«Tendremos una parodia de juicios y más impunidad»

A días de cumplirse un nuevo aniversario del golpe genocida, vuelve a hacerse presente el debate en torno a la construcción de impunidad en la Argentina. Impunidad que se deja en evidencia con la desaparición de Jorge Julio López, los avances casi nulos en el juicio y castigo a los genocidas y en el asesinato a Héctor Febres, represor de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA). «Lo novedoso en este último tiempo es que los interesados en que los juicios no prosigan, que la impunidad se mantenga, es que matan a su propia tropa ante la eventualidad que puedan prender el ventilador y consignar datos que puedan dilucidar dónde están los niños apropiados, dónde están nuestros desaparecidos», sostiene la abogada Liliana Mazea.

Cristina Fernández de Kirchner sostuvo el sábado pasado que desde el gobierno se había impulsado siempre el juicio y castigo a los genocidas. Sin embargo, desde la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, pocos han sido los avances en esta materia. De hecho, el saldo es negativo: Hay un ex detenido-desaparecido vuelto a desaparecer que atestiguó contra su secuestrador y un torturador de la ESMA asesinado para mantener intacto el muro de impunidad. ANRed entrevistó a la abogada Liliana Mazea,de la Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA). «Si el Poder Ejecutivo sostuvo cárcel común, por qué no lo ejecutó, si el Presidente es Jefe de las fuerzas armadas y por lo tanto podría disponer con levantar su teléfono el paso a cárceles no dependientes de las fuerzas armadas o de seguridad y evitar los privilegios de los jerarcas genocidas en esas instituciones militares como también lo sucedido con Héctor Febres», preguntó Mazea

 ANRed: ¿Qué particularidad tiene este 24 de marzo dado que llegamos a un nuevo aniversario del golpe con Julio López desaparecido hace un año y medio, por un lado, y con un genocida asesinado, por otro?

 LM: Hay algunos avances, por ejemplo el 24 de marzo ahora es feriado (bromea).En lo demás, y haciendo un minibalance de las causas, no podemos alegrarnos de nada. Si bien en La Plata con el primer juicio a Miguel Osvaldo Etchecolatz, hubo un reconocimiento judicial al pedido de las querellas de Justicia Ya! que aquí se consumó un genocidio; la sentencia al cura genocida Cristian Von Wernich siguió el mismo camino, es decir, la condena en el marco de un genocidio sin poner autores, nombres, etc. Pero claro, el punto de inflexión se dio el 18 de setiembre del 2006, cuando denunciamos la desaparición forzada de Jorge Julio López, no sólo testigo en el juicio a Etchecolatz, sino víctima de este genocida. Ya se conocen los vericuetos que tiene la investigación sobre la desaparición de Julio, con videntes y pitonisas incluidas. No hay una sola persona detenida, y la misma fuerza sospechada es la encargada de llevar la investigación por orden del juez Arnaldo Corazza.

 ANRed ¿Qué nuevo panorama se abrió con la desaparición de Jorge Julio López?

 LM: Ese 18 de septiembre comenzó una seguidilla de amenazas a otros testigos actuales y de futuros juicios, a miembros del poder judicial, a organizaciones defensoras de los derechos humanos, etc. Pero lo novedoso en este último tiempo es que los interesados en que los juicios no prosigan, que la impunidad se mantenga, es que matan a su propia tropa ante la eventualidad que puedan prender el ventilador y consignar datos que puedan dilucidar dónde están los niños apropiados, dónde están nuestros desaparecidos, quiénes, además de los enjuiciados, cumplieron servicios en los centros clandestinos de detención.

Febres: La construcción de impunidad

 ANRed: ¿Qué responsabilidad les cabe a los jueces en esta forma de «hacer justicia», con genocidas detenidos en cárceles vip y un par de juicios emblemáticos por un puñado de crímenes?

