«Con escrache y movilización se logró que Anzaldo sea procesado y llegue a juicio»
El próximo miércoles comienza en Cipoletti, provincia de Río Negro, el juicio al profesor y ginecólogo Carlos Anzaldo, acusado de violar a varias mujeres en la ciudad de Cinco Saltos. Además de esta causa, Anzaldo fue procesado por otros dos casos que surgieron a partir de la difusión pública de la violación ocurrida en febrero de 2006. Esto fue posible gracias a la denuncia pública, el escrache y la movilización, de las cuales participó el Grupo de Apoyo a víctimas de abusos y violaciones de Cinco Saltos, cuyos integrantes escribieron para ANRed el siguiente artículo.
¡ALERTA! Un ginecólogo, un profesor»¦ también puede ser un violador
A mediados de marzo del 2006, en el Centro de Educación Media Nº 72 de Cinco Saltos, una pequeña ciudad ubicada en el Alto Valle de la provincia de Río Negro, una adolescente sale corriendo y llorando de la clase de biología de cuarto año. Nadie se explica por qué, el «profesor» sólo había dicho una de sus tan acostumbradas bromas en el tono jocoso y de confianza con el que solía hablarles a sus estudiantes: para dar ejemplos de lo que pretendía «enseñar», comenta para eso «necesitaríamos un cuerpo» y señalando a la adolescente agrega: «a ver vos, pasá al frente y desnudate».
Para J, el «chiste» fue el desencadenante de su angustia e impotencia, frente al dolor y la humillación logró liberar el secreto impuesto por el miedo y la violencia: el profesor de biología, reconocido ginécólogo de Cinco Saltos, en una visita a su consultorio, promovida desde las clases que dictaba en la escuela secundaria, LA HABÃA VIOLADO. Su confidente fue la profesora Silvia Rovella, quien la escuchó, la contuvo pero también asumiendo la responsabilidad que le cabe como docente, la animó a denunciar el hecho.
La denuncia activó también el penoso proceso que deben soportar las víctimas de violaciones. Si una violación es un hecho grave, horrendo, violento y salvaje; denunciarla se convierte, para la víctima, en una nueva agonía, un calvario indescriptible. Las víctimas de violación están desprotegidas, quien denuncia una violación debe someterse a la sospecha permanente, a las preguntas capciosas, a la desconfianza. J no fue la excepción, salvo la actitud de la profesora Silvia Rovella. Para las autoridades de la escuela y del consejo provincial de educación, el «hecho había pasado puertas afuera» del establecimiento y se debía encargar la justicia.
Frente a lo que se avecinaba, un clima tendiente a silenciar y ocultar el hecho, rápidamente se convocaron algunos profesores/as de la institución, familiares de la víctima, personas allegadas a grupos de Derechos Humanos. Así nace el grupo de apoyo a las víctimas y una de las primeras acciones tendientes a reclamar justicia: el escrache y la condena social. No estuvimos solas/os, encontramos en grupos como la colectiva feminista La Revuelta el apoyo incondicional y el inicio de un trayecto que además nos interpeló como mujeres. Ya no se trataba sólo de contener a las víctimas y a las profesoras que la acompañaban sino de hacer visible y desnaturalizar la violencia contra las mujeres y la imposición de un modelo patriarcal que nos somete desde la cosificación de nuestros cuerpos y la culpabilización por nuestras acciones (¿qué hicimos para «provocarlo»?)
Cuando analizábamos las características del hecho que denunció J, nos alarmó de inmediato aquello que aparecía como el modus operandi de este violador: el uso de las clases de biología en la escuela como centro de operaciones y como forma de captar a sus víctimas, el vínculo que construía con las/los estudiantes, ganándose su confianza, hablando como un «adolescente más». Era el profe «piola» porque nunca tomaba pruebas o trabajos prácticos y las clases consistían en charlas informales sobre un tema recurrente: el cuerpo humano, la reproducción, el sexo»¦ «tienen que cuidarse» decía el profesor, usar preservativo, ver al ginecólogo, y casi «naturalmente» la invitación a ir a su consultorio, no tenían que preocuparse si no podían pagar una orden de consulta, podían pasar sin registrarse por la ventanilla de ingreso al sanatorio privado en el que trabajaba y del que era accionista. Así reclutaba a sus víctimas, así las violaba o abusaba y las amenazaba imponiéndoles el silencio.
