Derechos Humanos en Tucumán
Reproducimos aquí una serie de artículos que abordan los siguientes temas: el conflicto en el Instituto de Menores General Roca por abusos y maltrato a los jóvenes; Bussi y los pedidos de juicio oral y público; Alperovich reforma el Código Procesal Penal de Tucumán; Defensores de genocidas reivindican la teoría de los dos demonios.
Instituto Gral Roca: menores en conflicto con la ley penal
Abuso en el suministro de psicofármacos no autorizados, múltiples denuncias por maltratos y golpes del personal carcelario a los niños internados, la muerte del joven Ariel Llano, presunto autor de un delito, y la reciente información de cuatro adolescentes con quemaduras en todo su cuerpo, producto de un incendio, según afirman las autoridades, accidental. Todo esto ha dejado en evidencia las graves irregularidades que sufren los niños y adolescentes en conflicto con la ley penal alojados en el Instituto de menores General Roca, que depende del Ministerio de Políticas Sociales. Y que ni siquiera el recambio de autoridades ha logrado disimular.
La compleja problemática de los menores que cometen delitos es algo que preocupa en gran medida a una sociedad que vela por su propia seguridad, pero sin embargo esto no parece «quitarles el sueño» a los verdaderos encargados de garantizar y tutelar nuestro bienestar, el estado; quien sólo se encarga de efectuar medidas apresuradas, poco evaluadas y sobre todo de garantía dudosa y discordante con la actual realidad que esta situación demanda, disposiciones que en la practica quedan obsoletas.
Según la abogada y, además, coordinadota de la línea de defensa de Derechos Humanos de ANDHES (Abogados y Abogadas por los derechos Humanos y Estudios Sociales) Valentina Garcia Salemi «Cuando un joven comete un delito, para poder ser investigado y luego juzgado debe tener entre 16 y 18 años, por esta razón los menores de 16 se transforman en inimputables para la ley penal. Sin embargo en el Instituto Roca conviven los dos grupos. Además, en cuanto a la privación de la libertad, la convención de los derechos humanos del niño, es clara diciendo que esta debe tomarse como una medida extrema».
En Tucumán esta excepción, que es que el estado te quite tu libertad, se ha convertido en una regla; lo que deja transparentar la falta de control por parte del mismo de como afrontar esta problemática. «Ya que esto que en los adultos supone un trastorno psicológico terrible, sobre todo por la desproporción entre el delito cometido y lo que sucede adentro de una unidad penitenciaria, situación que en los niños debe ser manejada con mayor cuidado debido a que se encuentran en una etapa de desarrollo y formación, lo que hace necesario otro tipo de tratamiento y de abordaje desde el estado. Como por ejemplo procesos o medidas alternativas que tengan un carácter menos represivo que la idea de estar preso» Agrego la doctora.
La causa por la cual se encuentra imputada la psiquiatra Susana Viale Hansen, ex directora del centro de menores, esta a punto de dictar sentencia. En esta se la acusa de la implementación de medicamentos para tratamientos esquizofrénicos, en los niños y niñas internados en el Roca, que se suministra de forma indiscriminada y compulsiva con fines disciplinarios. «Se daban hasta dosis de seis veces por días, algunos padres se encontraban preocupados al ver que sus hijos pesaban 20 kilos mas de cuando entraron, se dormían y otros inclusos se hacían sus necesidades sin control de esfínteres». Le comentaron los padres a la abogada encargada de la investigación en ANDHES.
A pesar d las repetitivas denuncias por parte de las organizaciones, de los padres de los niños detenidos, incluso de los mismos detenidos; el año pasado murió el adolescente Ariel Llanos a causa de una infección generalizada, se supo después de la autopsia, que fue producto de una fuerte baja de las defensas en su organismo. Ariel duro tres meses en la institución, había entrado en Junio y en Agosto del mismo año se produjo el terrible desenlace.
En Ariel este tratamiento fue fatal. «A raíz de esto ANDHES presento un Habeas Corpus Colectivo Correctivo por todos los chicos internados en ese lugar, que tenia explicitas las nefastas condiciones de alojamiento, la falta de personal capacitado y ,el punto mas importante, el uso compulsivo de medicamentos, que de estar en condiciones normales estos chicos, necesitan un control estricto por parte de profesionales médicos». En la actualidad la cantidad de denuncias, ya sea por maltrato o por sobre medicación en el Instituto general Roca, llegan casi a la decena, y aun se sigue esperando que se dicte sentencia. «Con ANDHES detectamos que el estado no tiene una política publica que aborde la problemática de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, que sea respetuosa de la Constitución y de los Tratados Internacionales de Derechos humanos, tales como la Convención de los Derechos del Niño. Es así que ordenamos desde nuestro lugar como organización de DD.HH, al Poder Ejecutivo abrir espacios de discusión con distintos actores que hacen a esta enigmática situación, para encontrar respuestas mas adecuadas y armónicas con respecto a los derechos de los chicos». Dijo la abogada.
