Al banquillo
El próximo jueves 21 empezará en los Tribunales de Comodoro Py el juicio a tres jefes de subzonas pertenecientes al Primer Cuerpo de Ejército. Los represores que serán juzgados por el mismo Tribunal que tuvo a su cargo el proceso contra Héctor Febres serán Alberto Barda, Hipólito Mariani y César Comes. A días del comienzo, las organizaciones nucleadas en Justicia YA! le exigieron al Tribunal Oral Federal 5 que garantice la publicidad del juicio.
Perfiles
El coronel Alberto Pedro Barda se desempeñó entre 1976 y 1977 como comandante de Artillería de Defensa Aérea 601 y como jefe de la subzona 15 de Seguridad y del Área 1.5.1. Es decir, tuvo bajo su órbita de influencia las ciudades de Mar del Plata, Necochea, Balcarce y Mar Chiquita. Fue responsable de los centros clandestinos de detención ubicados en esa zona: La Cueva o el Viejo Radar, la Base Naval, la comisaría cuarta, el destacamento de Batán, la Escuela de Suboficiales de Infantería de Mar y el Grupo de Artillería de Defensa Aérea (GADA).
En abril de 1987, la Cámara Federal porteña le impuso la prisión preventiva rigurosa por homicidio de Analía Magliaro y de Jorge Candeloro, secuestrado en lo que se conoció como la noche de las corbatas, es decir, cuando fueron desaparecidos un grupo de abogados marplatenses. En total, fue procesado por diez delitos cometidos como jefe de la Subzona 15. No se benefició con la ley de Obediencia Debida pero la Corte Suprema de Justicia lo desprocesó el 21 de junio de 1988 por la aplicación de la ley de Punto Final. Fue indultado por el presidente Carlos Menem.
En el marco de los juicios por la Verdad, el periodista Amílcar González sostuvo en 2001 que «Barda tenía más poder que Jorge Rafael Videla«, en alusión a la influencia sobre la vida y la muerte que ostentaba el militar retirado que llegará en unos días a los tribunales.
El TOF 5 deberá juzgar a este militar de 80 años por la privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidio de Magliaro y de Candeloro así como por el secuestro y torturas a Marta García. Barda será elevado a juicio sólo por tres casos a pesar de haber sido el jefe de la subzona 15 y, por lo tanto, máximo responsable de la represión que se desató en nueve localidades donde funcionaron cerca de 20 centros clandestinos de detención. Como condimento a la impunidad, el genocida que cumple arresto domiciliario en un piso de la Avenida Libertador.
El brigadier Hipólito Rafael Mariani ejerció desde diciembre de 1976 hasta fines de 1977 como comandante de la subzona 16 de seguridad del Primer Cuerpo de Ejército. Estuvo a cargo de la jefatura de la Brigada Aérea con asiento en Palomar. En calidad de titular de esa área, fue responsable de la represión desplegada el partido de Morón, lugar donde funcionaron los campos de concentración: Mansión Seré, Brigada Aérea de Castelar, Brigada Aérea de Morón, la Comisaría tercera de Castelar y el Hospital Posadas.
Estuvo procesado por 21 delitos antes de que la Corte Suprema lo desprocesara el 21 de junio de 1988 mediante la aplicación de la ley de Punto Final.
A este juicio, el militar de 82 años llega imputado por los secuestros y aplicación de tormentos a Jorge y Juan Brid, Pilar Calveiro, Jorge Cardozo, Guillermo Fernández, Mario Galvano y Claudio Tamburrini.
César Miguel Comes sucedió a Mariani en la jefatura de la subzona 16. Desde febrero de 1977 hasta febrero de 1979 ejerció como jefe de la VII Brigada Aérea con asiento en Morón.
Como Barda y Mariani, fue beneficiado por la aplicación de la Ley de Punto Final. En días, este genocida de 82 años deberá responder ante la justicia por los secuestros por la privación ilegal de la libertad y los tormentos a delitos cometidos contra Tamburrini, Américo Abrigo, Carlos García, Alberto Garritano, Moira López Arrieta y Daniel Rosomano, todos ellos sobrevivientes de Mansión Seré.
