07/02/2008

Caso Febres: Denuncian a los jueces por los privilegios del represor

febres-2.jpgOrganismos de Derechos Humanos concurrieron esta mañanaal Consejo de la Magistratura para volver a denunciar al juez Sergio Torres por los privilegios con los que Héctor Febres contaba en su lugar de detención y que incluían vacaciones en el Arsenal Naval de Azul, provincia de Buenos Aires. Las salidas del ex prefecto se dieron durante tres años y contaron con el beneplácito del juez Torres, tal como habría informado al Ministerio de Defensa el jefe de la Armada, Jorge Godoy. Las irregularidades tampoco fueron denunciadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, tal como había dejado trascender el diario Página/12. Para los querellantes en la causa por el asesinato de Febres, las condiciones de excepción que gozaba el integrante de la patota de la Escuela de Mecánica fueron las bases que posibilitaron su asesinato.


Las organizaciones ya habían concurrido el 26 de diciembre último y habían manifestado la exigencia de que los magistrados que integraban el Tribunal Oral Federal Nº 5 que juzgaba al torturador de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) y Torres- a cargo de la instrucción de la causa-, fuesen sometidos al proceso de acusación y removidos de sus cargos.

«Las inexplicables e inadmisibles condiciones de detención de las que gozaba, han redundado en el homicidio del imputado, muerte por la cual los jueces no pueden dejar de responder, y que posibilitó que la impunidad reinante en nuestro país se siga perpetuando», habían denunciado a quince días del asesinato del represor ocurrido en la base Delta de la Prefectura Naval. Febres estaba siendo juzgado por sólo cuatro casos de torturas cometidos en la ESMA, campo de exterminio por el que pasaron más de 5000 detenidos-desaparecidos.

Las condiciones de privilegio en la detención de Héctor Antonio Febres fueron las bases de su asesinato

Los organismos de Derechos Humanos que son querellantes en la causa por el asesinato de Héctor Febres, represor de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, concurrieron hoy al Consejo de la magistratura para solicitar que se pida al Ministerio de Defensa una copia de la contestación remitida por el Almirante Jorge Godoy, a raíz de las explicaciones que debió dar por las irregularidades en las condiciones de detención del torturador. Elevaron este pedido a fin de que el Consejo pueda delimitar las responsabilidades en que habrían incurrido el juez Sergio Torres, magistrado a cargo de la instrucción de la causa ESMA y el actual jefe de la Armada, Jorge Godoy.

El almirante Godoy debió contestar una semana atrás sobre los traslados en varias oportunidades de Febres para gozar de vacaciones al Arsenal Naval de Azul. «Godoy indicó que el traslado de Febres a esa dependencia fue ordenado por el juez Sergio Torres, que habría dictaminado que el ex prefecto fuera alojado allí», tal como difundió la agencia Noticias Argentinas. Es por eso que los querellantes demandan que se de a conocer el descargo formulado por Godoy junto al secretario General Naval, Adalberto Allovero, y al subjefe de la Armada, Benito Rótolo.

Por otra parte, las organizaciones demandarán que se tome declaración testimonial al Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, para que informe sobre el tratamiento dado por esa dependencia a la denuncia realizada en el mes de julio de 2007 a la ex Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires por un miembro de la Prefectura sobre las condiciones privilegiadas de detención de Héctor Antonio Febres. Esta presentación fue rápidamente remitida al Secretario de Derechos Humanos de la Nación, quien recién tres meses después la envió al juez Torres para que finalmente el magistrado concluyera el trámite preguntando al acusado de permitir tales irregularidades acerca de la veracidad de la denuncia.

Las inexplicables e inadmisibles condiciones de detención de las que gozaba Febres, han redundado en el homicidio del represor Héctor Antonio Febres, muerte por la cual los jueces no pueden dejar de responder, y que posibilitó que la impunidad reinante en la Argentina se siga perpetuando. Esa opinión también es compartida por la jueza Sandra Arroyo Salgado, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 1 de San Isidro que entiende en la causa por la «muerte dudosa» del integrante del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica.

