicular de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué raro, seguramente debe ser una fake news esta foto de la ministra cortando la circulación pic.twitter.com/uYQZHRC0GQ

— Daniel Mecca (@dmecca1) December 14, 2023

También se sumó al repudio a la medida el excandidato a vicepresidente del FIT-U, Nicolás del Caño, quien aseguró en sus redes sociales que «Bullrich anuncia su plan represivo para pasar el brutal ajuste anunciado por Caputo y Milei» y que en Argentina se «seguirá ejerciendo el legítimo derecho a la protesta«.

Ante esta situación, Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Christian Castillo, Alejandro Vilca y Romina Del Plá convocan para el próximo martes 19 de diciembre a una «audiencia pública frente al anuncio de un protocolo que cercena el derecho a la protesta social, realizado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich». Será a las 16 en la Sala 1 del Anexo C de la Cámara de Diputados.

Espert amenazó de muerte a Bregman («cárcel o bala») y diputada chubutense aliada a Milei asegura que «vamos a lograr sangre» el 20 de diciembre

En este contexto, no sólo juegan al borde de la ilegalidad los funcionarios y funcionarias de La Libertad Avanza, sino también varios y varias legisladoras de partidos aliados al gobierno de Javier Milei. Es el caso de José Luis Espert, Diputado Nacional bonaerense por Avanza Libertad, quien se sintió impune y dio rienda sueltaa su odio violento al amenazar de muerte a Myriam Bregman con la frase «cárcel o bala», hecho que fue y sigue siendo ampliamente repudiado por diversas personalidades del campo político, sindical y de la lucha en defensa de los derechos humanos. Bregman anunció que lo denunciará penalmente.

Cárcel o bala. https://t.co/DFvuxuOGod

— José Luis Espert (@jlespert) December 15, 2023

Qué decir de la diputada provincial por el Partido Independiente del Chubut (PICH), Andrea Alejandra Toro, aliada de Javier Milei y a tono con el protocolo antiprotestas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien se refirió a las movilizaciones previstas por organizaciones sociales para el 20 de diciembre y amenazó: «quieren generar odio y bronca en la sociedad, para que se manifieste, para que salga a las calles. ¿Qué logramos con eso? Vamos a lograr sangre«.

El diputado provincial por el PO-FITU, Santiago Vasconcelos, alertó sobre «la gravedad» de lo que dijo la diputada: «¿cómo que llamar a movilizar trae, como consecuencia, sangre? ¿Sabe lo que trae, como consecuencia, sangre? La represión. No la movilización del pueblo que sale a luchar en defensa, incluso, de poder llegar a alimentarse. ¿Es una amenaza? Porque los que tienen el poder del Estado en este momento y que tienen la capacidad de definir si va a haber sangre o no, son las fuerzas represivas del Estado y sus gobiernos«, remarcó.

#Chubut Diputada aliada a Milei amenazó a las organizaciones que movilizarán el 20 de diciembre: "vamos a lograr sangre" pic.twitter.com/teCK6y8Ael

— ANRed #30Años (@Red__Accion) December 15, 2023