Juicio Las Marías: como hace 44 años el poder protege a Adolfo Navajas Artaza
Luego de 44 años de impunidad en Gobernador Virasoro, Corrientes, tuvo lugar el juicio que investiga la desaparición durante la década del ’70 de Marcelo Peralta y Neris Pérez, dos obreros del establecimiento yerbatero Las Marías y dirigentes de la Federación de Trabajadores Rurales. En un escenario con fuerte presencia de gendarmes y policía, se desarrollaron las audiencias donde dieron testimonio ex trabajadores de la estancia Las Marías. Por Lucho Soria para ANRed.
Cuarenta y cuatro años pasaron de aquel julio del ’74, momento en el que se concretó la primera huelga en las estancias correntinas. Cuando arribaron los trabajadores los esperaba el ejército para la represión, ahora, al igual que en aquel entonces, la gendarmería custodia las audiencias conjuntamente con la policía de civil.
«No me dejaron relatar la historia de nuestras luchas, me lo impidieron«, afirma indignado Arturo Escobar, fundador con Carlos «Pirincho» Aguirre, entre otros, de la delegación 502 de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (actual UATRE). Esta federación originó, junto al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, la rebelión para exigir los derechos cercenados por Adolfo Navaja Artaza.
Después de los abrazos entre Escobar y sus compañeros y familiares, regresamos a aquellos tiempos, a mediados de 1974 para dar cuenta de los hechos que dieron el puntapié inicial. Recordamos los vinos y unas chipas, con fondo de chamamés en un bodegón de Gobernador Virasoro. Un detalle particular hace inseparable nuestro pasado: compartí la cárcel de La Plata con Arturo Escobar y Carlos Aguirre.
«Compañeros, con los que nos pagan no alcanza ni para la sal» había gritado en aquel entonces Aguirre, activista del Movimiento Sindical de Base (MSB), a los asistentes a la asamblea en el local del sindicato. No hizo falta insistir, a mano alzada se respaldó la decisión. Al día siguiente marcharon a Las Marías donde los esperaba el ejército, y tras una represión los recibió en su despacho Adolfo Navajas Artaza, que accedió parcialmente el pliego tarefero de las demandas.
Lógicamente comenzó la persecución de los que participaron activamente en aquellas jornadas de lucha. El 24 de marzo del ‘76 se concretó la amenaza con la desaparición de los trabajadores Marcelo Peralta y Neris Pérez. Sumándose las detenciones y el hostigamiento a sus familias que seguían el plan del terrorismo de estado.
La impunidad de aquel momento persiste hasta hoy y quedó reflejada en las audiencias con un accionar de la gendarmería proveniente de Santo Tomé, quienes rodeaban y hostigaban a los asistentes. Exceptuando a los familiares de Torres Queirel, quien se negó a declarar, y los empresarios presentes, como el dueño de la empresa La Amanda y de militares retirados que acompañaban en las audiencias al único imputado de la causa: el militar retirado Héctor Torres Queirel, ex interventor militar de Virasoro y dueño de la Estancia María Aleida.
Sin dudar, la imagen del presidente del tribunal Victor Alonso saludando a los Gendarmes de la delegación de Santo Tomé por orden de la ministra de seguridad Patricia Bullrich, es la imagen que vale más que mil palabras. No obstante, el libreto judicial que se esfuerza en construir un muro de impunidad se enfrenta con quienes defienden la memoria, la justicia y la verdad. Un combate de largo aliento. Más allá de quién sea el inquilino del primer piso de Balcarce 50.