06/12/2013

Sobre el acuartelamiento policial y los saqueos en Córdoba

Reproducimos:

Córdoba es la provincia con más policías por cantidad de habitantes del país, un/a policía cada 200 habitantes. Cada año se realizan más de 70mil detenciones arbitrarias, sin defensa ni intervención judicial; 200 detenciones por día, una persona detenida cada 15 minutos por Código de Faltas. Las torturas en comisarías, el gatillo fácil en los barrios populares y la integración total de las mafias del narcotráfico y la trata de personas con el aparato represivo del Estado pintan de cuerpo entero el Estado Policial que rige nuestras vidas.

Los quince años de gobierno encabezados por el Partido Justicialista provincial, bajo la conducción de José Manuel De La Sota, se han construido sobre la premisa de que la seguridad, la justicia y los derechos de la población se asientan, de modo excluyente, sobre el accionar represivo de las fuerzas policiales. Consenso y represión se saturan en la política del gobierno delasotista, articulada sobre la segregación social, material y simbólica, de los sectores más humildes y precarizados de la clase trabajadora.

El auto-acuartelamiento de prácticamente la totalidad de lxs agentes policiales de la Provincia el día martes 3 de Diciembre, presentando como un reclamo salarial aislado, se desarrolla en el escenario de una importante deslegitimación de la Policía de la Provincia, a partir del «narco-escándalo”, y una crisis de gobernabilidad sin precedentes en el largo periodo del delasotismo en el poder. Es llamativo que el auto-acuartelamiento se realizó en ausencia del Gobernador de la Provincia – que se encontraba fuera del país – y fuera de un marco de discusión salarial general. No es creíble que el gobierno y la cúpula policial desconocieran este desenlace, con la magnitud y el alcance de la medida en el conjunto de la Policía.

En la noche del martes, se sucedieron, con particular intensidad en la Ciudad de Córdoba, saqueos en distintos barrios. Los medios de comunicación desviaron el eje de análisis de la medida policial hacia los saqueos, poniendo énfasis en que no se robaban alimentos, para sostener que no se trataba de un emergente de una crisis social general, sino actos de vandalismo injustificados.

Es necesario cuestionar el discurso difundido desde los grandes medios según el cual si no se saquean alimentos, sino otro tipo de bienes, como electrodomésticos, la motivación no es la pobreza ni el hambre. Esta es una visión ingenua que no comprende algo elemental de nuestra sociedad: un televisor o una heladera tienen mucho más valor que un paquete de arroz. Se pueden vender o canjear para saldar las carencias a las que gran parte de la población está sometida por falta de respuestas estructurales a problemas sociales como el acceso a la vivienda, la salud, la educación y el trabajo digno. Tampoco se puede quitar del foco de análisis la enorme distancia entre los modelos de vida hegemónicos, que cifran la felicidad en el consumo y la posesión de todo tipo de cosas, y las condiciones de vida reales de la mayor parte de la población, que hacen imposible cualquier forma legal de acceder a ese estilo de vida que se nos impone.

Si no se analizan esos elementos, si no se entiende a los problemas como sociales y colectivos, y de profunda raíz, la conclusión a la que llega el discurso hegemónico y el sentido común moldeado por éste es que el «vandalismo» se debe a una presunta costumbre o predisposición genética a la vagancia: lxs pobres roban porque quieren, reduciendolo a una cuestión de voluntades individuales, disociadas de la problemática social más general. Está claro cuál es la solución, si ése es el problema: represión y disciplinamiento social (cuando no el aniquilamiento directo). Que es precisamente la política que ha llevado adelante este gobierno. La lectura predominante sobre los saqueos fortalecen así la conducción gubernamental del delasotismo, su visión de la problemática social, y sus políticas represivas.

Años de consenso social sobre la política represiva del gobierno delasotista se hicieron carne en la reacción de distintos sectores de la sociedad. Linchamientos de vecinxs contra supuestxs ladrones, por andar en moto y usar gorra, o por portación de rostro, se reprodujeron en distintos puntos de la ciudad. Muchas de las escenas no fueron precisamente las de una legítima autodefensa, sino las del odio de clase y racista contra los «negros”. Si todos los días la segregación social es garantizada por el control policial sobre el territorio, regulando la circulación de las personas en la ciudad de acuerdo al color de piel y el estrato social, la noche del martes el fascismo tomó cuerpo en estas acciones, que dejaron el saldo de cientxs de heridxs.

Estos acontecimientos dejan en claro que la brecha social entre ricxs y pobres, y la distancia entre el modelo de vida hegemónico y las condiciones de vida de la mayor parte de la población, sólo pueden sostenerse con la represión y el odio racista y clasista que se infunde en el pueblo.

La policía, hace algunas semanas repudiada por su vinculación con el narcotráfico, y su responsabilidad en casos de gatillo fácil, volvió a patrullar hoy la ciudad entre aplausos y la celebración de los medios de comunicación, luego de acordar un aumento salarial que ronda el 100%. Celebran la vuelta a la normalidad, es decir, a la confirmación y relegitimación del Estado Policial cordobés. Se disponen a recrudecer la represión, que ya se está haciendo sentir fuertemente en los barrios, ahora amparados por el temor de la población a una ciudad sin policías.

Los hechos de ayer, requieren una lectura adecuada de las organizaciones del campo popular y todxs quienes luchamos por una sociedad sin explotadxs ni oprimidxs. No habría que desestimar la posible planificación de los primeros saqueos (que fueron sospechosamente simultáneos y con un modus operandi similar), por parte incluso de agentes del delasotismo, que con su difusión pudieran desencadenar el resto de los acontecimientos. Pero más allá de cuáles sean las verdaderas intenciones que causaron los saqueos, son claras las intenciones que están ahora manipulando sus efectos: convencernos de que no se puede vivir sin el estado policial instaurado por este gobierno; que sin las fuerzas represivas del Estado sólo se desata el desorden y el terror; que nuestra naturaleza humana es intrinsecamente violenta e individualista. Debemos enfrentar esta visión con una fuerte intervención de nuestra parte en la escena pública, para erosionar el consenso social de De La Sota y su política de represión y muerte, y dilucidar las verdaderas fuentes del terror, la violencia y la miseria: una sociedad dividida en clases, desigual e injusta, que somete a las mayorías en beneficio de unxs pocxs.

Exigimos la renuncia inmediata del Gobernador de la Provincia De La Sota y todo su gabinete.

Advertimos el inminente recrudecimiento de la escalada represiva en la Provincia.

Exigimos la derogación del Código de Faltas.

Luchamos por Trabajo, vivienda, salud y educación para el conjunto del pueblo trabajador.


Movimiento Enrique Barros -COB La Brecha



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