Chubut en una triple batalla: contra los incendios, la ley ómnibus y los intereses de Joe Lewis
Un gran negociado parece confabularse detrás del fuego que ya consumió mil hectáreas de bosque. La ley ómnibus y la voracidad empresarial del magnate inglés amenazan uno de los ecosistemas más ricos e importantes del país. Por Nicolás Salas, para ANRed.
Una multitud se movilizó el 24 de enero por Esquel en el marco del paro nacional convocado por la CGT contra el DNU y la ley ómnibus impulsadas por el gobierno de Javier Milei. Los colores que habitaban las banderas de la marcha son proporcionales a la cantidad de sectores presentes. Estatales, docentes, ambientalistas del “No a la mina”, obreros de la construcción, del Conicet, de la cultura, entre otros, nutrieron las tres cuadras de largo que componían la columna que partió de la plaza San Martín y recorrió las principales calles del centro de la ciudad. Entre los presentes se destacaba la presencia, con uniforme incluido, de los brigadistas que año a año dan la pelea contra los incendios que se suceden en amplias extensiones de tierra, con centro en el Parque Nacional Los Alerces y alcance hasta Trevelin, una de las ciudades próximas a Chile.
📷 Foto: Martín Levicoy (Agencia Télam).
“Participamos como trabajadores y vemos muy importantes sumarnos a esta movilización. Los trabajadores nacionales nos vimos muy afectados por los paquetes de medidas de la ley ómnibus. Lo consideramos un ataque a la clase trabajadora”, aseguró a ANRed, Daniel Catalán, delegado sindical del Servicio Provincial de Manejo del Fuego. Si bien su órbita laboral corresponde a Chubut, no desconocía que las modificaciones de las normas nacionales afectaron a la región ya que son las que dan “un marco general a la ley provincial” que los rige en sus tareas.
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A primera mañana del jueves 25 resonaban sobre el Parque Nacional Los Alerces los motores de helicópteros y avionetas. Se propagaba velozmente un incendio iniciado en la zona circundante a Bahía Rosales y el arroyo Centinela. En poco más de 48 horas, el fuego arrasó con más de mil hectáreas, traspasando los límites de la zona protegida y afectando principalmente a bosques nativos.
Mientras la ciudad cabecera se encontraba sumergida en una inmensa nube de cenizas, el operativo era encabezado por trabajadores y trabajadoras del área de Parques Nacionales, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), Bomberos Voluntarios, entre otros.
📷 Foto: Maxi Jonas (Agencia Télam).
En total eran 128 combatientes en la línea de acción, muchos de los cuales dos días antes habían participado del paro nacional contra las medidas pretendidas por el gobierno y la oposición “dialoguista”.
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Como en el grueso de las iniciativas mostradas hasta ahora, los intereses perseguidos por Milei y compañía son claros: favorecer la ganancia empresarial en desmedro de los derechos de las mayorías populares.
Los primeros decretos de necesidad y urgencia (DNU) dieron la primera estocada a quienes combaten los incendios a lo largo y ancho del país. En principio, se afectó la continuidad laboral de 246 trabajadores y trabajadoras de Parques Nacionales (PN), es decir un 10% del total. Cabe mencionar que PN tiene una planta total de 2300 personas, de las cuales la mitad poseen un contrato transitorio y, a partir de las últimas medidas gubernamentales, se ven amenazados cada tres meses con la revocabilidad de su relación laboral. Se calcula que dicho staff custodia unas 5,3 millones de hectáreas de zonas protegidas.
Quienes se benefician con los incendios?
Hoy más que nunca los beneficiarios de este crimen ambiental son quienes llevan adelante grandes negociados con fines especulativos.
La Ley del Manejo del Fuego que pretende derogar Milei a través de la Ley Omnibus pic.twitter.com/TjbtoYwpFg— LUAN – Colectiva Fotográfica (@Luan_Colectiva) January 28, 2024
Esto no es todo. La llamada “Ley Omnibos” vino a empeorar aún más la cosa. Entre tantos aspectos, la norma avanza en modificaciones sobre la Ley de Bosques (junto a la de Glaciares), primero desfinanciándola a partir de la quita del Fondo Nacional para la Preservación de los Bosques Nativos, partidas surgidas del impuesto del 3% a las retenciones del agronegocio. En lo concerniente a bosques nativos, la batería legislativa del oficialismo propone modificar la zona roja (sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse y son los que deben permanecer como bosques para siempre) y la zona amarilla (sectores de mediano valor de conservación), habilitando la deforestación para futuras inversiones inmobiliarias. Para peor, y referido a la Ley de Quema, se amplía de 30 a 90 días el período en el que la autoridad puede habilitar o prohibir una quema, agregando que en caso de que el solicitante no reciba respuesta formal, la quema queda aprobada de hecho.
Por último, y de suma importancia al calor de los acontecimientos actuales, la ofensiva legislativa libertaria plantea la derogación de la ley 27.604 por la cual se había prohibido por 60 años la explotación para uso comercial de aquellas zonas quemadas pertenecientes a bosques nativos o humedales con el objetivo de su regeneración y de limitar los incendios intencionales llevados a cabo por el lobby inmobiliario y empresarial.
