Un día para denunciar la impunidad

El 18 de julio no es sólo otro aniversario de la masacre impune de la AMIA, sino que también es la fecha en que se cumplen 22 meses de la desaparición de Jorge Julio López, testigo clave en el juicio contra el genocida Miguel Etchecolatz. Ambos hechos siguen sin que se haya hecho justicia. En un acto conjunto, reclamaron la apertura de los archivos del Estado como medida para socavar el muro de impunidad.

El reclamo a catorce años del atentado a la mutual judía se hizo escuchar, como todos los 18 de julio, en la esquina de Pasteur y avenida Corrientes. Con la convocatoria de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre impune de la AMIA (APEMIA) y la del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia se volvió a exigir el fin del encubrimiento y la impunidad. El aniversario coincidió con otro mes de la desaparición de Jorge Julio López.

Masacre impune de la AMIA

«El gobierno llega a este nuevo aniversario en medio de una crisis política y con las manos vacías. Después de reconocer por decreto hace ya 3 años que el Estado argentino es el encubridor agravado del crimen, no hay juzgados ni condenados», denunciaron los integrantes de APEMIA. La acusación sobre la complicidad y el encubrimiento mantenido por la gestión de Néstor Kirchner como por la de su esposa, Cristina Ferández, fue rotunda: «Los Kirchner llevan más años de gestión del encubrimiento de los asesinos de AMIA que el gobierno de Carlos Menem. No tienen nada para ofrecer». Asimismo, desde esta agrupación se denunció a los «socios locales» de la impunidad: la DAIA/AMIA.

Tampoco faltó mención en el documento a la denominada ley antiterrorista, sancionada el año pasado. «Kirchner sigue manipulando el esclarecimiento de este atentado terrorista de Estado para justificar la sanción de la ley antiterrorista reclamada por el Departamento de Estado, que no vino a esclarecer ningún crimen ni a imputar a sus responsables, sino a atacar las libertades públicas y el derecho de la población a organizarse libremente. De la mano del aparato del Estado y de la nueva dirección de la colectividad judía se ha reforzado la intención de terminar con el lastre que les significa el ataque a la AMIA, para cerrarlo y organizar el olvido bajo las formas de la memoria», manifestaron.

Esa idea de poner un punto final fue emparentada con la intención del Poder Ejecutivo de poner coto al enjuiciamiento a los genocidas y, de esa forma, avanzar hacia la reconciliación. «El cierre del tema AMIA es la punta de lanza que, junto con el final anunciado de los juicios a los genocidas de la dictadura militar, prepara el escenario para organizar los festejos del bicentenario en un marco de olvido para los grandes crímenes del Estado», dejaron en evidencia.

Otro mes más con Julio López desaparecido

La otra gran ausencia es la de Julio López, desaparecido hace ya 22 meses cuando debía presentarse a los alegatos contra el genocida Miguel Etchecolatz. Casi dos años pasaron sin que el Gobierno ni la Justicia aportaran un solo dato sobre el secuestro del ex detenido-desaparecido. En los últimos días circuló una información que afirmaba que López podría haber cruzado la frontera al Paraguay. Dato nada casual que parecería deslegitimar la idea de la desaparición de un testigo clave durante el mandato del «Gobierno de los Derechos Humanos». Se pudo saber que nada de ello había ocurrido. Todo se debió a un error de los funcionarios de migraciones que «accidentalmente» cargaron el documento de López para ver si había decidido cruzar hacia el país vecino, según informaron.

«El gobierno tiene el poder necesario para encontrar y castigar a los responsables de la desaparición de López, para terminar con las amenazas, para avanzar en el esclarecimiento del atentado a la AMIA, pero no lo hace porque la represión y la impunidad son la mano que acompaña indefectiblemente una política que defiende los intereses de las clases dominantes y que necesita asegurar sus negocios», reclamaron desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

De impunidad y de jueces

No sólo están impunes en la Argentina quienes perpetraron el genocidio durante la última dictadura militar, sino también que esa inmunidad está refrendada por la misma Justicia. Hace meses, el colectivo Justicia YA! exigió el juicio político al juez Sergio Torres y al Tribunal Oral Federal 5 por su intervención en la causa que elevó a juicio al torturador Héctor Febres. El ex prefecto gozó de privilegios tales durante su detención en una base de la Prefectura que terminaron creando las condiciones para su envenenamiento. Sin embargo, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura negó que los jueces fueran responsables por la seguridad de los presos y decidió no promover la acusación contra Torres ni los tres integrantes del TOF 5.

Una delegación de Justicia YA! estuvo presente el pasado jueves en la sesión del plenario del Consejo y relataron que la votación para tomar esta decisión recayó en sólo siete consejeros. «Es decir siete personas votan y deciden el destino de todas las causas de los militares del Primer Cuerpo del Ejército y de la ESMA», explicó la abogada Myriam Bregman. Lo más notable es que la votación se hace por número de resolución y sin que se de lugar al debate, tal como denunciaron los organismos de Derechos Humanos.

«A pesar de que no corresponde formalmente, con Carlos Lordkipanidse (sobreviviente de la ESMA e integrante de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos), pedimos la palabra y explicamos lo que estaban votando. Explicamos qué implicaba votar sin que se investigara a los jueces así como que implicaba decir que los detenidos no son responsabilidad de los magistrados, tema que incluso excedía las causas a los genocidas y abarcaba al resto de los presos», resumió la abogada.

Bregman, asimismo, denunció un operativo de prensa contra los organismos de Derechos Humanos que criticaron la resolución presentada por la comisión que preside la diputada oficialista Diana Conti. «Alguien está llamando a los medios y diciendo que no ocurrió esto en la sesión de ayer. Es bastante difícil cambiar la realidad porque había más de 100 personas en la sala». Consultada por ANRed acerca de la procedencia de esta táctica, la integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) sostuvo: «Creemos que tiene que ver con aquellos que está muy molestos porque su dictamen fue revisado».

Un mismo reclamo

La masacre impune de la AMIA y la desaparición impune de Julio López llevan a una misma exigencia. «Nos une una consigna que es la apertura de los archivos de la represión de la dictadura como los de este período. Con esto, se podría ver cómo miembros de las fuerzas de seguridad participaron en el atentado a la AMIA y cómo lo hicieron, también, contra Julio López», afirmó Bregman.

Además, se refirió al encubrimiento fomentado desde el Ejecutivo: «El ocultamiento que hace este gobierno de los archivos secretos es el que permite que hoy sigan habiendo 400 chicos apropiados, que sigan estando impunes los genocidas, que se mantenga impune el atentado a la mutual y que no sepamos quién secuestró a López«.