«Frente a un gobierno que privilegia el capital financiero, los mas afectados son los niños y niñas»
Este mediodía Adolfo Pérez Esquivel junto a Nora Cortiñas, integrante de Madre de Plaza de mayo Línea fundadora y organizaciones ocupadas y preocupadas por los derechos humanos de la niñez desde el ámbito social, cultural, político, universitario, sindical y eclesial en la República Argentina realizaron una conferencia de prensa para denunciar la grave situación por la que atraviesa la infancia en nuestro país. Por ANRed/Daniel Sanchez de FM La Barriada
Este mediodía en la Serpaj se realizó una conferencia de prensa para denunciar la grave situación que atraviesa la infancia «nuestro país se encuentra frente a un brutal despliegue de la represión estatal que ha desembocado en múltiples casos de asesinatos de niños y adolescentes en manos de las fuerzas estatales locales, provinciales y nacionales».
Entre los mencionados, recordaron el caso de Facundo Ferreira, el niño fusilado por la policía en Tucumán, para graficar la enorme preocupación sobre la escalada de violencia insititucional sobre niños y niñas en Argentina.
En la conferencia estuvieron presentes, el premio Nobel de la Paz Adolfo Perez Esquivel y Nora Cortiñas Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Ambos se manifestaron muy preocupados por la situación contextual apremiante «si un Gobierno no atiende el derecho a la infancia y el derecho del pueblo, están trabajando contra el pueblo» manifestó Esquivel.
Dinfundimos el documento presentado:
AL COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO DE LAS NACIONES UNIDAS
Las organizaciones, organismos, espacios sindicales, académicos, de investigación, políticos, sociales, y personas abajo firmantes, queremos hacer llegar nuestro estupor y preocupación, así como solicitar la intervención en el ámbito que compete a ese organismo, frente a la gravedad de los hechos que afectan a los/las niños/as y adolescentes de nuestro país, entre los cuales, se encuentra el reciente homicidio, por la espalda, de un niño de 12 años por parte de la Policía de la Provincia de Tucumán. El niño se llamaba Facundo Alexis Ferreira e iba en una moto que conducía otro niño de 14 años, quien también resultó herido por una bala que le rozó la cabeza.
I. Aumento de los asesinatos de niños/as, adolescentes y jóvenes en manos de las fuerzas estatales de seguridad
Nuestro país se encuentra frente a un brutal despliegue de la represión estatal que ha desembocado en múltiples casos de asesinatos de niños y adolescentes en manos de las fuerzas estatales locales, provinciales y nacionales. Estas situaciones, popularmente conocidas como casos de “gatillo fácil”, se vienen sucediendo sistemáticamente en nuestro país y no terminan en la ejecución de niños, adolescentes o jóvenes sino que, por un lado, involucran también, el aval del Poder Ejecutivo Nacional y las complicidades de diversos actores del Poder Judicial que no avanzan suficientemente en la investigación de estas ejecuciones sumarias y, por el otro, la acción de los medios de comunicación hegemónicos que despliegan una estrategia de “justificación” y “naturalización” de este tipo de proceder institucional que los legitima e instala pisos de tolerancia social para los siguientes hechos que se produzcan.
El miércoles 7 de marzo, Facundo Ferreira viajaba en la parte de atrás del asiento de una moto con un amigo y fue alcanzado por una bala en la nuca, disparada por personal efectivo de la Policía de la Provincia de Tucumán que, motivada por una supuesta “actitud sospechosa” de los niños, se lanzó a una cacería inescrupulosa. La maniobra de impunidad empieza cuando la propia policía que asesina a Facundo interviene en la investigación de ese crimen y lo hace ingresar al hospital como un accidentado de tránsito. Luego empiezan a circular las justificaciones fundadas en los supuestos antecedentes penales o la conducta de las víctimas. Inmediatamente los policías son liberados por la Justicia y los medios de comunicación inician un bombardeo mediático que pone el foco en la criminalización de las víctimas y no en el hecho criminal de las fuerzas de seguridad2. Para sellar el circuito de impunidad, aparecen las declaraciones del poder político que avalan el accionar policial como hechos heroicos y fortalecen la doctrina del enemigo interno que se ha robustecido en el discurso de seguridad del gobierno de Mauricio Macri.
