Seguridad privada: las trincheras de los genocidas
Los consejeros de la facultad de Humanidades y Artes de la Universidad de Rosario votaron que una empresa de seguridad privada custodie la facultad. Esto es un eslabón más del proceso que se está viviendo en ese centro de estudios que desde hace un tiempo está incorporando dentro del personal de la universidad a policías uniformados de empresas que tienen dentro de sus planteles a genocidas. Una vez más, vuelve a reavivarse el debate sobre las agencias de seguridad privada que se erigen como refugio para quienes secuestraron, torturaron y desaparecieron durante la última dictadura. Por Unidad Antirrepresiva por los Derechos Humanos.
Los consejeros de la facultad de Humanidades y Artes votaron (11 de ellos que pertenecen a la Franja Morada a favor y 9 en contra) que la empresa de seguridad privada SISEG custodie la facultad. Se dirá con esto que es una facultad más de toda la Universidad Nacional de Rosario (UNR), con la gravedad que implica naturalizar el tema. La comunidad universitaria de la ciudad de Rosario desde hace un tiempo está incorporando dentro del personal de la universidad a policías uniformados de dichas empresas que tienen dentro de sus planteles a genocidas de la última dictadura militar, siendo además de sus organizadores, organizadores del plan sistemático de desaparición de personas. Los hechos y la historia negra de la procedencia y el accionar de estas empresas lo demuestran empezando por las cúpulas que forman este conglomerado empresarial de genocidas.
Empecemos por preguntarnos quién es actualmente presidente de la Cámara de Empresas Líderes en Seguridad e investigaciones (CELSI) y miembro del tribunal de honor de la Asociación Argentina de Seguridad Privada (AASPRI) (quizá siga o quizá le haya dejado el cargo a otro amiguito de su misma trayectoria). Se trata de alguien que está detenido por ser en la dictadura el responsable de Necochea, como parte del Circuito represivo que se organizó en Mar del Plata para la zona de la costa atlántica, genocida señalado por participar personalmente como líder de las patotas en los operativos de secuestro, robo y destrozo de hogares de compañeros desaparecidos, encargado de los traslados de las personas secuestradas y detenidas ilegalmente a los centros clandestinos de detención que funcionaron en las comisarías de Necochea efectuando traslados también a la Seccional cuarta de la ciudad de Mar del Plata. Entre otras la joyita lleva el nombre de Jorge Luis Toccalino.
Es miembro del «tribunal de honor» de estas empresas y presidente de la cámara de empresas líderes en investigaciones y seguridad. Sigamos con ejemplos que tocan más a la universidad pública. Félix Alejandro Alais, acusado de haber integrado la Triple A de Bahía Blanca cuando era subcomisario de la Policía Federal, figuró hasta 2004 como socio de Fast Cooperativa de Trabajo Limitada. En 1976 torturó a profesores de la Universidad Nacional del Sur detenidos en el marco de una parodia de juicio por «infiltración ideológica marxista». En 2004, Fast ganó una licitación en el rectorado de la Universidad de Buenos AIres (UBA). Un gremialista lo escuchó presentarse como «comisario Alais», investigó su prontuario, lo denunció y el rectorado revocó la adjudicación. Cuando la noticia trascendió varios camaradas pusieron sus empresas a nombre de esposas y yernos. En Bahía Blanca le fue mejor: hasta el año pasado prestó servicios en el departamento de agronomía de la Universidad Nacional del Sur (UNS) y la Justicia nunca lo citó.
Otro hecho vinculante de las empresas con el genocidio es el caso del coronel retirado Aldo Mario Álvarez, compañero de promoción y amigo de Ramón Camps y prófugo de la Justicia por delitos de lesa humanidad cometidos cuando era jefe de Inteligencia del Cuerpo V de Bahía Blanca. Gerente de Alsina SRL hasta 1998 y dueño hasta marzo de 2000, cuando le cedió las acciones a su yerno. Alsina SRL nació en 1948 bajo el nombre de «Policía Particular, empresa dedicada a la investigación y a la realización de informes comerciales y particulares», según explica en su sitio. En el año del golpe de Estado, 1976, la empresa «decide ampliar sus horizontes y comienza a brindar servicios en la provincia de Buenos Aires». Alvarez era entonces jefe del Departamento II Inteligencia del Cuerpo V, que abarcaba el sur bonaerense y la Patagonia. Hoy se encuentra prófugo de la justicia por una orden de detención del juez federal de Bahía Blanca, Alcindo Alvarez Canale, en la causa por los crímenes en La Escuelita bahiense centro clandestino de detención de la última dictadura pero aportando como siempre a mantener el aparato represivo intacto.
