¿Derechos Humanos con represión?
Si bien desde que asumió Néstor Kirchner se proclamó como el «presidente de los Derechos Humanos», fue durante su mandato en que se registró la mayor cantidad procesados por razones políticas. Los crímenes por gatillo fácil se intensificaron. Además, se sancionó un nuevo instrumento legal para la represión: la denominada ley antiterrorista.
En el transcurso del mandato kirchnerista se incrementaron los asesinatos por gatillo fácil y los casos de tortura seguida de muerte. También existieron avanzadas represivas durante las jornadas de protesta y la militarización de los lugares de trabajo. Además, a raíz de la judicialización de la protesta aumentó la cantidad de procesados y presos políticos, llegando a ser el gobierno constitucional con el mayor número de militantes detenidos.
Los integrantes de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), sostienen que «el aparato represivo no es algo conceptualmente distinto del Estado y los gobiernos que lo administran, donde una situación podría resultar inmanejable o producto de un desborde, sino que el aparato represivo es el estado», posición que interpela de un modo específico el análisis sobre este eje.
Resulta gráfica la interpretación que desarrollan los miembros de la CORREPI en relación a la metodología aplicada por el aparato estatal en el transcurso del mandato de Kirchner: «Este gobierno ejerció el control y el disciplinamiento social mediante el gatillo fácil, las torturas en cárceles y comisarías, las razzias y las detenciones arbitrarias, entre otras medidas como la saturación policial y el uso de gendarmería y prefectura para militarizar los barrios. También desarrolló la represión política, mediante el hostigamiento a las organizaciones populares, las amenazas, las persecuciones, la represión en movilizaciones, el uso de patotas gubernamentales y patronales, las causas penales y el encarcelamiento por razones políticas».
Del mismo modo, en el Informe elaborado por Alerta Argentina «Derechos Humanos en el Gobierno de Kirchner 2003 – 2004», se desarrolla el tipo de maniobra adoptada por el gobierno en su primera etapa, donde «desarrolla una política centrada en dos estrategias mayores: por un lado, en el medio de fuertes críticas dirigidas hacia las organizaciones de desocupados, levanta como bandera la decisión de no reprimir la protesta social y por el otro, esta política fue acompañada por un avance notorio de la judicialización de los conflictos, que recaía especialmente sobre los protagonistas de las protestas».
En consecuencia, la decisión del gobierno fue «olvidar los proyectos para tratar una reforma o posible derogación de los tipos penales que colisionan con las nuevas formas de protesta social (art.194 del código penal) y optar por manejarse con el código penal en la mano». A partir de aquí, la tendencia a la criminalización del reclamo toma un fuerte impulso.
La represión desatada en la Legislatura en el año 2004 puede leerse como uno de los casos que más grafican esta disposición. La aprobación de un nuevo Código Contravencional, que penalizaba la venta ambulante y la prostitución en la vía pública y exigía, para realizar una movilización u otro tipo de protesta, solicitar autorización a las autoridades como requisito obligatorio, obtuvo como respuesta el reclamo y la denuncia. Al finalizar la protesta 23 participantes fueron detenidos por personal policial de civil y sin identificación, quince de ellos fueron imputados aplicándoles la figura de delitos de daños, resistencia a la autoridad y coacción agravada.
La represión en cifras
Los datos numéricos de la realidad que se circunscriben a este terreno, demuestran el afianzamiento del ejercicio de control que se expone, claramente, en la continuidad de la judicialización y criminalización de las luchas populares, en los asesinatos que las fuerzas policiales ejecutan mientras se reclama en los cortes de ruta, en las represiones desatadas contra las y los trabajadores ocupados y desocupados en pleno ejercicio de los derechos de protesta y exigencia. Y de manera más oculta o, bien, no manifiesta en la opinión pública, se producen cotidianamente una enormidad de casos de gatillo fácil que se caracterizan por su «la función preventiva» cuyo objetivo radica en «controlar y disciplinar a los sectores pobres no organizados, sin otro criterio de selectividad que la pertenencia de clase».
Por otra parte, el aumento de estos casos encuentra relación con la proliferación del discurso sobre la necesidad de «mano dura» ante la creciente «ola de inseguridad»: «el avance de la política represiva del gobierno apareció ilustrado por la puesta en marcha del llamado Plan de Protección Integral de los Barrios, que comenzó en noviembre de 2003 con la ocupación por parte de las fuerzas de seguridad de tres grandes villas de emergencia del Conurbano Bonaerense. Esta nueva escalada de la criminalización, visible en la militarización de los barrios carenciados, naturaliza la asociación entre «pobreza» y «delito», a través de la categorización de las poblaciones pobres como «clases peligrosas,» distinguiéndolas del resto de la sociedad y señalando sus núcleos habitacionales como mera fuente del delito».