Particularmente sobre este hecho, habría sido probado que los policías dieron muerte al niño, que la pericia habría brindado en modo asertivo que su muerte se produjo por disparo de proyectil de un arma policial, que atravesó la cabeza de Facundo por la nuca, y a una distancia corta (menos de dos metros). Uno de los policías imputados tendría antecedentes penales por abuso policial en la misma Provincia. En el mismo episodio, también fue herido el niño de 14 años que conducía la motocicleta, por una bala que rozó su cabeza (la misma que primero impactó en Facundo). Es decir, por la altura en la que impacta, la bala estaba direccionada a matar a los niños, sin más.
La Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, tal como ya lo hizo frente a otros casos que involucraron el uso irracional de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y policiales, realizó declaraciones que avalaron las ejecuciones. Esta estrategia de impunidad y tergiversación, no sólo ha sido moneda corriente cuando las víctimas son personas mayores de edad sino también cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Esta manera de intervenir de las fuerzas de segurid ad se encuentra por fuera de los lineamientos elementales que definen el estado de derecho y la seguridad democrática: proporcionalidad, necesidad y excepcionalidad en el uso de la fuerza, que para el caso de los niños/as incluye además la evitación de armas de fuego. En especial, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas aporta orientaciones específicas en materia del uso de la fuerza en Niños Niñas y Adolescentes en su comentario al art. 3 del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley adoptado por la Asamblea General en su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979, marca una clara posición diferencial entre los recaudos que deben tenerse en cuenta para el uso general de la fuerza (reducir su uso a lo estrictamente necesario) y el uso de la fuerza en situaciones con Niños Niñas y Adolescentes, el comentario indica: c).
El uso de armas de fuego se considera una medida extrema. Deberá hacerse todo lo posible por excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra niños. En general, no deberán emplearse armas de fuego en este tipo de actuaciones. La secuencia creciente de hechos de esta naturaleza y el aval explícito y mediático por parte de las autoridades gubernamentales del país se han hecho una constante en la dinámica de la política de seguridad de la gestión del actual Presidente de la Nación. Tal vez algunos casos que cobraron mayor resonancia expresan en forma dramática la doctrina de seguridad basada en el concepto del “enemigo interno” que restablece las doctrinas más repugnantes al sistema democrático y que evocan las páginas más oscuras y tristes de la historia argentina.
El caso del joven Santiago Maldonado, aún en estado de investigación judicial, cuya desaparición seguida de muerte se produjo en el marco de una represión ilegal contra el pueblo mapuche que se encontraba ejerciendo su derecho a la protesta social pacífica, y que fue ejecutada por la Gendarmería Nacional Argentina en la Provincia de Chubut5 fue seguido del asesinato de Rafael Nahuel6, acontecido Villa Mascardi, Bariloche provincia de Rio Negro, en manos de la Prefectura Naval Argentina, configuraron dos hechos de enorme gravedad, no solo por las vidas jóvenes en juego, sino porque en ambos casos, y en las movilizaciones posteriores, fue gestándose la posición oficial de respaldar el accionar de las fuerzas represivas, aun cuando las pruebas desmientan la legitimidad de ese accionar.