¿Hay más? El teniente coronel Héctor Schwab, subordinado de Antonio Bussi en la Brigada de Infantería V de Tucumán, preso en el 2003 por crímenes de lesa humanidad fundó en 1998 la agencia Scanner SA. Allí acogió a la apologista del genocidio Cecilia Pando, quien junto con su hija María Pía fue cara visible de una autodenominada Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina, es decir los organizadores directos de memoria completa. También recordemos el accionar de estas empresas por los integrantes que actúan dentro de ellas, aplicando gatillo fácil, como es el caso de Jorge Varando, militar, graduado en la Escuela de las Américas, que como responsable de la custodia del banco HSBC, fusiló a un manifestante en las jornadas de diciembre del 2001 en Buenos Aires. En ese momento ya estaba retirado de las fuerzas armadas desde 1994, momento en que empieza a involucrarse al negocio de las empresas de seguridad privada, cosa que cumple efectivamente en su plan represivo, para lo que ha sido entrenado en los Estados Unidos. Por último y aunque la lista siga interminablemente nombraremos al genocida y empresario de seguridad privada y medios Vicente Massot. Secretario de asuntos militares del gobierno de Menem que intentó ascender a Antonio Pernías y a Juan Carlos Rolón en el año 94, miembro de la familia propietaria del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca. Autor de ensayos justificatorios de Hitler y de Franco. Amigo intimo del jefe del campo de concentración de la ESMA (lugar que visitaba asiduamente en la dictadura, Rubén Jacinto Chamorro. Desde las revistas Cabildo y Verbo, como intelectual de la década del 70, promovió las lógicas de las guerras coloniales francesas y justificó la tortura de los compañeros con argumentos teológicos. Y en época de «democracia» siendo funcionario entre otras cosas sostuvo para justificar la tortura lo siguiente «como se dice en términos maquiavélicos, el fin justifica los medios. Un detenido sabe dónde está ubicada una bomba a punto de estallar que va a matar a centenares de personas. Usted podría llegar a cargar con la responsabilidad de que volase una bomba en un colegio de chicos, que murieran cientos de chicos, por no haber utilizado la tortura«. Digamos que es uno de los referentes hoy día en el manejo de la tan mentada seguridad, cosa que viendo estos prontuarios se traduce al manejo sistemático del plan represivo en la historia argentina.
Aclaremos, ESTO ES SÓLO UN ESBOZO DE LAS ESTRUCTURAS DE ESTAS EMPRESAS, SON MILES Y MILES LOS GENOCIDAS QUE LAS INTEGRAN. En Rosario hay más efectivos privados que policías provinciales según estudios recientes, y en la provincia de Buenos Aires casi equiparan a los efectivos de la bonaerense.
Estamos pasando una raya de la que tenemos que hacernos responsables e impedir esta avanzada. Si no queremos que desde el rectorado de la UNR y de todas la universidades del país nos impongan la lógica del terror que estos genocidas instauran en toda la sociedad, sabiendo del poder con el que cuentan hoy en día. Hoy todos somos culpables que con el presupuesto universitario estemos bancando a estas empresas de cuervos que se instauran controlando y persiguiendo a militantes, estudiantes y docentes. El brazo armado de estos genocidas que organizan intimidaciones, extorsiones, golpizas y hasta desapariciones como la de Julio López en esta «democracia», que desaparecen por un día al compañero Puthod, intimidándolo con golpizas y diciéndole que «nosotros somos los que decidimos sobre sus vidas hoy en día» dando un claro ejemplo de cómo el aparato represivo sigue impune, y metido hasta la médula dentro de la sociedad, y en este caso dentro de la universidad.
Llamamos a todos los estudiantes y docentes a expulsar a estas corporaciones de genocidas de la UNR y de todas las universidades del país. Porque lo digno no es convivir con ellos sino el exigir juicio y castigo incesantemente a todos estos, y combatir la persecución y el control que estos impulsan hacia los militantes, estudiantes y docentes en lucha, que gracias a los decanos y los rectores de las universidades del país se les fortalece su impunidad y se les garantiza su accionar represivo.
Unidad Antirrepresiva por los Derechos Humanos
Uadh.org
Guardia Permanente: (0341) 155-882788