El policía de la Ciudad de Buenos Aires que asesinó a un hombre de una patada no es una excepción

El asesinato de Jorge Martín Gómez por parte de Esteban Armando Ramírez (42) integrante de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires este lunes en el barrio porteño de San Cristóbal conmocionó a la sociedad. En el video ampliamente difundido se ve al oficial Ramírez propinarle a Gómez una violenta patada en el abdomen. Este cayó al piso, se fracturó el cráneo y perdió la vida poco después en el hospital Ramos Mejía. Si se pone el caso en perspectiva, lejos de ser una excepción, es sólo uno de los más de 1300 asesinatos por parte de fuerzas de seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri. En su último informe anual CORREPI denuncia que desde la restauración democrática en 1983, el gobierno de Cambiemos es, al día de hoy, el que presentó las cifras más altas y el mayor incremento de muertes por parte del Estado. Durante 2018 los asesinatos llegaron a promediar uno cada 21 horas. Por Matías Cervilla, para ANRed.

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Durante las últimas semanas, particularmente después de la contundente derrota de Cambiemos en las PASO, se ha hablado mucho sobre los fracasos y puntos débiles del macrismo. Incluso desde tribunas otrora partidarias del gobierno, se oyen ahora voces críticas dispuestas a hacer leña del árbol caído y así subirse al tren que los dejará en estaciones más cercanas al favor de la que se presume que será la nueva facción gobernante. El aumento de la deuda externa, la inflación, el desempleo, el criterio regresivo en las exacciones impositivas o la fuga de capitales son algunos de los lugares comunes en estas críticas al gobierno.

No obstante, y más allá de casos como el asesinato de Jorge Martín Gómez, la masacre de San Miguel del Monte o el caso Chocobar, el lugar que ocupa la crítica a la faceta represiva del Estado gobernado por la alianza Cambiemos es relativamente menor en relación a su importancia estratégica en el sostenimiento de medidas impopulares, y especialmente a la luz del sensible aumento de la tasa de asesinatos por parte de las fuerzas represivas durante la actual gestión respecto de las anteriores. Una muestra de esta importancia estratégica se encuentra, por ejemplo, en el hecho de que en el paquete de medidas que anunció Mauricio Macri esta semana, luego del resultado electoral adverso, se encuentra un bono de $5000 para las fuerzas de seguridad, mientras que los jubilados, por nombrar un sector de la sociedad tradicionalmente sensible y desfavorecido, brillan por su ausencia entre los beneficiarios de estas medidas.

El informe de CORREPI

Desde su fundación en 1992, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) asume de manera autogestiva la defensa de las víctimas de la represión estatal y los presos políticos. Desde 1996 registra y archiva los casos de represión y elabora informes anuales que son la principal fuente sobre este tipo de casos, muchas veces invisibilizados por el Estado y los medios masivos de comunicación.

Según el último informe anual de CORREPI, durante 2018 el Estado asesinó a una persona cada 21 horas.

Si bien esta cifra resulta escalofriante por sí sola, lo es aún más al cotejarla con años y gestiones anteriores, ya que el de Cambiemos es el peor registro de un gobierno democrático.

Durante los 12 años que estuvieron en el poder Néstor Kirchner y Cristina Fernández, en contraste con el discurso antirrepresivo de su gobierno, el promedio de asesinatos por parte del Estado fue de uno cada 30 horas, llegando a uno cada 28 horas en 2015, el más alto desde la restauración democrática hasta ese momento.

Con el gobierno de Mauricio Macri, el recrudecimiento de la pobreza y una estrategia de políticas abierta y orgullosamente represivas por parte de la cartera a cargo de Patricia Bullrich (simbolizadas bajo el nombre de la “Doctrina Chocobar”, o “Doctrina Bullrich”) se agudizó la gravedad de la situación.

La frecuencia de asesinatos en 2016 ya era de uno cada 25 horas, acelerándose a uno cada 23 en 2017. Con la profundización de estas políticas, a fines de 2018 el aparato represivo del Estado llegó a cobrarse una victima cada 21 horas, la mayor frecuencia desde 1983. Para mayor claridad sobre esta rápida aceleración en la frecuencia de asesinatos, cabe destacar que el kirchnerismo (el segundo gobierno con mayor índice de asesinatos por parte de las fuerzas estatales) tardó más de 10 años en pasar de un asesinato cada 30 horas a uno cada 28. En sólo tres años, el macrismo llegó a un asesinato cada 21 horas, es decir un promedio de 1,12 casos por día (ver Gráfico 2). Con un total de 1.303 víctimas, el aparato represivo del gobierno de Cambiemos, entre el 10 de diciembre de 2015 y el 12 de febrero de 2019, detenta el 20% del total de los 6.564 asesinatos en democracia desde 1983 (ver Gráfico 3).

