Algunas definiciones del PCR sobre el conflicto agropecuario
El actual conflicto agropecuario plantea una situación de debate en lo ideológico-político para la izquierda argentina. En el centro de esa discusión están el rol de los pequeños productores y la evaluación que se hace de la herramienta estatal «retenciones». El Partido Comunista Revolucionario (PCR) ha podido utilizar esta coyuntura para poner a prueba sus tesis políticas centrales en relación a los actores del campo. Aquí reproducimos algunas de sus opiniones extraídas del semanario Hoy con el fin de contrastarlas con el resto de los artículos presentes en ANRed.
Esta selección no pretende ni puede ser completa. Sólo expresa algunos puntos de interés para el debate.
Apoyo a la lucha chacarera
por Eugenio Gastiazoro / Hoy 1219
Algunos sectores de izquierda no kirchneristas se oponen o retacean el apoyo a la actual lucha chacarera porque consideran que es una lucha empujada por los terratenientes y pools, que tiene como reivindicación la bandera de esos nuevos usureros del campo, que sería la de oponerse al aumento de las retenciones exigiendo retrotraer la situación al 10 de marzo. Pero esto no es cierto ni histórica ni teóricamente.
Como ya hemos señalado anteriormente (hoy, números 1213 y siguientes) las retenciones a las exportaciones de los productos del campo en nuestro país fueron impuestas por los gobiernos oligárquicos, como una manera indirecta de obtener más recursos para el Estado nacional. Porque de esa manera no tenían que recurrir a impuestos directos sobre la propiedad o las ganancias de la oligarquía, que además hubieran tenido que compartir con los gobiernos provinciales y/o municipales, de acuerdo a la Constitución Nacional.
Las retenciones al ser un impuesto sobre las ventas hacen pagar por igual al que no gana como al que gana, a diferencia del impuesto a las ganancias donde paga más el que gana más, o el inmobiliario donde paga más el que tiene más y mejores tierras. Y es un impuesto que no se reparte con las provincias. Es decir que las retenciones son un impuesto regresivo tanto respecto de los pequeños y medianos productores como de las provincias y municipios.
Esto explica que frente a los aumentos de las retenciones que venía realizando el gobierno de Kirchner, ya antes de la asunción de Cristina en noviembre de 2007, los primeros que se alzaran al combate fueran los contratistas y chacareros pobres y medios, como ocurrió entonces con los cortes en Santa Fe, en particular el de Maciel, impulsados por el Distrito VI de Federación Agraria y el Movimiento de Mujeres en Lucha. Fue una clarinada que no contó con el apoyo siquiera de la mayoría de la dirección de la FAA (hoy, números 1192 y 1193). Después siguió la pelea por el precio del trigo que llevó al bloqueo por Federación Agraria de las terminales portuarias de los monopolios cerealeros sobre el río Paraná a comienzos de marzo, acompañada del reclamo de retenciones segmentadas para que paguen menos los pequeños y medianos productores y coparticipables para que vuelvan aunque sea parcialmente a las provincias de donde salen los recursos.
El manotazo del 11 de marzo
Es en estas circunstancias que el gobierno de Cristina Fernández pega el nuevo manotazo el 11 de marzo, provocando la rebelión chacarera que se extiende mucho más allá de la región pampeana. Son miles y miles de productores, principalmente contratistas y chacareros pobres y medios que se autoconvocan en las rutas y pueblos del campo en todo el país, obligando a unirse y convocar al paro a las organizaciones rurales, incluso las que expresan sectores oligárquicos que venían apoyando al gobierno y que «no compartían la metodología de los cortes» como decían.
Por eso no se puede decir que son esas organizaciones rurales, y menos las que expresan sectores oligárquicos, las que llevan de la nariz a los pequeños y medianos productores. Tampoco se puede decir que la consigna de retrotraer la situación al 10 de marzo sea una consigna impuesta por esos sectores. Es una consigna que surgió de los cortes, más propia de una lucha obrera que de una lucha empresarial como dicen sus críticos, impuesta por los productores pobres y medios con el método proletario de los piquetes. Y es en estos piquetes donde se la sostiene con mayor fuerza, más allá de las direcciones de algunas de las entidades que quisieran resignarla para negociar con el gobierno.
