Bolivia: El escenario que enfrenta la reforma constitucional
A casi dos años de la asunción de Evo Morales como presidente de Bolivia, el país ha atravesado una serie de cambios en medio de crecientes tensiones entre los distintos sectores de poder tradicionales y los distintos espacios del campo popular, quienes oscilan entre el apoyo crítico y la oposición por izquierda. El colectivo Análisis de coyuntura realizó una minuciosa cobertura del proceso de reforma de la constitución boliviana, que deberá ser refrendada en un plebiscito que se realizará en 2008.
Bolivia: El «ir hacia atrás» de la oposición en el camino del cambio. O «el caminar» con la unidad de Indígenas, Campesinos y Obreros.
Nos concentramos este mes en la situación política de Bolivia y en la lucha política en torno a la sanción -ya definitiva al cierre de esta edición- de la nueva constitución, cuyo artículo 1º dice Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, autonómico y descentralizado, independiente, soberano, democrático e intercultural», que se funda «en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país».
Con sólo leer este artículo podemos imaginar todo el escenario desatado en relación al nuevo orden jurídico que el gobierno de Evo Morales, con el apoyo de los movimientos sociales con centro en la región andina, aspira a imponer sobre la totalidad de Bolivia.
Justamente la zona de la media luna -como se denomina geográficamente a las regiones opositoras al gobierno central-, que reclaman autonomía y poco se identifica con los intereses de las comunidades originarias, son fuertes opositoras al cambio propuesto y en el devenir de la pelea por la reforma constitucional tomaron la vía del enfrentamiento armado contra las fuerzas que responden al gobierno central y con el propio pueblo.
En el Análisis»¦ Nº 87, trabajamos los problemas que impiden avanzar a la Asamblea Constituyente en Bolivia. En cuanto a la propiedad de la tierra, el Movimiento al Socialismo plantea darle el carácter obligatorio de función económico-social. A las que no cumplan con esto se les aplicaría la reversión de los predios al Estado.
La oposición –Poder Democrático y Social (PODEMOS)– lo aceptaría previa indemnización; no así la idea de propiedad comunitaria. Sobre las autonomías departamentales no hay acuerdo. El MAS propone, en el marco de respetar a las «36 naciones indígenas», cuatro niveles autonómicos: Departamental, Regional, Indígena, Municipal; complementarios uno del otro, mientras que Podemos jerarquiza la subordinación del primero al último. Esta comisión de trabajo acordó 11 competencias a los departamentos, pero la oposición exige 36. Estas fuerzas en pugna coinciden en la titularidad del Estado sobre los recursos naturales, pero difieren en la explotación y la consideración de licitaciones internacionales.
También el desacuerdo se presenta en la posibilidad de reelección presidencial y el planteo de fusionar las cámaras en un parlamento unicameral. Vencido el plazo de la Constituyente -la prorroga termina el 14 de diciembre-, se dispuso lo que el oficialismo entiende «como una nueva traba de la oligarquía», según la calificación de la presidenta del cónclave, Silvia Lazarte (ver Análisis»¦ Nº87), esta vez incorporando a la discusión retrotraer la Capitalidad Plena de los poderes del Estado a la ciudad de Sucre. Recordemos que luego de una breve guerra civil en 1899, La Paz alberga al poder Ejecutivo y al bicameral Legislativo. El poder judicial siguió residiendo en Sucre.
En la voz del «podemista» Angel Villacorta, cuarto vicepresidente de la Asamblea, se sincera el objetivo de la acción opositora: «Si el tema autonómico se resuelve, el resto de los problemas de la Constituyente también lo hará por efecto dominó» (LTC 17/10).
El complejo andamiaje institucional que permite seguir discutiendo.
