Mes a mes sin Julio

Desde la desaparición de Jorge Julio López, fueron varios los hechos represivos e intimidatorios que se han perpetrado hacia integrantes de distintas organizaciones en lucha. Así, mes a mes, se despliegan métodos que entran en contradicción con un gobierno autoproclamado defensor de los derechos humanos. Organizaciones de Derechos Humanos han venido denunciando que alberga en las instituciones de seguridad a miembros que han participado activamente en el terrorismo de estado, que mantiene en el parlamento a los responsables intelectuales de los asesinatos de Darío y Maxi y que hace votar leyes con el único fin de perseguir nada más y nada menos a los que luchan.

  Octubre de 2006

Los hermanos Ariel y María Montes fueron torturados en una comisaría de Mármol por exigir la aparición con vida de Jorge Julio López. La amenaza fue tajante: «Subversivo, terrorista, hace rato que te teníamos ganas. Si desapareció López, vos podés desaparecer».

Al cumplirse un mes del secuestro de López, un militante de la Agrupación HIJOS denuncia haber sido secuestrado y golpeado durante dos horas, al tiempo que se le exhibían fotos de compañeros de militancia para ser identificados.

  Noviembre de 2006

«Es de Policía Bonaerense, de todos los organismos represivos y de la derecha fascista que se reúne en la Plaza San Martín a reivindicar la tortura y la muerte, de donde provienen las amenazas a periodistas; las golpizas y detenciones de militantes populares como Pablo Giachello en La Plata; las torturas sufridas por María y Ariel Montes en la comisaría de Mármol; el secuestro durante varias horas de Ramiro González; los ataques y pintadas fascistas a locales de organizaciones sociales y políticas. Es allí donde deben buscar a los responsables del cadáver baleado y calcinado que apareció en el camino negro de Punta Lara y que, en un acto exhibicionista de impunidad, se dio como una información natural. El domicilio de uno de los testigos supuestamente protegidos fue violentado estando la policía custodiando la puerta.

Denunciamos también que, al amparo de este clima enrarecido, sucedieron en este tiempo hechos gravísimos que involucran al gobierno nacional, como la protección de la policía federal a la patota de Alberto Fernández que golpeo brutalmente a los trabajadores del Hospital Francés, trabajadores que hoy están procesados», resumió Memoria, Verdad y Justicia.

Además, desde el Encuentro se denunció que a pesar de haber reconocido que seguían en actividad un centenar de policías que prestaron servicios en campos de concentración, el gobierno provincial jubiló -y no exoneró- sólo a 36 de ellos.

  Diciembre de 2006

Reprimieron a los integrantes de la Multisectorial de La Plata cuando escarchaban a Rodolfo González Conti, ex Director de Seguridad de la Policía Bonaerense.
Ante un pedido de la querella en la causa por la desaparición de López que se sustancia en la justicia federal, el Ministro Arslanián informó al juez que ni más ni menos que 9.000 efectivos de la Bonaerense que se desempeñaron durante la dictadura siguen en funciones en la actualidad.
Fue secuestrado durante 48 horas Luis Gerez, testigo contra el subcomisario Luis Patti, en Escobar. Minutos antes de la aparición, el presidente Néstor Kirchner había acusado por cadena nacional a «grupos paramilitares y parapoliciales»

  Enero de 2007

«Las amenazas a luchadores, querellantes, testigos y abogados de causas contra genocidas, son hechos ante los cuales nadie puede permanecer indiferente y demuestran que el aparato represivo sigue impune. No es casual que haya sido la Bonarense, que supuestamente busca a López, la misma que días atrás cometió en la Comisaría 3ª de Los Hornos un nuevo asesinato de gatillo fácil y luego reprimió a los vecinos que se manifestaron para repudiarlo.

En su discurso por cadena nacional, el presidente Kirchner ha tenido que reconocer que existen grupos paramilitares y parapoliciales organizados, vinculados con las fuerzas regulares, que siguen actuando en busca de la impunidad y la amnistía. Es decir, aceptó tener información que el pueblo no conoce sobre hechos gravísimos. Sin embargo, luego se llamó a silencio y no anunció ninguna de las medidas necesarias y efectivas para enfrentar esa situación», sostuvieron las organizaciones nucleadas en Memoria, Verdad y Justicia.

