En Tucumán, los Derechos Humanos no son prioridad oficial
El militar retirado Luis Edgardo Ocaranza fue Supervisor Militar del D2 y
estuvo a cargo del Centro Clandestino de Detención (CCD) que se ubicó en
la Jefatura Central de Policía entre mayo y diciembre de 1977. Desde enero
del 2004, forma parte del Personal de Gabinete en el Ministerio de
Economía de la provincia de Tucumán, como asesor de Jorge Jiménez. Por Contrapunto.
Una investigación llevada a cabo por la organización de Derechos Humanos
H.I.J.O.S y la organización El Andamio, a la cuál accedió en forma
exclusiva Contrapunto, develó que el ex represor, Ocaranza, es funcionario
político dentro del gobierno de José Alperovich.
Entre los años 1975 y principios de 1978, funcionó en la Jefatura Central
de Policía, en avenida Sarmiento al 800 de la capital tucumana, un Centro
Clandestino de Detención (CCD). Un verdadero campo de concentración en
plena ciudad.
«Si la metodología empleada por los militares de la Dictadura Genocida,
fue la desaparición forzada de personas como herramienta de destrucción de
toda oposición al régimen y de amedrentamiento del resto de la población,
no es un dato menor que dicha metodología incluya concentrarlos,
torturarlos y asesinarlos ilegalmente en medio del centro urbano. Esta es
una de las singularidades de este nefasto CCD conocido como `La
Jefatura'», indicaron desde las organizaciones encargadas de la
investigación.
Terminada la dictadura, en 1985 se estableció por Ley Nº 5595 la creación
de la Comisión Bicameral Investigadora de las Violaciones de los Derechos
Humanos en Tucumán para posibilitar la investigación del terrorismo de
Estado.
Consta en dicho informe realizado por la Comisión Bicameral al hacer
referencia al CCD «La Jefatura» que:
«Sus dependencias constaban de un salón grande, el que se utilizaba
para concentrar a los detenidos que serían interrogados de inmediato.
Todos los detenidos permanecían en ese salón con los ojos vendados y las
manos atadas, acostados sobre el piso.
Al lado del salón, y comunicadas con él, había dos oficinas, utilizadas
ambas como salas de torturas. En una de ellas, denominada «la sala del
teléfono», se aplicaba la picana eléctrica. En la otra se practicaban
otros tormentos: desde palizas con palos hasta la práctica del submarino».
Además, según testimonios de testigos que constan en el informe de la
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) «el personal
responsable de este campo de concentración pertenece al Departamento de
Inteligencia (D-2) de la Policía Provincial de Tucumán, bajo las órdenes
de un teniente primero del Ejército, que se desempeñaba bajo la
denominación de `supervisor militar'».
Entre Mayo y Diciembre de 1977, el Teniente Luis Edgardo Ocaranza, del
Regimiento 19 de Infantería, se desempeñó como supervisor militar al mando
del Servicio de Información Clandestina (SIC), según testimonios de
sobrevivientes de la «Jefatura».
El SIC fue creado en 1975, con la función principal de ser el control
militar sobre el D-2. Tenía como base personal jerárquico de la Policía
de la Provincia, «bajo el mando del Inspector General Marcos Fidencio
Hidalgo, y del Inspector Mayor Roberto Heriberto Albornoz, conocido por su
apodo de `El Tuerto'».
El SIC, desde el punto de vista de cadena orgánica de mandos, estaba bajo
control y supervisión de la V Brigada de Infantería.
El primer oficial del ejército que cumplió la función de contralor militar
sobre el D-2 fue el teniente primero Lazarte, que luego fue sucedido por
el Teniente primero Félix González Naya, aproximadamente desde abril de
1976 hasta mayo de 1977. Desde esa fecha, es sucedido por Luis Edgardo
Ocaranza, hasta finales del mismo año.