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El viento y la voracidad del fuego, terminó por extender el incendio fuera de la órbita del parque nacional, afectando también a la jurisdicción provincial. Así es que con las horas se hizo presente el gobernador de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, que arribó a la zona cordillerana acompañado de funcionarios y medios adictos. No vino con ninguna solución bajo el brazo, como es de suponerse con la clase dirigente actual. Lo que sí trajo fue una denuncia, sin pruebas y más cercana al fruto de una imaginación racista que de la realidad concreta: “La RAM son unos chantas, tienen de mapuche lo que yo puedo tener de sirio libanés. Son delincuentes que tienen un negocio inmobiliario y que hacen estas cosas”.
Su lectura de lo sucedido se construyó en la imaginativa confabulación mapuche mientras poco dijo sobre la potencial simbiosis que puede haber entre los negociados que arrastra la ley ómnibus y las “oportunidades” geográficas que ofrece la provincia que gestiona[1].
Horas después de los dichos del mandatario provincial, los pueblos originarios tomaron la voz en defensa propia: “Como mapuches sabemos que seríamos incapaces de hacer lo que dice el señor gobernador y queremos que nuestras voces se hagan escuchar por todos lados. Damos repudio también a su intento de división de nuestro pueblo, intentando instaurar una vez más la idea de ‘mapuches buenos y malos’. No dejaremos que nos intenten separar como che. El Pueblo Mapuche-Tehuelche no quema los bosques, los protege y vive en armonía con ellos”.
📷 Foto: Martín Levicoy (Agencia Télam).
Mediante un comunicado de prensa, pusieron algo de sensatez ante las hipótesis disparatadas que se barajaban en torno a las motivaciones de un incendio que, según las primeras pericias, sería intencional. “Sabemos de los intereses extractivistas que, por ejemplo, lleva el magnate terrateniente Joe Lewis dentro del parque. Hace algunas semanas anunciaron la construcción de una represa hidroeléctrica, entre otros intereses inmobiliarios que existen justo por la zona en donde comenzó el incendio. Esto no es algo nuevo. Recordemos que hace poco intentaron iniciar un foco de incendio en la entrada al Lof Paillako y pu lamuen que viven allí, junto a brigadistas, pudieron darle fin y no dejar que creciera”, señalaron desde las comunidades originarias.
A diferencia de los dichos por Torres, las denuncias mapuches-tehuelche tienen fundamentos sobrados. El magnate Lewis, que días atrás se declaró culpable ante los tribunales estadounidenses por haber utilizado información privilegiada sobre empresas para beneficiar a socios, volvió a aparecer en la agenda empresarial patagónica el año pasado cuando se conocieron sus nuevas inversiones en Chubut. Con el visto bueno del entonces ministro de Economía, Sergio Massa, la Secretaría de Energía de la Nación dio a conocer la adjudicación de contratos de abastecimiento de energía eléctrica, entre los que se encontraban dos con implicancias en la zona en cuestión; uno se llamaba Bagillt, ubicado en un área natural protegida a 40 kilómentros de Trevelin, y el otro conocido como Los Alerces, planificado dentro del mismo parque nacional. En ambos casos, la empresa licitatoria se trataba del Grupo Hidden Lake S.A. (Lago Escondido Sociedad Anónima), la cual fue señalada en su momento como parte de las propiedades de Lewis.
📷 Foto: Maxi Jonas (Agencia Télam).
De hecho, el año pasado la Inspección General de Justicia requirió nuevamente la intervención judicial de la empresa «Hidden Lake SA», por considerarla una «pantalla» o «sociedad ficticia«. Su nombre tomó mayor notoriedad a partir de su implicancia en los viajes de funcionarios de Juntos por el Cambio a Lago Escondido. De hecho, quien puso la firma como representante legal de la misma fue Nicolás Van Ditmar, mano derecha del Lewis en el país.
La denuncia del pueblo mapuche-tehuelche contra los negocios de Lewis pareciera ser la punta del ovillo de un negociado a gran escala entre capitales energéticos, el gobierno nacional y la representación provincial que, pese a los cuestionamientos de asociaciones ambientales de la zona, no se ha pronunciando al respecto.
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Sin duda, la ofensiva de Javier Milei contra los recursos naturales cuenta con aliados empresariales y gobernantes en distintos puntos del país.
Desde hace años, los grandes capitales y sus séquitos de la política ven a Chubut como coto de caza del extractivismo. La llegada de un presidente que reivindica públicamente la contaminación de ríos pareciera ser una excelente oportunidad para que retomen la iniciativa en ese sentido. En algún punto, respaldo similar supuso el exgobernador Mariano Arcioni cuando reimpulsó el proyecto megaminero en 2021 y a las pocas semanas una nueva pueblada chubutense hizo volar por los aires las aspiraciones de su casta. Habrá que ver la latencia que aún mantienen las fuerzas del suelo patagónico para saber qué carácter tomará la resistencia que indefectiblemente ya está planteada para los próximos años.
[1] Según una de las últimas actualizaciones del ordenamiento territorial del bosque nativo (ley provincial XVII N°92) existen 1 millón de hectáreas de bosques en áreas de conservación y de uso sostenible, estadísticas medidas en base a los criterios de la legislación que Milei pretende borrar de un plumazo.
