Corres y Febres: Algo más que similitudes
El represor Julián «Laucha» Corres se fugó en la madrugada del sábado de la única delegación que la Policía Federal tiene en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. Los integrantes de la fuerza que debían custodiarlo recién dieron el aviso de la huída dos horas más tarde. La connivencia así como las condiciones de privilegio de las que gozó el torturador de «La Escuelita» permiten relacionar su caso con el del ex prefecto Héctor Antonio Febres, asesinado el 10 de diciembre último en su celda vip.
El teniente coronel retirado Julián Corres, represor del centro clandestino conocido como La Escuelita de Bahía Blanca y administrador de la picana eléctrica bajo el alias «Laucha», se escapó en el fin de semana de la delegación local de la Policía Federal. El fiscal que entiende en la causa explicó que el torturador pidió ir al baño y nunca volvió a su celda. Llamativamente, el guardia se percató de la ausencia del custodiado dos horas más tarde.
La historia de Corres podría resultar novedosa. Pero, en la Argentina, la construcción de impunidad ha revestido los más innovadores mecanismos. El 10 de diciembre último, día en que asumía Cristina Fernández de Kirchner la presidencia, apareció muerto el prefecto Héctor Febres, quien estaba siendo juzgado por crímenes cometidos dentro de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA). Casualmente, al igual que en el caso de Corres, quienes debían custodiar al genocida se dieron cuenta de su deceso al ver que no se levantaba a desayunar.
Tanto Febres como Corres gozaban de condiciones de excepción en sus lugares de reclusión. Celdas con puertas abiertas, mateadas con sus celadores, libros de visitas sin registros en el caso del represor de La Escuelita. Por su parte, Febres llegó hasta a gozar de vacaciones permitidas por el juez Sergio Torres, paseos a caballo, cenas con las altas esferas de la Prefectura, acceso irrestricto a Internet, celulares y otros beneficios impensables para un preso común.
Con la fuga de Corres y el asesinato de Febres vuelve a suscitarse el debate acerca de cuál es el rol de los jueces con respecto a la seguridad y al cumplimiento de las penas por parte de los detenidos. Semanas atrás la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, dirigida por la diputada oficialista Diana Conti, negó que existiese responsabilidad por parte de los magistrados. Asimismo, vuelve a aparecer el interrogante de qué acciones debería tomar un gobierno que se presenta como defensor de los Derechos Humanos y promotor de los juicios y la cárcel común para los genocidas.
«Como todos ustedes saben, el Estado a través de los organismos competentes, ha demandado permanentemente a la Justicia de que (los represores) sean internados en lugares comunes y no nos equivocábamos», sostuvo en marzo la presidente Cristina Fernández de Kirchner. «El episodio que nos tocó vivir con respecto al prefecto Febres, creo que es demostrativo de lo acertado que estábamos cuando estábamos demandando que fueran precisamente sometidos al Servicio Penitenciario Nacional en cárceles comunes», decía la primera mandataria en alusión al homicidio del torturador de la ESMA mientras estaba alojado en su cárcel vip de la base Delta de Prefectura.
Consultada tiempo atrás por ANRed, la abogada Liliana Mazea sostuvo: «Si el Poder Ejecutivo sostuvo cárcel común por qué no lo ejecutó. El Presidente es Jefe de las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, podría disponer -con levantar su teléfono- el paso a cárceles no dependientes de las fuerzas armadas o de seguridad y evitar los privilegios de los jerarcas genocidas en esas instituciones militares así como, también, lo sucedido con Febres».
Por su parte, la abogada Myriam Bregman remarcó la responsabilidad institucional por las condiciones de privilegio que gozaba Febres. «Todos los miembros de la Prefectura, que obedecen directamente a Aníbal Fernández y que dependen directamente del Poder Ejecutivo, eran los que los que visitaban a Febres, comían con él, sabían que él estaba ahí. En ningún momento, las autoridades dieron la orden de que fuera a una cárcel común».
A pesar de que Fernández de Kirchner se reconoció preocupada por el asesinato de Febres, hizo todo lo posible para que la Prefectura siguiera funcionando tal como estaba. Si bien se destituyó al titular de la Fuerza, Carlos Fernández, las autoridades nacionales se encargaron de que su lugar fuera ocupado por un digno miembro de la Prefectura. Gustavo Jorge Koplin, integrante del grupo Albatros que reprimió a los trabajadores del Casino de Buenos Aires, llegó a la Base Delta a pesar de que el mismísimo Aníbal Fernández juró separarlo de su cargo por haber reprimido sin orden del ministerio del Interior. Sin embargo, fue premiado.
En el caso Corres, los responsables de custodiar al torturador fueron pasados a retiro, según informaron. El tiempo dirá si algo ha cambiado o si las puertas siguen abiertas y los registros de visitas invisibles para quienes fueron los ejecutores del genocidio en la Argentina.
Reproducimos comunicado de prensa del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH):
Hay miles de ‘Lauchas’ sueltas por todo el país
El genocida Julián «Laucha» Corres se fue caminando de
una comisaría de la Policía Federal en Bahía Blanca demostrando una vez más
que el aparato del Estado que secuestró a los 30.000 compañeros detenidos
desaparecidos sigue amparando a los criminales que cometieron el genocidio
en la Argentina. Al igual que el Prefecto Febres -asesinado por sus propios
camaradas el 10 de diciembre pasado- y pese al discurso gubernamental, el ex
Teniente Coronel Corres se encontraba detenido en dependencias de una
institución represiva donde gozaba de enormes privilegios hasta que le
abrieran las puertas para que se fugara.
Entre otras tareas «al servicio de la Patria» el «Laucha» Corres
fue encomendado por el Ejército Argentino para infiltrarse en el movimiento
estudiantil de Bahía Blanca y marcar a los compañeros que luego serían
secuestrados y torturados en el centro de exterminio «La Escuelita» que él
luego pasó a dirigir.
Ahora el Estado ofrece una recompensa para quien dé datos de su
paradero. Pero no debemos engañarnos. En la Argentina hay decenas de miles
de «Lauchas», de miserables genocidas, libres. Mientras que el mismo
Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Dr. Eduardo
Luis Duhalde, reconoció que el genocidio se concretó con el concurso de
alrededor de 200 mil personas, a casi cinco años de la anulación de las
leyes de impunidad hay menos de 400 imputados y desde entonces sólo se
condenaron a 20 (veinte) genocidas, cuando en la Argentina funcionaron al
menos 650 centros clandestinos de tortura y muerte.
Denunciamos la complicidad de la Policía Federal con sus propios
camaradas de genocidio. Denunciamos el plan oficial de enjuiciar a un puñado
de viejos represores emblemáticos para salvar a las instituciones genocidas.
Denunciamos que en la Argentina de los Kirchner hay más de 5.000 luchadores
obreros y populares procesados, mientras que la inmensa mayoría de los
genocidas y sus cómplices del empresariado y la Iglesia siguen en libertad.
Junto a los organismos que conformamos Justicia Ya! seguiremos
luchando por la cárcel común y efectiva a todos los culpables, por
genocidio, por todos los compañeros.
CeProDH
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos