Entre el resurgimiento y las nuevas formas de construcción sindical
Los cuatro años del gobierno de Néstor Kirchner se vieron atravesados por modificaciones en las prácticas sindicales. De la mano del crecimiento del empleo y una recomposición del salario, comenzaron a gestarse nuevas formas de organización y acción sindical. Las mismas pueden leerse como elementos útiles para comprender la crisis del modelo sindical argentino y, al mismo tiempo, las potencialidades y limitaciones de estas formas germinales.
Junto con el crecimiento de la economía durante el gobierno de Néstor Kirchner se dio un proceso de creación de nuevos puestos de trabajo que, aunque en su mayoría fueron precarios y en negro, recompuso el mapa de la clase trabajadora. En los últimos años, la atomización y segmentación entre sectores de trabajadores es producto tanto de la diferencia en ritmos de producción y polifuncionalidad, como del incremento de la modalidad de pasantías, tercerización y diversas variantes de contratos flexibilizados.
Pero también a raíz de este proceso, la porción de trabajadores que están en blanco comenzó a perder el miedo a quedar desocupados y a reclamar aumentos salariales. En el período 2003- 2007 se advierte una presión desde abajo hacia un cambio en las condiciones de trabajo y por una recuperación salarial, lo que ha generado no pocos conflictos entre trabajadores y direcciones sindicales. Consultado por ANRed, el abogado laboralista, integrante del Taller de Estudios Laborales (TEL), Guillermo Pérez Crespo, señala que este impulso desde la base, «ha generado en algunas actividades, numerosos acuerdos colectivos impulsados por comisiones gremiales y aplicables únicamente a sus respectivas empresas».
La reaparición del «clasismo» y la situación de las centrales
Frente a los progresivos reclamos salariales, y la evidente presión ejercida «desde las bases» a las conducciones sindicales, los medios masivos como Clarín llegaron a afirmar que el Gobierno temía no poder controlar a estos activistas que toman independencia de las cúpulas gremiales y llevan las negociaciones «consultando todo» con las asambleas.
«Si algo parece signar el contenido central del conflicto social en la nueva etapa, eso parece ser la cada vez más profunda crisis del modelo sindical argentino. Pero a diferencia de etapas anteriores, el terreno de confrontación no estaría tanto -por lo menos por el momento- en la pelea por recuperar los sindicatos o construir sindicatos alternativos, sino en la construcción de ciertos espacios de autonomía alrededor de representaciones sindicales de base. En los últimos años han ido apareciendo comisiones gremiales internas que intentan recuperar el protagonismo del período que va de los años cincuenta a mediados de los setenta. Esto viene generando una cada vez más fuerte reacción tanto desde las direcciones sindicales afectadas como desde las mismas empresas, acompañada desde el Ministerio de Trabajo, aunque -por ahora- con algunas limitaciones», sostiene Pérez Crespo.
La proliferación de luchas protagonizadas por comisiones internas y cuerpos de delegados en sectores como los telefónicos, subterráneo, docentes, petroleros, del neumático, y estatales con un pico de alzas en el 2005 – 2006 se tradujo en una alentadora formación de distintas corrientes de tipo «clasistas».
Una de ellas, que logró aglutinar a varios grupos de trabajadores de base, aunque sin posibilidades de constituirse como tercera central, es el llamado Movimiento Intersindical Clasista. Este movimiento político- sindical y otros más ligados a partidos de izquierda, se distinguen de las burocracias -que identifica al obrero con el pobre que debe ser protegido, conducido y tutelado- porque consideran a la clase trabajadora como sujeto principal en la construcción de una sociedad de nuevo tipo, con un horizonte en la socialización de la producción.
Estas corrientes se diferencian marcadamente de la línea impulsada por el Secretario General de la CGT, Hugo Moyano -y aún más del sector de «los gordos» de Luis Barrionuevo- basada en el economicismo con respecto a la movilización obrera, articulando el poder sindical dentro de los marcos del sistema y no como poder de clase.
También hay diferencias de construcción y proyecto con respecto a la conducción de la CTA, tanto de Víctor De Gennaro como de Hugo Yasky, en cuanto estos impulsan un proyecto nacional con mayor distribución de la riqueza manteniendo el status quo de la propiedad privada aunque, a diferencia de la CGT, la CTA permite espacios de construcción de base y la creación de nuevos sindicatos. En este sentido, el poder de la Central depende de lo que el actual gobierno decida hacer con la autorización de la personería gremial tan esperada.
Si bien durante el mandato de Kirchner la personería quedó en promesa, la posición de la CTA con respecto a éste, osciló entre el acompañamiento y la crítica moderada, aún en los períodos de mayor conflicto como el que se desató tras el asesinato del docente neuquino Carlos Fuentealba, posiblemente con el fin de evitar un enfrentamiento que perjudicara el aval oficial. Finalizado el gobierno del santacruceño puede apreciarse el fracaso de esa estrategia. Por los discursos expresados durante la asunción de Cristina Fernández, parece que la cuestión de la personería será dejada en manos de las mismas fuerzas gremiales. «No he venido para convertirme en parte de una interna sindical», dijo la mandataria sin dar demasiadas certezas.
Los protagonistas de los principales conflictos en el período, comenzaron a sufrir la respuesta ofensiva tanto privada como estatal. Sumado a la ausencia de formación y experiencia -la mayoría son activistas jóvenes-, los procesos de ruptura propios de la inmadurez en el campo popular, la cooptación de delegados mediante la paga de grandes sumas dinerarias, la represión policial y judicialización de la protesta, durante el último período se agregó el ingrediente de aplicación de la violencia.
Desde algunas organizaciones sindicales se advierte la recurrencia cada vez mayor a la agresión física, con la reaparición de patotas conformadas en varios casos por grupos de barrabravas. Una vez más esta reacción de algunas direcciones sindicales responde claramente a las directrices trazadas por los grupos empresarios con el fin de disciplinar a los empleados más organizados. Sólo para ejemplificar se puede mencionar algunos de los múltiples casos donde se hicieron presentes los grupos de choque empresario-sindicales. Un caso emblemático por la repercusión mediática que tuvo fue la agresión que los trabajadores del Casino Buenos Aires sufrieron -por segunda vez- por una patota del sindicato de los Marítimos (SOMU) que los embistió cuando comenzaban a pelear por la reducción de la jornada y que volverían a escena tiempo después. Otros casos sucedidos sólo en el 2007 fueron las agresiones soportadas por los empleados del Programa de la Niñez de la Ciudad de Buenos Aires en manos de Sutecba, los trabajadores portuarios, del Hospital Francés, del Diario Perfil y de Aluar.[1]
Los desafíos que deberán enfrentar los trabajadores
Desde el punto de vista político, de acuerdo a los primeros indicios, la gestión de Cristina Fernández será una virtual continuidad de lo realizado por su marido y antecesor, Néstor Kirchner, pero para los trabajadores que pretenden una independencia del gobierno, ahora se encuentran ante el agravante de la fuerte legitimidad social que el matrimonio ha obtenido, también entre sectores trabajadores. Esta legitimidad, sin embargo, tiene fisuras. Por un lado, el aval electoral del que carecía su esposo, que llegó al poder con menos de un cuarto de los votos, no fue menos esquivo con ella. El caudal de votos fue bajo en términos reales (uno de los más bajos de las reelecciones) y en términos comparativos, teniendo en cuenta el nivel de abstención y un enfrentamiento con una oposición completamente fragmentada. Por el otro, los principales actores que sustentaron al primer gobierno kirchnerista comienzan a mostrar fisuras: ambas centrales sindicales, cada una por sus motivos, comenzaron a dar cuenta del desgaste de la relación. Si, como puede apreciarse, se termina de consolidar el giro hacia el gran empresariado, su verdadero aval, los sectores menos referenciados con este sector que conforman el arco kirchnerista posiblemente se vean obligados a marcar posiciones más claras.
Al interior de la clase trabajadora, si bien el clasismo reapareció en la escena nacional luego de décadas de estar adormilado, aún sigue siendo un proceso marginal. Las grandes mayorías trabajadoras tienen un consenso, en general pasivo, con respecto a las burocracias, con respecto a la conducción de los sindicatos y sus condiciones de trabajo.
Otro gran problema reside, y de acuerdo a lo expresado por Guillermo Pérez Crespo, en que el poder político, en esta etapa de reacomodamiento post crisis, «no se caracteriza por respetar los límites más elementales de la propia juridicidad estatal. Si los episodios de Las Heras marcaron probablemente un punto de inflexión, el accionar del Ministerio de Trabajo en el conflicto de las cooperativas fileteras en Mar del Plata o en el del Casino de Buenos Aires, negándose en forma abierta a aplicar la ley, y de las fuerzas de seguridad reprimiendo a los trabajadores que no pedían más que eso, constituyen una señal fuerte de las dificultades a enfrentar en esta etapa».
