Boletín de Prensa APDH: Caso Hooft, Capilla del Monte, Santiago del Estero, Chaco y San Rafael De Mendoza
Reproducimos:
> Lesa Humanidad | APDH Mar del Plata sobre el Caso Hooft
> Capilla del Monte | Apoyo a la Junta Promotora de la APDH
> APDH Santiago del Estero | Repudio a los desalojos de la comunidad Tonocoté Augajkuna
> Junta Promotora Chaco | Condena a la represión en J. J. Castelli
> APDH San Rafael | Comunicado de Prensa: entrevista en la Jefatura de Policía
Lesa Humanidad | APDH Mar del Plata sobre el Caso Hooft
Desde APDH Mar del Plata en nuestro carácter de querellantes en el juicio de responsabilidad y en la causa penal que se le sigue al Dr. Pedro Federico Cornelio Hooft transcribimos a continuación el comunicado emitido por el Ministerio Público Fiscal en relación con la causa penal en trámite.
Natalia Messineo Juan Carlos Wlasic
Presidente Secretario
Delegación APDH Mar del Plata. 25 de mayo 2865. Tel. 4514544
Frente a recientes publicaciones realizadas por diferentes medios de prensa en relación con el denominado «caso Hooft”, el Fiscal General subrogante Pablo Esteban Larriera, que interviene en la causa, y la Secretaria de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de estado, Romina Trinidad Cavallo, ofrecen la siguiente información que surge del propio proceso:
El suspendido juez correccional de Mar del Plata, Pedro Cornelio Federico Hooft, imputado por su participación en crímenes de lesa humanidad, acusa de constituir una asociación ilícita a los fiscales y jueces de la democracia que deben investigarlo por su actuación como juez de la dictadura; es decir, Hooft impone a sus acusadores cargos criminales cuando es él quien debe responder por las imputaciones que se le formulan.
La declaración indagatoria es el acto de defensa por antonomasia, pero Hooft se rehúsa a asistir, actitud que resulta cuanto menos paradójica, al tratarse de un juez que incumple reiteradamente las citaciones de otro juez. El imputado ha pedido la nulidad de su citación a prestar declaración, recusó al juez ahora actuante y finalmente, luego de presentar una supuesta grabación subrepticia al fiscal de la causa que pidió su indagatoria, denunció penalmente el pasado 15/04/2013 a la totalidad de los fiscales, al juez y al abogado querellante César Sivo por asociación ilícita, un día antes del último llamado a indagatoria.
El juez Martín Bava citó a Hooft a indagatoria tres veces entre julio de 2012 y abril de este año, pero el imputado nunca concurrió amparado por sus fueros de magistrado. Antes de que ello ocurriera seis jueces federales de la jurisdicción se excusaron de intervenir en el expediente. El primer pedido de la fiscalía para que se lo cite en calidad de imputado es del 1° de noviembre de 2011.
Además debe decirse que, después del último llamado a indagatoria que estaba previsto para el 16 de abril de 2013, el Tribunal Oral Federal de La Plata, que juzgó en Mar del Plata los crímenes en la causa Base Naval II, ordenó investigar el accionar de Hooft durante la última dictadura militar, lo cual confirma una vez más las firmes sospechas que fundan el llamado a declaración indagatoria que impulsa la fiscalía. Esta orden de investigar a Hooft se dictó luego de un juicio oral diferente llevado a cabo por jueces de la ciudad de La Plata, en forma completamente independiente de la causa que tramita en Mar del Plata.
Luego de las reiteradas ausencias de Hooft a los llamados a indagatoria, el juez Bava fijó ahora una nueva audiencia para recibirle declaración al imputado el próximo 4 de junio, orden que está vigente.
Si bien Hooft se encuentra suspendido desde el 5 de marzo pasado, Bava considera que no ha perdido los fueros, dado que el jury no ha llegado a su fin, y por esa razón no ordena su detención para que comparezca a declarar y sólo le cursa citaciones.