Meses atrás el alcalde de La Paz, Juan del Granado, llamaba la atención a la parte chuquisaqueña y los invitaba a pensar en la totalidad: «Compartimos plenamente con Sucre (ciudad) y chuquisaca (departamento) sus deseos y sus reivindicaciones de desarrollo, de progresos; pero que no puede ser a costa de La Paz, que no puede ser a costa de la unidad nacional, no puede ser a costa del proceso de cambio de la Asamblea Constituyente» (Los Tiempos de Cochabamba, 4/9)
En los últimos tres meses, las repetidas movilizaciones por la capitalidad -fundamentalmente sostenidas por universitarios, enfrentados a los que sostienen el proceso de cambio, donde los campesinos e indígenas tienen el protagonismo- impidieron las sesiones en plazo suplementario. Dos caminos se plantearon: el cierre temporal hasta agotar el tema de la capitalidad y el traslado de departamento. Declarando que no haría caso a la resolución de la Corte Superior de Justicia de Chuquisaca, que anuló la resolución que retiró del debate constituyente el tema de la capitalidad, la directiva de la Asamblea optó por declarar una pausa de 30 días que intente allanar los conflictos. Silvia Lazarte argumentaba: «No queremos que nos impongan la capitalidad, ni queremos pelear entre constituyentes. No queremos masacre aunque ellos quieren» (LTC 11/9).
En este receso, 12 de las 16 fuerzas políticas que participan en la Asamblea acordaron formar una Supercomisión para la concertación de temas de fondo y para que se garantice la culminación del debate. A esta instancia no se sumó Podemos. El Vicepresidente del gobierno del Estado, Álvaro García Linera, fue reconocido como «facilitador» del diálogo en este espacio. Esperanzado, dijo: «Existe la posición absoluta, la voluntad de relanzar la Asamblea Constituyente como el gran escenario de pactos estructurales de la sociedad boliviana para resolver los problemas que tenemos como estado desde la estructuración del país» (LTC 20/9). Acto seguido, esas fuerzas -el MAS, los tradicionales Unidad Nacional (UN), el Movimiento Nacionalista revolucionario (MNR), el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria- Nueva Mayoría (MIR-NM) y 8 partidos menores y agrupaciones ciudadanas- firmaron un «Gran Acuerdo Nacional» para viabilizar la Asamblea. [[Todos los puntos del Acuerdo se hallan en el diario Los
Tiempos de Cochabamba del 21/9/07.]]
Lo más destacado de este Acuerdo fue la confirmación en la forma de votar: la aprobación en grande del proyecto de nueva Carta Magna demanda solamente la mayoría absoluta de los votos, es decir por lo menos 128 de los 255 constituyentes, mientras que su aprobación en detalle requiere de dos tercios, o sea unos 170 constituyentes. Los artículos que no logren acuerdo se dirimen por referéndum. También crea un Comité Especial de Diálogos y Consensos que dirime los aspectos más conflictivos entre oficialismo y oposición. Recordemos que desde julio funciona un espacio similar que no llegó a ningún puerto.
El Acuerdo también legitimaba las funciones de la «Supraconstituyente» (supercomisión), de su «facilitador» y de los representantes de las 16 fuerzas (en el proceso se sumó la oposición) que actúan en la Asamblea. La tarea del Comité fue la de elaborar una agenda mínima con la sola atribución de «sugerir». Mientras que en paralelo actuó la Comisión de Concertación con la función de recibir lo trabajado por el Comité, resolver y remitir a la plenaria de la Asamblea. Todo este despliegue institucional está previsto en el reglamento del Foro Legislativo, que precisamente contempla estos andamiajes operativos. Por fuera, la Supraconstituyente se planteó como una instancia política de decisiones. Todo esto fue calificado por García Linera como «uno de los últimos escenarios que tiene la Constituyente para intentar relanzarse» (LTC 2/10).