Aunque la sentencia seria un avance importante para comenzar a marcar el territorio y hacer justicia desde las organizaciones, revertir cabalmente este tipo de anomalías en las instituciones estatales, demanda un proceso arduo y un tanto más estructurado con una fuerte participación de los poderes del estado. Sobre todo, debido a que se trata de un problema de características mucho más sociales y culturales, que judiciales.
Tratar de modificar la situación actual de estos jóvenes es algo que definitivamente no se lograra sin la toma de conciencia por parte tanto del estado como así también de la misma sociedad, ya que este tipo de medidas aplicada sobre los niños y niñas, se encuentran muy lejos de re-socializar y que pasan a transformarse en un encierro con consecuencias de trastornos psicofísicos y la acumulación de un desprecio generalizado por la sociedad que lo condeno, todo esto naciente de un individuo menor, castigado, victima de una estado que prefiere abandonarlo, golpearlo y doparlo antes de enfrentarlo cara a cara, por lo menos, para empezar a desentrañar la problemática desde las causas.
Bussi y los pedidos de juicio oral y público
Mientras espera de la resolución sobre el pedido de elevación a juicio oral y público por causas de delitos de lesa humanidad, aprovechándose de los privilegios que la justicia le otorga, Bussi descansa en un Country de Yerba Buena.
Desde hace más de cuatro meses, pesa sobre el genocida Antonio Domingo Bussi el pedido de elevación a juicio oral y público efectuado por el Fiscal Federal N°1, Emilio Ferrer al Juez Federal subrogante N°1 Daniel Bejas, por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, torturas, tratos crueles e inhumanos, desaparición de personas y asociación ilícita, en el marco del delito de genocidio.
El requerimiento fue presentado por el Fiscal el día 17 de septiembre de 2007 ante el Juzgado Federal, pero todavía no fue resuelto, ya que existen recursos pendientes que esperan respuesta desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo el Juez Bejas podría aprobar el pedido aún con estos recursos sin resolver, lo que se evalúa en estos momentos en el juzgado.
El pedido de elevación a juicio oral presentado, tiene como base la causa que investiga los hechos en perjuicio del ex Senador justicialista, Guillermo Vargas Aignasse, quien fue detenido en su domicilio por un grupo de personas armadas y encapuchadas, que se identificaron como oficiales de la Policía Federal, a las 3.30 de la mañana del día 24 de marzo de 1976. Más tarde fue conducido a la Brigada de Investigaciones. Fue visto por última vez caminando por los pasillos del penal Villa Urquiza, en calidad de detenido por orden militar, en estado incomunicado. Se encontraba maniatado y presentaba muestras de haber sido sometido a tratos inhumanos y torturas. Algunos días después autoridades del Ejército le comunicaron a María Cárdenas, esposa del ex Senador, que su marido había sido secuestrado durante un traslado. Este hecho, por supuesto, nunca fue demostrado.
En 1976 Bussi cumplía funciones como Comandante de la Quinta Brigada de Infantería del Ejército en Tucumán y como responsable de la subzona 32, que comprendía las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy. Fue en la madrugada del 24 de marzo cuando Bussi impartió numerosas ordenes de detención, entre las cuales se encontraba la de Vargas Aignasse por ser considerada persona «peligrosa» para el régimen militar.
Por esta misma causa fue citado a declarar hace más de cuatro años por el ex Juez Federal Jorge Parache. El 15 de octubre de 2003 luego de escuchar las imputaciones en su contra y negarse a declarar, fue procesado con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad. Luego se sucedieron numerosas denuncias en contra del genocida, que hoy es investigado junto a otros represores como Luciano Menendez, Alberto Cattáneo y Mario Alberto Zimmermann.
En las últimas semanas, se conoció que la causa en la que se investiga la intervención de militares argentinos en el denominado «Plan Cóndor», fue elevada a Juicio Oral y Público por el juez federal Sergio Torres, tras ocho años de investigación. En la nómina aparecen algunos represores de la última dictadura militar como Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, Antonio Domingo Bussi, entre otros.
A todos se les imputa delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del acuerdo entre dictaduras de los países de Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia y Argentina que con asesoramiento desde Estados Unidos, coordinaron la sistematización de la represión con el fin de desarticular las organizaciones políticas opositoras, e imponer el modelo neoliberal en toda la región, dejando un saldo en nuestro país de 30 mil desaparecidos y dando inicio a décadas de saqueo y empobrecimiento de un gran sector de la población Latinoamericana.
Los organismos de derechos humanos piden a fiscales y jueces que apuren los procesos de las 600 causas reactivadas por delitos de lesa humanidad. Exigen que los genocidas sean enviados a cárceles comunes por la gravedad de sus delitos, ya que hoy la mayoría goza de prisión domiciliaria (que no cumplen), Febres se «suicida» en su cárcel VIP, Bussi descansa en un Country de Yerba Buena, privilegio concedido por la Cámara Federal de Tucumán, para citar sólo algunos casos.
REFORMA DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE TUCUMÁN
Esquivando charcos: Alperovich no busca solucionar la violencia. La reforma del código procesal penal de Tucumán que se aprobó hace unas semanas, modifico 7 artículos con presuntas intenciones del gobierno de brindar mayor seguridad al pueblo tucumano.