Se suma a este, otro hecho grave, en el marco de la persecución a los pueblos originarios, ocurrió el 1° de enero de 2018 en la localidad de Ingeniero Juárez, provincia de Formosa, en el que resultaron heridos con balas de goma en el rostro y el cuerpo, 3 niños de la comunidad wichi, en el marco del hostigamiento que perpetraba la policía provincial contra los jóvenes de esa comunidad7. Otro caso que plasma esta misma política de Estado, es el de Juan Pablo Kukoc, asesinado por la espalda en una persecución policial, constituyéndose en un claro caso de ejecución sumaria, que el Presidente de la Nación destacó como un acto heroico al recibir al policía que lo ejecutó, Luis Chocobar. El titular del Poder Ejecutivo, incluso se expresó en contra de la Justicia, cuando la Cámara de Apelaciones ratificó la imputación y el procesamiento del policía por homicidio calificado. Al tiempo que la Ministra de Seguridad afirmaba que Chocobar “siguió todos los protocolos de la nueva doctrina que hemos elaborado”. En la misma línea, el 6 de febrero del presente año, un miembro del Grupo Halcón, Cuerpo de élite de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ejecutó por la espalda a un adolescente, Fabián Exequiel Enrique, de 17 años, de tres tiros, dos de ellos en la espalda y el tercero en la pierna, por la supuesta tentativa de robo de un celular, cuando Fabián no estaba armado en el momento del supuesto hecho. A esta lista, meramente enunciativa, se suma el caso del aspirante a integrar las fuerzas policiales de la provincia de La Rioja, el joven Emanuel Garay, asesinado el 5 de febrero, el primer día de su formación, que incluía, de acuerdo a lo indicado por otros cadetes, torturas, humillaciones y hostigamientos por parte de sus superiores.
Estas situaciones no constituyen hechos aislados sino que este despliegue represivo es denunciado por los organismos de derechos humanos testigos de la generalización de las muertes de niños/as, adolescentes y jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad y una creciente militarización de la vida ciudadana. A modo de ejemplo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante 2017 dispuso 27 mil efectivos para un territorio de 3 millones de habitantes (un policía cada 107 personas, sin contar a gendarmes y prefectos en tareas de custodia) triplicando la recomendación de las Naciones Unidas. “En su primer año en las calles, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires mató a 24 personas en casos de gatillo fácil: dos por mes”, lo cual pone de manifiesto el recrudecimiento del uso letal de la fuerza del Estado. Si bien no existen datos oficiales sobre el número de muertes provocadas por la violencia estatal, existen registros que llevan distintas organizaciones que, aunque difieren en su metodología, dan cuenta de este avance punitivo. Así, los datos disponibles sobre el tema resaltan que “durante el segundo semestre del año 2016, hemos relevado que del total de casos – de violencia estatal- el 24% (34 de 140) se corresponden con situaciones que comúnmente se denominan “gatillo fácil”, esto es, muertes cometidas a mano de funcionarios de las fuerzas de seguridad que portan armas de fuego. En muchas de esas ocasiones, los disparos se suceden cuando no existe ningún riesgo para la vida del funcionario ni de terceros, única situación que habilitaría el uso de ese recurso extremo”, según evidencia el Registro de Casos de Violencia Estatal – Recave
Por su parte, otro informe producido en diciembre de 2017, reveló que en 721 días del Gobierno de Cambiemos hubo 725 fallecidos como consecuencia del uso de las fuerzas represivas del estado, y describió esta etapa como una de las más represivas de la historia argentina. Por primera vez Argentina supera la marca del muerto diario por gatillo fácil o torturas.
Por otro lado, el registro construido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre letalidad policial en Ciudad de Buenos Aires y Conurbano, agregan un dato también alarmante: “en 2017 al menos 69 personas fueron muertas por policías fuera de servicio (es decir, de franco o retirados), un 66% del total de los casos en los que existe el dato de la condición del funcionario. La tendencia de los últimos cinco años es que los efectivos policiales matan más personas estando fuera de servicio que en servicio activo”.
Como parte de esta avanzada punitiva contra la población y especialmente contra niños/as, adolescentes y jóvenes, en estos dos años de gobierno hubo (y se sostienen) intentos oficiales de bajar la edad de punibilidad, contra todas las recomendaciones de los órganos expertos y de las organizaciones de derechos humanos, y contrariando el principio de no regresividad. Asimismo, se ha visto una creciente criminalización de la protesta social que tiene por protagonista al movimiento estudiantil, ingreso de policías en las escuelas públicas y hostigamiento policial a niños, niñas y adolescentes en los alrededores de las mismas.
Otro ejemplo es el que presenta el “Informe 2017sobre la situación Penal Juvenil de la provincia de Mendoza”, Entre las conclusiones se destaca que los números surgidos de estadísticas propias de la provincia se alejan bastante del que dan por supuesto quienes comunican argumentos a favor de regímenes de mayor “dureza” penal.
Asimismo, interesa hacer hincapié en los desafíos y obstáculos que las mismas autoridades advierten:
Cuestiones presupuestarias; déficit en materia de especialización; problemas para ejercer el derecho de defensa.
Esta política gubernamental que da lugar a la sistemática criminalización de niños/as, adolescentes y jóvenes, muchos de los cuales concluyen en asesinato, también involucra estrategias contra sus derechos diferenciadas por género, al com plementarse con serias negligencias estatales y complicidades policiales en casos de las niñas y adolescentes de los barrios populares que son víctimas de redes y circuitos de explotación sexual y comercialización de drogas, en “zonas liberadas” por las fuerzas policiales, que ni siquiera toman las denuncias que las familias intentan formular para su búsqueda y la investigación de los delitos, obstaculizando cuando no, negando, el acceso a la justicia.
II. Ataque a los derechos económicos, sociales y culturales de niños/as, adolescentesy jóvenes, desmantelamiento del sistema de protección integral y de políticas de género
Como otra cara de la misma moneda, esta avanzada punitiva se produce a la par de un ataque a los derechos económicos, sociales y culturales que afecta a todos/as los/as niños/as y adolescentes, y puntualmente al desmantelamiento del sistema de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en todo el territorio de la Nación, en las provincias en las que existía. Al mismo tiempo se atacan la educación pública (recortando programas y becas de finalización de estudios secundarios 15, cerrando escuelas, dejando niños/as sin vacantes –y con ello por fuera de los derechos de la seguridad social-); se desmantelan políticas educativas y de inclusión digital16; se desvalorizan políticas de asignación presupuestaria directa a la infancia17 y se impulsan iniciativas estatales que cercenan la ciudadanía de niños/as y adolescentes 18.
Simultáneamente se desfinancian los recursos y dispositivos estatales del sistema de protección de derechos y se ataca los financiamientos y becas que va en detrimento del desarrollo de proyectos de promoción y protección de derechos de las organizaciones comunitarias que se dedican a la defensa y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes en los barrios populares. También se están produciendo sostenidos recortes en el presupuesto de las políticas de género así como el cierre de áreas destinadas a esta problemática. El Estado de pauperización de niños, niñas y jóvenes fue relevado por informes de organismos internacionales especializados: en efecto hacia el año 2017 el 47,7% de los/las chicos/as vive en la pobreza en la Argentina, y esta situación se agrava en la franja de los/las adolescentes, es decir, el grupo más golpeado por la violencia policial y la omisión estatal, tal así lo revela un informe de UNICEF 19.
Respecto de las políticas públicas del Estado en el área social, asistimos a un deterioro sistemático, producto de un desfinanciamiento que aumenta anualmente, con programas “vaciados” que disminuyen la capacidad de atención y con un nivel de precariedad que impide desarrollar medidas adecuadas, que promuevan una restitución real de los derechos vulnerados20. La decisión política de los gobiernos nacionales, provinciales y locales, se demuestra en presupuestos en los que crecen las partidas para las políticas públicas destinadas a la institucionalización y a la avanzada punitiva (sistema penal, policías, etcétera), frente a un debilitamiento de las políticas de prevención, promoción y fortalecimiento familiar y comunitario. La falta de articulación, la desintegración y la focalización, impiden realizar un trabajo integral, a la vez que provocan situaciones de revictimización de niños, niñas y adolescentes y sus familias.
Los recursos básicos necesarios para desarrollar estrategias que enfrenten situaciones de vulneración de derechos, son insuficientes o en muchos casos nulos. Como ejemplo de ello, los hogares convivenciales y también los centros de día, suelen encontrarse colapsados e incluso, en algunos casos, han sido cerrados dejando a la deriva y en una consecuente desprotección a niños/as y adolescentes. Asistimos a situaciones en que viven hacinados/as dentro de los hogares donde debieran estar resguardados/as, en los que casi se duplica el cupo para el cual fueron habilitados esos dispositivos. A ello se suma una falta de vacantes que es alarmante, generando que, ante medidas de protección ya dispuestas por el propio Estado, como en situaciones de violencia o abuso sexual, dicha violación de derechos persista.PetitorioA través de esta comunicación pretendemos dar sólo una visión general de la grave situación por la que atraviesan los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, especialmente, los/las pertenecientes a las clases populares y solicitar que se adopten todas las medidas y se realicen todas las recomendaciones que en la esfera del organismo a su cargo puedan efectuarse al gobierno argentino respecto de este estado de situación.
En tal sentido proponemos una visita a nuestro país para la elaboración de un informe que sistematice la información que las organizaciones que conformamos el movimiento a favor de los derechos de la infancia y adolescencia venimos construyendo, a fin de que se adopten recomendaciones destinadas a fortalecer el sistema de protección integral y, muy especialmente, destinadas a la regulación adecuada del uso de la fuerza por parte del Estado, haciendo hincapié en la no criminalización de niños/as y adolescentes, y la evitación del uso de armas de fuego contra los/las mismos/as, así como la prioridad que tienen que tener en la formulación y ejecución de políticas de vivienda, alimentarias, salud, educación y seguridad.
También solicitamos:
• Que lleve a cabo toda medida que esté dentro del ámbito de su competencia a fin de publicitar, recomendar, investigar y conminar al Estado Argentino al cumplimiento cabal de la Convención sobre los Derechos del Niño y demás Pactos de Derechos Humanos que orbitan en el Sistema Universal y Regional.
• Que, en particular, se le recomiende al Estado argentino a que investigue y sancione a los responsables de los casos denunciados, repare a las víctimas y garantice la no repetición de estos hechos, así como también que, en materia de acceso a la justicia, se ponga especial atención a los casos de violencia policial y de otras fuerzas de seguridad contra niños/as y adolescentes.
• Que se recomiende al Estado argentino, a que sea declarada la emergencia en materia de políticas de niñez y adolescencia y se elabore un plan en función de ello con participación de las organizaciones que conformamos el movimiento a favor del acceso y garantía de derechos.
• Que se recomiende al Estado argentino a que instruya a las fuerzas de seguridad en el uso racional y responsable de la fuerza y las mayores protecciones de las que deberían gozar los/las niños/as y adolescentes en la Argentina y se convoque a las organizaciones que conformamos el movimiento a favor de la infancia y adolescencia en la elaboración de instrumentos de actuación.
Saludamos a Uds. atentamente.
