Sandra Pettovello y su lógica de intentar privatizar la protesta social
¿Quiénes sí y quiénes no pueden ejercer su derecho a la protesta? A pocos días de la masiva jornada nacional de lucha que llevarán adelante este miércoles 20 de diciembre una multiplicidad de organizaciones contra las políticas de ajuste de Javier Milei y el protocolo antiprotestas de Patricia Bullrich, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, amenazó a los movimientos sociales: «el que corta no cobra». Y anunció: «los que promuevan, instiguen, organicen o participen de los cortes, perderán todo tipo de diálogo con el ministerio». Así, de forma extorsiva y con una fuerte lógica clientelar (que dice combatir), para Pettovello el derecho a la protesta está garantizado sólo si estás de acuerdo con sus términos, sino te quedás sin ingresos y sin comida. Mientras en pandemia antivacunas y anticuarentena, incluida Bullrich, bloquearon accesos e hicieron piquetes – así como ahora amenaza con hacerlos la Mesa de Enlace por las retenciones -, pareciera que sólo podrían protestar quienes pueden «comprar» su derecho a hacerlo, porque tienen plata. Pero no quienes reciben planes sociales, porque no tienen nada, y si lo hacen, les quitan todo. Por ANRed.
A pocos días de la masiva jornada nacional de lucha que llevarán adelante este miércoles 20 de diciembre una gran diversidad de organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, estudiantiles y ambientales contra las políticas de ajuste de Javier Milei y el protocolo antiprotestas de Patricia Bullrich, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, leyó un comunicado, titulado «El que corta no cobra«, en el que amenazó a los movimientos sociales.
«Manifestarse es un derecho, pero también lo es circular libremente por el territorio argentino para dirigirse al lugar de trabajo. Los que promuevan, instiguen, organicen o participen de los cortes, perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano. Auditaremos a todas las organizaciones que entreguen planes sociales eliminando la intermediación. A los beneficiarios de planes sociales: sepan que nadie puede obligarlos a ir a una marcha bajo amenaza de quitarles el plan. Vamos a eliminar los certificados de presencialidad que tienen las organizaciones sociales. Los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle: el que corta no cobra», amenazó, repitiendo el eslógan de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Comunicado de la Ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.
EL QUE CORTA NO COBRA
Manifestarse es un derecho, pero también lo es circular libremente por el territorio argentino para dirigirse al lugar de trabajo.
Los que promuevan, instiguen, organicen o participen de los… pic.twitter.com/QYlVM8XIyR
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) December 18, 2023
En la misma línea, agregó: «vamos a acompañar a los más vulnerables en esta difícil situación que dejó el gobierno que se acaba de ir, por eso duplicaremos la Asignación Universal por Hijo y aumentar en un 50% la Tarjeta Alimentar. Estamos trabajando para que todos los ciudadanos puedan recuperar el trabajo, la autonomía y, por ende, la libertad. Los beneficiarios de planes sociales pueden denunciar al 138 si le cortan el plan por no asistir a una marcha«, finalizó su comunicado, denunciando una supuesta lógica clientelar que ella misma lleva adelante desde el Estado: si no estás de acuerdo en nuestras condiciones para protestar, no cobrás, te quedás sin ingresos y sin comida.
Además, estamos hablando de un salario (el Potenciar Trabajo) que sólo equivale al 50% de un salario mínimo, vital y móvil, que producto de la devaluación decretada por Luis Caputo, ministro de Economía de Milei, ya perdió la mitad de su poder adquisitivo, y que encima le aplicaron por decreto un congelamiento sin aumentos, a valor 2023. Es decir, Pettovello amenaza con dejar sin nada a quien ya de a poco van dejando sin nada, al borde de lo indigno.
Mientras en pandemia antivacunas y anticuarentena, incluida Bullrich, bloquearon accesos e hicieron piquetes – así como ahora amenaza con hacerlos la Mesa de Enlace por las retenciones -, pareciera que sólo podrían protestar quienes pueden «comprar» su derecho a hacerlo, porque no reciben ninguna asistencia social y tienen plata. Pero no quienes reciben planes sociales, porque no tienen nada, y si lo hacen, les quitan todo.
Mención aparte merece la disposición de una línea telefónica para denunciar y criminalizar a quienes reclaman al gobierno, una vieja práctica del PRO cuando Mauricio Macri era presidente. También, siendo ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich habilitó una línea en el 2014 para denunciar casos de «intromisión política» en las escuelas. Años más tarde, en septiembre de 2017, el gobierno de Macri y Bullrich querían silenciar su responsabilidad en la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Por eso, el Ministerio de Seguridad y el de Educación porteño retomaron la campaña persecutoria, esta vez informando una línea para denunciar la difusión del caso. También llegaron al nivel de enviar un móvil policial a una escuela de Florencio Varela donde un docente explicaba qué es una desaparición forzada y cuáles son los derechos de los pueblos originarios, en el marco de una campaña por la aparición con vida del joven.
