15/04/2008

¿Quién busca a Julio López?

elmismodolor-2.jpgAunque pueda sonar paradójico, los jueces encargados de decidir si la Policía bonaerense debe continuar en la investigación por la desaparición de Jorge Julio López son dos viejos conocidos de esa fuerza. Si bien la causa que tramita en el juzgado de Arnaldo Corazza ha distado de mostrar avances; con los expedientes en manos del camarista Alberto Durán se puede presagiar que la impunidad estará garantizada.


Desde el secuestro de Jorge Julio López, hace ya casi 19 meses, la impunidad no pareció trastabillar en ningún momento. Con discusiones sobre la competencia judicial y con omisiones como no llamar desaparición forzada a la situación de López, la causa ha «avanzado» en el tiempo. No se ha investigado a los policías nombrados por el querellante y testigo en su declaración.

Aunque pudiera parecer paradójico, la misma fuerza que participó en la primera desaparición de Jorge Julio López – y hay más que notorias pistas que permitirían suponer que también lo habría hecho en la segunda- es la que conduce actualmente la investigación por su secuestro. La abogada Guadalupe Godoy, de Justicia YA!, denunció días atrás que la justicia delegó la investigación prácticamente en la Policía Bonaerense, «que es como poner un zorro a cuidar un gallinero». En tanto, el juez Arnaldo Corazza- a cargo de la instrucción-suele enviar informes en los que afirma que «no hay irregularidades cometidas por personal policial denunciadas en la causa», aún cuando se han hecho operativos sin autoridades judiciales y han tenido que reconstruirse otros, como el realizado en la localidad de Atalaya, por estar viciados.

Pasaron casi 19 meses desde que López debía presentarse a los alegatos contra Miguel Etchecolatz y nada ha cambiado. «Esto es posible porque todos los niveles del Estado y todos sus poderes han permitido y avalado que, al día de hoy, el secuestro y la desaparición de Julio estén impunes», remarcó Godoy, abogada de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH).

Los camaristas

El Juzgado de Corazza denegó el 16 de enero pasado el recurso que presentaron los organismos de Derechos Humanos nucleados en Justicia YA! para exigir que se apartase de la causa a la Policía Bonaerense. Por sorteo, la apelación fue remitida a la sala I de la Cámara Federal de La Plata, donde se desempeñan los jueces Julio Reboredo, Alberto Ramón Durán y Alicia María Di Donato. Estos dos últimos, viejos conocidos de la policía bonaerense, fuerza a la que conducen varias líneas de investigación. Justicia YA! recusó a los dos magistrados pro- Bonaerense por no contar con la imparcialidad necesaria para investigar estos delitos.

Di Donato perteneció a la fuerza desde 1978 a 1990, aunque ha omitido agregar esos datos al currículum con el que cuenta el Consejo de la Magistratura. Por su parte, Durán acredita un largo de historial con la Bonaerense. Y si de algo no se lo puede imputar es de ser defensor de los Derechos Humanos. Años atrás, fue acusado por boicotear los Juicios por la Verdad. Se negó a secuestrar el archivo del cura castrense Emilio Graselli e intentó devolverle a Aldo Rico la información de inteligencia policial que estaba en poder de la Justicia. También, fue dada a conocer su amistad con el represor fallecido Darío Delfín Rojas, colaborador de Ramón Camps. El círculo parece cerrarse si se tiene en cuenta que Miguel Osvaldo Etchecolatz, el genocida contra el que declaró López y fue secuestrado, era la mano derecha de Camps.

Durán fue presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, que procuraba establecer un sistema que articule la acción de todas las instituciones judiciales y de seguridad, móviles y efectivos. No quedaba duda de que para el juez la única vía de trabajo era la coordinación con las fuerzas de seguridad. Asimismo, Durán se ha desempeñado desde 1985 como docente de la Escuela de Policía Juan Vucetich, centro de estudios que fue denunciado por el funcionamiento de un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar.

Además, Durán, quien se graduó como abogado en 1979 en la Universidad católica de La Plata, ingresó en plena etapa dictatorial al Poder Judicial, trinchera en la que se ha mantenido hasta estos días. En enero de este año, el gobernador Daniel Scioli lo designó como presidente de la Comisión de Estudios Legales de Seguridad Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad. De hecho, el diario El Día de La Plata se ha referido a conjeturas que señalan a Durán como el «ministro en las sombras». En una nota aparecida en el matutino Crítica, también, se afirmó: «Fuentes muy cercanas al gobernador bonaerense aseguraron que estudia la posibilidad de que este ex funcionario de la dictadura y fogonero de la denominada «maldita policía» ocupe el ministerio del área, hoy a cargo del cada vez más asediado Carlos Stornelli». La pregunta que retumba en los organismos de Derechos Humanos es cómo este juez podría decidir si debe apartarse la Bonaerense de la investigación.

«Tanto su carácter de Profesor de la Escuela de Policía como de Presidente de la Comisión asesora del Ministerio de Seguridad producen, objetivamente y al margen de sus deseos, que Durán ostente un profundo vínculo desarrollado a lo largo de muchos años con los integrantes de la Policía Bonaerense algunos de los cuales están siendo o serán investigados en la presente causa y otros están a cargo de esa investigación», señalaron los integrantes de Justicia YA!.

Además, dejaron en claro: «La situación se agrava si se tiene en cuenta que aquí el magistrado debe resolver si aparta o no de la investigación a la fuerza cuyo jefe, el Ministro de Seguridad de la Provincia, él asesora».

De apoyos justicialistas

«Un hombre de reconocida trayectoria democrática», definen al juez Alberto Ramón Durán la CGT Regional La Plata, que encabeza Carlos Quintana, y la Unión de Abogados Justicialistas platense -con el patrocinio de Héctor Galesio, secretario del bloque del Frente Para la Victoria en la Legislatura. Ambas organizaciones justicialistas reclamaron ser aceptadas como querellantes en la causa López y mediante un escrito hicieron oídos sordos a las denuncias de los organismos de Derechos Humanos que vienen luchando hace más de un año y medio por la aparición de Jorge Julio López. Se reconocieron damnificados por el secuestro de López por su «origen peronista», ese mismo que reivindicaba el ex presidente Néstor Kirchner y que, a pesar de ello, poco ha hecho para que su desaparición no quede impune.

18/04: A 19 meses de la desaparición de Julio López



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