 LM: Justicia Ya! viene pidiendo desde que los procesados son detenidos, que vayan a cárcel común, que no sea la misma fuerza a la que pertenecían los genocidas los que lo «custodian». Febres fue un el caso que más salió a la luz por su asesinato. Pero por ejemplo, Alfredo Astíz fue denunciado por nuestra organización por tener en el Hospital Naval despacho y atención de visitas. Y el primer día del juicio contra Febres solicitamos su traslado a cárcel común, que fue denegada por el tribunal del juicio.

Aquí hay que poner de resalto varias situaciones. La impunidad viene avalada también por el Poder Judicial, desde la instrucción hasta el juicio oral, para muestra está el caso de Febres. La forma de instruir las causas, cómo son elevadas a juicio y cómo el tribunal las encara, son un aspecto más de la impunidad reinante. Pongamos como ejemplo el centro clandestino ESMA. El juez instruye por año, por lo que si un compañero estuvo tres años secuestrado en la ESMA, tendrá que asistir a tres juicios como mínimo. Por ser víctima en ese período irá a tres juicios, pero puede ser testigo de otros compañeros, y tendrá que asistir a otros, logrando así su revictimización. El juez de San Martín en causa Campo de Mayo lo hace por caso (o víctima), otros en fascículos coleccionables, otros hacen la plancha.

  ANRed : ¿Qué consecuencias tienen estas prácticas judiciales?

 LM: Por un lado, esta desmembración de casos y por lo tanto de juicios es para tratar de desdibujar el genocidio consumado en ese período y por otro para que la pena sea menor. Así en el juicio a Febres se intentó llevarlo por sólo cuatro casos, todos sobrevivientes de ese centro, por lo que la pena no podría ser perpetua. Si se unían esos cuatro casos con los cientos que venían inmediatamente, donde había desapariciones irremediables, se lo podía condenar a reclusión perpetua. El Tribunal Oral no sólo no aceptó la unificación sino que eliminó de ese juicio el caso Raimundo Villaflor (con excusas procesales) con la expectativa tal vez que mientras se arma otro juicio pueden morirse el represor, la víctima, los testigos, el juez. Y sucedió, mataron al represor. En el caso de los juicios en La Plata, el tribunal oral tiene la decisión jurídica y política de devolver los tramos que le lleguen cuando la instrucción por un centro clandestino no esté completa ya sea porque haya más casos o más represores que no fueron indagados por esos casos.

 ANRed: ¿Cómo se corroboraron todas las denuncias de la querella de Justicia YA! efectuadas en el juicio a Febres al conocerse la noticia del homicidio?

– LM: En el asesinato de Febres se quería hacer pasar su muerte por suicidio. Algunos compañeros que fueron parte o testigos en el juicio se presentaron como querellantes en San Isidro, donde se investiga su asesinato, y poniendo un perito de parte que participara de la autopsia, se logró hacer luz sobre el homicidio a Febres. Recordemos que fue asesinado el 10 de diciembre del 2007, 4 días antes del veredicto que pronunciaría el tribunal oral. Sabemos que sus superiores pensaban que el día que pronunciara sus últimas palabras antes del fallo, podría involucrar a otros o decir sobre el destino de los niños apropiados, ante esa eventualidad mejor era silenciar. Ahora nuestros peritos están investigando el contenido de la computadora de Febres, que luego de su asesinato fueron borrados sus archivos. Pero la técnica requerida para leer los datos borrados no está en el país, por lo que estamos viendo en el exterior la forma de solucionarlo.

  ANRed: ¿A qué obedecían las condiciones de privilegio de las que gozó Febres durante su detención?

 LM: En cuanto a los privilegios que gozaba Febres en su «detención», ya fue divulgado por varios medios periodísticos, fotos de sus vacaciones en la Base Naval de Azul, o vestido de Papá Noel, haciendo regalos, o los celulares y teléfonos de línea que tenía, visitas y compras en delivery de comida para sus familiares y amigos. Creemos que estos privilegios eran dado no sólo por estar «detenido» a cargo de la misma fuerza a la que pertenecía, es decir, la Prefectura, sino que permitía que su confinamiento laxo, sin registros de visitas, permitiría un homicidio sin «ejecutores visibles». Las responsabilidades políticas en este asesinato van desde Aníbal Fernández para abajo y desde el almirante Jorge Godoy para abajo también.

