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Mariano Sebastián Delgado, de 33 años, murió electrocutado en su celda en la Unidad Penitenciaria Nº 3, en Santa Fé, ese mismo 1 de febrero. En dos meses recuperaría la libertad, pero la precariedad de las condiciones de detención y una instalación eléctrica defectuosa, terminaron con su vida. No llegó a recibir atención alguna y sus propios compañeros de celda tuvieron que acercar el cuerpo a uno de los patios, para que los guardias – sin ningún apoyo médico – trataran de asistirlo, sin resultado alguno.

El debate se disparó en los medios y en la opinión pública. La respuesta de Mauricio Macri legitimaba de hecho al gatillo fácil como una política pública abonada desde el Estado. Ni el video del fusilamiento de Juan Pablo Kukoc, el cual había sido analizado por el gobierno nacional con antelación a la reunión con Chocobar, fueron elementos para desestimar la férrea defensa del accionar policial.

El 3 de febrero, dos muchachos intentaron robar a un agente de la Policía de la Ciudad en Quilmes, pero éste luego de entregar su mochila y celular, extrajo su pistola reglamentaria y disparó 5 veces. En el lugar cayó uno de los jóvenes, de 19 años, quien murió cuando era trasladado en ambulancia, producto de los balazos. El otro fue detenido horas después cuando se acercó a una institución de salud con herida de bala.

Alexis Noguera dormía en su casa en el barrio El Gráfico, de Las Talitas en Tucumán, cuando agentes de la policía provincial irrumpieron a disparos, golpes, gritos, arrojando gas pimienta y destrozando todo lo que había en la vivienda. La razón era la persecución a su hermano, acusándolo sin pruebas de un robo. Cuando Alexis intercedió en defensa de la golpiza que sufría su hermano, recibió un escopetazo en la cara y un culatazo que lo desmayó. Lo pasearon esposado en una camioneta policial y lo dejaron en el Hospital Padilla, justificándose con que habían encontrado al joven de 23 años tirado en ese estado en una esquina del barrio. Murió la noche del domingo 4 de febrero. La familia de Alexis ya había denunciado al Comisario de la zona y responsable del operativo Gustavo Cisneros por el hostigamiento a los jóvenes y el cobro de dinero para no armarles causas.

Jonathan Nicolás Centeno, de 22 años, salió a la calle a los gritos, atemorizado porque lo querían matar. Sus vecinos llamaron a la policía para que lo “contuvieran”: los agentes de la Policía de Córdoba, una vez en el lugar, lo golpearon durante varios minutos, ante la negativa de “Yona” de ser detenido. Pasó el domingo 4 de febrero detenido en el penal de Bouwer y el lunes 5 de febrero se dispuso su traslado al Tribunal II para averiguación de antecedentes y para que lo viera algún especialista en salud mental.

Quemaduras en las yemas de los dedos de ambas manos, quemaduras en los labios, golpes y escoriaciones en distintos puntos de la cabeza, quemaduras de cigarrillo en los brazos y en el rostro, quemaduras en la planta de uno de los pies, escoriaciones en los dedos de los pies, moretones en las pantorrillas y en los brazos, fueron algunas de las señales que se encontraron en su cuerpo, testimonio de la brutalidad que vivió el joven en sus últimas horas. Su final fue aún más tortuoso: 40º grados marcaba el termómetro, cuando los agentes sacaron el cuerpo sin vida de Jonathan Centeno del camión de traslado, esposado y encadenado. El camión de chapa al rayo del sol, puso fin a la tortura.

“Estamos cambiando esta doctrina de la culpa hacia el policía, el policía siempre era culpable”, sostuvo Bullrich al día siguiente sobre el caso Chocobar. El cuerpo de Centeno tenía la boca cosida; Bullrich podía decir con total liviandad que “el Estado lo primero que hace es darle la presunción de inocencia a su policía, no al revés”.

En la misma entrevista, la ministra definió como “mentiras” las cifras y las historias de las personas asesinadas por el aparato represivo estatal presentadas en el informe de la CORREPI.

Horas después, el 7 de febrero, Fabián Enrique de 17 años fue acribillado por un agente del Grupo Halcón, quien acusó un robo y tras el hecho se mantuvo prófugo 12 horas. El joven asesinado estaba desarmado.

Similares a los casos de Kukoc y Enrique, otros policías desenfundaron y descargaron las balas que les otorga el Estado con el impulso de la doctrina.

El 8 de febrero, Luis Maldonado (15) había intentado asaltar junto a otros jóvenes al policía Ezequiel Gerard. El agente extrajo su arma, y en la fuga ejecutó a Maldonado, a quien le encontraron una pistola sin cargador.

La noche del 12 de febrero, la oficial de la Policía de la Ciudad Claudia Verónica Díaz respondió a un intento de robo a los balazos, disparando a Lucas Ezequiel Acevedo (21) en la cabeza, quien murió minutos después en camino a un centro de salud.

