¿Juicio y castigo?
A cuatro años de la anulación de las leyes de Impunidad, una de las banderas que enarboló la gestión de Néstor Kirchner, sólo tres de los más de 300 represores procesados cumplen condena. La metodología judicial aplicada no permite vislumbrar la magnitud del exterminio cometido durante la última dictadura militar. Tampoco se asegura la protección a los testigos, como lo deja en evidencia la desaparición hace ya quince meses de Jorge Julio López.
Una de las primeras decisiones de Néstor Kirchner al asumir la presidencia de la Argentina fue avanzar hacia anulación de las leyes que consagraban la impunidad de los genocidas. Sin embargo, pasaron los cuatro años de gestión y sólo pesan condenas sobre Miguel Osvaldo Etchecolatz, Christian Federico Von Wernich y Julio Simón. A lo que se suma que en ninguna de las tres condenas se los juzgó como genocidas así como que son sólo 339, tal como informó Página/12, los represores procesados por los 30 000 detenidos-desaparecidos.
En 2006, el Turco Julián fue condenado a 25 años por el secuestro y las torturas de José Poblete y Gertrudis Hlaczik y el ocultamiento de su hija. En medio del proceso judicial, se agolparon las denuncias sobre el proceder del Tribunal (el mismo que hoy enjuicia al ex prefecto Héctor Antonio Febres) y del ministerio público. «El Fiscal Raúl Perotti que intervino en el juicio a Simón está acusado de ser parte de la estructura represiva de la subzona 114 del primer cuerpo del Ejército, de presenciar torturas, interrogar chicos de trece años tratando de que acusen a sus docentes. En representación del Estado, pidió 24 años y seis meses para Simón considerando como atenuantes que tiene 63 años, tres hijos»¦ ¡y no presenta antecedentes penales!», sostuvo en ese entonces Myriam Bregman, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).
Por el proceso que llevó a Simón al banquillo de los acusados, la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD) denunció: «La causa Poblete fue iniciada en 1998. La sentencia se dictó en 2006. 8 años. 30.000 compañeros desaparecidos. Ocho años por cada juicio. 240.000 años». Claro está, la Justicia no parece avanzar con pie firme hacia el enjuiciamiento de los genocidas, aunque Kirchner no se haya cansado durante su gestión de lanzar embates contra su lentitud. Como sostuvo Bregman, «está en poder del Presidente la posibilidad de «instruir a los fiscales», a través del procurador kirchnerista Esteban Righi, para que eso que denuncia no ocurra».
Tiempo después llegaron los juicios en los Tribunales de La Plata. El primer turno le tocó a Miguel Osvaldo Etchecolatz, ex comisario general de Policía de la provincia de Buenos Aires y mano derecha del jefe de la Policía Bonaerense, general Ramón Camps. Los jueces encabezados por Carlos Rozanski lo condenaron a prisión perpetua, pena a cumplirse en una cárcel común, por los delitos cometidos en el marco de un genocidio. Fue la primera vez en que la Justicia argentina reconoció el plan sistemático de exterminio perpetrado durante la última dictadura militar. Sin embargo, el fallo histórico fue embargado por el secuestro de Jorge Julio López, aún desaparecido (Ver próximo apartado).
A principios de octubre de este año, el mismo Tribunal condenó al ex capellán de la Policía Bonaerense a la misma pena que a Etchecolatz. Días después, comenzó el proceso contra el ex prefecto Héctor Antonio Febres. El ex prefecto sólo está siendo enjuiciado por cuatro casos de tormentos, imputación- al menos- irrisoria dado que por ese campo de concentración pasaron más de cinco mil detenidos-desaparecidos.
«Esta metodología, confrontada con el discurso oficial en materia de Derechos Humanos, ha revelado desde hace bastante tiempo, la existencia de un discurso vacío por parte de todos los poderes, judicial, legislativo y ejecutivo. En apariencia, se pretende dar este discurso de vocación por la justicia, y paralelamente se mantiene intacta la maquinaria que reproduce impunidad, la burocracia judicial, su escasa independencia, la permanencia en las fuerzas de seguridad y en otros ámbitos de la estructura represiva, funcional y cómplice a la falta de esclarecimiento de la desaparición forzada de nuestro compañero Jorge Julio López», explicó a ANRed Elea Peliche, abogada de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD).
Los escasos juicios a los genocidas que se han llevado adelante, siguieron procedimientos comunes tendientes a la revictimización de quienes fueron víctimas del Terrorismo de Estado. «Esto hace que los sobrevivientes tengamos que contar una y otra vez su historia, reviviéndola. Reviviendo el secuestro, la tortura, la capucha, el traslado de los compañeros, los asesinatos. Y en la mayoría de los casos reviviéndolos como testigos, para demostrar por enésima vez que el compañero estuvo en el centro clandestino de detención. Digo como testigo, porque muy posiblemente no es uno de los tres «afortunados» por el que se lo juzgue al genocida. El sobreviviente, revive su historia una y muchas veces, sabiendo que al genocida no se lo va a castigar por su «caso». Por eso decimos que esta forma de juicios revictimiza a las víctimas, ya que al no ser condenado el genocida por su rol con respecto al secuestrado en el CCD, vuelve a quedar impune y el sobreviviente solo, con su historia, frente a esa impunidad», ahonda Enrique Fukman, integrante de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos.
Como vinieron denunciando varios organismos de Derechos Humanos, llevar una y otra vez a los sobrevivientes a narrar su cautiverio es una nueva forma de padecimiento a la que la Justicia parece no atender. Pero juzgar a un solo genocida por un puñado de casos atenta directamente contra el reconocimiento de que en la Argentina existió un genocidio. Tal como expresó la abogada Liliana Mazea de la Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA) en los alegatos contra Febres: «Las víctimas no están buscando sólo un reconocimiento judicial de condena a los represores, sino sobre todo, un reconocimiento jurídico a los hechos sucedidos en el país. Las condenas y las penas son aleatorias y efímeras, más teniendo en cuenta la edad de muchos de los procesados y también la de varios de los sobrevivientes. Es por ello que el reconocimiento judicial de Genocidio por parte de la Justicia argentina permitirá a toda la sociedad no sólo prevenir, rearticularse y solidarizarse con hechos que como en la presente causa ofenden a toda la humanidad, sino que también posibilitará la resistencia firme a cualquier intento de inclusión de estas prácticas».
Por su parte, Adriana Calvo resumió: «Si unimos la impunidad de los secuestradores de Julio López con esta forma de llevar adelante los juicios, nos morimos todos antes de que se juzgue a un cinco por ciento de los milicos. Demuestra que hay alguien detrás que está pensando en que los juicios se terminen». Pero, a pesar de las condiciones de inseguridad en las que los testigos son llamados a los tribunales y de esa forma de impartir justicia a cuentagotas, la resistencia sigue intacta. «Pero, de este lado estamos nosotros, los que creemos que la justicia es imprescindible para el hoy y no es una cuestión del pasado».
Julio López, desaparecido durante el Gobierno de los Derechos Humanos
Néstor Kirchner asumió el 25 de mayo de 2003, desde ese día se proclamó como «hijo de las Madres de Plaza de Mayo» y como el «presidente de los Derechos Humanos». Sin embargo, es el primer gobierno en el que hay un ex detenido-desaparecido vuelto a desaparecer.
«La desaparición de Julio es producto de un secuestro de características netamente políticas, como en la dictadura, de mensaje político para el conjunto de la sociedad. Constituyó una de las primeras grandes crisis de este gobierno que se asentó en un discurso sobre Derechos Humanos para contraponerlo con los infames años menemistas. Este secuestro vino a develar, de la forma más terrible, lo vacío ese discurso, y a demostrar que la impunidad sigue vigente en la Argentina», sentenció Myriam Bregman.
La desaparición de López, las innumerables amenazas a Nilda Eloy, el secuestro de Felisa Marilaf dejan en evidencia que los testigos en los juicios contra los represores no cuentan con la protección necesaria. De hecho, Marilaf estaba bajo la protección aportada desde el Estado y fue interceptada y subida a un auto. «Aquello que daría más protección y seguridad a cualquiera de los testigos es aquello que no se hace», había dicho meses atrás Nilda Eloy a ANRed. Además, había agregado que lo lógico sería que quienes brinden su testimonio en juicios vinculados al genocidio en la Argentina recibieran la custodia de una fuerza «mientras en ella no existieran efectivos que deberían estar en la cárcel».
Tanto desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires como desde el nacional se denunció reiteradamente la presencia de «vestigios» de la dictadura dentro de las fuerza de seguridad. Se conocieron cifras, se habló de más de nueve mil efectivos bonaerenses que sirvieron en la dictadura que aún continúan en actividad. Sin embargo, sólo fueron denuncias. «Kirchner dice cosas que son verdad y no hace nada para resolverlas siendo el presidente de la Nación», sostiene Adriana Calvo.
«Estamos convencidos que estos grupos actuaron en la desaparición del compañero; ahora, una cosa es lo que puede opinar cualquiera de nosotros y otra cosa es lo que diga el gobierno, único responsable a más de cuatro años de gobierno de que esta situación se mantenga. Sólo en la policía de la Provincia de Buenos Aires hay 9026 policías de la dictadura, de los cuales 3102 actuaron entre 1976 y 1978, período en el que, como reconoció el ministro León Arslanián, las comisarías de la provincia actuaron como centros clandestinos de detención», señala Bregman. «Ese es el doble discurso: el presidente Kirchner se refiere a Julio como el «compañero Tito» mientras mantiene en funciones a los mismos que ya lo secuestraron en la dictadura militar; es más, a algunos de esos personajes se los pone a cargo de la investigación de esta nueva desaparición de Julio».
Por su parte, Calvo agrega: «Esto hay que unirlo con un por qué. Para ir a fondo contra los genocidas, hay que ir a fondo contra las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. Pero si hiciera eso, no podría mandar a la gendarmería a reprimir a Santa Cruz», haciendo referencia a la represión desatada en 2004 en las localidades petroleras de Caleta Olivia y Las Heras, que incluyó detenciones y procesamientos.
El uso de lo simbólico
Anular las leyes de impunidad, descolgar cuadros de los dictadores en el Colegio Militar de la Nación o entregar la ESMA al pueblo parecen hechos dirigidos a conmover pero no a cambiar. Aún cuando el 24 de marzo de 2004 Kirchner en las afueras de ese campo de concentración pidió perdón en nombre del Estado por los crímenes cometidos por el Terrorismo de Estado, esos dichos parecen destinados a evaporarse. Un ejemplo claro de esa desmemoria de la memoria oficial fue cuando en el juicio a Von Wernich, la fiscalía – en nombre del mismo Estado que en la voz de Kirchner pedía perdón- sembraba dudas sobre el destino de una desaparecida.
No sólo en estos datos se agota lo simbólico, que ciertamente fue bien empleado por Kirchner. Entregar un campo de exterminio por partes, loteando la memoria no es más que otra parcialización del genocidio. No hacer nada, no dar explicaciones y sólo mostrarse «dolido» por la desaparición de López es perpetuar el genocidio.
Al menos resulta paradójico que durante la gestión del «Presidente de los Derechos Humanos», una tarde de septiembre de 2006 haya vuelto a resonar en la Plaza de Mayo una consigna que venía de otras épocas. «Ahora, ahora, resulta indispensable: Aparición con vida y castigo a los culpables».
Un reclamo que a quince meses de la desaparición de Jorge Julio López, testigo clave para la condena del genocida Etchecolatz, se mantiene más vigente que nunca, especialmente en un nuevo aniversario del Día de los Derechos Humanos. Así como dijo Bertold Brecht: «Â¡Desaparecidos pero no olvidados!».
