Servicio Penitenciario Bonaerense: se profundiza la crisis
El siguiente informe, realizado por un grupo de estudiantes de la Universidad de La Plata, hace una descripción de la grave situación que padecen los ciudadanos privados de libertad en la provincia de Buenos Aires. Desde que fue declarada la emergencia, año 2004, nada ha cambiado. «Desde junio de 2006 hasta el mismo mes de 2007, el Comité Contra la Tortura presentó 522 Habeas Corpus por problemas relacionados con la salud, golpes, heridas o torturas», explica el informe.
Entre los años 2000 y 2005, la población carcelaria de la provincia de Buenos Aires pasó de 15 a 30 mil detenidos. Debido a esto, en el 2004 el Servicio Penitenciario Bonaerense fue declarado en estado de emergencia, y un año más tarde se sancionó el decreto 950 por el cual se creó la Dirección General de Salud Penitenciaria.
El decreto pretendía el «correcto funcionamiento del sistema integral de salud», conforme a los lineamientos que prescriben los organismos internacionales, mediante la presencia de personal médico independiente del SPB. Sin embargo, a pesar de que la población carcelaria se redujo a 25.000, las condiciones de salud siguen sin mejorar.
Habeas Corpus
Desde junio de 2006 hasta el mismo mes de 2007, el Comité Contra la Tortura presentó 522 Habeas Corpus por problemas relacionados con la salud, golpes, heridas o torturas. Entre ellos se encuentra el caso presentado sobre las condiciones de detención de la Unidad 9, donde se exigía la inmediata provisión de medicamentos, aparatología y personal médico. En la presentación judicial se transcribe la entrevista que el Comité le realizó al Director del Área de Sanidad, Dr. Antonio Coscarelli, quien manifestó: «Hoy no tengo medicación psiquiátrica: necesito 1.000 pastillas y tengo 200».
Sobre la Dirección de Salud Penitenciaria, dijo que no tiene presupuesto propio: «Hace que vivamos en un caos y desprotección absoluta». «No podemos hacer recorridas en busca de patologías, ya que no tengo personal, no tengo estructura edilicia ni medicación», afirmó Coscarelli y concluyó: «A esta sala habría que ponerle una cinta roja, no estamos para asistir a nadie».
La denuncia penal recayó en el juzgado de Garantías Nº 3 a cargo de Eduardo Eskenazi, quien dictaminó clausurar el Área de Salud de la Unidad, hasta que se realicen las modificaciones correspondientes.
Otro Habeas Corpus, presentado por el Defensor General de San Nicolás, Gabriel Ganon, denunciaba al Estado provincial por «no volver efectivo el derecho fundamental a la salud de las personas privadas de su libertad».
Con el objetivo de llegar a un acuerdo entre las partes, el 13 de Febrero del 2008 se realizó una audiencia pública convocada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de San Nicolás.
En cuanto a la problemática sobre el VIH, la Subsecretaria de Política Criminal, María Leiro, informó que se están llevando a cabo las estadísticas de la cantidad de portadores en todas las unidades de la provincia, y que a partir del mes de marzo se harán los tests a quienes hayan aceptado. Además, el Director General de Salud Penitenciaria, Daniel Burgos, informó que durante el 2007, 3.300 internos realizaron el test, y que surgieron 49 nuevos casos de portadores de VIH. De estos test, solo fueron válidos el 66% ya que el porcentaje restante fue anulado, equivalente a 1.122 casos.
Notificaron que disponen de 22 mil preservativos por mes para un total de 26 mil detenidos; y sobre la pérdida constante de historias clínicas durante los traslados que sufren los detenidos, Leiro informó que se están relevando la existencia de computadoras y líneas telefónicas para informatizarlos.
Otras denuncias
El Área de Ejecución de la Defensoría General se encarga de trabajar sobre las condiciones de los detenidos, realiza visitas periódicas a las Unidades y patrocina solicitudes de los internos. Entre estas solicitudes, se encuentran las siguientes:
– En mayo de 2007 el detenido Maximiliano Centurión Molina solicitó ser alojado en una Unidad cerca de la ciudad de La Plata en la cual pueda acceder a atención médica, y no reingresar a la Unidad 13 de Junín, donde se encontraba alojado en buzones. Estando en la Unidad 30 perdió la visión del ojo derecho luego de haber recibido una bala de goma. Fue trasladado a la Unidad 29 para ser llevado al hospital, pero no pudo ser atendido porque el traslado se realizó fuera del horario de atención.