Entre los cambios que se hicieron se busca que los jueces estén obligados a dictar prisión preventiva a los responsables de delitos como hurto o robo simple en la vía pública, que son el caso de la mechera y el moto arrebatador, entre otros, y la tenencia ilegal de armas de fuego, que sin estas modificaciones eran considerados delitos excarcelables.
«Le guste a quien le guste, vamos a trabajar fuerte para que el delincuente este preso, por que hay que defender a los buena gente, y no a la mala gente, sino esto seguirá igual». Esta parece ser una frase sacada de una de esas películas de súper héroes o del mismísimo Robin Hood, pero no, esto lo dijo nuestro gobernador José Alperovich, que se encuentra muy lejos del lema «salvador y justo» de estos personajes, discurso que pronuncio frente a los medios y a los ojos de cientos de tucumanos expectante por poder salir a pasear tranquilos.
Analicemos entonces, que es «mala gente»: «La problemática de una política de seguridad, hoy en democracia, va claramente por otro lado y requiere de otro tipo de de acciones, no meramente legales y mucho menos restrictivas de derecho como esta. Lo único que va a lograr esto es meter más gente a Villa Urquiza. Vamos a seguir criando monstruos» Afirmo la abogada Valentina Garcia Salemi, especialista en derechos humanos de la fundación ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste en Derechos Humanos y Estudios Sociales).
Entonces se encerraría «mala gente» en las cárceles para convertirlos en futuros monstruos que cuando terminen de cumplir condena saldrán con una sed de venganza hacia su sociedad, tremenda. Esta es la solución que propone Alperovich para disminuir la inseguridad. Sin lugar a dudas, esto deviene absolutamente en irrazonable.
«Se trata de un castigo desproporcionad, respecto a lo que real mente sucede en una unidad penitenciaria, además de las condiciones en las que estas se encuentran. Esta reforma contradice principios penales claros del Derecho Penal antes vigente, como lo del principio de libertad y el principio de presunción de inocencia. Este tipo de medidas están prohibidas, además de los tratados internacionales, a los que la Argentina adhiere» Manifestó, con indignación Valentina Garcia Salemi.
En contra del código se han pronunciado distintas entidades como ser: el Colegio de Abogados de Tucumán, ANDHES, la Federación Argentina del Colegio de Abogados, distintas organizaciones de Tucumán, sectores expertos en Derecho Penal de Tucumán, jueces, el Circulo de Magistrado, entre otras. Sin embargo se siguió adelante, y el 14 de este mes se puso en vigencia.
Esto deja claro una política de absoluto desinterés por los derechos humanos y la libertad de las personas por parte del gobierno provincial, que no respeta en absoluto los estatutos supremos, que minimamente debería respetar.
«A estas alturas lo único que se puede hacer es litigar la ley o bien apelar a que la legislatura la derogue. Se debe plantear la inconstitucionalidad. Quienes estamos defendiendo los Derechos Humanos, no solo desde organizaciones sino individualmente, en el día a día, comencemos cada uno desde el rol que nos compete a tomar conciencia que esto, así no va para ningún lado. Esto es algo que requiere un accionar conjunto y superador» explicó la encargada de derechos humanos de ANDHES.
Ahora realmente vamos a empezar a visualizar claramente las consecuencias de un gobierno que se niega a resolver un problema de fondo, que es la violencia en si misma, y que tan solo una de sus fases es la violencia delictual. Esto llevaría intrínseco una fuerte participación desde todos los sectores de la sociedad, y no solo desde el área penal, algo que parece no importar a los que actualmente se encargan de manejar el poder.
Defensores de genocidas reivindican la teoría de los dos demonios
Hace unos meses, en un intento casi desesperado de instalar la teoría de los dos demonios, el Fiscal General de Rosario, Claudio Palacín, presentó un dictámen en el que calificaba de delitos de lesa humanidad a los crímenes perpetuados por el ERP en los ’70.
La causa, archivada desde el año 1975, investiga los crímenes de secuestro y posterior asesinato del coronel Argentino del Valle Larrabue, presuntamente realizados por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). El pedido de apertura, efectuado por el hijo de la víctima, al juez subrogante Germán Sutter Schneider motivó a este a darle intervención al Fiscal General Claudio Palacín.
El dictamen fue ampliamente criticado por Organismos de Derechos Humanos, ya que el mismo solo busca legitimar y reinstalar la teoría de los dos demonios, en la cual se trata de comparar los actos de violencia y terrorismo perpetrados por las Fuerzas Armadas desde el aparato del estado con el accionar de organizaciones armadas, omitiendo que desde el estado, los represores ejecutaron un plan sistemático que terminó por aniquilar una generación que buscó construir un proyecto de país cuestionando de fondo las estructuras del sistema capitalista.
Con fundamentos jurídicamente estériles, y algunas irregularidades en su introducción en la causa, el dictamen vislumbró su final cuando el procurador general de la Nación, Esteban Righi, instruyó a todos los fiscales para que sólo consideren delitos de lesa humanidad los cometidos por grupos con la aceptación del Estado o desde el mismo.
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