Agradecemos imágenes a Marcelo Núñez, de HIJOS Mar del Plata
Causa Primer Cuerpo
Por un juicio oral y PÚBLICO
El próximo 21 de agosto se iniciará en los Tribunales de Comodoro Py el juicio a tres jefes de Subzona del Primer Cuerpo de Ejército, Alberto Pedro Barda, jefe de la Subzona 15 entre febrero del 76 y diciembre del 77, fue responsable de los CCD de Mar del Plata: Base Aérea, Base Naval, Comisaría 4ta, Destacamento de Batán, Escuela de Suboficiales de Infantería del Mar y el GADA Grupo de Artillería de Defensa Aérea. Se lo acusa solamente por la privación ilegal de la libertad y tormentos de Analía Magliaro, Jorge Candeloro y Marta García de Candeloro y del asesinato de los dos primeros. Hipólito Rafael Mariani y César Miguel Comes fueron jefes de la Subzona 16 desde febrero del 77 hasta enero del 78, el primero, y a partir de esa fecha y hasta febrero del 79, el segundo, y como tal, responsables de los CCD Comisaría de Morón, Brigada Aérea El Palomar, Mansión Seré y Hospital Posadas. A Mariani se lo acusa por la privación ilegal de la libertad y tormentos sufridos por Jorge y Juan C. Brid, Pilar Calveiro, Jorge Cardozo, Guillermo Fernández, Mario Galvano y Claudio Tamburrini y a Comes, por los mismos delitos cometidos contra Tamburrini, Américo Abrigo, Carlos García, Alberto Garritano, Moira López Arrieta y Daniel Rosomano, todos ellos sobrevivientes de Mansión Seré.
Las organizaciones querellantes en esta causa, parte del colectivo Justicia YA!, ya hemos manifestado nuestro desacuerdo con estos juicios parcializados que reproducen y son funcionales a la impunidad ya que así se diluyen las responsabilidades, se ignora el carácter masivo, planificado y organizado de la represión y se pretende poner en cabeza de unos pocos la responsabilidad del genocidio.
Pero además, en este caso, y tal como lo hizo en los juicios anteriores, el TOF Nº 5 planea no permitir el ingreso de la prensa radial y televisiva y seguramente también prohibirá a las Madres ingresar a la sala de audiencias con sus pañuelos y a los integrantes de los demás organismos de DDHH con los prendedores que los identifican.
Para solicitar la revisión de esos criterios restrictivos -a los que ya nos habíamos opuesto en ocasión del juicio contra Héctor Febrés- hemos presentado al TOF 5 el escrito que adjuntamos en el que requerimos su preferente y urgente resolución, haciendo expresa reserva de recurrir ante las instancias superiores dada la afectación de garantías fundamentales en cuanto al debido proceso.
Algunos de los argumentos de nuestra presentación son:
La difusión de las audiencias es un derecho no sólo de las víctimas y de los imputados sino del pueblo en su conjunto ya que se trata de delitos que ofenden a toda la humanidad.
La protección de los testigos no se logra con audiencias puertas adentro sino acelerando el desarrollo de las causas, disponiendo cárcel común a todos los genocidas y separando de las fuerzas armadas, de seguridad y de inteligencia a quienes se hayan desempeñado en posiciones de mando y/o en lugares donde funcionaron campos de concentración y exterminio. Tampoco la de los imputados, como quedó demostrado con el asesinato de Hector Febrés.
La difusión de las audiencias puede permitir la identificación por parte de otras víctimas tanto de lugares de detención como de detenidos-desaparecidos y, muy especialmente, la individualización de represores. Impedirlo es funcional a la impunidad.
La Constitución Nacional establece la publicidad de los actos de gobierno como mecanismo de control de los funcionarios actuantes y los jueces de la Nación no están excluidos.
Los símbolos de la lucha por la vigencia de los derechos humanos expresan la resistencia a la dictadura y a la impunidad posterior. Nada más loable, nada menos ofensivo para el pueblo todo, a quien en definitiva favorece terminar con la impunidad vigente, que esos símbolos estén presentes en la sala de audiencias.
Justicia YA, Buenos Aires
Espacio abierto de coordinación de estrategias jurídico-políticas para impulsar las causas contra los genocidas integrado por: Asociación Anahí; Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; Abogados Laboralistas de Izquierda (ALI); Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares; Comité de Acción Jurídica (CAJ); Comité de Defensa de la Etica, la Salud y los Derechos Humanos (CODESEDH); Comisión de DDHH de Uruguayos en Argentina; Comisión de DDHH del Partido Comunista; Comisión por los DDHH de Trenque Lauquen; Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA); H.I.J.O.S. Regional Oeste; Instituto de Relaciones Ecuménicas; Liberpueblo; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad.
Contactos:
Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos:15 6564 2440
Liliana Mazea (Abogada, FIDELA):15 5816 9178
Myriam Bregman (Abogada, CeProDH): 15 4170 2398
Pedro Dinani (Abogado, LADH): 15 6588 1616
Correo: justiciaya2004@yahoo.com.ar