Tucumán: Declaran inimputable a Bussi y peligra su juicio

El médico de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Raúl Asial, manifestó que el genocida Antonio Domingo Bussi no está en condiciones «mentales de entender el juicio» en su contra, que estaba planeado se inicie en tres semanas. Incertidumbre en el Tribunal Oral Federal por la suerte que correrá el proceso judicial que iba a iniciarse el 5 de agosto próximo en esa provincia.Informe especial por Contrapunto.

El 5 de agosto próximo debía comenzar en Tucumán el primer juicio a los responsables y partícipes de la última dictadura militar. En las audiencias serían juzgados los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez (ambos con más de 70 años y actualmente con arresto domiciliario), acusados de la desaparición y muerte del ex senador provincial peronista, Guillermo Vargas Aignasse.

Sin embargo, el proceso peligra, luego de que el médico Asial decretara la inimputabilidad de Bussi. Según se dio a conocer extraoficialmente desde el Tribunal Oral Federal, el ex gobernador de facto de la provincia llora permanentemente, está con dolores físicos y tendría cáncer.

La Junta Médica, encargada de evaluar la salud de Bussi, está dirigida por el médico forense de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Raúl Asial, y está integrada por la siquiatra, Aba Bini; la neuróloga Alejandra Molteni y la sicóloga, Consuelo Muñoz, del Hospital Padilla.

Por parte del imputado, también integran la Junta los peritos Hernán Mena, profesional del Ejército y médico cabecera del represor; y Martín Wilde, siquiatra del Ejército.

Así, la Junta Médica consideró que el represor no está en condiciones «mentales de entender el juicio». Desde fuentes extraoficiales del Tribunal Oral Federal de Tucumán, confirmaron que pedirán intervención a profesionales de la Corte Suprema de Justicia para que evalúen la salud de Bussi.

Sin embargo, hasta el momento no hay certezas de la suerte que pueda correr el proceso judicial que debía comenzar el 5 de agosto.

Prevían inicio de juicios por crímenes de lesa humanidad

El 5 de agosto próximo se dará inicio al primer juicio a los responsables y partícipes de la última dictadura militar. En las audiencias serán juzgados los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez (ambos con más de 70 años y actualmente con arresto domiciliario), acusados de la desaparición y muerte del ex senador provincial peronista, Guillermo Vargas Aignasse.

El 24 de marzo de 1976, Vargas Aignasse fue secuestrado y desaparecido por personas armadas y encapuchadas pertenecientes a las fuerzas de seguridad que lo llevaron a la Brigada de Investigaciones de la policía provincial. Tiempo después fue trasladado al penal de Villa Urquiza. Cuando estaba por ser puesto en libertad, en un confuso episodio fue nuevamente secuestrado, y posteriormente «desaparecido».

El Juez Federal subrogante, Daniel Bejas, imputó a los militares por violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos reiterados, homicidio calificado y asociación ilícita.

Según la abogada defensora de Derechos Humanos, Laura Figueroa, este es un juicio en el que la Fiscalía ha tenido un interés especial desde el comienzo; ha sido impulsado de forma aislada e individual del resto de las causas. Posiblemente esto se deba a que todavía por aquella época, tanto la Fiscalía como el Juzgado, no tenían una clara idea de cómo había sido realmente la represión y cual había sido el circuito represivo.

Cabe destacar que esta es una causa que no posee querellante, algo que la vuelve más emblemática aún. «Lamentablemente el hecho de que no haya un particular damnificado que haya asumido el rol de querellante fue una mala jugada del Poder Judicial en relación a la lucha de Madres de Plaza de Mayo, de Abuelas, de H.I.J.O.S y de los abogados por los Derechos Humanos. El problema principal es que no hay participación de la ciudadanía dentro de este primer juicio», destacó Figueroa.

Desde las organizaciones de Derechos Humanos han promovido la unificación de las causas por centros clandestinos. Esto, aseguran, acelerará los trámites judiciales y se podrá obtener una sentencia más urgente. De otro modo los testigos tienen que asistir a declarar por cada imputado y la demora de los procesos se vuelve interminable.

Con respecto a esto la abogada explicó que: «En relación a la cantidad de pruebas y a lo representativo de lo que fue el plan de exterminio, esta causa o cualquier causa individual, por sí sola, no representan ni pueden ejemplificar lo que fue el exterminio masivo de personas. Hace mucho tiempo que la justicia debería haber comenzado la investigación por centros clandestinos que unifican todas las causas que están comprendidas dentro del mismo».
La audiencia estará ajena al debate y a la discusión profunda, ya que la misma prácticamente no admitirá la participación del pueblo tucumano, y en el caso de la prensa, podrá levantar notas solo a través de una pantalla, según se informó desde el Tribunal Oral Federal.