A su vez, un desarrollo minucioso que remite a las modalidades de las detenciones, deja en claro que «las muertes que se generan en las comisarías continúan siendo de personas que habían sido víctimas de arrestos policiales por averiguación de antecedentes o contravenciones y faltas. Estas facultades de las fuerzas de seguridad son claves para brindar la ocasión para la tortura», aclaran los miembros de la CORREPI. Esta modalidad de detención ejercida por las fuerzas policiales es un aspecto que resulta intrínseco a la continuidad del aparato represivo estatal: «El estado hace una defensa irrestricta de las normas que permiten a las policías detener indiscriminadamente «sospechosos», cuyo perfil siempre coincide con lo que ellos mismos describen como «morocho, joven y de barrios conflictivos».
De hecho, actualmente en la policía de la Provincia de Buenos Aires hay 9026 que participaron de la dictadura, de los cuales 3102 actuaron entre 1976 y 1978, período en el que las comisarías de la provincia funcionaban como centros clandestinos de detención.
Por otra parte, en lo que respecta a la política judicial, sus actuaciones en referencia a los casos de tortura se ocupan de alterar la esencia de la metodología represiva: «La tortura como figura legal señala con más claridad que ninguna otra, la responsabilidad institucional. Por lo tanto jueces y fiscales apelan a tipos alternativos como los apremios, las severidades o las vejaciones, todos excarcelables y que permiten poner rápidamente en la calle a los torturadores, agudizan su inventiva para caratular escandalosamente como «homicidio calificado en concurso con apremios» a casos de tormentos seguidos de muerte y mucho menos aplican la figura que alcanza a los superiores jerárquicos por la facilitación de la tortura».
Asimismo, fueron recurrentes las persecuciones a diversos militantes de organizaciones a partir de las investigaciones que determinados jueces y fiscales iniciaban. Se demostraba, en este sentido, «una clara intencionalidad de hostigar judicialmente la actividad política de sectores que continuaban manifestándose en contra del orden establecido»
Es preciso asentar, entonces, que no sólo este es el gobierno con más presos políticos desde 1983 sino que también ha dejado «847 muertos en los 54 meses de su gestión, es decir, más de 16 por mes«, datos que surgen de la investigación realizada por CORREPI, quienes a su vez detallan: «Néstor Kirchner, Aníbal Fernández, sus policías, sus prefectos, sus gendarmes y sus penitenciarios nos mataron un pibe cada 40 horas en sus cuatro años y medio de gobierno». No sólo fueron asesinatos de pibes en los barrios, sino que la represión también llegó a los trabajadores en lucha: Carlos Fuentealba fue asesinado en un corte de ruta en abril de este año.
Con rigurosa especificidad, en la investigación efectuada por la CORREPI, se establece que: «en 2003 hubo 1.508 casos de torturas, con un promedio de muertes de 12 personas por mes, en 2004, 1.684 casos manteniendo el promedio de 12 personas por mes, en 2005, 1.888 casos, con un promedio 15 casos por mes, 2006, 2.114 casos, manteniendo el promedio de 15 personas muertas por mes y a fines de 2007 se registraron 2334, con un promedio de 16 personas muertas por mes. En los últimos 12 meses se evalúan 192 muertes«.
Represión que se suma a la impunidad de los asesinos de hoy y ayer. Como ejemplo paradigmático de esta continuidad es que, a pesar de las promesas que Kirchner hizo al asumir, los responsables políticos de la masacre de Puente Pueyrredón no sólo siguen impunes sino que varios de ellos ocupan bancas y aprobaron la ley antiterrorista.
Ley antiterrorista: La represión legalizada
En junio de este año, la bancada oficialista con el apoyo de los radicales críticos y el peronismo disidente, aprobó la legislación exigida por el Grupo de acción Financiera Internacional (GAFI). Según la nueva norma una asociación terrorista será aquella «cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo». Dada la descripción de las células terroristas formulada por la ley, parece obvio que muchas organizaciones podrían contar con las características necesarias para recibir las penas previstas.
Además, la sanción de esta legislación tiene como objetivo extender el poder de represión a través de una herramienta legal que aumenta enormemente las atribuciones de las fuerzas policiales, de inteligencia, jueces y fiscales y que es lo suficientemente severa para con los que luchan y lo más abierta posible en cuanto a las acciones que puedan quedar enmarcadas como «terroristas», tal como habían denunciado desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia
Por su parte, el abogado de CORREPI Sur Sergio Smietniansky manifestó: «Queda claro que sin la ley también nos van a reprimir. Siempre nos han reprimido con ley o sin ley». Además, agregó que la introducción de estas medidas represivas es consecuencia de que «hay un pueblo que se organiza y lucha».
