Un escrache nacional para el empresario Cristóbal López
Trabajadores del casino flotante, junto a organizaciones sociales y políticas, realizaron ayer escraches en todo el país al empresario de juegos y testaferro del matrimonio presidencial, Critóbal López. En Buenos Aires, antes de llegar al casino ubicado en Puerto Madero, la manifestación se encontró con un fuerte operativo de Prefectura y Policía Federal que bloquearon el tránsito a lo largo de veinte cuadras impidiéndole el paso. Otra columna se dirigió hacia el Hipódromo de Buenos Aires donde también se le negó el acceso, pero en este caso, no era la policía sino una «patota» sindical. La medida de los empleados estuvo acompañada por una denuncia al empresario por enriquecimiento ilícito, realizada por la Coalición Cívica de Elisa Carrió.
Cuando los trabajadores llegaron a Avenida Brasil e Ingeniero Huergo (habían partido de Parque Lezama), se encontraron con una pared de efectivos de Prefectura que les impedía avanzar hacia el casino flotante. Entonces, comisiones de 50 personas quedaron esperando en cada esquina sobre Huergo y la manifestación siguió avanzando hacia el norte de la ciudad. En casa esquina los esperaba una delegación de prefectos y policías. Así recorrieron 20 cuadras, hasta llegar a Avenida Corrientes. Los efectivos policiales corrían para pasarlos y bloquearles el paso. Mientras, los trabajadores, con parlante en mano, explicaban a los peatones de qué se trataba su reclamo.
«Somos mil empleados los que estamos en la calle. Queremos que reincorporen a los cien despedidos. Nuestras madres, día por medio le llevan un petitoria a Cristina Fernández de Kirchner pero nadie las recibe. Pasan horas al sol. Cómo es posible que la presidenta no tuvo un rato para abrir las cortinas y mirarnos«.
Además de la movilización al Casino, unos 200 empleados intentaron llegar hasta la puerta del Hipódromo, para hacerle un escrache al empresario patagónico Cristobal López (dueño del 50 por ciento del Casino y del 50 por ciento de las máquinas tragamonedas instaladas en el Hipódromo), pero no pudieron porque una patota perteneciente al gremio del Personal de Hipódromos, les cortó el paso y los obligó a retroceder.
El gremio conducido por Miguel Ángel Quiroga, necesitó salir a reclutar gente que quisiera formar parte del grupo de choque. Un joven -que pidió permanecer en el anonimato por seguridad- relató a ANRed que un puntero de la localidad de Varela le ofreció dinero «para la patota del Hipódromo«. El método patoteril cada vez se utiliza más a menudo para reprimir a trabajadores, detrás del cual están las empresas y conducciones de sindicatos afines a sus intereses. De este modo, el costo público de la represión no lo paga el gobierno.
Finalmente, los trabajadores intentaron no responder a la provocación del grupo de choque y se quedaron a tres cuadras del Hipódromo.»Nosotros no queremos pelearnos con nadie» dijo una trabajadora del casino a ANRed, mientras la manifestación era «custodiada» por la policía.
La ilegalidad de la empresa
Según denunció Ana, empleada del casino e integrante de la comisión de Prensa conformada durante el conflicto, la empresa no paga los sueldos desde diciembre. «Apenas nos dieron 1, 2 y 3 pesos a cada una, es una vergüenza. Pero eso es para todos los que adhieren al paro, aunque no estemos despedidos, nos nos pagan el sueldo, y así nos están discriminando porque a los «carneros» les pagan el sueldo completo«.
Incluso a la gente que estaba de licencia desde antes, les descontaron importantes sumas del salario. «Una de ellas es una embarazada que no está cobrando lo que le corresponde. Tampoco nos dan los recibos de sueldo«, señaló Ana, bastante indignada. «Todo lo que está haciendo Cristobal López, es ilegal.»
Para poder sobrevivir ante el quite del salario por parte de la empresa, los trabajadores conformaron un «fondo de huelga» mediante el cual reciben el aporte de la comunidad.
La jugada del Ministerio
La última conciliación obligatoria (la medida que obliga a retrotraer a las partes a la situación anterior al inicio del conflicto) dictada por el Ministerio de Trabajo fue la del pasado miércoles 2 del corriente, que tenía una duración de escasos cinco días hábiles. Sin embargo, se trató de una conciliación tramposa ya que no incluye a los 61 empleados que fueron despedidos bajo la causa de «desmanes en las instalaciones», luego que el sindicato de marítimos (SOMU) entrara al casino para amedrentar a los trabajadores que se encontraban analizando el reclamo de reducción de la jornada, por estar en un trabajo bajo condiciones insalubres [1].
Además de los escraches en Buenos Aires, dos empelados del Casino partieron a Rosario y otros dos a Mar del Plata para apoyar las manifestaciones que se realizarían allí, llevadas adelante por organizaciones sociales que se solidarizaron activamente con el conflicto. Ver comunicado del Escrache Nacional
Además del paro, los trabajadores continuarán de 10 de la mañana a 22 horas en las puertas del Casino, como medida de fuerza para continuar reclamando la reincorporación de todos los despedidos.
El poder económico y político de López
La Coalición Cívica de la ex candidata a Presidenta, de centroderecha y opositora al gobierno, Elisa Carrió, realizó un informe sobre los negocios del magnate del Casino que calificó de «escándalo menemista». En el mismo denunció la prórroga de 32 años que el Gobierno nacional le dio al licenciatario de las máquinas tragamonedas que funcionan en el Hipódromo de Palermo, el empresario «pingüino» Cristóbal López, a quien los trabajadores mismos describen como «el Yabrán del Juego».
El trabajo describe el sorprendente enriquecimiento del empresario, nacido en Chubut, -«a los 18 años, vendía pollos y verduras en Comodoro Rivadavia», dice el informe- y propietario de casinos en 19 ciudades del país, entre otros negocios.
Carrió se refirió al decreto 1851/07, firmado por Néstor Kirchner el 5 de diciembre pasado, cinco días antes de dejar la presidencia, por el que dispuso la prórroga.
Como no podía ser de otro modo, Carrió jugó otra carta a favor de Mauricio Macri, al recordar que la Constitución porteña le reconoce a la Ciudad la «regulación, administración y explotación de los juegos de azar». Y mencionó que el año pasado, el dirigente radical Ricardo Gil Lavedra había alertado a Mauricio Macri, ya electo jefe de Gobierno, que no se cumplían los porcentajes que le corresponden a la Ciudad por la recaudación de los tragamonedas y el Casino flotante.
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[1] Otra conciliación ya había sido dictada anteriormente, que debía comenzar a regir desde el 12 de diciembre pero que no se concretó porque el mismo día la jueza María Romilda Servini de Cubría -a pedido de la empresa y los gremios intervinientes- dictó la clausura del casino. Los trabajadores quedaron en la calle, reclamando la reapertura. La conciliación terminó el 9 de enero y recién ahí, dos días después, se levantó la clausura. De este modo los trabajadores despedidos no pudieron volver a sus puestos de trabajo.