01/12/2004

Brukman: seis trabajadores procesados por usurpación y robo.

brukman_logoweb.jpgLuego del segundo intento de desalojo, el 24 de noviembre de 2002, en el que el poder judicial no pudo expulsar a los trabajadores de la planta, seis trabajadores fueron trasladados hasta una dependencia en el barrio de Lugano y procesados bajo la carátula de «usurpación y robo». La causa entró en vigencia semanas atrás.


Anteriormente a la feroz represión que dejo a los 50 trabajadores en la calle, acampando por más de seis meses, las obreras y obreros de Brukman, habían sufrido previamente un intento de desalojo durante la madrugada del 24 de noviembre de 2002. Esa vez, la orden fue emitida desde la cámara en lo penal del Juzgado 35 a cargo del magistrado Ponce, a raíz de una causa de usurpación que Jacobo Brukman, propietario de la textil, levantó contra los trabajadores.

En esa oportunidad, policías uniformados y vestidos de civil ingresaron sorpresivamente, a la madrugada del 24, destrozando todo lo que encontraban en su camino. Mientras que la policía retiraba las computadoras y examinaba la fábrica, los seis obreros que hacían la guardia nocturna, fueron insultados y apuntados con Ithacas en la cabeza. Los trabajadores que se encontraban haciendo la guardia eran Juan Carlos Righini, Oscar Jiménez, Adolfina Pérez, Walter Gareca, Gladis Guerrero y Matilde Adorno.

Una vez que terminaron de dar vuelta la planta, romper lockers y puertas, cortar telas en retazos y demás aberraciones, los obreros fueron trasladados a una dependencia en Villa Lugano en carácter de detenidos. Cerca del mediodía fueron liberados pero no sin antes, iniciar el procesamiento de los seis trabajadores bajo la carátula de «usurpación y robo». Hoy el Juez de la causa dictó la entrada en vigencia del proceso.

Frente a esto, Luis Caro abogado de Brukman, tras el último desalojo que dejó en la calle a los trabajadores por más de seis meses, aconsejó a los seis procesados que aceptaran la aprobation, una instancia judicial que significa reconocer la culpabilidad del hecho. Bajo ese concepto, a manera de resarcimiento al «daño causado», los obreros deberían responder con un embargo de 50 mil pesos en bienes personales, además de aceptar realizar trabajos comunitarios en entidades de beneficencia que el Juzgado dictaminase.

Juan Carlos Righini manifestó a Anred que no están dispuestos a aceptar semejante hecho porque ellos no son culpables de nada. (Inclusive el abogado les aconsejó que no hicieran público el conflicto porque sería más beneficioso.) «No somos usurpadores, sino que hubo abandono de la patronal que nos entregó las llaves a los trabajadores y nunca robamos nada. Preferimos ir a juicio oral y eso vamos a hacer, antes de reconocer algo que nosotros no hicimos. Testigos nos sobran».



0 comentarios

1000/1000
Los comentarios publicados y las posibles consecuencias derivadas son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Está prohibido la publicación de comentarios discriminatorios, difamatorios, calumniosos, injuriosos o amenazantes. Está prohibida la publicación de datos personales o de contacto propios o de terceros, con o sin autorización. Está prohibida la utilización de los comentarios con fines de promoción comercial o la realización de cualquier acto lucrativo a través de los mismos. Sin perjuicio de lo indicado ANRed se reserva el derecho a publicar o remover los comentarios más allá de lo establecido por estas condiciones sin que se pueda considerar un aval de lo publicado o un acto de censura. Enviar un comentario implica la aceptación de estas condiciones.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Ir arriba