«Creo que este juicio va a servir muy poco para la concientización del pueblo tucumano. También los medios de comunicación están marginados de estos procesos y no sólo en Tucumán sino en el resto del país. Por lo tanto aquí se ve con claridad que en la política de derechos humanos del Poder Ejecutivo Nacional no se corresponde el discurso con los hechos. Es muy importante que el pueblo conozca cual es la verdad de lo que sucedió», agregó al respecto la abogada.

Si bien este 5 de agosto no será como los grupos que se movilizaron en torno al tema esperaban, es una victoria que después de treinta años se pueda por fin sentar en el banquillo de los acusados y juzgar a las personas que se encargaron de aniquilar a toda una generación de argentinos, personas que hasta el momento se han valido de la impunidad para poder seguir libres. «Me complace enormemente que comencemos con los juicios, por que Menéndez y Bussi tienen que estar condenados ya. Aunque no buscamos simplemente una condena, lo que buscamos es que el pueblo de Argentina y en este caso de Tucumán conozca qué es lo que paso a través de una de sus instituciones: el Poder Judicial. Que se conozca la verdad y que se reconstruyan los hechos, pero no se pueden reconstruir los hechos a partir de una sola causa», manifestó con entusiasmo Laura Figueroa, quien además se mostró esperanzada en que este primer paso sea un incentivo para ver si de esta manera se puede acceder urgentemente a las causas por centros clandestinos. «Hoy vemos que Bussi está viejo y esperamos que pueda acceder a los juicios por las megas causas», concluyó.

Un avance en busca de justicia

Con los juicios a Bussi y a Menéndez prontos a realizarse en la provincia, se ha creado un marco ideal para poder encajar otras causas que habían quedado estancadas y que hoy están a punto de salir a flote. Tal es el caso de los fusilamientos a un grupo de militantes montoneros ocurridos el 20 de mayo de 1976 en el Barrio Echeverría.
Por estos hechos se encuentran implicados los represores: Luciano Benjamín Menéndez, Roberto «Tuerto» Albornoz, Mario Alberto Zimmermann y Alberto Luis Cattáneo. En esta causa, impulsada por el Fiscal Federal Nº1 Emilio Ferrer, también se encuentran pendientes el pedido de juzgamiento a Bussi y otros implicados.

En un violento operativo de emboscada, personal de la V Brigada de Infantería del Ejército conjuntamente con fuerzas pertenecientes a la Policía de Tucumán, allanaron ilegalmente el domicilio donde vivían María Alejandra Niklison y Gerardo Alfredo Romero (padres de la denunciante).
Según consta en el expediente judicial, momentos antes del allanamiento de la vivienda, ubicada en la calle Azcuénaga 1816, en el Barrio Echeverría de la capital tucumana, estaban reunidos cinco militantes de la organización político-militar Montoneros de Tucumán de la zona este. Eran Niklison, Fernando Saavedra Lamas, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González. «Los agentes del Ejército y de la Policía toman por asalto la casa, previamente lanzan explosivos, ingresan a la vivienda y simulando un enfrentamiento asesinan a todos los moradores, por disparos de arma de fuego en la cabeza», se relata en el escrito judicial.

En ese momento, uno de los militantes (Lamas) logra huir de la casa, pero es asesinado cerca de una iglesia aledaña. «Los cuerpos sin vida de las víctimas fueron llevados a la Jefatura de la Policía de Tucumán, y de allí cuatro de ellos (tres masculinos y un femenino) fueron inhumados en fosas comunes en el Cementerio del Norte», agrega el fiscal federal Emilio Ferrer, quien estuvo a cargo de la investigación de los hechos

Probablemente se trate del segundo juicio de Derechos Humanos que se realiza en la provincia luego de treinta y tres de ocurrido el golpe militar. Si bien la justicia fue lenta, su llegada ha movilizado al pueblo tucumano.

Hacia una reconstrucción de la memoria histórica

Histórica condena de Etchecolatz

En septiembre de 2006 Miguel Etchecolatz, ex jefe policial, segundo del general Ramón Camps cuando se desempeñó como jefe de la Policía bonaerense, fue condenado a prisión perpetua en una sentencia histórica que por primera vez incorporó en el fallo la temática del «genocidio», por el que vienen reclamando los organismos de derechos humanos.
Además, el Tribunal resolvió que Etchecolatz cumpla su condena en una cárcel común: el penal de Marcos Paz, reclusión perpetua por los crímenes de «homicidio calificado, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos», delitos que consideró «de lesa humanidad en el marco del genocidio que tuvo lugar en la Argentina entre 1976 y 1983».

Desde este hito existe un antecedente que podría permitir que otros cientos de represores de toda jerarquía sean indagados, procesados y condenados por este delito. Ya que se trato del primer paso para superar los procesos judiciales contra imputados aislados y por hechos fragmentarios, y (en un futuro) avanzar en juicios unificados, que reconozcan el carácter coordinado y sistemático de la represión ilegal.