Una consigna justa
La consigna de retrotraer la situación al 10 de marzo es una consigna de unidad, y dejarla de lado solo puede convenir a las maniobras del gobierno para dividir la lucha. Es una consigna justa desde el punto de vista de los sectores más oprimidos del campo, porque ellos son los más perjudicados con el aumento de las retenciones y mantener la unidad es clave para lograr que el gobierno kirchnerista revea verdaderamente su política con retenciones segmentadas donde los que más paguen sean los grandes terratenientes y pooles y que sean coparticipables para que el dinero vuelva a las provincias. Es un reclamo chacarero que se une al reclamo federal de todos los pueblos de las provincias y al reclamo antiimperialista de nacionalización del comercio exterior, para que no sigan llevándose nuestras riquezas un puñado de monopolios exportadores.
Sobre esta base se puede pelear también en mejores condiciones por créditos accesibles que eviten que los pequeños y medianos productores tengan que someterse a la usura de los pooles y una ley de arrendamientos que asegure su estabilidad y limite a los pooles, en la lucha por una reforma agraria integral que garantice tierra para todos con un millón de chacras en producción.
El apoyo irrestricto a la actual lucha chacarera -sin dejarnos embaucar por las maniobras y falsos argumentos del kirchnerismo, que pretende dividir a los sectores populares del campo y a éstos de los de las ciudades, todo para seguir gobernando a favor de sus mezquinos intereses monopolistas y proimperialistas- es clave para avanzar por el camino de las multisectoriales y las asambleas, reagrupando las fuerzas populares, patrióticas y democráticas para un paro nacional activo, obrero, campesino y popular nacional, que le abra la mano al gobierno kirchnerista.
Cómo aislar las luchas populares
por Jorge Torres / Hoy 1218
Tanto el PO, el MAS, como el PTS coinciden en plantear que el conflicto entre el gobierno y el campo es una lucha entre sectores patronales que ellos enfrentan por igual. Desde esta posición critican al PCR y a las fuerzas de izquierda que apoyamos la lucha de los pequeños y medianos productores agrarios. En eso coinciden con el kirchnerismo que nos acusa de apoyar a la oligarquía. No vamos a discutir los argumentos esgrimidos por estos grupos, porque tendríamos que empezar por la diferente caracterización sobre la estructura económico social del país (expuestas en los documentos de nuestro Partido), además de las falsedades que usan en sus argumentaciones, solo queremos referirnos a las consecuencias políticas de esas posiciones.
Es bueno recordar que en el Argentinazo de diciembre del 2001 confluyeron contra el gobierno de De la Rúa las fuerzas populares acosadas por el hambre y la desocupación; con miles que salieron porque tenían los fondos atrapados en el corralito, con Duhalde, Moyano y la UIA encabezada por de Mendiguren que empujaban la devaluación, por solo mencionar los más notorios. Sin embargo el Argentinazo abrió un gigantesco proceso político de masas que cuestionó, no solo al gobierno de turno, sino al sistema de las clases dominantes en su conjunto, clases que desde entonces están tratando de apagar sin éxito las brasas de aquel incendio.
En la pueblada agraria en curso, han habido más de 400 cortes de ruta a lo largo y ancho del país, asambleas masivas en los piquetes, adhesión de los pueblos y ciudades del interior (incluido del movimiento obrero), donde todo se pone en debate: las retenciones, la renta de la tierra, los arrendamientos, el federalismo y hasta la reforma agraria. Nosotros consideramos que no hay salida para las grandes masas populares sin una revolución que cambie el poder de manos. Para que eso sea posible, es necesario unir a la mayoría del pueblo, que en el caso de nuestro país, pasa centralmente por la unidad obrero campesina. No inventamos nada nuevo, ese es el camino que hizo posible la revolución bolchevique, la revolución china y la revolución cubana.