El 20 de febrero, el cuerpo de Ricardo Javier Correa Castro (38) yacía en el patio de una de las casas del barrio 270 viviendas, en Bariloche. Lo que inició como una trifulca vecinal que fue escalando en violencia, terminó en el asesinato de Ricardo, cuando intercedió el agente Cristian Fabian Juanico, quién disparó con su arma reglamentaria y lo hirió de muerte.

En esa misma lógica, que a veces se la entiende como la “esfera privada” de los uniformados, Juanico sostuvo frente al juez en su indagatoria que es “obligatorio usar el arma”, aunque no esté en funciones, y aunque ello implique resolver los hechos a los balazos.

En ese sentido también se inscribirá el asesinato de Luana Quiroga de 6 años, asesinada por su madre, la oficial Rosa Quiroga, en Mar del Tuyú, el 18 de febrero. La mujer – con licencia psiquiatrica – acusó haberla asesinado porque Luana “estaba enferma”, algo descartado en la autopsia.

En la última semana de febrero, en Guaymallén, provincia de Mendoza, Gustavo Alberto Ríos (44) fue asesinado de un disparo luego de robar en un minimarket. Si bien los medios locales reprodujeron la versión policial del “tiroteo”, ni los peritajes ni el poder judicial pudieron sostener muestras de ello. Así y todo, la causa se archivaría ya que, con orientación del Ministerio de Seguridad local, el accionar de los uniformados se entendería dentro del “cumplimiento del deber”. Doctrina Chocobar, sin tapujos.

A razón de ello, y como ocurriese en hechos como el tiroteo tras el robo a una joyería en pleno microcentro porteño a principios de mes, Juan Carlos Duarte (54) quedó entre las balas de un tiroteo entre policías y ladrones que habían asaltado un supermercado en Villa Fiorito. A la espera de los peritajes correspondientes que determinen de quién provino la bala que mató a Juan Carlos, la Policía Local vuelve a estar involucrada en un escenario turbio por un asesinato en persecución.

El 26 de febrero, tres adolescentes pretendieron robarle el automóvil al oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Matías Arrúa, sustrayéndole las llaves. El agente ingresó a su casa, extrajo la pistola de su novia (también integrante de la fuerza) y ejecutó a balazos a Thomas Ramiro Díaz (16), quien se disponía a huir en el auto robado. No hubo intercambio de disparos y se encontró que los jóvenes portaban una réplica de pistola de plástico.

“Hay una doctrina que avala la acción del policía, la doctrina policial escrita en todos los manuales de la policía de nuestro país”, señaló Bullrich en la misma entrevista refiriendo a que el accionar de Chocobar es corolario de la formación y la letra que instruye a los agentes. El 10 de febrero, Emanuel Garay (18) murió tras estar 5 días en terapia intensiva por los “bailes” a los que fue sometido en la instrucción de la escuela de policías de La Rioja por parte de los policías responsables de la institución, como de otros cadetes con más años en la sede. Como señaló María del Carmen Verdú de CORREPI, “la tortura se aprende torturando”.

El lunes 12 de febrero, Matías Nahuel Ocampo (19) fue acuchillado por otro interno de la cárcel de Coronda y murió producto de las heridas. Mismo destino correría Alexis Samuel Vera de la Vega (22), quien fue atacado a cuchilladas por un grupo de personas en el Complejo Penitenciario de San Felipe en Mendoza, perdiendo la vida la madrugada del 28 de febrero.

El 18 de febrero, Gonzalo Vilte (51) fue detenido por la policía de Abra Pampa, en Jujuy, luego de que su familia llamara a la policía porque había generado disturbios alcoholizado. Al día siguiente lo encontraron muerto en su celda, supuestamente, ahorcado. La familia denunció las incompatibilidades en los testimonios de los policías a cargo de la detención de Gonzalo.

Idénticas características cubren la muerte de un hombre que fue detenido en la comisaría Nº 16 de Recreo (Santa Fé) por pedido de su familia, ante su estado de ebriedad y que luego apareció ahorcado en la mañana del 26 de febrero. La fiscalía investiga la “eventual responsabilidad” de los agentes que lo detuvieron .

Con el ahorcamiento, como una práctica que se ha empleado para encubrir golpizas y tortura, y cargar sobre el propio muerto la responsabilidad de su final, las historias de Vilte y el muchacho de Recreo, se cruza con el final de Alexis Hernán Benítez (18), quien también apareció ahorcado en la comisaría de Riachuelo (Corrientes), luego de que se lo demorara por encontrarlo robando en una quinta.

“Es una política pública. Es así, a usted le puede gustar o no”, enfatizó Patricia Bullrich en la mencionada entrevista. Aquí, los primeros resultados.

Fuente: Digamos Todo