Adhieren:
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz – Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora – Vicente Zito Lema, Defensor de DDHH, escritor -– Osvaldo Bayer, Defensor de DDHH, historiador – Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) – DNI sección Argentina – MEDH Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos – CAREF Comisión Ayuda al Migrante y Refugiado – Comisión Memoria Verdad y Justicia de Zona Norte – Defensoría del Pueblo del Pilar – Colectivo Memoria Militante -Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia: Asociación para los Derechos de la Infancia (ADI) Provincia de Buenos Aires y CABA – Asociación SURCOS Provincia de Buenos Aires y CABA – Asociación Azul, La Plata Provincia Buenos Aires – Fundación Ayuda a la Niñez y a la Juventud CHE PIBE, Provincia Buenos Aires – Fundación Emmanuel, Provincia de Buenos Aires y CABA – Fundación de ayuda Integral a Discapacidad e Infancia FAIDI, Miramar. Provincia Buenos Aires – Foro Pampeano por los Derechos de la Niñez (Movimiento de DDHH, Desayunador Villa Germinal ), Provincia de La Pampa – Colectivo Cordobés por los Derechos de Niñas, Niños y Jóvenes ( La Minga, CECOPAL, SERVIPROH, SEHAS, Programa del Sol ) Provincia de Córdoba – Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos – XUMEK. Provincia de Mendoza – Práctica Alternativa del Derechos – PRADE. Provincia de Santiago del Estero – Fundación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales ANDHES Provincias de Tucumán y Jujuy – Asociación Civil Crecer Juntos . Provincia de Tucumán – Asociación Civil El Amanecer. Provincia de Formosa Centro de Educación Popular Casanova en Movimiento – Fundación Farinello – Fundación Lugar del Sol – Asociación Civil Coy Aike – Suma Qamaña – CERP Centro de Escucha y Resiliencia Popular -– Asamblea R.E.V.E.L.D.E. – La Miguelito Pepe – Frente Juvenil Hagamos lo Imposible – FAR en Marabunta – FOL Frente de Organizaciones en Lucha – Colectivo Juguete Rabioso– Negro soy CHascomús – Mesa por la libertad de lxs Wichí – Red de médicos de pueblos fumigados – Asociación Civil los Naranjos – grupo de acción Perdriel Comunitario – Asociación Civil Hechos Por los Derechos – Movimiento Kultural – Mutual Construyendo un Mundo Nuevo – Zulema Richmanis. APDH – Asociación Político cultural YoNoFui – Frente por la igualdad Hilda Torres – ORCOPO Organización de Comunidades de Pueblos Originarios – Observatorio por los Derechos de la Niñez y la Juventud de La Boca – CEIPH (Cooper de investigadores y educadores populares- histórica) – Movimiento Popular La Dignidad – Asamblea Feminista Flores para Acabar – Raquely Jorge Witis papás de Mariano Witis – ONG Crecer con Derechos Vicente López – MISUR (IERP) Centros comunitarios de la IERP en el conurbano – Fundación Soberanía Sanitaria – Colectivo Familias por la Escuela Pública – Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina – Consejo Municipal de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de El Bolsón (Río Negro) Espacio nacional: NO A LA BAJAForo por los derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de la provincia de Buenos AiresNiñez y Territorio: Asociación Civil Chicos del Sur – Asociación Civil Hijos del Campo – Club Popular el Dari – CTA Autónoma Capital – El Transformador – Todo empieza por tus manos – La Vieja del Andén – Ruca Hueney – Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía – Junta Interna ATE Promoción Social – Asociación Civil Cable a Tierra.Foro Provincial de niñez y adolescencia Rosario EONA Encuentro de Organizaciones de Niñez y Adolescencia de Buenos Aires.Red sur: Asociación. Una Mano que Ayuda. CDI Pancita Feliz – Vicaria de la Solidaridad Obispado Quilmes- Hijos del campo-Fundación Proyectando Esperanza- Red de Solano Mi tiempo en tus manos- El granero de sueños- Congregación Evangélica Argentino Germano Buenos Aires Sur – Centro Ruca Hueney – Centro Comunitario Angelelli.Red de Lugano Red el EncuentroRed ANDANDO Red Comunitaria de Centros de Educación PopularRed ARGENTINA NO BAJA: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) – Centro de Estudios de Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) – Área Niñez ATE Capital – Nuevo Encuentro – Observatorio de Derechos de Infancia y Adolescencia Eduardo Bustelo – y las demás organizaciones e instituciones que conforman la red: https://www.facebook.com/notes/argentina-no-baja/participan-yo-adhieren-de-la-red-argentinanobaja/1807902516123279/
https://www.facebook.com/787306737960138/videos/1926052190752248/