Según Pérez Crespo, la crisis político – sindical cala más hondo que ciertos augurios más optimistas: «Desde el lado mismo de los trabajadores, el aislamiento de los conflictos parece ser parte de un reflujo de características no lineales y cuyo alcance es difícil de prever. Parecería que se está ante el agotamiento de un modelo de respuesta gremial desde los lugares de trabajo, que tuvo cierto éxito desde el 2000 hasta ahora, y no se encuentra la forma de poder saldar positivamente la experiencia a través de un salto organizativo hacia delante».
En el último año y a raíz del mismo aislamiento que impuso el gobierno, se abrió un debate hacia dentro de las corrientes combativas y clasistas. El mismo, trata sobre qué márgenes de acción permite el régimen cuando las luchas gremiales no cuentan con una relación al menos «de tire y afloje» con las burocracias y estructuras gubernamentales. Es decir, cuánto puede sobrevivir un reclamo sin la negociación con los agentes del sistema y sobre todo, sin la confluencia en un amplio frente de alianzas entre las distintas organizaciones de los trabajadores y los sectores populares.
La justicia y los trabajadores
El abogado especialista en la defensa de los trabajadores e integrante del Taller de Estudios Laborales, Guillermo Pérez Crespo, señaló el proceso realizado por los poderes Judicial y Legislativo durante el período anterior 2003/ 2007 con respecto a los derechos que protege a los trabajadores como al sector empresarial.
– ¿Cómo falló la justicia en casos de persecución y discriminación sindical?
En lo que hace a la persecución/discriminación de militantes sindicales, se viene consolidando una corriente judicial que declara la nulidad del despido discriminatorio y ordena la reinstalación del trabajador discriminado. Se han multiplicado fallos en ese sentido, tanto en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo como en algunos tribunales provinciales, aunque el fenómeno todavía es demasiado reciente para apreciar su real dimensión.
¿Cuál fue la tendencia general de los fallos judiciales en las causas donde se enfrentan trabajadores y empresas durante el período 2003 / 2007?
En estos cuatro años se generó un proceso de cambio profundo en los fallos judiciales que guarda relación directa con la presión social de la crisis del 2001/2002. Esa presión se sintió en pronunciamientos judiciales y se vió reforzada por el cambio en la integración de la Corte Suprema y por el mayor margen de acción para algunos jueces con capacidad y voluntad de búsqueda de un derecho más social y confrontador con el poder económico.
Los fallos de la Corte Vizzoti, Aquino y Madorrán, entre varios otros de no menor importancia, marcaron una posición diametralmente opuesta con la tendencia anterior, reivindicando la defensa de derechos humanos y sociales esenciales y la aplicabilidad en el orden local de principios y normas fundamentales de derecho internacional. Todo eso influyó también en muchos jueces y permitió la aparición de sentencias más progresistas en muchos temas (accidentes de trabajo, responsabilidad empresaria en caso de tercerizaciones fraudulentas, topes indemnizatorios en los despidos, etc.).
Sin embargo, en el último año se advierte en la justicia el reacomodamiento de los sectores de poder, tanto en fallos que intentan el desalojo de empresas recuperadas como en la sentencia dictada hace pocos meses por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en el caso Zavaglia, donde se califica de ilícita una huelga llevada adelante en forma directa por los trabajadores sin convocatoria de la organización sindical.
En lo que hace a las leyes laborales, el proceso es más contradictorio: se sancionaron leyes que dejaron sin efecto algunas de las reformas más retrógradas de los noventa, pero también consolidaron otros aspectos negativos. Tal es el caso de la ley 25.877, que derogó la desprestigiada «Ley Banelco» y a la vez presenta algunos puntos negativos en derecho colectivo, como por ejemplo su decreto reglamentario 272/06 con graves restricciones al derecho de huelga. O la ley de reforma del régimen de jubilación privada, que limita algunos abusos del mismo pero a la vez lo consolida. El intento del diputado y jefe de asesores de la CGT, Héctor Recalde de sancionar algunas leyes laborales que recuperan derechos expropiados a los trabajadores en las últimas décadas no pudo pasar de temas menores.
Nota relacionada:
1] Dos días después de la publicación de este artículo una patota de [la UTA atacó al Cuerpo de Delegados del subterráneo cuando estaban por anunciar medidas de fuerza en el marco del reclamo del pago de una suma extra de aguinaldo. A su vez, también sufrieron agresiones los trabajadores despedidos de la autopartista Dana y los del casino volvieron a sufrir amenazas por sindicatos cómplices de la patronal.