La Unidad Fiscal marplatense solicitó en marzo pasado al juez que dictara la prohibición de Hooft de salir del país y luego requirió que «se arbitren los medios para su comparecencia”, pero Bava rechazó esos pedidos, que fueron apelados y se encuentran a la espera de resolución en la Cámara Federal.
Las ausencias de Hooft a los llamados a indagatoria fueron notificadas por el juez a la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, por «consistir su ausencia en un manifiesto obstáculo para la prosecución de la causa”.
En cuanto a los antecedentes, de la causa, ésta fue iniciada el 6 de marzo de 2006 por una denuncia del entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. La denuncia contó con la adhesión de la Secretaría de DDHH bonaerense y de representantes de las asociaciones de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y de familiares de víctimas y la agrupación HIJOS.
Hooft está imputado por su participación en 17 casos con víctimas de homicidios, desapariciones, torturas y privaciones ilegales de la libertad, entre los delitos más graves, perpetrados entre el 6 y el 13 de julio de 1977, en el marco del episodio conocido como «La Noche de las Corbatas».
Para la fiscalía, esos delitos no hubiesen podido perpetrarse, o al menos no hubiesen contado con la garantía de impunidad posterior, sin el aporte esencial prestado por el juez Hooft, quien tramitando los hábeas corpus presentados en beneficio de las víctimas y las causas en las que debieron investigarse las privaciones ilegales de la libertad y los homicidios de algunas de ellas, proporcionó adecuada cobertura judicial a los autores de tales hechos, evitando a la vez que los sucesos fueran investigados en los estrados competentes.
La calidad y la cantidad de las infracciones cometidas por Hooft permite inferir a la fiscalía que no se trata de meros errores en la gestión judicial sino de tolerancia y/o colaboración con las prácticas del aparato represivo del Estado.
Los miembros de la Fuerzas Armadas y de seguridad, pero principalmente las autoridades de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601, a cargo de la Subzona Militar 15, contaron con una garantía de impunidad que les brindó Hooft.
Al momento en que se sucedieron los hechos conocidos como «la Noche de las Corbatas”, Hooft era el juez de turno en el departamento judicial de Mar del Plata y, en ese carácter, rechazó los hábeas corpus presentados en favor de Jorge Candeloro, Marta García de Candeloro, Norberto Centeno, Hugo Alais, Camilo Ricci, Tomás Fresneda, Mercedes Argañaraz de Fresneda, Carlos Bozzi y Salvador Arestín. Puntualmente en el caso de Candeloro y en el de Centeno el rechazo de hábeas corpus se produjo cuando aún estaba pendiente la respuesta de las autoridades de la Subzona militar N° 15 en relación con esas víctimas.
Por otro lado, en el caso de Centeno, Alais, el matrimonio Fresneda, Bozzi y Arestín, el juez Hooft tramitó además las causas en las que debieron investigarse sus privaciones ilegítimas de la libertad, pero en todos los casos se omitieron todas las medidas de instrucción que podrían haber resultado útiles para el esclarecimiento de los hechos. Tampoco Hooft declinó la competencia a favor del fuero federal y, transcurrido un mes y medio de los hechos, remitió las causas a la Subzona Militar N° 15 por entender que se relacionaban con casos de supuesto origen subversivo. Es decir que envió los expedientes para su investigación a la fuerza armada que había secuestrado y tenía bajo su órbita de poder a las víctimas, lo cual ya fue acreditado en dos juicios orales.
Es importante poner de resalto que a la fecha de la remisión de los expedientes a las autoridades militares los abogados estaban aún con vida sometidos a condiciones inhumanas de detención en el CCD denominado «La Cueva”. Todas esas causas desaparecieron sin que hasta hoy haya podido obtenerse información acerca de su destino.
A ello se agrega que, en relación puntual con la detención ilegal de Ricci, Hooft se comprometió a efectuar gestiones personales y el letrado fue liberado al día siguiente, lo cual demuestra sus aceitados contactos con las estructuras del Ejército que intervenían en la represión ilegal.