Se anuncia el final o el comienzo del fin
Los días que siguieron fueron de puro entusiasmo, el vocero «masista» Marco Carrillo apostaba a los futuros consensos con la oposición, aprobando la decisión de darse hasta fines de octubre para lograr esto: entonces, «cuando vuelvan las sesiones plenarias a Sucre habrá muchas sorpresas,
porque el MAS tendrá dos tercios de apoyo en grande, detalle
y revisión» (LTC 4/10). La oposición, en tanto, proponía
otra realidad, anunciando su retiro de los espacios
recientemente creados, disconforme con el nuevo retraso
de reunión plenaria. Su justificación apuntaba a «la
total subordinación y dependencia ante el vicepresidente de la República
y la incapacidad de diálogo de la actual presidenta de la
Asamblea Constituyente, a fin de evitar errores históricos es que Podemos se retira» (LTC 9/10). Al día siguiente, la bancada
del MAS le presentaba al presidente de la República
la propuesta final de lo que para ellos sería la nueva
Constitución Política del Estado: los alcances de las Autonomías
no contemplaban los pedidos de la oposición
y la capitalidad ni aparecía. Por otro lado, en las instancias
antes descritas se lograba un «Acuerdo sobre visión
país y caracterización de Estado», que definía a Bolivia
como un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional
Comunitario. Este Estado se funda en la pluralidad
y en el pluralismo político, económico, jurídico, cultural
y lingüístico dentro del proceso integrador del país.
Estos alcances consensuales eran rebatidos por la oposición:
«Cuando se anuncian acuerdos, al mismo tiempo se hace
notar que solamente siete u ocho de las 16 fuerzas están logrando
este acuerdo. Si ocho de las 16 fuerzas no están participando, por
supuesto que no es acuerdo, es más bien un desacuerdo» (LTC
22/10).
El momento del Estado.
Un mes después, el suspenso
se sostenía y el decir de la oposición se cumplía,
sin acuerdos y con un clima de enfrentamiento callejero
en ascenso entre universitarios sucrenses (pidiendo la
capitalidad) y campesinos e indígenas venidos de tierra
adentro (a defender la Asamblea). Estos hechos se producían
ante cada encuentro de los múltiples espacios
institucionales. El Vicepresidente del gobierno del Estado
caracterizaba ante un público académico la situación
actual: «Todo estado tiene un momento. Inicialmente
habíamos creído que era posible la construcción del estado mediante
mecanismos dialógicos y de hecho seguimos apostando a ello, pero
la lógica de la razón y de la historia me hacen pensar que más
bien se habrá de llegar a un momento de tensionamiento de fuerzas,
a un punto de bifurcación». Y cerraba: «En el caso de Bolivia
ese momento está más cerca de lo que parece» (LTC
21/11).
En el colegio militar de Sucre.
Con la amenaza del
MAS de sesionar en Oruro si la oposición no bajaba los
decibeles en sus reclamos, se propuso la reunión en un
liceo militar o cuartel, cosa que por su apariencia dictatorial
fue descartado y porque constitucionalmente está
prohibido. Sin embargo, la directiva de la Asamblea
convocó a sesiones en un colegio militar de las afueras
de Sucre en día sábado. La justificación fue que desde
mediados de agosto fracasaron los nueve llamados a
plenaria por el asedio de manifestantes al espacio oficial,
el teatro Gran Mariscal. En el transcurso de unas jornadas
violentas -dos días de enfrentamientos callejeros, 3
muertos (por perforación con plomo) y 100 heridos-
los asambleístas del MAS aprobaron «en grande», con
136 votos y 2 abstenciones, el nuevo texto de la Constitución
Política del Estado (CPE). En sus 408 artículos y
13 disposiciones[[Los fragmentos publicados son extraoficiales aún.]] adicionales al texto, consagra el derecho
de los 36 pueblos originarios de Bolivia[[El mayor pueblo originario de Bolivia es el quechua, con 2,6
millones de personas que viven en los valles centrales. El
pueblo aimara cuenta con 1,5 millones de personas instaladas
en el altiplano andino. Las demás etnias -tupi guaraníes, chiquitanos, mojeños, chapacos, vallunos, yuracarés, chipayas,
muratos, etc- suman 100 mil personas. Resta decir que en el
último censo de 2001 de los casi 9 millones de habitantes
(hoy ya casi 10) que tiene el país, dos tercios se identificaban
con alguna de las 36 etnias originarias.]] a «que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus
idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados,
respetados y promocionados».
La orientación hacia los derechos de los originarios
está desde el comienzo, en el artículo 1, que defina a
Bolivia como «Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional
Comunitario, libre, autonómico y descentralizado, independiente,
soberano, democrático e intercultural», que se funda «en la
pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y
lingüístico, dentro del proceso integrador del país».