En diciembre de 1978, el Servicio de Información Confidencial es disuelto,
pasando algunos de sus integrantes a formar parte orgánica del D-2 y el
resto a ocupar puestos jerárquicos en la estructura funcional de la
policía.
Cuando se desmonta la Jefatura Central de Policía, a fines de 1977,
algunos detenidos que se encontraban todavía allí recluidos son
trasladados a otros Centros, otros fueron puestos a disposición del
Ejecutivo o también simplemente «trasladados al pozo», o sea asesinados
según la jerga represiva.
Durante el periodo en que Ocaranza fue supervisor del Servicio de
Información Confidencial, no era simple «mano de obra», tenía en sus manos
la decisión sobre la vida de mucha personas. Conforme a las constancias de
CONADEP y la Comisión Bicameral, y sin contemplar nuevos testimonios
recabados judicialmente, se encuentra documentado el paso de 33 personas
por la Jefatura durante el tiempo en que Ocaranza cumplió funciones como
Interventor Militar, entre las cuales se encuentran tres mujeres
denunciadas como embarazadas. Cabe aclarar que esta cifra, no contempla a
tantas otras personas, que pasaron por allí pero de las cuales no se
tienen testimonios, ya que «La Jefatura» era el primer lugar adonde los
compañeros eran conducidos luego de ser secuestrados, y desde allí y en
base al trabajo de inteligencia previo y posterior, se decidía cual sería
su suerte. Las edades de los secuestrados iban desde los 21 hasta los 62
años.
No está claro el destino del represor en el período que abarca principios
de 1978 y el inicio del periodo democrático. Hasta donde se sabe, podría
haber formado parte del D2.
Sobre lo que sí hay certezas, es que no fue juzgado por su actuación
dentro de la última dictadura militar. El represor logró ampararse en la
ley de Punto Final, dictada por el entonces presidente radical, Raúl
Alfonsin, el 24 de diciembre de 1986.
Así, continuó su carrera militar dentro del ejército. Entre 1996 y 1997,
el Teniente Coronel Luis Ocaranza fue jefe del Regimiento de Infantería de
Montaña 26, como se puede corroborar en la página web de dicha fuerza. No
hay claridad respecto a cuando fue pasado a retiro.
En su vuelta a la vida civil, fue designado en 1999 como subgerente de la
Mutual Juramento, una organización fundada diez años antes por doce
tucumanos retirados del Ejército. «La intención inicial era defender los
salarios de la hiperinflación», señalaba el mismo Ocaranza en una
entrevista concedida a la revista local Contexto , el 19 de febrero de
2001().
Se vuelve a saber de él en enero del 2004, cuando fue designado como
Personal de Gabinete en el Ministerio de Economía de Tucumán, según consta
en su historia laboral.
El 11 de marzo de 2005, por decreto Nº 493/3 (ME), se autorizó al señor
Asesor del Ministerio de Economía Luis Edgardo Ocaranza, categoría 24,
Personal de Gabinete, a trasladarse a la Ciudad de Neuquén, para
participar de unas jornadas organizadas por la Comisión de Legislación de
Asuntos Municipales, Turismo y Transporte de la Legislatura de la
Provincia del Neuquén.
Luego, a partir del 29 de octubre de 2007, al día siguiente de la asunción
del segundo mandato del gobernador José Alperovich, por decreto N° 221/3
(ME), del 05/11/2.007, se designa nuevamente como «Personal de Gabinete,
Categoría 24, en el Ministerio de Economía al Señor Luis Edgardo Ocaranza,
L.E. Nº 8.488.479″.
Dentro de esta categoría, percibe alrededor de $2.800, más la extensión
horaria, lo que le dejaría en bolsillo cerca de $4000 por mes.
«En un momento histórico- político, en el cual se están comenzando a
juzgar estos aberrantes crímenes, nos preguntamos: ¿Cómo justifica el
Gobernador de esta Provincia el amparo que le está dando entre sus filas a
quien en nombre del Terrorismo de Estado cometió espantosos crímenes que
lesionaron la humanidad toda?», plantearon desde la organización de Derechos Humanos
HIJOS y la organización El Andamio.
