14/09/2015

La Plata 15/9 18hs: Charla-debate «Desaparecidos en democracia»

Gacetilla de Prensa:

Charla Debate – «Desaparecidos en Democracia».
Martes 15 sept. 18hs – BIM3

Invitados:
Carlos Zaidman (AEDD)
Leandro Aparicio (caso Daniel Solano)
Verónica Heredia – Gremial de Abogados (Caso Iván Torres)
Familiares y Amigos Luciano Arruga
Correpi

Convoca HIJOS La Plata

Adhiere Coordinadora Antirrepresiva Zona Sur en el ENA

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A 9 AÑOS DE LA SEGUNDA DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LOPEZ INVITAMOS A DEBATIR SOBRE ESTA COMPLEJA PROBLEMÁTICA QUE NOS PLANTEA LA REPRESIÓN DE ESTADO.

EN LA ACTIVIDAD PRESENTAREMOS UN BOLETÍN CON DATOS ESTADÍSTICOS Y ANÁLISIS DE LOS MÁS DE 2010 CASOS DE DESAPARICIÓN FORZADA EN DEMOCRACIA .

DESAPARECIDOS EN DEMOCRACIA
UNA CONSTANTE EN EL PAÍS DE LOS 30 MIL

Desde el caso del joven de 23 años Néstor ‘Lito’ Gutiérrez, detenido por la Policía de Neuquén en diciembre de 1984 y cuyo cadáver apareció golpeado en las aguas del río Limay; hasta el reciente caso de Ismael Sosa, de 24 años, que detenido por la policía en el ingreso a un recital en la ciudad cordobesa de Villa Rumipal apareció dos semanas después en las aguas del Embalse Río Tercero, podemos afirmar que se han producido en Argentina al menos 210 casos de desaparición forzada de personas entre 1984 y 2015.

La desaparición forzada es un crimen de Estado, y puede definirse como la privación de libertad, legal o ilegal, cometida por agentes del Estado, o por particulares a los que la institución ha prestado su apoyo o aquiescencia y se niega a informar o reconocer esa privación de libertad.

La continuidad de la práctica de desaparecer personas tras detenerlas de parte de las fuerzas de seguridad de Argentina se comprueba con el dato de que en 30 de los últimos 32 años de democracia se han producido este tipo de casos, o bien podría decirse que no registramos casos sólo en los años 1985 y 1987.

Digno de su «Maldita Policía” que nunca dejó de actuar, la provincia de Buenos Aires registra más de un 70% de los casos. Los picos represivos en materia de desaparición forzada han sido en los años 1994 (17 casos), 2001 a 2003, 2006 y 2009 (13 casos en cada año) y 1997 (12 casos). Y pese a la continuidad de los gobiernos constitucionales, tantas veces defendida como garantía suficiente del respeto a la vida y la libertad ambulatoria, la protección frente a las detenciones arbitrarias y las torturas, con los años los casos han seguido creciendo.

Varios son los «casos testigo”, en los que el desprecio por la vida, la selectividad represiva, la desidia investigativa y el funcionamiento de las fuerzas de seguridad como una corporación encubridora son el eje conductor.

En casos como los de Andrés Nuñez, Miguel Bru e Iván Torres, la pretendida denuncia de un delito menor se convirtió en secuestro, seguido de torturas en sede policial y ocultamiento del cuerpo para encubrir los hechos anteriores. En otra modalidad típica, como los casos de Daniel Solano y Mario Golemba, la detención arbitraria y la eliminación de las víctimas se realizó por agentes del Estado en combinación con grupos económicos sobre conocidos referentes de organización sindical de base que luchaban contra situaciones de explotación laboral.

En casos como los de Luciano Arruga y Jonathan «Kiki” Lezcano, la persecución previa de la policía da paso a las detenciones, que se suceden en torturas, homicidio y ocultamiento del cuerpo ”blanqueándolo” en el sistema formal de Hospitales, Morgues y Cementerios con la complicidad de toda la estructura estatal de gestión de la muerte. Si bien puede señalarse a un actor básico como ejecutor, la práctica de la desaparición forzada no es exclusiva de los agentes de policías provinciales o federales, como lo muestra el caso de Sergio Ávalos, donde la detención fue practicada en un sitio de diversión nocturna por su sistema de seguridad, que contaba con 40 integrantes del Ejército que realizaban adicionales.

Pero quizás el hecho que marca a fuego esta práctica perversa, y que une 40 años de continuidades del aparato de poder organizado para reprimir, es la segunda desaparición forzada de Jorge Julio Lopez, porque se trata de un sobreviviente del Genocidio expuesto como testigo en una causa de lesa humanidad que dio inicio al proceso de juzgamiento de los crímenes del Terror de Estado con renovada impunidad. Definen el caso el señalamiento de las organizaciones de DDHH a la propia Policía Bonaerense, el silencio del gobierno al respecto, pese a la gravedad material y simbólica que presenta, y la apertura de una nueva categoría: el ex detenido desaparecido en dictadura, aparecido y vuelto a desaparecer en democracia.

Si en momentos de alto desarrollo de la conciencia popular y su las luchas sociales la desaparición forzada se utilizaba especialmente como método de represión política de los oponentes, hoy vemos que los altos niveles de desigualdad y la continuidad de prácticas de control social hacen que las víctimas afectadas sean en su mayoría jóvenes pobres, con instrucción básica y sin empleo formal, que habitan las barriadas populares y son el «enemigo” creado en todas las políticas de gestión del delito.

Pero ese giro represivo no es más que la puesta en funcionamiento de una amplia contradicción del sistema jurídico argentino que, exigiéndole a un juez o a un fiscal que funde razonablemente en hechos y en derecho el pedido de detención de una persona, le otorga a las fuerzas de seguridad, sin dar fundamento alguno, la posibilidad de detener por varias horas a quien se le ocurra. El secreto mejor guardado del Estado de Derech@ es el sistema de detenciones arbitrarias, que responde a la necesidad de que el aparato represivo, cuente con herramientas eficaces que le permitan actuar discrecionalmente en el ejercicio del control social. Las faltas o contravenciones, y la detención de personas para averiguar sus antecedentes, dan la oportunidad para la extorsión y la recaudación de dineros ilegales, y son la antesala de la tortura y la muerte en comisarías, con el único fundamento real de la necesidad institucional de ejercer el control social a través del aparato de seguridad.

HIJOS LA PLATA «“ Septiembre 2015



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