  Febrero de 2007

Al quinto mes de la desaparición de López, el Encuentro denunció: «Mientras la senadora Cristina Fernández de Kirchner firma y publicita en París una convención contra las desapariciones, el gobierno nacional, teniendo todo el poder para hacerlo, no toma ninguna medida efectiva por la aparición con vida de Jorge Julio López. No tomarlas significa, de hecho, mantener un silencio cómplice y pactar la impunidad con esos grupos de tareas. O sea, favorecer precisamente a quienes dice enfrentar. ¡Basta de doble discurso!
Por otra parte, ante el reciente pedido de detención de Isabel Martínez de Perón y la detención de Almirón y otros integrantes de la Triple A, sostenemos la necesidad de enjuiciar y castigar a todos los responsables materiales y políticos de los crímenes cometidos por esa y otras bandas fascistas».

  Marzo de 2007

Al tiempo que el subsecretario de Derechos Humanos, Rodolfo Mattarolo, se vanagloriaba de los avances en la causa por la desaparición de López; los aprietes y amenazas se intensificaban. En los primeros días de ese mes, secuestraban Carlos Leiva, militante del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), a quien mantuvieron cautivo durante nueve horas y amenazaron con que iba a ser el segundo desaparecido.

«Cada mes es un día especial porque es un mes más en la impunidad y con Julio secuestrado. En este caso, tiene varias connotaciones específicas. Una es el secuestro y torturas que sufrió el compañero Leiva y el recrudecimiento, en general, de las amenazas y las agresiones a los militantes populares. Y otra, es la cercanía con el 31º aniversario del golpe de Estado«, explicaba Adriana Calvo a ANRed al cumplirse medio año de la desaparición del testigo clave en el juicio contra el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz.

  Abril de 2007

Se asesina a Carlos Fuentealba en una medida de lucha encabezada por los docentes neuquinos.

«Dos trabajadores, Julio albañil y Carlos docente, los dos luchadores», expresaba el documento del Encuentro Memoria Verdad y Justicia al cumplirse los siete meses sin julio.
A su vez, se dejaba claro que es la misma impunidad que actúa en el fusilamiento de Fuentealba y que desaparece a López y es el gobierno quien sigue sin dar las respuestas ante las exigencias de castigo a los responsables: «Kirchner, no toma ninguna medida efectiva por la aparición con vida de Jorge Julio López. No informa al pueblo con precisión quiénes son los grupos paramilitares y parapoliciales que denunció en sus discursos; no los investiga, ni los desmantela, ni los enjuicia», y empalman, denunciando que el gobierno «mira para otro lado cuando la sangre de Carlos Fuentealba se derrama, despliega la gendarmería, que es una fuerza nacional, la envía a militarizar las escuelas en Santa Cruz y se la ofrece a también al asesino Sobisch, es cómplice y socio en la represión a los maestros en Salta y Neuquén, encarcela y procesa a los luchadores populares».

Por otra parte, tras un escrache efectuado a un local de Sobich por parte de la organización Quebracho, se ordena la detención a dos de sus militantes, Raúl Lescano y Fernando Esteche que se suman a los más de 4000 luchadores populares procesados.

  Mayo de 2007

Ante una reacción espontánea en la Estación Constitución a raíz de las injustificadas demoras en el transporte, producto también de los negociados y la corrupción, la policía reprimió con saña a los manifestantes.

A este respecto, un documento del Encuentro Memoria Verdad y Justicia afirmaba: «Represión e impunidad no son una anomalía, un exceso. Son ambos instrumentos necesarios de la política antiobrera y antipopular de este gobierno. El presidente Kirchner vocifera sobre su supuesto carácter de demócrata. Cristina Fernández de presenta ante sus interlocutores en EEUU como inclaudicable defensora de los Derechos Humanos». En ese mismo documento de dejaba en claro que «la represión y la impunidad son la mano que acompaña indefectiblemente una política que defiende los intereses de las clases dominantes y que necesita asegurar sus negocios. Cada vez queda más al desnudo la falacia de su espíritu democrático y la realidad de la corrupción que lo atraviesa, como lo ha demostrado palmariamente el caso Skanka».

  Junio de 2007

Se generan dos secuestros:

 El hijo de ocho años de una pareja militante de la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste fue interceptado por un Falcon blanco cuando iba caminando a tomar el colectivo y obligado a ingresar al vehículo. Fue conducido a un galpón, con un arma en la nuca. Los secuestradores fueron claros en el mensaje a la madre del menor y su pareja: «Que se dejen de joder porque la próxima son boleta los cincos», en referencia al chico y sus cuatro hermanos.