 ANRed: ¿Qué rol jugó Aníbal Fernández, en tanto ministro, en los «reacomodamientos» de la Prefectura, incluida la designación del prefecto responsable de la represión a los trabajadores y las trabajadoras de Casino?

 LM: Cuando se desplaza al Prefecto Rubén Iglesias (responsable de Prefectura Zona Delta al momento de la muerte de Febres) y se lo designa a Gustavo Koplin, justo el que ordenó la represión a los trabajadores del Casino, es un elemento que indica de que se los necesita para la represión a las luchas obreras y estudiantiles como quedó demostrado en Las Heras, en Mosconi y Tartagal, y ahora en Puerto Madero, donde la complicidad institucional y corporativa de la Prefectura se dan la mano para los crímenes de ayer y de hoy.

¿Juicio y castigo?

  ANRed: ¿Cómo se toma el discurso dado por Cristina Fernández en el Congreso donde mencionó a Febres y se jactó de ser una impulsora de cárcel común y efectiva a todos los genocidas?

 LM: Si el Poder Ejecutivo sostuvo cárcel común, por qué no lo ejecutó, si el Presidente es Jefe de las fuerzas armadas y por lo tanto podría disponer con levantar su teléfono el paso a cárceles no dependientes de las fuerzas armadas o de seguridad y evitar los privilegios de los jerarcas genocidas en esas instituciones militares como también lo sucedido con Febres. Justicia YA! envió varios pedidos en este sentido al ex presidente Néstor Kirchner sin resultados positivos a nuestra solicitud.

 ANRed: ¿En qué estado se encaran los próximos juicios a los genocidas? ¿Ha cambiado algo a cuatro años y medio de la anulación de la ley de Obediencia Debida y Punto Final?

 LM: Hasta ahora lo que cambió fue que Julio López no aparece, Febres asesinado, tal vez Paul Navone también, Juan «Jeringa» Barrionuevo muerto, aunque ya no podemos investigar en Mendoza cómo sucedió. Y varios genocidas más que murieron en sus casas con prisiones domiciliarias, etc. También muchos testigos, víctimas y familiares de los que estuvieron en centros clandestinos que esperaban justicia, con el desmembramiento de las causas ya no la obtendrán. Y sabemos que como están encarados estos juicios, a pesar de la oposición de un buen arco de querellantes, terminará todo en impunidad. Sólo por el transcurso del tiempo, sin necesidad de sentencia absolutoria. Todos mueren inocentes, sin sentencia firme son «inocentes». Por eso sin una decisión política que determine la unificación de los juicios en centros clandestinos, o por Zonas, o que los juzgados orales rechacen la elevación por tramos de estas causas, lo único que tendremos es parodia de juicios y más impunidad. Por otro lado mientras sigan intactos los poderes de estos personeros del terror genocida, no se abran archivos que la seguridad del Estado debe conservar, mientras los autores de gatillo fácil se beneficien con la impunidad en los juicios, o se reprima a los que pretenden mantener su fuente de trabajo o a los que reclaman la vigencia de los derechos económicos y sociales, ningún representante del Estado se podrá arrogar o atribuir la defensa de los derechos humanos o caracterizar al gobierno como cumplidor de los tratados tuitivos de los Derechos Humanos consagrados en la Constitución Nacional. No puede existir, y de hecho hoy no lo tenemos como algunos pretender insinuar, cumplimiento en materia de derechos humanos del «pasado» y no del presente. Las monedas tienen dos caras, con las dos juntas pagamos lo adeudado. Y la deuda con la sociedad por los hechos de ayer y de hoy como vemos no está saldada, ni mucho menos.