 

 

 

Según la CORREPI (ver Gráfico 4), las dos formas más frecuentes de la represión orientada al control social son el asesinato de personas detenidas, que representa un 46,8% del total y los fusilamientos por “gatillo fácil”, con un 38,3%. Esto implica que más del 85% de las victimas del Estado, estaban en un calabozo o caminaban por un barrio cuando fueron asesinadas por las fuerzas represivas.

Entrevistada para este trabajo, Valeria, militante de CORREPI, profundiza afirmando que “la represión que encarna el Estado tiene un abanico de intensidades. El ‘gatillo fácil’, las muertes en centros de detención y las desapariciones seguidas de muerte son la expresión máxima de una represión que comienza desde las detenciones arbitrarias o el hostigamiento en los barrios. Hay toda una serie de grises en el medio.”

Los casos no relevados

Como si los números que arroja el relevamiento no fuesen lo suficientemente alarmantes, se estima que hay aún más casos. Al respecto, la entrevistada cuenta: “hacemos un rastrillaje bastante profundo, y todos los casos los verificamos con múltiples fuentes para que no estén sujetos a dudas. A pesar de que hacemos un relevamiento muy completo, hay muchos casos que no figuran, porque a menos que nos contacten directamente familiares, amigues o conocides de la víctima en cuestión, o que nos enteremos ‘de oído’ en el barrio o que lo hayamos rastreado por internet, no nos enteramos”, relata. Y agrega: “hay un montón de casos que no trascienden a las redes debido a que las víctimas carecen de un entorno que sepa de su asesinato o desaparición o porque el entorno no llega a comunicarse con nosotres porque no tiene las herramientas para comunicarse o porque no tienen conocimiento de que existimos”. Según relata, en no pocos casos, los medios hegemónicos invisibilizan esas historias y en muchos de los casos en los que llegan a oídos de CORREPI por los diarios, portales web, radios o canales de TV, son retratados como “delincuentes abatidos” o “enfrentamiento”, cuando muchas veces son claros ejemplos de “gatillo fácil”. En este sentido, la militante asegura que “una parte de nuestro trabajo no solo se trata de ir rastreando los casos, sino también quitarles el maquillaje de los medios que tienden a que el público lea otra cosa.”

La represión estatal

Al ser consultada por las causas del accionar represivo del Estado, Valeria lo explica en términos sistémicos y estructurales, con una concepción de la represión como garantía de la reproducción del sistema económico y social. “Cuando desde CORREPI hacemos nuestra caracterización del Estado decimos que éste descarga su represión sobre el pueblo con el principal objetivo de controlar a las masas, reprimiendo principalmente a dos grandes grupos. Por un lado, la represión preventiva, reprimiendo a las clases más bajas y la juventud.” Según explica, mediante la represión el Estado las mantienen adoctrinadas y se asegura que sigan siendo parte de esa clase baja. “Las fuerzas de seguridad se descargan principalmente sobre los pibes pobres de los barrios. Es el grupo que más engloba las consecuencias de la represión del Estado. Siempre se apunta a los barrios, a los pobres y particularmente a los más jóvenes. La criminalización de la pobreza y de la juventud van de la mano con la identificación por parte del Estado de los sectores más vulnerables como una amenaza para la clase dominante.”

El otro gran grupo es, según la CORREPI, víctima de la represión selectiva, dirigida contra el sector de la sociedad que quiere cambiar las cosas, el sector que se moviliza: “Sectores disidentes para con el Estado, con el gobierno, con el sistema, con el Estado patriarcal, capitalista, etc.”, definen. Así es como caracteriza la organización tanto al sujeto represor como al objeto de la represión.

La represión en el gobierno de Cambiemos

La problemática de la represión estatal no se restringe al gobierno de Mauricio Macri, ni epocal ni jurisdiccionalmente. Tampoco puede afirmarse que sea una cuestión exclusiva del neoliberalismo en particular. El sociólogo alemán Max Weber definía al Estado moderno como una organización basada en el monopolio de la violencia física legítima. En este sentido se puede afirmar que la violencia se encuentra en la propia naturaleza del Estado en general, y específicamente en su forma capitalista. Al respecto, Valeria sostiene que “de por sí la represión está siempre y va a estar siempre, porque el capitalismo en sí es un sistema que se basa en la opresión de clases. Hemos visto diferentes tipos de programas económicos en todos los gobiernos que hubo desde el 83′ al presente y, sin embargo, todos tuvieron una impronta represiva.”