Al hacerse pública la primera denuncia empiezan a aparecer otras voces, algunas actuales como la de M, alumna de la misma escuela quien había tenido una situación de abuso meses antes y no se había atrevido a contarlo. Pero también, inmediatamente aparecen voces más lejanas en el tiempo, la de G., la de N., la de F., la de…. y los testimonios y denuncias, algunos reprimidos y silenciados por años, empiezan a salir a la luz, algunas tan lejanas en el tiempo que sólo sirven como testimoniales.
Al multiplicarse las víctimas, empezamos a confirmar nuestra sospecha inicial, se trata de un violador serial, un personaje perverso que tenía todo controlado y el poder que le otorgaba ser médico, docente, miembro del Rotary, pertenecer a una familia reconocida en el pueblo y a una clase social que le daba además el poder económico. Porque en esta sociedad, si el violador es morocho y vive en una villa, hay que lincharlo o meterlo preso inmediatamente pero si se trata de un «doctor» es obligación usar el tiempo condicional para referirse a las acusaciones que pesan sobre él y el peso de las sospechas recaen en la víctima.
J. tuvo que soportar esas y muchas otras humillaciones, como ser insultada por sus compañeros en la escuela cuando intentó volver a estudiar, que profesoras y equipos de especialistas que hay en educación (psicólogos, psicopedagogos, asistentes sociales) le dieran literalmente la espalda y finalmente tener que abandonar esa escuela que había aprendido a querer y de cuyo trayecto podía dar cuenta a través de sus excelentes calificaciones y su impecable conducta, cualidades que alguna vez le habían servido de elogio y admiración pero que hoy parecían no importar.
Sin embargo, J. pudo fortalecerse y con un coraje admirable continuó su camino de denuncia y de justicia para que nunca más le pase a otra mujer.
Así llegó la primera marcha, fue el día jueves 27 de abril bajo el lema «CINCO SALTOS, CUIDA TUS HIJAS/OS».
A esa marcha le siguieron otras acciones como cartas de lectores, notas a funcionarios de educación, pintadas, panfleteadas y una segunda marcha que se realizó el sábado 17 de junio, en esa oportunidad el lema fue: «NO AL SILENCIO. NO AL ENCUBRIMIENTO. NO MÁS ABUSOS NI VIOLACIONES EN CINCO SALTOS. JUSTICIA».
Logramos poner en la agenda de medios nacionales y locales el tema y llegó el primer procesamiento a Carlos Anzaldo dictado por el Juez Baquero Lazcano para quien las pruebas eran contundentes y actuó en consecuencia.
Pero cada pequeña victoria en lo judicial se ve en parte empañada por la impunidad que le da el poder de su clase social, profesión e influencias: a pesar de estar procesado nunca estuvo en la alcaidía como otros presos, lo ubicaron en las celdas de la comisaría local donde tenía acceso a todos los privilegios que solicitaba. Cuando se confirma su procesamiento se lo deja en libertad mediante el pago de 30000 pesos; además se le permite trabajar en su profesión de ginecólogo a pesar de que en Río Negro hay una ley que lo prohíbe (Artículo 14 de la Ley 3338 que regula el ejercicio de las profesiones de salud en la provincia ) es decir se habilita que un médico procesado por la justicia por violación a una menor, y con más causas del mismo tenor en período de instrucción, siga ejerciendo su profesión: mirar y tocar las partes íntimas de las mujeres, en el mismo consultorio donde se lo acusa de llevar a cabo las violaciones y abusos.
También queda como asignatura pendiente la cuestión de lo educativo. Al hecho de que J. tuviera que abandonar la escuela secundaria en la que cursaba el 4º año, se suma la presión sobre las docentes que la acompañaron y acompañan. Una de ellas tuvo que pedir traslado a otro establecimiento, otra renunció. Otras compañeras solicitan licencias psicológicas debido al enorme estrés y angustia que les implicaba asistir a esa escuela.
