11/03/2013

La Plata 11/03 11:00hs: Protesta contra las autoridades arqueológicas de la Provincia

Difundimos:

Por Mdp Punta Querandí

 El próximo lunes 11 de marzo a las 11 de la mañana nos convocamos en la capital bonaerense para reclamar por la desprotección que cuentan los sitios sagrados indígenas en la zona norte de Gran Buenos Aires, en beneficio de los negociados inmobiliarios.

 Nos encontramos en la Plaza San Martín, Diagonal 80 y calle 50, a pocos metros de las oficinas del Centro de Registro del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico -CRAP- (Calle 50º 539).

Los funcionarios Fernando Oliva y Marián Farías Gómez están aprobando una serie de cuestionados estudios de impacto presentados por las desarrolladoras inmobiliarias, en el marco de emprendimientos sobre humedales que desde los ’90 destruyen espacios ancestrales de los pueblos originarios y violan los derechos indígenas, sociales y ambientales.

En el 2011 mantuvimos reuniones con estos funcionarios, y a fines de 2012 les acercamos nuevos documentos que fortalecen nuestros planteos, como un peritaje antropológico y la opinión de otros respetados especialistas también críticos con el rol del organismo. Lejos de llamarnos para dialogar o hacer una autocrítica, recibimos una respuesta escrita de Fernando Oliva que es una burla.

APROBACIONES CLAVES PARA LOS INTERESES INMOBILIARIOS

El viernes 15 de marzo de 2013, se realizará una audiencia en el Juzgado Civil y Comercial 9 de San Isidro, por una medida cautelar que frena obras en distintas parcelas debido a la posible destrucción de sitios sagrados de los pueblos originarios. El fallo fue dictado en septiembre de 2011 por la magistrada Delma Cabrera.

La carta ganadora de la empresa EIDICO para ‘zafar’ de la suspensión judicial son los estudios de impacto firmados por Daniel Loponte y aprobados por los funcionarios Oliva y Farías Gómez en noviembre de 2011, dos meses después de la medida judicial.

Estos funcionarios también aprobaron la campaña de rescate de Punta Querandí que significó la «entrega» del lugar al empresario Jorge O’Reilly, hecho que derivó en el campamento en defensa del predio en febrero de 2010, hace más de tres años.

NUESTRA ÚLTIMA PRESENTACIÓN

El 27 de diciembre de 2012, solicitamos al Instituto Cultural Bonaerense anular las aprobaciones de estos estudios de impacto y reevaluar la «concesión” otorgada al equipo de arqueólogos. Consideramos que dichos especialistas «no están cumpliendo con las normas nacionales, internacionales y códigos de ética de la comunidad arqueológica en lo que respecta a los derechos indígenas y de los pobladores locales”.

«Es inadmisible que los profesionales que tienen la concesión de la investigación y resguardo del patrimonio arqueológico por parte del Estado provincial [además son parte del CONICET y del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano] trabajen para los intereses de las empresas privadas y no articulen, no den participación ni brinden información», agregamos.

La respuesta de las autoridades fue la de seguir sosteniendo lo actuado por los arqueólogos y desconocer las observaciones que plantean tanto Morita Carrasco como el Decano y Arqueólogo Rafael Curtoni, del Observatorio de los Derechos Indígenas y Campesinos, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de Buenos Aires.

Como dato importante cabe destacar la apreciación de la antropóloga Carrasco: «la adopción de una decisión inadecuada puede llevar a que el Estado sea denunciado por la violación de los derechos indígenas».

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