El saldo del «Gobierno de los Derechos Humanos»
Durante los cuatro años de mandato de Néstor Kirchner, la represión lejos de desdibujarse, adquirió nuevas formas. Con un discurso legitimador centrado en los Derechos Humanos, se mantuvo la judicialización y criminalización de la protesta y los asesinatos por gatillo fácil. Aunque también hubo innovaciones: la re-desaparición de un ex detenido-desaparecido. Y tras la anulación de las leyes de impunidad, sólo tres genocidas fueron condenados.
Artículos que completan este informe:
¿Derechos Humanos con represión?
¿Juicio y castigo?
Uno de los aspectos más paradigmáticos que caracterizó a la gestión kirchnerista se basó, fundamentalmente, en la confección de un discurso tendiente a enarbolar la decisión de que finalmente los Derechos Humanos iban a comenzar a tenerse en cuenta. Para hacer detonar esta faceta, fue necesario planificar aquellas tácticas que resultarían imprescindibles para impedir que se diga lo contrario sobre esta política. Y tal es así que logró arrimar a sus tarimas no sólo a una parte importante de los organismos que históricamente defendieron los derechos humanos sino también a distintas fracciones del campo popular.
La anulación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el acto en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), entre otros, fueron hechos que impidieron observar en profundidad la política estatal implantada. Los anuncios del aparato kirchnerista, se fueron expandiendo como políticas de tinte «progresista» que tuvieron como uno de sus objetivos velar una realidad represiva que, durante los cuatro años, se iba incrementando día a día. Realidad que toma carácter legal, con la aprobación de la Ley Antiterrorista. Así, las posibilidades de criminalizar las protestas sociales comenzarían a afianzarse con el uso irrestricto de legislación penal. Anuladas las leyes de impunidad, aún la impunidad continúa. En cuatro años, sólo pesa condena sobre tres represores, ninguno perteneciente a las Fuerzas Armadas.
Durante la gestión de Néstor Kirchner, la funcionalidad característica de los aparatos represivos del estado, lejos de actuar a la deriva, sin previa planificación en su accionar y por fuera del sistema de control social, mantuvo su coherencia con las necesidades del gobierno de acallar o bien marginar la protesta popular. Mientras la supuesta validez encarnada en su «discurso legitimador» de los derechos humanos se iba haciendo de la fragmentación, obteniendo consenso y apoyo gubernamental, los crímenes cometidos bajo la figura de gatillo fácil y torturas seguidas de muerte, tanto en los calabozos de las comisarías, como en las calles de barrios iba acrecentándose minuto a minuto y continúa aumentando.
La continuidad del aparato represivo y su connivencia con lo que desde el oficialismo se define como «vestigios dictatoriales» tuvo como consecuencia directa la desaparición hace ya quince meses de Jorge Julio López, testigo clave contra el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz. Si bien desde el Gobierno nacional como el provincial se denunció la permanencia en las fuerzas de más de nueve mil represores que actuaron durante la última dictadura, sus nombres no fueron dados a conocer ni fueron pasados a disposición de la Justicia. Pero lo que es peor aún, quien dirige la investigación por el secuestro de López no es otra que la misma fuerza que hace años lo desapareció.