La jueza destacó en los autos de procesamiento que la «custodia» de Febres «fue confiada a la misma fuerza de seguridad a la que pertenecía el cautelado, siendo que paradójicamente los delitos a tenor de los que se encontraba detenido habrían sido cometidos en el marco de las tareas desempeñadas en su condición de oficial de enlace de esa misma fuerza en su actividad conjunta con la Armada desarrollada durante el último gobierno de facto en el edificio de la antigua ESMA, hoy Museo de la Memoria».

Asimismo, la magistrada recalcó que Febres, entre algunos de los privilegios de los que gozaba, contaba con un «chofer exclusivamente destinado a satisfacer sus requisitorias y, en su defecto, de su esposa, Stella Maris Guevara, ya sea para trasladarla a visitar a su marido, para realizar diligencias y/o trámites bancarios o ir de compras. Beneficios que tras el fallecimiento de Héctor Antonio Febres comenzó a gozar también en forma directa su hijo, Héctor Ariel».

Entre otras cuestiones, Arroyo Salgado destacó las comodidades de las que era beneficiario el represor en su celda de «reclusión», así como la posibilidad de practicar tenis o jugar pool con sus familiares o amigos, que podían visitarlo. También, tenía a su disposición los salones de la Prefectura para llevar adelante las celebraciones familiares, como el bautismo de los nietos y el cumpleaños de su mujer.

La jueza también se refirió a los «traslados autorizados durante los meses de enero y febrero a fin de residir o vacacionar en dependencias del Arsenal Naval Azopardo sito en la localidad de Azul durante los años 2003, 2004 y 2005; viajes a los que, en general, era autorizado en virtud de su diabetes de base o de las necesidades invocadas por la misma fuerza vinculadas a la refacción de su lugar de alojamiento». Sin embargo, a pesar de sus problemas de salud, por «las tomas fotográficas impresas del CD afectado a las presentes actuaciones, que lo muestran vacacionando junto a toda su familia en comodísimas instalaciones, con variados banquetes de comida a su alcance que, en nada se compadecen con el sometimiento a un tratamiento médico tendiente a tratar la enfermedad de diabetes de la que adolecía.» Viajes y banquetes que, según Godoy, eran permitidos por el juez Torres.

Esas eran las condiciones de detención de las que gozaba el represor y que los jueces- tanto Torres como los integrantes del TOF Nº 5 (Guillermo Gordo, Héctor Farías y Daniel Obligado)- no revocaron, así como había pedido la querella. Privilegios que se acentuaban con los traslados «sin esposas» a Comodoro Py- como reconoció el ex jefe de la base Delta de la Prefectura donde estaba alojado Febres, el prefecto mayor Rubén Iglesias. Situación irregular que si el tribunal que lo juzgara hubiese permitido el ingreso de fotógrafos y canales de televisión, habría quedado retratada en el inicio del juicio cuando Febres se paseaba por la sala. «Durante el año en que estuvo a cargo de Prefectura Zona Delta, ningún funcionario del Tribunal Oral número 5 ni del Juzgado Federal número 12 había concurrido -a la sede de ésta- a controlar las condiciones de alojamiento de Febres, siendo que según se le hiciera saber en diversas consultas efectuadas, tampoco lo habrían hecho en el tiempo anterior a su asunción», reconstruyó la jueza sobre los dichos de Iglesias, uno de los prefectos detenidos por el asesinato de Febres y que fue reemplazado por el prefecto Gustavo Koplin que comandó en diciembre último la represión a los trabajadores del Casino de Buenos Aires.

Por tener conocimiento y avalar estas condiciones irregulares es que los organismos de Derechos Humanos y otras personalidades habían pedido que se iniciara juicio y removiera de sus cargos a los jueces del TOF 5 y a Torres. No motivaba esta presentación una iniciativa de ser funcional, por supuesto, a las defensas de los represores como sostuvo la diputada oficialista Diana Conti- quien también, dio a entender que no se debía reclamar cárcel común y efectiva para todos los genocidas sino simplemente «condiciones comunes de encarcelamiento».



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