 La militante ex detenida-desaparecida Felisa Marilaf, que ya había sido amenazada, fue secuestrada el 10 de junio, por la noche, en pleno centro de la ciudad de La Plata, por dos hombres armados que la encañonaron, la subieron en un Ford Scort color gris plomo la amenazaron y agredieron durante casi dos horas, recordándole su paso por La Cacha. Una vez liberada, Felisa se comunicó con el Servicio de Atención a la Víctima para pedir ayuda. Sin embargo, fueron a buscarla dos agentes de la misma Policía Bonaerense que, además, la llevaron a hacer la denuncia ni más ni menos que a la Comisaría Quinta de La Plata, uno de los más conocidos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la ciudad de La Plata y pieza central del denominado Circuito Camps.

A su vez, se sanciona la Ley Antiterrorista para legalizar aún más la represión y perseguir a los luchadores.

Por otra parte, en referencia a la causa por López, a nueve meses de su desaparición no hay un solo imputado, una sola pista firme, un solo indicio. Es así como desde los sectores que reclaman la aparición con vida se continuó dando muestras concretas de la falta de voluntad política por parte del gobierno.
Resaltan, en un documento redactado para los nueve meses, dos evidentes irregularidades que impiden el esclarecimiento:

 Inacción tanto del juez como del fiscal de la causa.

  Encubrimiento y complicidad por parte de los organismos de seguridad que dependen del Poder Ejecutivo Nacional o Provincial: la SIDE, el Servicio Penitenciario Federal, la policía Bonaerense y la Federal.

 
También, al cumplirse cinco años del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, el gobierno kirchnerista permite que continúen en sus funciones los autores intelectuales de la masacre omitiendo las cadenas de responsabilidad y encubrimientos que planificaron la represión en el Puente Pueyrredón.

  Julio de 2007

Se cumplen 13 años del atentado a la AMIA y «el gobierno se declaró impotente para esclarecer los crímenes del terrorismo de estado, tanto el de la masacre de la AMIA como los cometidos durante la dictadura. Es decir, que no manda presos ni a los responsables criminales ni a los encubridores de la llamada «conexión local» de la caudsa AMIA y promueve una acusación internacional que pone al estado argentino al sevicio de las politicas de agresión de EEUU e Israel».

  Agosto de 2007

Continúan vigentes las irregularidades del caso por la desaparición. Como se enumera en el último documento de Encuentro Memoria Verdad y Justicia:

 La no unificación de la investigación.

 La negativa al pedido de cambio de carátula que sigue siendo «averiguación de paradero», como si quedase alguna duda de su secuestro.

 Aparición de cadáveres no identificados, en el marco de operativos sin asidero, que profundizan el doble discurso. No sólo siembran falsas expectativas sobre la aparición de López, sino que jamás se brindan datos certeros sobre la identidad de los cuerpos encontrados, pese a nuestros reiterados pedidos.

 Se anunció con bombos y platillos un nuevo allanamiento al penal de Marcos Paz donde los genocidas encarcelados conviven cotidianamente, lo que les permite mantener su capacidad operativa, posibilitando el accionar de sus grupos de tareas. Sin embargo, de las pistas que surgen de este allanamiento no se avanza en la investigación.

  Recientemente el Juez Corazza en entrevista con Adriana Meyer en Página/12 difunde como pista certera la declaración del periodista alemán de la agencia DPA donde éste dice que López fue secuestrado y llevado a una reunión para que se desdijera de su testimonio, al no aceptar fue asesinado y su cuerpo quemado. A un mes de semejante declaración ni siquiera fue indagado el abogado defensor Boffi Carri Perez quien en la audiencia del lunes 18 de septiembre solicita 48hs para la postergación de la lectura de los alegatos.

Durante el mes de agosto del presente año, gracias a la lucha popular, se puso en el banquillo de los acusados a un nuevo genocida: al ex capellán Christian Von Wernich, quien se desempeñara en la policía de la Provincia de Buenos Aires en el llamado circuito Camps.
Pero este proceso judicial permite, una vez más, dar cuenta de que a pesar de la anulación de las leyes, sólo se enjuició a los policías genocidas Etchecolatz y Turco
Julián.

Desde los diferentes sectores que impulsan el juicio y castigo se denuncia que «es responsabilidad del gobierno nacional y provincial y judicial evitar el enjuiciamiento y castigo de todos los genocidas y limitar a unos pocos casos «testigos» los juicios, apelando al paso del tiempo y permitiendo que la mayoría muera sin siquiera pasar por tribunales. La lógica de «juicios de a uno» es funcional a mantener la impunidad sobre el aparato represivo de ayer, que hoy tiene su continuidad en los asesinatos de Fuentealba, Maxi y Darío y los casos de gatillo fácil, por poner algunos casos puntuales».