Capilla del Monte | Apoyo a la Junta Promotora de la APDH
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos declara su firme apoyo a la tarea que lleva adelante nuestra Junta Promotora de Capilla del Monte, Provincia de Córdoba, en el acompañamiento y defensa de la familia del joven Agustín Emiliano Costa, de 15 años, que debió ser hospitalizado debido a una golpiza propinada por efectivos policiales, según denuncia de su papá Hugo Costa, en tanto la policía asegura que se trató de una pelea al interior de un boliche de dicha localidad, que se reiteró a la salida. Reclamamos conjuntamente con la Dra. Liliana Fontán de nuestra Junta Promotora, que se investiguen los hechos y se sancione a los culpables.
Firmamos por la Mesa Directiva.
Miguel Monserrat Obispo Aldo Etchegoyen
Co-presidentes
Dr. Ernesto Moreau Lic. Inés Izaguirre Dr. Horacio Ravenna
Lic. Elina Aguiar Susana Pérez Gallart Dr. Rubén Efron
Co-vicepresidentes
Bella E. de Friszman Secretaria Coordinadora
Mesa Directiva
Buenos Aires, 27 de mayo de 2013
Santiago del Estero | Repudio a los desalojos de la comunidad Tonocoté Augajkuna
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Delegación Santiago del Estero repudiamos públicamente los violentos desalojos que están teniendo lugar en la zona norte de la ciudad capital de Santiago del Estero por orden del Juez Tarchini Saavedra, que afecta directamente el territorio de la comunidad indígena Tonocoté Augajkuna, violando las leyes y convenios generales y específicos entre la Nación y la Provincia para la ejecución del Relevamiento de Tierras Indigenas (Ley 26.160) que establece la suspensión de todo acto cuyo fin sea el desalojo de tierras en posesión actual, pública y tradicional de una comunidad indígena.
También viola el Convenio 169 de la OIT, los principios sustentados en la declaracion de Naciones Unidas de derechos de los pueblos indigenas y las cláusulas constitucionales relativas a las comunidades originarias como sujetos de derecho y en proteccion de la propiedad comunitaria de las mismas.
Es por ello que alertamos a las autoridades provinciales y nacionales de los hechos y solicitamos enérgicamente se solucione el conflicto en el marco del diálogo y de los derechos que asisten constitucional e internacionalmente a las comunidades originarias.
Nos solidarizamos con la lucha de los compañeros que se encuentran resistiendo en el territorio, y exigimos a las fuerzas de seguridad abandonar prácticas violentas que no se condicen con lo que debería ser el rol de las fuerzas de seguridad de un Estado de Derecho.
Delegación APDH Santiago del Estero
Santiago del Estero, 24 de mayo de 2013
Junta Promotora Chaco | Condena a la represión en J. J. Castelli
La Junta Promotora de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, delegación Chaco, ante los hechos que han tomado público conocimiento acaecidos en la Ciudad de Juan José Castelli, nos sentimos llamados a pronunciarnos públicamente.
La verdadera construcción de un Estado de Derecho implica principal y prioritariamente el apego sin condicionantes de los Derechos Humanos, siendo el verdadero fin por el que el Estado existe. Sin una función de tutela de los derechos, ¿Qué queda del Estado?
La violencia es confrontación directa con los proyectos de vida digna del hombre y la mujer, y el Estado no puede bajo ninguna circunstancia ejercerla legítimamente de la forma que hemos visto y oído, se ha llevado adelante.
Vemos como profunda preocupación la existencia de un espiral de violencia estructural en las comunidades del Chaco profundo, producto de la acumulación de derechos negados y de una cultura del racismo la que se ve fortalecida con estas medidas violentas.
Tenemos por cierto que el desalojo violento por parte de las fuerzas de seguridad del Estado fue acto de represión de la protesta social de organizaciones sociales campesinas, criollas e indígenas.
Expresamos nuestra solidaridad con los familiares de detenidos y heridos miembros de las fuerzas de seguridad, vecinos, militantes sociales, miembros de las comunidades indígenas y campesinas de la zona.