Como limite al proyecto autonómico de la oposición,
la CPE dice: «Las naciones y pueblos indígenas en aislamiento y
no contactados gozan del derecho a mantenerse en esa condición y
a la delimitación y consolidación legal del territorio que les corresponda».
Sobre estos territorios prima «la gestión territorial
indígena autónoma y el uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos
naturales renovables existentes en sus territorios» (LTC
27/11). La CPE también garantiza la participación proporcional
de «estas naciones originarias» en lo que será
la futura cámara única, la Asamblea Legislativa Plurinacional,
según reza lo aprobado en la sesión.
Los enfrentamientos. Campesinos e Indígenas
vs Universitarios. La dirigencia obrera se
distancia
Al tiempo que se trababa el proceso de la Constituyente,
los campesinos, indígenas y representantes de organizaciones
sociales de Bolivia afines al gobierno juraban
ofrendar sus vidas para defender la Asamblea. En
una cumbre social realizada en Sucre, el secretario ejecutivo
de la Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Adolfo Chávez,
advertía: «Desenvainaremos el arco y la flecha y
arremeteremos contra quien se cruce en el camino y busque frenar
la Asamblea» (LTC 11/9). De aquí en más, las vigilias y
movilizaciones campesinas se multiplicaron, aunque no
así su número, que promedió las 10 mil voluntades concientes.
El mes de noviembre se inició con enfrentamientos
callejeros y con voces que caracterizaban la situación y
el devenir. El vicepresidente Linera advertía una modificación
radical de la propiedad privada, proponiendo
como respuesta a la oposición: «Este boicot libera a la mayoría
para que en los siguientes días, en las siguientes semanas,
pueda tomar decisiones aún más radicales en cuanto a democracia
y distribución de la riqueza. Y estas minorías intransigentes, las
que hoy boicotean la Asamblea Constituyente, no tienen autoridad
moral para reclamar a la mayoría escenarios de encuentro,
porque fue la minoría la que bloqueó el escenario del encuentro»
(LTC 7/11). A esto, la pregunta del ex presidente boliviano
y líder de la oposición Podemos, Jorge Quiroga,
mostró sus limitaciones analíticas: ¿Van a empezar a tomar casas, van a quitar vehículos, qué es lo que van a hacer?
(LTC 7/11).
Al día siguiente, el Vicepresidente depositaba nuevamente
(ver Análisis»¦Nº87) en los movimientos sociales
la defensa del camino hacia el cambio que se proyecta
en la Asamblea: «Si tenemos sindicatos y federaciones que se repliegan
a la vida cotidiana, ya no habrá continuación del proceso,
lo que habrá es una sustentación del proceso, pero no así un incremento
o un enriquecimiento del proceso, eso dependerá de la
movilización de las personas» (LTC 12/11). De esta manera
le respondía también a la actitud de la Confederación
Obrera Boliviana (COB), que en los días anteriores
había rechazado la propuesta del Ejecutivo de conformar
una alianza «estratégica táctico política» entre indígenas
y trabajadores. El ministro de Trabajo Walter
Delgadillo aseguró que esta propuesta será igualmente
implementada: «Nuestra convicción es que el proyecto político
que lleva adelante el presidente Morales converge con la COB desde
una perspectiva indígena. Lo que estamos pidiendo es que en
esta matriz indígena se incorpore la clase trabajadora». Por su
lado, la COB -que en una Cumbre de trabajadores dio
por muerta a la Asamblea, «porque fue un fracaso, porque fue
instalada bajo el juego de los politiqueros y porque las organizaciones
sociales no están insertas» (LTC 3/10)-, en el auge del
conflicto aclaraba que no hace alianzas con partidos políticos.
Su secretario de Seguridad Social, Sócimo Paniagua,
explicaba en referencia al pliego único, que el gobierno
aún no respondió a sus reivindicaciones: «No
puede haber una alianza o acuerdo entre partes con alguien que
no cumple», mientras ampliaba la distancia: «No todos somos
indígenas yo me considero mestizo» (LTC 9/11).
