07/08/2008

Sobre políticos y delitos

El Crimen de Campana donde toda una familia fue asesinada recientemente, y la fuga (¿?) de su «prisión» del «Laucha» Julián Corres, acusado por diversos delitos de lesa humanidad, pusieron a los gobernantes con los tapones de punta, pidiendo juicios políticos, desvinculaciones con su gestión, y pateando para el Consejo de la Magistratura. Por Liliana Mazea, abogada de Justicia YA!

1- El Consejo de la Magistratura sentenció hace menos de un mes que las denuncias contra el juez instructor y el Tribunal que estaba juzgando a Héctor Febres por delitos de lesa humanidad, no tenían responsabilidad con relación a su lugar de alojamiento. Más bien los denunciantes de Justicia Ya! «expresaron su disconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces cuestionados en vinculación al lugar de detención del ‘fallecido` Héctor Febres».

2- Agregó que los «magistrados no tienen a su cargo la supervisión diaria de las condiciones de detención de los sujetos privados de su libertad, tal control se encuentra en la órbita del Servicio Penitenciario Federal o del organismo a cargo de su custodia», aún cuando, según esta premisa, se encuentren detenidos y a cargo de la misma fuerza a la que pertenecieron.

3- ¿Por qué el juez Alcindo Alvarez Canale, a cargo del lugar de alojamiento de Julián Corres, o el Juez de Garantías Nicolás Schiavo -quien concedió la tobillera al principal acusado del cúadruple crimen de Campana-, tienen más responsabilidad que los magistrados señalados a cargo de la detención del genocida Héctor Febres?

4- ¿Sería más abominable para la clase gobernante, entonces, que dos criaturas cuyos homicidios a golpes de maza podrían haberse evitado, que criminales imputados de delitos que ofenden a toda la humanidad sean asesinados o se fuguen de su lugar de detención, y que también se podría haber impedido, más cuando en el caso de Febres podría haber señalado el destino de varios niños nacidos en cautiverio, para recuperar su identidad, ya que él mismo los entregó a apropiadores de las fuerzas genocidas?

5- Que se queden intranquilos, entonces, los familiares de las víctimas de Corres y de los niños asesinados en la localidad de Campana, ya que según el actual Consejo de la Magistratura no detectará ninguna irregularidad en la actuación de los magistrados cuestionados. Salvo que la sociedad en su conjunto ponga en tela de juicio y de vuelta como un guante este perverso mecanismo del sistema del «yo no fui», «la responsabilidad es de otro organismo», y que según el color del magistrado acusado, se proceda o no a enjuiciar su responsabilidad.

6- Si sobre estos sucesos terribles que nos conmueven hoy, comenzáramos a llamar a las cosas por su nombre (complicidad, irregularidad, etc.) y enjuiciar a los responsables por estos hechos evitables (fugas o asesinatos en lugares de detención, homicidios agravados), no sólo las víctimas y sus familiares tendrían algún tipo de contención, luego de tantos años de impunidad, sino que tal vez la misma sociedad esté enfocando hacia el lugar de donde no podría haberse apartado: memoria, verdad y justicia.

Liliana Mazea

Abogada, integrante del colectivo Justicia YA!



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