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Un plan sistemático de aniquilamiento
Según plantearon HIJOS y El Andamio, desde el inicio del Operativo
Independencia, el 9 de Febrero de 1975, el Ejército ocupó el territorio de
la provincia y puso en marcha un Plan Sistemático de Violaciones Masivas
de los Derechos Humanos.
Para esto contó con la colaboración de todas las fuerzas de seguridad:
Gendarmería Nacional, Servicio Penitenciario y por supuesto la Policía
Provincial y Federal, ejecutándose una secuencia de delitos absolutamente
planeada que consistió en el secuestro, robo sistemático de bebés,
privación ilegítima de la libertad, tortura y posterior asesinato de
cientos de personas.
Este Plan Sistemático de Violaciones a los Derecho Humanos perpetrado en
el período 1975- 1983, fue un sistema perfectamente elaborado de comisión
de delitos, y aniquilamiento de una parte sustancial de la población
argentina, que significó la comisión del Delito de Genocidio.
Desaparecidos vistos en la Jefatura en el período comandado por el
Teniente Luis Edgardo Ocaranza
ADRISS, Salim Ismael – 26 años – Noviembre 1977
APAZA JIMENEZ, Carlos Roman – 28 años – Mayo 1977
ARALDI LUMBARDINI, Raul Ernesto – 30 años – Septiembre 1977
ARIÑO PAZ, Joaquin – 25 años – Junio 1977
BARRIONUEVO OLEA, Maria tránsito – 20 años – Junio 1977
BEJAS PUCEI, Maria Cristina – 33 años – Junio 1977
BUSTAMANTE MARQUESTO, Graciela del Valle – 27 años – Abril
1977
CAMPOS, Enrique Aurelio – 33 años – Septiembre 1977
CERROTA DE RAMOS, Alicia – Junio 1977 – EMBARAZADA
CISTERNA GIMENEZ, Maria Angelica – 23 años –
Septiembre 1977 – EMBARAZADA DE 6 meses
CORONEL AZAR, Marta Herminia – Mayo 1977
CORONEL BRITO, Rolando – Mayo 1977
DUPUIS DE VALLADARES, Nelly – 62 años – Abril 1977
FONTANARROSA LARRAZA, Daniel Enrique – 30 años – Mayo 1977
GARMENDIA MERLO, Angel Mario – 33 años – Junio 1977
IBAÑEZ RIVERO, Luisa Ana – 28 años – Junio 1977
JIMENEZ CLEMENTE, Maria Isabel – 41 años –
Junio 1977 – EMBARAZADA 2 meses
MITROVICH CAINZO, Adriana Cecilia – 25 años – Abril 1977
MOREIRA ROMANO, Victor Manuel – 23 años – Abril de 1977
OJEDA SIERRA, José Eduardo – 25 años – Septiembre 1977
PONCE OLIVERA, Humberto Rubén – 27 años – Mayo 1977
PONCE RAIA, Horacio Marcelo – 23 años – Abril 1977
QUINTEROS GALLARDO, Wenceslao – 38 años – Julio 1977
ROJAS RIOS, José Dalmiro (h) – 23 años – Julio 1977
ROMERO MOLINA, Reyes Alcario – 33 años – Julio 1977
ROMERO MOLINA, Raúl Rene – 22 años – Julio 1977
ROMERO ROMERO, Juana Antonia – 33 años – Mayo 1977
SANTILLAN SCHWAB, Gustavo Raul – 22 años – Abril 1977
SOMAINI MOREY, Ricardo Daniel – 22 años – Abril 1977
TORES CORREA, Ricardo Guillermo – 28 años – Abril 1977
VILLEGAS HERRERA, Jorge – 21 años – Junio 1977