El 18 de Julio del año pasado, Raúl Rodríguez de Lima solicitó ser integrado al goce de los derechos básicos que tenía en la Unidad 25 (trabajo, visitas y acceso a atención médica), ya que posee HIV. Fue trasladado a la Unidad 1, donde se realizó el test en el mes de marzo y nunca le dieron los resultados. Además, no estaba siendo medicado ni recibía alimentación adecuada, y las condiciones del pabellón que habitaba no eran las correspondientes para su estado de salud.
– Rosana Álvarez solicitó el pase al pabellón de auto-gestión de la Unidad 22, ya que es el único en el cual los internos tienen acceso a los baños las 24 horas. Álvarez tiene Hepatitis C, y presenta un desmejoramiento general por lo que precisa acceder continuamente a los baños y realizarse periódicas duchas para bajar los síntomas febriles que la aquejan.
Claudia Marengo, jueza de ejecución Nº 1 de La Plata que vela por las garantías constitucionales de los detenidos, dijo que en la actualidad se tramitan más de 10.000 causas en ese juzgado. Expresó que, a su juicio, la atención de la salud en las cárceles no es buena, y que principalmente se debe a la falta de presupuesto. Explicó que muchas de sus sentencias, por ejemplo que se mejoren las condiciones edilicias, no se cumplen por esta causa.
Las muertes
Entre junio de 2006 y junio de 2007, el Comité Contra la Tortura pudo relevar 66 muertes en las cárceles bonaerenses. Según el SPB, las causales de muerte se clasifican en: traumáticas, que son producto de peleas o heridas de armas blancas, quemaduras, ahorcamientos y suicidios; y no traumáticas, que son por paros cardiorrespiratorios y a veces refieren a una patología como causa de su padecimiento.
Estas últimas son definidas por la justicia como «muertes naturales», que comprenden un amplio espectro de situaciones en las que el informe del SPB da cuenta de la última razón del fallecimiento, pero jamás de las circunstancias que llevaron a él.
Tal es el caso de Omar Borda Ledesma, que falleció el 17 de Julio de 2006 en la Unidad 22 que funciona cómo hospital. Según el informe del SPB, el detenido ingresó en mal estado general y falleció por «paro respiratorio no traumático» y que «se produjo a raíz de encefalitis secundaria, absceso cerebral y patológico de base», o sea que «se trata de una muerte no traumática».
Sin embargo, Ledesma tenía VIH y TBC, y en la autopsia figura que se encontraba «en mal estado de nutrición, mal desarrollo óseo y muscular, de 1,70 de altura y 50 kilos de peso». La investigación por la causa de muerte estaba radicada en la U.F.I Nº 7 de La Plata, a cargo de Virginia Bravo, y fue archivada dos meses después sin haber tomado las medidas necesarias para investigarlo.
Cuando fallece un detenido se debe comenzar una Investigación Penal Preparatoria (I.P.P). Según el informe del Comité, «al menos el 20 por ciento de las I.P.P. que investigan las 66 muertes mencionadas, fueron archivadas a menos de un año de ocurridos los hechos: 23 causas». Además, desde noviembre del 2007, el Comité recibió la denuncia de cinco muertes, de las cuales en ninguna se había iniciado loa IPP.
Medicamentos y nueva administración
Según el Comité, en una inspección judicial en abril de 2007, el jefe del área de salud de la Unidad 34 denunció no haber recibido medicación psiquiátrica por más de un mes, y se asocia la falta de medicación con el suicidio de dos internos y otras tres tentativas frustradas.
Según pudo constatar el Comité, el Estado provincial presupuestó por gastos en medicamentos un monto de más de 10.000.000 de pesos para el año 2007. Sin embargo, en una entrevista con dos personas privadas de la libertad portadores de HIV-SIDA (Edgardo «Coco» Martires y otro que prefirió reservar su identidad), de la Unidad 28, denunciaron que muchas veces se les entrega medicamentos vencidos.
Daniel Burgos, que asumió como Director de Salud Penitenciaria en diciembre de 2007, dijo que la llegada de medicamentos a las unidades está siendo acorde, y que según el último relevamiento, habría 500 infectados con HIV: «un número que hasta para mí es extraño».
Además, informó que durante los primeros cuatro meses realizó un relevamiento de la situación de la salud en las cárceles, y consideró que era «muy mala». Sin embargo, afirmó que cuentan con 552 médicos, uno cada 47 detenidos, y consideró que «es ilógico pensar que con esta cifra no se pueda dar una respuesta mínima de salud al sistema».
La realidad es que mientras se sigue analizando y estudiando la situación, los privados de su libertad continúan hacinados, padeciendo enfermedades y falleciendo por causas evitables.
Erroz, Alejo
Haidt, Cristian
Laterza, Ramiro
Gutiérres, Karina