En cambio, al llamado de Linera, la Csutcb respondió
incondicionalmente y se instaló en la periferia del foro.
En tanto, dirigentes del Consejo Nacional de Markas y
Ayllus de Qullasuyu (Conamaq) y organizaciones alteñas
decían que un 60% de la población apoyaría la propuesta.
Pero Elías Quelca Mamani, miembro de la
siempre crítica Federación de Juntas Vecinales del Alto
(Fejuve) y concejal de esa ciudad, condicionó ese apoyo
a la radicalidad de la propuesta del gobierno en lo que
hace a propiedad y riqueza, «no como ocurrió con la falsa nacionalización
de hidrocarburos» (LTC 8/11). La Conamaq,
en la voz de su Apu Malku, Quelca Mamani, también
condicionó su apoyo, sólo si las estrategias de lucha giran
en torno a la restitución de las tierras comunitarias
de origen.
En los días que siguieron, el movimiento campesino
se fortalecía al establecer una alianza con el Ejército del
estado y ser reconocidos como «guardianes del cambio
por Bolivia». El director de Planificación del Ejército,
Roberto Siles, se atajaba a posibles críticas: «Es inconcebible
que no pueda existir una reunión real entre el ejército y su
pueblo, para que exista un desarrollo armónico y cohesionado, reafirmando
la unidad nacional que debe partir de la verdadera integración
con el pueblo, que proteja al Estado y a los recursos naturales»
(LTC 12/11).
Los que de armónicos tienen poco.
Las fisuras en la unidad la anunciaba meses antes el presidente interino del comité Pro Santa Cruz, Luis Nuñes, quien -con
la Asamblea aún sin sesionar- decía: «El mandato del cabildo
de diciembre es claro. Nos vamos a declarar en una región
autonómica bajo los principios del mandato y la legalidad que tomó
el pueblo. Lo haremos les guste o no y aunque nos traten de
separatistas o sediciosos. El pueblo sabe que con este sistema queremos
la unidad del pueblo de Bolivia» (LTC 12/9). Un mes
más tarde el ejército intervino la infraestructura aérea y
desalojó la Administración Desconcentrada de Aeropuertos
y Servicios Auxiliares a la Navegación, el motivo
fue que las fuerzas cívicas del Departamento se resistían
en estas dependencias, tomadas luego de que el
Poder Ejecutivo Nacional prohibiera el cobro de un
impuesto «regional» a las empresas internacionales de
aviación.
Por otro lado, los enfrentamientos mostraban la vinculación
de las fuerzas de Santa Cruz y de toda la «media
luna» con el Comité Cívico de Chuquisaca, fundamentalmente
expresada en la acción de sus bases: el
hostigamiento a las movilizaciones por la reanudación
de la Asamblea, llevado a cabo por los universitarios de
Chuquisaca.
Las palabras del ministro de Gobierno Alfredo Rada
decían de ellos: «Hay una especie de asedio que se está ejerciendo
para interrumpir la Constituyente. Se detectó que hay jóvenes
enardecidos con armas de fuego y dinamita» (LTC 25/11).
Luego de los incidentes que causaron perdidas humanas,
estos manifestantes saquearon y quemaron las instalaciones
policiales, incendiaron también numerosos
vehículos, hecho que produjo la retirada de las fuerzas
de la ciudad de Sucre. Estas acciones son semejantes a
las que viene realizando históricamente la Unión Juvenil
Cruceñista5, que recientemente se enfrentó con campesinos
de Punata (Cochabamba) en la disputa por la propiedad
de un espacio territorial. Allí falleció un campesino
y otro se encuentra desaparecido.
Profundizar la lucha frente a la CPE.