Condenamos enérgicamente cualquier forma de violencia que materializa un avasallamiento a los derechos de las personas, y especialmente subrayamos la responsabilidad del Estado generando un grave precedente para la democracia y su fortalecimiento no habiendo agotado las vías de diálogo necesarias para evitar lo que finalmente ocurrió.
Creemos fuertemente en procesos de Democratización de los procesos sociales, y de ninguna manera validaremos un acto de represión como el que hemos asistido y mucho menos las decenas de detenciones producidas en el marco del operativo represivo.
No debe terminar nunca más una protesta social en una celda, sino en políticas públicas.
Exhortamos a los poderes del Estado a que se pongan al servicio del Poder Judicial el máximo de recursos disponibles para garantizar que ésta muestra de absoluta intolerancia y violencia no quede impune. Entendemos que existen daños a las cosas «“especialmente a las motos de los militantes sociales «“ y a pérdidas materiales que deben tenerse en cuenta especialmente.
Nos sentimos llamados a acompañar a la familia de Florentín Diaz, que ha fallecido, en una situación que creemos por lo menos no determinada, confiamos en el trabajo del Poder Judicial a quien se le ha encomiado llevar adelante dicha investigación, sin embargo, también queremos realzar las voces de las personas que estuvieron en el ruta, por lo que estimamos prioritario formalizar su relato y no establecer ninguna verdad absoluta hasta tener todos los elementos.
Solicitamos una garantía de no repetición por parte del Poder Ejecutivo, y el pronto diseño de políticas públicas para acabar con la matriz de odio, racismo y violencia que evidentemente subyace en nuestros pueblos.
La Junta Promotora de la APDH de la Provincia de Chaco condena enérgicamente cualquier tipo de violencia sobre la protesta social.
Junta Promotora Chaco, 24 de mayo de 2013
APDH San Rafael | Comunicado de Prensa: entrevista en la Jefatura de Policía
El Jefe Policial de la Distrital de la Zona Sur, Comisario Inspector Carlos Mugneco, recibió esta mañana a representantes de organismos de derechos Humanos de San Rafael (A.P.D.H. y L.A.D.H.) en dependencias de la Jefatura Distrital de la Zona Sur.
La entrevista de casi una hora se concedió en respuesta al pedido de audiencia realizado por los organismos humanitarios y se relaciona con la honda preocupación por «ciertos procedimientos policiales sistemáticos caracterizados por su arbitrariedad, irrazonabilidad, maltrato e inconstitucionalidad, todo ello como supuesta forma de combatir el delito».
Entre las situaciones examinadas se cuentan los miles de traslados a sede policial para la mera averiguación de antecedentes (incluyendo entre ellos a militantes políticos que distribuían volantes); la inobservancia policial de detener a ciudadanos que cuentan con el beneficio judicial de habeas coprus preventivo; y la situación del agente policial que en 2012 detuvo al periodista Sergio Miranda por el solo hecho de cubrir un accidente de tránsito protagonizado por otro agente.
Las partes resaltaron la importancia de iniciar un diálogo tendiente a transformar prácticas de violencia institucional reñidas con la legalidad y la convivencia ciudadana.
En la oportunidad APDH y la LADH, representados por Ricardo Ermili, Teresa Oliveri y el abogado Guillermo Rubio, entregaron al Jefe policial una nota para el Ministro de Seguridad de la Provincia de Mendoza, Dr. Carlos Aranda que finaliza diciendo: «le reclamamos e intimamos a que realice todos los actos a su disposición para hacer cesar estas prácticas, bajo apercibimiento de considerar que viola Ud. las obligaciones que le competen como funcionario público y radicar las correspondientes denuncias. Exhortamos al Sr. Ministro a la implementación de una política policial en consonancia con el Acuerdo para una Seguridad Democrática suscripto por representantes de la mayoría de los partidos políticos.”
Puede verse copia de la nota en este link.
San Rafael, Mendoza 24 de mayo de 2013
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