Cabe destacar que Julio López fue querellante en la causa contra el ex comisario general, debido a que fue secuestrado de su casa el 27 de octubre de 1976 y estuvo detenido en el centro clandestino de Pozo de Arana, las comisarías quinta y octava de La Plata y el penal número 9 de La Plata, tras lo cual fue liberado el 25 de junio de 1979. Además de haber sido sometido a torturas.
Luego de sus declaraciones, este testigo clave, fue desaparecido y no hay indicios de su paradero. Los meses de este desaparecido en «democracia» ya suman 22.

La impunidad también se presenta en las cifras
Bussi y Menéndez son conocidos como los mayores símbolos del terrorismo de Estado del norte argentino, y cuentan con un récord absoluto de acusaciones por secuestros, torturas y asesinatos. Según la Comisión Bicameral Investigadora, el 68 % de los 507 secuestros registrados durante la dictadura en la provincia se produjeron entre 1976 y 1977. En esos años, Bussi era comandante de la Brigada de Infantería V e interventor militar de Tucumán; mientras que Menéndez era jefe del Tercer Cuerpo de Ejército del que dependía la brigada. De ese total de casos, 387 personas permanecen desaparecidas, 96 fueron liberadas y sólo se recuperaron 24 de los cadáveres.

Protección a testigos

Desde que se reiniciaron los juicios contra los represores que actuaron durante la ultima dictadura militar, poca a sido la seguridad con la que han contado los testigos. Jorge Julio López, querellante contra el ex comisario Miguel Etchecolatz, fue secuestrado momento antes de hacer sus alegatos, y aun continúa desaparecido. Ni la Justicia ni el Poder Ejecutivo ha brindado certezas sobre el caso López. También sufrieron secuestros Luís Gerez, Juan Puthod y Felisa Marilaf, quien estaba bajo un régimen de protección y fue secuestrada y agredida durante horas.

La abogada Myriam Bregman fue clara al explicar por qué los testigos son fundamentales. «Cada vez que hablan de testigo clave, nos tenemos que preguntar por qué son claves los testigos. Lo son porque este Gobierno sigue encubriendo a los genocidas, sigue preservando a las Fuerzas Armadas, de seguridad y de inteligencia. Porque este gobierno autoproclamado de los Derechos Humanos no aportó una sola prueba en una sola causa que mande un genocida preso. Son los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, como nuestro compañero Jorge Julio López, los que siguen siendo fundamentales para encarcelar a los genocidas. En la Argentina no hubo apertura de los archivos de la represión. Son las víctimas las que tienen que seguir identificando a sus secuestradores».

Son quienes pasaron por los centros clandestinos de detención y exterminio quienes deben relatar, una y otra vez, su calvario. Son ellos los que movidos a hacerlos «por los compañeros», como había reconocido López, los que quedan desprotegidos frente al poder, aún absoluto, de los genocidas.

Son quienes pasaron por los centros clandestinos de detención y exterminio quienes deben relatar, una y otra vez, su calvario.

Este marco en que son encarados los procesos judiciales lleva a que la cuestión sea planteada de forma más profunda. «La única protección válida para los testigos, para los sobrevivientes y para la sociedad toda es que todos los genocidas sean juzgados y condenados a cárcel común, perpetua y efectiva. Porque han pasado 25 años de gobiernos constitucionales y seguimos denunciando a los mismos genocidas, los mismos que participan en la represión a las protestas y reclamos populares, los mismos que junto a sus socios, desde la dirección de las empresas multinacionales o desde el estado, continuaron el saqueo comenzado durante la dictadura», sostuvieron los integrantes de la Asociación de Ex Detenidos- Desaparecidos (AEDD).

EL ELEVADOR DEL POZO DE VARGAS DESCOMPUESTO DESDE HACE DOS AÑOS

Una investigación estancada

La causa se inició en 2004 y hasta el momento sólo dos veces se encontraron restos humanos enterrados en el pozo, lugar donde el Ejército arrojó cadáveres durante la dictadura. El encargado de la inspección es Mario Racedo, Juez Federal subrogante Nº 2 de Tucumán quién también inspeccionó el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga.

«Es una de las megas causas junto con la Jefatura y Arsenal. Con la causa de Pozo de Vargas estamos realmente parados hace más de dos años. El Grupo Interdisciplinario de Arqueólogos y Antropólogos de Tucumán (GIATT) todavía no puede reiniciar la tarea de excavación dentro del pozo porque se rompió el elevador hace mas de dos años y con una serie de desidias y por burocracia todavía hoy no ha sido reinstalado», explicó la abogada y querellante Laura Figueroa.

La instalación del elevador resulta vital para que esta causa pueda avanzar y deje de estancarse. Respecto a esto Figueroa aclaró que: «Hay un juez que esta cubriendo a desgano las causas. Por más que haya hecho declaraciones públicas a favor de los derechos humanos, en ninguna de las dos causas que él lleva adelante, ni en Arsenal ni en Pozo de Vargas, se lo ha visto realmente preocupado».

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