Indignados con el fallecimiento de las 3 personas -entre las que se
ha identificado a Gonzalo Carrazana, abogado, 29 años
e integrante del «bando opositor al gobierno»-, los prefectos
de 6 de los 9 Departamentos llamaron a «paro
cívico con manifestaciones». Santa Cruz, Beni, Pando,
Tarija, Cochabamba, Chuquisaca, suman el 80% de la
economía del país, cuentan con el 58% de los habitantes
y suman dos tercios del territorio. En esta jornada
anunciaron desconocer la nueva Constitución Política
del Estado, exigieron la Capitalidad Plena para Sucre y
se pronunciaron también contra el recorte de las rentas
petroleras regionales. Este último reclamo remite a la
ley aprobada por el Congreso, que habilita un bono para
la vejez (26 dólares mensuales a mayores de 65 años),
5 Formado el 7 de octubre de 1957, el grupo fue conformado
por estudiantes universitarios que salieron a las calles a luchar
contra el gobierno del MNR, que pretendía desconocer la Ley
Bush, del 15 de Julio de 1938, referida al porcentaje de las regalías.
Su fundador, Carlos Valverde Barbery, los invita a redefinir
su postura al verlos participar en actos de desestabilización.
(LTC 8/10)
resultante de un Impuesto Directo a los Hidrocarburos
que usufructúan los departamentos. En la misma sesión,
el MAS aprobó -junto a diputados suplentes de la oposición- la reforma a la Ley de Convocatoria a la Asamblea. Así la habilitó a sesionar en cualquier espacio territorial
de Bolivia. Los diputados titulares no pudieron
entrar por el cerco campesino.
El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, el
empresario Branco Marinkovic, denunció al Primer
Mandatario de incentivar la confrontación con esta medidas
y arriesgó: «Bolivia sabe que el gobierno de Morales se ha
alejado de la democracia» (LTC 28/11).
El Primer Mandatario
«Quiero aprovechar esta oportunidad para convocar y ratificar la
convocatoria a los prefectos y al sector productivo y empresarial»
(«¦) «Somos de la cultura del diálogo y hemos convocado a los
prefectos al diálogo» (LTC 29/12).
Morales contestaba así al presidente de la Confederación
de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Roberto
Mustafá, que días antes mostraba su preocupación
por la aprobación por mayoría simple de la CPE. También
se quejaba de no contar ésta con las propuestas
económicas que la Confederación acercó a la Asamblea:
«Planteamos un proyecto de inclusión en base a producción, pero
ellos quieren un mandato con ideologías fuertes» (LTC 24/11).
Sin oír, los prefectos por su parte se fueron a Washington,
allí los gobernadores de Santa Cruz, Rubén
Costas; Tarija, Mario Cossío; Cochabamba, Manfred
Reyes Villa; y Beni, Ernesto Suárez, denunciaron ante la
Organización de Estados Americanos (OEA,) los
«atropellos» a la democracia cometidos por Morales y
su partido en la Asamblea Constituyente y el Congreso.
También pidieron a este organismo una misión mediadora.
Los gobernadores opositores, al cierre de esta edición
planteaban entrevistarse con autoridades del Departamento
de Estado norteamericano y viajar hacia
Nueva York para hacer las mismas denuncias ante la
ONU.
Un mes antes el presidente decía: «Ellos han formado
una alianza con el embajador de Estados Unidos en Bolivia y con
paramilitares colombianos que utilizan suelo boliviano, con el
propósito de terminar con el gobierno que lucha por la igualdad, la
solidaridad y por el bienestar de todos los bolivianos» (LTC
5/11). Al caracterizar el viaje, y enviar una contracomitiva,
el mandatario insistió en que el objetivo de los prefectos
ya no es el tema de la renta a la vejez ni la Constitución,
sino que él deje su cargo. Como demostración
de fuerza, días antes a este decir ordenaba iniciar la expropiación
de 180 mil hectáreas de tierra para entregarlas
a los indígenas guaraníes del sur de Bolivia.
Al cierre de esta edición, el mandatario jugaba una
carta arriesgada, ultimando la presentación de un proyecto
de ley para la revocatoria de los mandatos de presidente
y de los nueve gobernadores si obtienen un voto
menos que en las elecciones celebradas en diciembre de
2005: «Si el pueblo dice ‘se va Evo’, no tengo ningún problema,
soy más demócrata. El pueblo dirá quiénes se van y quiénes se
quedan para garantizar este proceso de cambio» (LTC 6/12).