Respecto de las autoridades educativas del CEM N° 72, de algunos profesores/as, de los/as integrantes de equipos técnicos y de los/as funcionarios del consejo provincial de educación, afirmamos que sus intervenciones fueron vulneratorias -por acción u omisión- de los derechos de las estudiantes víctimas de abusos y violaciones de esta escuela. Creemos que no hubo acciones oportunas en tiempo y forma, no hubo asunción y delimitación de responsabilidades, no hubo abordaje pedagógico e institucional de los problemas y conflictos generados a partir de las denuncias de las estudiantes. Se permitió y avaló comportamientos obstaculizadores de la justicia.
Consideramos además que, en relación con las responsabilidades, siguen quedando interrogantes y preocupaciones sin responder, enunciamos algunas de ellos: ¿hubo docentes que sabían del comportamiento y accionar de Carlos Anzaldo? ¿Se conocían de otros hechos en el pasado? ¿Quiénes lo sabían? ¿Por qué no se denunció antes? ¿Por qué desde la dirección de la escuela y la supervisión se le ofreció a la alumna y a sus padres, como solución, «salir del aula en las horas de Biología? ¿Era esta una estrategia que ya se había utilizado antes? ¿Quiénes ejercieron/permitieron/avalaron formas de presión hacia los/as estudiantes previo a su declaración judicial? ¿Quiénes permitieron/avalaron/encubrieron las permanentes entradas de la esposa de Anzaldo a la escuela para proferir amenazas? ¿Quiénes permitieron y avalaron que el violador ejerciera acciones intimidantes en la escuela o citara alumnos fuera del horario escolar? ¿Quiénes continúan avalando que Carlos Anzaldo -que tiene restricciones judiciales para acercarse a las víctimas y a los testigos de la causa-, siga convocando a estudiantes en horas de clases? ¿Qué pasó con documentación institucional relacionada con la causa que fue sustraída? ¿En qué situación fue sustraída? ¿De qué manera se investigó el hecho?
Hoy a más de un año de las denuncias, después de numerosos reclamos y demandas, y estando tan cerca del juicio sentimos que la posibilidad de hacer justicia empieza a concretarse. El camino fue arduo y estamos convencidas de que fue posible llegar hasta acá por la denuncia pública, el escrache y la movilización que actuaron como mandato social hacia el poder judicial para que deje de mirar para otro lado y actúe. Así se logró que Anzaldo sea procesado por tres causas y llegue a juicio por la primera de ellas.
El juicio, que se extenderá hasta la primera semana de octubre, se realizará en la Cámara 2 de Cipoletti, integrada por los doctores César Gutiérrez Elcaras, Pablo Repetto y Daniel Dreik. Durante el proceso, se espera la declaración de 50 testigos. Además de esta causa, Anzaldo fue procesado por otros dos casos que surgieron a partir de la difusión pública de la violación ocurrida en febrero de 2006.
El 12 de septiembre vamos a estar acompañando a las chicas y exigiendo que los jueces GUTIÉRREZ ELCARAS, DREIK Y REPETTO juzguen a favor de los derechos de las mujeres porque proteger a las víctimas es una obligación del Estado y sus instituciones, de lo contrario se convierten en cómplices de estos actos misóginos y sexistas, que en pleno siglo XXI el colectivo de las mujeres seguimos sufriendo.
Grupo de Apoyo a víctimas de abusos y violaciones de Cinco Saltos
El siguiente es un escrito de J., la primera denunciante (fue realizado en marzo del 2006)
Hoy, siento una angustia que me cubre todo el pecho,
la impotencia y el dolor se mezclan y brotan en mi llanto.
Siento la necesidad de gritar pero se me apaga la voz.
Pido ayuda pero es como que nadie me escucha..
Cada lágrima de mamá y papá me lastima.
Cada vez que alguien me pregunta lo que me sucedió,
siento una mezcla de vergüenza y dolor.
Pero mi vida continúa.
Hoy puedo decir que lo que no me mató, me hizo más fuerte y de golpe me maduró.
Ahora sé que la vida algún día me va a premiar y ese día será cuando reciba la noticia de que POR MÃ, POR TODAS LAS MUJERES QUE PASARON POR ESTO,
AL FIN SE HABRÁ HECHO JUSTICIA.»