No obstante, hay particularidades que permiten un acercamiento a la comprensión de la agudización de la violencia estatal reflejada en el aumento del número de casos durante el gobierno de Cambiemos. En este sentido, la militante de la coordinadora afirma que “ante el aumento de la vulnerabilidad para los sectores más bajos, aumentan las diferencias y la represión en sus formas preventiva y selectiva. Hay una sociedad descontenta y por lo tanto más movilizada, por lo cual recrudece la represión selectiva. Al mismo tiempo hay más gente desocupada y económicamente vulnerable. Al agrandarse la masa desocupada aumentan los casos de represión preventiva.”

“La particularidad de los índices represivos durante la gestión de Cambiemos es que se trata de un gobierno que sin tapujos avala y defiende este proceder de una manera muy desvergonzada. Represión hubo en todos los gobiernos, pero Cambiemos tiene como parte de su plataforma política hablar con orgullo de cómo reprimen, como reprimieron y como lo van a seguir haciendo. Eso se refleja en la llamada ‘doctrina Chocobar’”, profundiza la entrevistada, en referencia a la doctrina que fundamenta el accionar sistemático de la policía y las fuerzas de seguridad, que justifica el uso excesivo de armas de fuego, sin agresión previa ni dar la voz de alto, y que es avalado por el ministerio a cargo de Patricia Bullrich y fallos judiciales.

La doctrina lleva el nombre del policía Luis Chocobar, procesado por el asesinato a quemarropas de Pablo Kukok en el barrio de La Boca en 2017. Sobre ese caso, Valeria afirma que “lo que tuvo de particular es que era muy evidente que se trataba de un caso de ‘gatillo fácil’, y el gobierno orgullosamente recibió al represor frente al pueblo, lo felicitó, expresó la necesidad de tener más represores con la misma forma de proceder que tuvo él”. “Es un caso que dejó en evidencia la impronta represiva del gobierno. El caso fue similar a un montón de otros casos que lamentablemente sucedieron en este país durante su gestión. El gatillo fácil es preexistente y es algo que sucede con todos los estados y en todas las gestiones. En los hechos el caso Chocobar no tuvo nada de particularmente distinto, la diferencia es lo que sucedió después, como lo trató el gobierno y como lo trataron los medios, pero la metodología de Chocobar respecto al tema de ´gatillo fácil´ es la que venimos denunciando desde CORREPI hace más de 25 años”, sostiene.

El 27 de agosto a las 15 tendrá lugar la 5° Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil, convocada por familiares de las víctimas. Durante 2019 ciertos casos cobraron notoriedad por su alevosía y su particular brutalidad. Al reciente asesinato de Jorge Martín Gómez por la Policía de la Ciudad, se suman el de Diego Raúl Sebastián Cagliero (30) asesinado el 19 de mayo pasado por parte de la policía Bonaerense de la comisaría Eufrasio Álvarez de Tres de Febrero, luego de que la camioneta donde viajaba con un grupo de amigos recibiera once disparos, y la masacre de San Miguel del Monte donde por un accionar similar de esta última fuerza del gobierno de María Eugenia Vidal (Cambiemos) perdieron la vida Aníbal Suárez (22), Gonzalo Domínguez (14), Camila López (13), Danilo Sansone (13), Maximiliano Rosasco (21) y Jimena Gramajo (25).

Para esta nota fue entrevistada Adriana García, madre de Diego Raúl Sebastián Cagliero, asesinado el 19 de mayo pasado por la policía Bonaerense en la comisaría Eufrasio Álvarez de Tres de Febrero. “Dispararon sin preguntar, en un episodio dantesco aprovechado por el intendente perteneciente a la gestión actual, para hacer campaña”, afirma la madre de la víctima. Añade que “El caso de Diego se opacó por la masacre de San Miguel del Monte, pero nosotres como familia y amigos lo hicimos visible y cambiamos la idea inicial, hoy se sabe que fue otro caso de ´Gatillo fácil´, de abuso policial.”

En palabras de García, “la represión responde a un plan de gobierno, cómo todo plan, busca un efecto en la gente, mostrar el éxito de un modo de actuar asesinando.”

Actualmente, el oficial Rodrigo César Ezequiel Canstatt que se encuentra con prisión preventiva hasta el juicio, fue indicado como único responsable por la justicia. Al respecto, la madre de Diego afirma que “fue una emboscada en la que actuaron más de diez policías preparados para matar.” Y agrega: “cómo madre, no puedo perdonar, solo quiero prisión efectiva de Canstatt, sin privilegios y la investigación de la complicidad, manejo de evidencias y encubrimiento promovido por este sistema perverso a cargo de políticos de turno, hasta las últimas consecuencias. Justicia por mi hijo”, expresó.

Este y otros tantos casos dan cuenta de que el “gatillo fácil” no se circunscribe a las “manzanas podridas” que no respetan la ley, ni a un problema de casos particulares. Con el aumento de la desocupación y la profundización de la pobreza, crece la represión. Lamentablemente, se deberá continuar recurriendo a CORREPI cada año para contar más pibes pobres muertos.