Organismos de derechos humanos exigen prisión perpetua y cárcel común a los genocidas

Evaluaron como positiva la intervención y el pedido del fiscal Alfredo Terraf y exigieron la cárcel común para Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez. Destacaron la importancia de este primer proceso que se da en la provincia, aunque exigen el juzgamiento por Centro Clandestino de Detención y que se juzgue a las cadenas intermedias. Advirtieron sobre la necesidad de acelerar los juicios por megacausas porque, de lo contrario, «el punto final biológico será una realidad». Por Contrapunto

El día de hoy en horas de la mañana en el Tribunal Oral Federal de la Provincia de Tucumán, el fiscal Alfredo Terraf realizó su extenso alegato en el que dio por probadas las acusaciones en contra de los genocidas Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez. El fiscal al referirse a los imputados dijo que «ellos son visceralmente cobardes y los transmiten por generaciones, son incapaces de enfrentar la verdad».

Agregó entre otros puntos que no la Argentina no estaba en guerra, ese es el atajo que buscan los cobardes para justificar su accionar. «No fue una guerra, fueron actos de terrorismo de estado» y agregó que «estos miserables se golpean el pecho en las iglesias y picanean en las cárceles». Solicitó prisión perpetua para ambos genocidas y que sean trasladados a la cárcel de Villa Urquiza, por los delitos de violación de domicilio, privación ilegitima de la libertad agravada, condiciones tortuosas de detención y aplicación de tormentos, homicidio calificado, asociación ilícita y genocidio, por el caso del ex senador de la provincia, Guillermo Vargas Aignasse.

La evaluación de los organismos

Silvia Sandoval, integrante de H.I.J.O.S (Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), manifestó: «Creemos que vamos a conseguir la condena perpetua para los genocidas, lo que venimos peleando hace treinta y dos años, aunque lamentablemente éste no es el juicio con el que nosotros hubiésemos querido iniciar, venimos luchando hace mucho tiempo para que se juzgue por Centro Clandestino de Detención a todos los represores, y por todas las víctimas».

Celia Medina de ATCI (Agrupación Tucumana Contra la Impunidad) se manifestó conforme con la actuación del fiscal y confían en la condena a perpetua para ambos genocidas. «Menéndez no puede eludir la cárcel común por la condena que pesa sobre el en el anterior juicio de Córdoba. El tribunal no puede desconocer este antecedente y tenemos confianza en que lo mismo se determine para Bussi. Yo estuve en la cárcel de Villa Urquiza como detenida política durante la dictadura y es el lugar que le corresponde a este genocida».

A principios de 1975, con el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón se instauró en Tucumán el Operativo Independencia, que fue el banco de pruebas de los centros clandestinos, las torturas y el plan sistemático de exterminio por parte de los militares.
La importancia de este juicio fue remarcada por H.I.J.O.S: «El genocidio empezó mucho antes del golpe militar. Es muy importante para nosotros, porque fundamentalmente este juicio ha permitido que mucha gente, que hasta este momento no había denunciado haber pasado por los centros clandestinos se está acercando a denunciar, lo cual va a ser muy importante para los próximos juicios».

Sobre el alegato esgrimido por el fiscal, René Ahualli, integrante de Familiares de Desaparecidos de Tucumán afirmó: «Fue ejemplar el trabajo del fiscal, la fundamentación por cada uno de los puntos que acusa los tomó minuciosamente y los desmenuzó, fundamentó y dio su alegato con frases a propósito poéticas de todo lo que estaba ocurriendo». Evaluó como muy positivo todo el trabajo del mismo desde antes de la elevación a juicio de éstas dos causas.

Sara Mrad, de Madres de Plaza de Mayo filial Tucumán manifestó que es importante el proceso que se está dando en el marco del genocidio y de los crímenes de lesa humanidad al tiempo que dijo sentirse satisfecha por el pedido del fiscal. «Estamos muy contentos con el pedido de fiscal de prisión perpetua y cárcel común en Villa Urquiza, esperemos que los jueces lo tomen así».

Darío Abdala de la asociación ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste por los Derechos Humanos y Estudios Sociales) remarcó que «la expectativa y lo más importante está centrado en que por fin en Tucumán tenemos estos juicios y eso es lo que se estaba esperando desde hace treinta y dos años y Bussi esté donde tiene que estar que es el banquillo de los acusados».
Además agregó: «tenemos expectativas con casi la certeza de que va a ser escuchado el pedido del fiscal de condena, porque por lo que se vio en el juicio ha sido claro el plan sistemático que se aplicó en Tucumán, la responsabilidad de Bussi y de Menéndez y como eso está probado no sólo en el caso de Vargas Aignase». Subrayó el hecho de que no hubo ningún testigo que haya relevado de los cargos por los que se los acusa a los dos genocidas.

Exigen cárcel común para Bussi

El fiscal Alfredo Terraf pidió la prisión perpetua en cárcel común para los dos genocidas. Al respecto, los organismos coincidieron en exigir el cumplimiento de la cárcel común para Bussi (para Menéndez en caso de ser condenado se da por descontado ante la sentencia que se dictó en Córdoba en Julio). «Creemos que van a ser condenados y esperamos que sea a cárcel común, es nuestro pedido de hace muchos años, cárcel perpetua, común y efectiva para los genocidas. Esperamos que este tribunal esté a la altura de este pedido», declararon desde H.I.J.O.S. Idéntica solicitud realizaron desde Familiares de Desaparecidos de nuestra provincia.
Abdala coincidió con esto y agregó: «Esperamos que se de cárcel común que es lo que merece, pero es un punto conflictivo y no sé que decidirá el tribunal, hay que esperar, sería el broche de oro para que estén donde tienen que estar».

¿Un punto de inicio para el fin de la impunidad?

Desde Madres de Plaza de Mayo destacaron que «este es un juicio histórico, y si la condena es ejemplificadota abre las puertas de las condenas de las sucesivas causas que van a entrar».
Antonio Bussi y otros represores tienen en la actualidad más de 300 causas abiertas en su contra, algunas de las cuales está próximas a elevarse a juicio oral. H.I.J.O.S manifestó: «queremos que se juzguen por centro clandestino y esperamos que se abra la causa arsenales o jefatura, que son los que ya están con la mayor cantidad de pruebas». Recordaron también que los 3 casos anteriores de juicios a genocidas sentaron jurisprudencia y los jueces no pueden negar la realidad de otras provincias.

Hace unas semanas, desde distintos organismos de derechos humanos denunciaron que los autores materiales e intelectuales del genocidio de la dictadura militar siguen gozando de impunidad, a cinco años de la anulación las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, sólo unos 20 represores han sido juzgados en forma parcializada y muchos están prófugos. Exigen la aceleración de los juicios por megacausas porque, de lo contrario, «el punto final biológico será una realidad».

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