Tucumán: policía mata a un niño de 11 años con la “doctrina Chocobar”
En Tucumán crece la preocupación por el aumento de casos de gatillo fácil registrados en la provincia, cifra recrudecida hoy con el asesinato de un niño de apenas 11 años. Desde Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (andhes) se manifestó preocupación por el aumento de casos de gatillo fácil y violencia institucional registrados en la provincia y que se enmarcarían en la «doctrina Chocobar» impulsada recientemente por el gobierno nacional. Por andhes.
Desde andhes aseguraron que la muerte de un niño de 11 años, asesinado de un disparo en la nuca, es el corolario de un comienzo de año violento y en el cual el Estado parece haber legitimado a sus fuerzas de seguridad para realizar ejecuciones extrajudiciales y usar sus armas con mayor liviandad.
«A la muerte del niño hay que sumarle los casos de Víctor Robles asesinado por un policía de civil en Av. Kirchner al 1900; el de Ángel Alexis Noguera asesinado de un disparo con bala de goma en la cabeza en un procedimiento policial realizado en la casa de la víctima; el caso del comisario Pineda que ingresó al domicilio de un supuesto asaltante, le disparó y luego falseó el procedimiento y el caso de Maximiliano Ariel Tapia, quien perdió una pierna producto de un disparo realizado por personal policial en Las Talitas» explicó Ana Laura Lobo Stegmayer, Directora Ejecutiva de la ONG.
Por su parte, Matías Lorenzo Pisarello, coordinador del área de Seguridad y Derechos Humanos expresó que «el Estado no puede seguir legitimando el uso abusivo e indiscriminado de violencia por parte de las fuerzas de seguridad con la excusa de brindar una solución a las diferentes conflictividades sociales. Las actuales políticas públicas en materia de seguridad se rigen por acciones meramente reactivas frente a los hechos consumados, dejando de lado todo tipo de acción destinada a garantizar la verdadera seguridad, la que garantiza el pleno empleo, la educación, la salud y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad en general».
Finalmente, Florencia Vallino, coordinadora del área Derechos de Niñez y Adolescencia, explicó que «el uso de la fuerza otorgado a la policía debe ajustarse al marco normativo democrático y de derechos humanos, respetando estándares de racionalidad, proporcionalidad y legalidad. En caso de niños y niñas, el Estado tiene una obligación reforzada en la garantía y protección de sus derechos, existiendo incluso protocolos de actuación específicos para casos de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley. Este hecho resulta inaceptable y sólo se explica en el marco de un contexto de aumento de la criminalización de las infancias y legitimación del gatillo fácil».