«Pettovello se suma a los actos de intimidación pública ejercidos por Bullrich contra los que menos tienen»
Rápidamente, hubo amplios repudios a las amenazas de Pettovello. Gabriel Solano, referente del Partido Obrero, repudió el anuncio: «la nueva ministra de Capital Humano se suma a los actos de intimidación pública ejercidos por Bullrich contra los que menos tienen. Pettovello hace el ridículo diciendo que combatirán a los que amenazan con ir a una marcha cuando la única que amenaza es ella y el gobierno de Milei. Y lo peor es que la medida se conoce el mismo día que el gobierno decide no aplicarle retenciones a muchos productos de exportación cuyos productores ya se vieron beneficiados con un aumento del dólar del 118%«, remarcó.
El Ministerio de Capital Humano hoy anunció las nuevas medidas que instaurarán como “castigo” a quienes se movilicen. Protestar es un derecho constitucional, y, sin embargo, la nueva gestión de gobierno extorsiona al pueblo para que no se manifieste. Saben que las medidas pic.twitter.com/L1vlYvAdiU
— CORREPI (@CORREPI) December 18, 2023
Por su parte, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) denunció que la amenaza y extorsión de Pettovello incluso llegó a todos y todas las beneficiarias de programas sociales a través de la app Mi Argentina. En ese sentido, consideró: «protestar es un derecho constitucional, y, sin embargo, la nueva gestión de gobierno extorsiona al pueblo para que no se manifieste. Saben que las medidas económicas que están tomando promoverán el conflicto social, y quieren, a todas luces, desmovilizar a la población amenazando con quitar los planes sociales. Qué cobardía la de jugar con el bolsillo, la comida y la estabilidad del pueblo».
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) también repudió el protocolo antiprotestas y alertó: «al ilegalizar las manifestaciones públicas, también se ilegaliza a las organizaciones o personas que promuevan o participen ejerciendo el derecho a peticionar o a expresarse en el espacio público. En esta dirección, se habilita no solo la denuncia de personas y organizaciones, sino también la creación de registros y bases de datos que se encuentran vedadas por la constitución y las leyes de inteligencia (N° 25.520 promulgada el 3 de diciembre 2001) y seguridad interior (N° 24.059 sancionada el 18 de diciembre 1991). La ilegalización del derecho a manifestar unida a la evidente habilitación de la realización de inteligencia hacia las organizaciones, constituye la promoción de una actividad policial de neto carácter político, es decir, inscribe esta intervención estatal en una evidente ‘persecución política’ prohibida por nuestras leyes«, consideró.
Asimismo, el organismo recordó: «en diferentes oportunidades se pudo observar a la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmante del Protocolo, interrumpiendo o cortando el tránsito en calles o rutas, al manifestarse a favor de los reclamos de los productores agropecuarios o contra medidas del gobierno durante la pandemia. En esos casos no reclamaba del Estado la aplicación de ningún protocolo. Esto muestra la perspectiva sesgada de la funcionaria y la arbitrariedad en la interpretación del goce de derechos constitucionales o del principio de igualdad ante la ley. La prohibición de manifestarse es para los opositores al gobierno, no para ella cuando era opositora. El protocolo, lejos de estar orientado a garantizar el derecho de transitar, está dirigido a disuadir la participación en manifestaciones públicas.
En tanto, Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Christian Castillo, Alejandro Vilca y Romina Del Pla, diputados y diputadas del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), realizarán este martes 19 a las 16 una audiencia pública en el Congreso Nacional contra el protocolo de Bullrich en el Congreso Nacional (sala 1 del Anexo C) para expresar el rechazo al protocolo anunciado por Patricia Bullrich, que consideran que «busca avanzar sobre el derecho a la protesta y poder perseguir las manifestaciones sociales».
«La audiencia contará con la participación de dirigentes sindicales, sociales, estudiantiles, del movimiento feminista, profesionales y políticos de distintos espacios, unidos por este violento intento de conculcar el derecho a la protesta», anuncian.
El gobierno bonaerense no aplicará el protocolo anunciado por Patricia Bullrich
Carlos Bianco, ministro de Gobierno de Axel Kicillof. Foto: prensa del gobierno bonaerense.
En este contexto, Carlos Bianco, ministro de Gobierno de Axel Kicillof, expresó hoy que el gobierno bonaerense no aplicará el «protocolo de mantenimiento del orden público» para evitar cortes de calles anunciado por Patricia Bullrich y que el conjunto de disposiciones anunciado por el Ejecutivo nacional «sobrepasa un límite establecido durante todos estos años de democracia«.
Si bien confirmó que el ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso, está en contacto con el equipo de Bullrich por una cuestión «operativa e institucional», señaló: «a nosotros no nos han solicitado que apliquemos el protocolo de orden público. Creemos que criminaliza la protesta«, expresó en Radio La Red.
Asimismo, sobre la amenaza de quita de los planes sociales a quienes cortan calles, Bianco respondió que esas prestaciones se deben hacer efectivas si los beneficiarios de los programas «cumplen con sus obligaciones». Y agregó: «nosotros, junto con los municipios y las cooperativas, siempre trabajamos con estos programas, que tienen un objetivo: darle un ingreso a aquellas personas que cumplen una función, que reciban lo que corresponde».