En cambio, el PO, MAS y PTS, tienen una política que aísla a la clase obrera del resto del pueblo, facilitando su derrota. Esa es la línea que practican en todos las luchas que participan.Eso sí, siempre desde posiciones de «izquierda». Cuando se les pregunta ¿cuál es la salida al conflicto del campo?, dicen: «nacionalización del comercio exterior, de la banca, de los puertos privados, de la gran propiedad agraria y poblamiento del campo mediante arrendamientos a cargo del Estado». Lo que no queda claro es si esperan que estas medidas las tome el gobierno de CK o tenemos que esperar que ellos lleguen al gobierno a través de las elecciones. En cualquiera de los dos casos, parece de difícil concreción. Ni Kirchner va a tomar esas medidas, ni estos, en vista de los últimos resultados electorales, van a llegar al gobierno. En realidad esa aparente equidistancia del gobierno y del campo, es falsa. Porque estas posiciones son absolutamente funcionales a la política del gobierno, de dividir, aislar y derrotar la lucha agraria.
Acuerdos entre obreros y campesinos
Si bien «los propósitos inmediatos de los agricultores no son idénticos a los de los obreros agrícolas asalariados, deben hacerse los esfuerzos necesarios para lograr su concordancia».
Así escribieron los delegados de la Federación Obrera Regional Argentina (FORA) y de la Federación Agraria Argentina (FAA) reunidos en San Pedro, provincia de Buenos Aires, el 12 de junio de 1920.
La Argentina vivía entonces su primera experiencia de democracia burguesa con el gobierno de Hipólito Irigoyen, iniciado el 12 de octubre de 1916.
Esa experiencia democrática había surgido en el marco de las grandes luchas obreras de ese período por el reconocimiento de sus organizaciones sindicales y de las grandes huelgas agrarias, de las que el Grito de Alcorta del 25 de junio de 1912 había sido su principal hito.
Por eso el movimiento obrero prosiguió en mejores condiciones su lucha por las 8 horas y aumentos salariales, al tiempo que el movimiento agrario se retemplaba en la lucha contra los desalojos y por la rebaja y extensión de los plazos de los arrendamientos.
Y al calor de esas luchas, en ambos movimientos crecía la conciencia de la necesidad de unir fuerzas en el objetivo común de «liberación del trabajo y una sociedad de productores libres e iguales».
De los núcleos de obreros en los sindicatos afiliados a la FORA y de los núcleos de chacareros en las secciones de la FAA surgía el reclamo de buscar las formas de «resolver las diferencias que separan a los trabajadores del campo, sean simplemente asalariados, contratistas, medieros o chacareros» (Sebastián Marotta, El movimiento sindical argentino, tomo II, «La FORA y la organización en el campo», págs. 284/7).
Así se llega a que ambas organizaciones firman en San Pedro el «pacto de reciprocidad», donde declaran que aunque por su naturaleza tienen un radio distinto de acción, «marchan, sin embargo, de modo paralelo en su finalidad. Este objetivo es libertar la tierra y todas las fuentes de producción y de cambio, anulando la arbitraria apropiación del capitalismo y de los terratenientes, para ponerla a disposición de los trabajadores».
Por eso, entre la FORA y FAA puede «establecerse una inteligencia para los casos y momentos en que ha de haber comunidad de pensamiento en las luchas que una y otra tienen emprendidas contra los actuales acaparadores y usufructuarios de la riqueza industrial y de la tierra».
Posteriores entendimientos
Contando con esta solidaridad del movimiento obrero, el movimiento agrario logró arrancar, tras la histórica marcha a Buenos Aires de 1.500 agricultores en agosto de 1921, la primera ley de arrendamientos y aparcerías rurales, la 11.170.
Logrado por esta ley el mínimo de 4 años para los contratos, siguió la lucha por su extensión y la prohibición de los intermediarios, lo que recién se obtuvo durante la presidencia de Perón, con la ley 12.246 de 1948 (Eugenio Gastiazoro, Historia Argentina, tomo III: «El movimiento campesino», Págs. 194/8).
Derrocado el gobierno peronista en 1955, tanto los obreros como los campesinos sufren las persecuciones y las políticas con que se impone el revanchismo oligárquico e imperialista.
A la resistencia obrera a la dictadura militar y los gobiernos entreguistas posteriores, se suma la lucha agraria contra los terratenientes y monopolios, con hitos como las marchas cañeras de comienzos de la década de 1960 en Tucumán enfrentando a la oligarquía de los ingenios azucareros, que permitieron el pacto entre la UCIT (campesinos cañeros) y la Fotia (obreros del azúcar).
Retomando la tradición del movimiento obrero de 1920, y la consigna de «la tierra para el que la trabaja» que había hecho suya el general Perón, la CGT de la resistencia peronista, en 1963 incorporó en su programa la lucha por la reforma agraria, firmando un pacto con la Federación Agraria y otras organizaciones del campo para luchar por la Reforma Agraria.
La lucha agraria y el federalismo
por Carlos Paillole / Hoy 1216
El gobierno nunca tuvo voluntad de resolver el conflicto agropecuario, por el contrario siempre buscó generar las condiciones para que no se logren soluciones.
Primero lo hizo postergando el inicio de las negociaciones, luego tratando temas secundarios y dilatando la discusión de las retenciones y por último, incumpliendo los acuerdos ya alcanzados. Al mismo tiempo, tal cual como ha sucedido a lo largo de nuestra historia, estas políticas están provocando un sacudón social de gran impacto.
Al reclamo en las rutas por las medidas confiscatorias comenzó a sumarse la queja del interior, denunciando la injusticia antifederal y unitaria del reparto de los ingresos provenientes del comercio exterior.
Nuestro país estuvo cerca de 50 años en guerra civil a causa de las disputas sobre quién o quiénes se quedaban con los ingresos de la aduana del puerto de Buenos Aires. La Constitución de 1853 inclinaba la balanza a favor del proyecto unitario. Desde la llamada «anarquía de los años 20» hasta la derrota final de los caudillos federales como Chacho Peñaloza o Felipe Varela en 1869, el interior peleaba por preservar la autonomía regional y la independencia económica frente al predominio de los grandes terratenientes y los exportadores e importadores que se aliaban a los intereses del extranjero. Finalmente, la Constitución menemista de 1994 no modificó la norma de 1853 ya que seguimos siendo formalmente federales pero en los hechos un país saqueado por el unitarismo.
Como se dice en estos días, la gota que rebalsó el vaso fue el aumento de las retenciones para la soja del 35 al 44,1%. A decir verdad, el vaso venía lleno para el conjunto de las provincias y para los pueblos del interior desde hacía mucho tiempo. Desde 1992, en plena euforia menemista, comenzó un proceso de recorte de los recursos de coparticipación federal de impuestos establecidos por la Ley 23.548 que afectó tanto a las provincias como a los municipios. Esta Ley, de 1988, establecía que en el reparto del total de los ingresos coparticipables -IVA, Ganancias o impuestos internos como cigarrillos, combustibles, etc.- la nación se quedaba con el 42,34% y las provincias con un 54,66%. El 3% restante era para compensar a algunas provincias y para el llamado Fondo de Aportes del Tesoro Nacional.
Con Menem, De la Rúa, Duhalde y ahora con los Kirchner, con leyes y decretos nacionales mediante, al día de hoy la nación se queda con el 70% de los impuestos y las provincias tan sólo con el 30%. Y sobre llovido, mojado, vino el saqueo indiscriminado de las retenciones, donde nosotros planteamos retrotraer las medidas al 10 de marzo y que las retenciones sean segmentadas y coparticipables. Mientras tanto los pooles de siembra, los fondos de inversión y los exportadores, que aunque en menor medida también se ven afectados, mantienen sus privilegios y ganancias a costa de los que producen.
Tanto la mentira del discurso del gobierno -sostiene que las retenciones se hacen para redistribuir ingresos- como su dureza en las negociaciones, sólo son comparables con lo que hacía y decía la oligarquía en 1870. Entonces se jactaba de que a «sangre y fuego» se había pacificado el interior del país para lograr «la modernidad y el progreso». El resultado fue una Argentina dependiente y una clase latifundista poderosa. Hoy, una eventual derrota del interior, sólo traerá mayor concentración beneficiando a los terratenientes, a los pooles y a los exportadores.
Han pasado más de 130 años y la historia vuelve para recordarnos la tragedia. Sólo la lucha y la unidad de los pequeños y medianos productores y el resto del pueblo, puede lograr que esta historia no se siga repitiendo.