Denuncias a un año y medio del incendio en el taller de Luis Viale
Sobrevivientes del incendio del taller textil ubicado en la calle Luis Viale 1269, en el que murieron 6 personas, realizaron este 22 de agosto una conferencia de prensa en el Consulado Boliviano para dar a conocer su situación actual y denunciar la inacción estatal. La causa penal abierta a raíz del incendio está en manos del juez de Instrucción Alberto Baños. El juicio oral todavía no tiene fecha.
Las críticas de los sobrevivientes al estado de la causa apuntan a que los propietarios del local donde funcionaba la fábrica textil, Jaime Geiler y Daniel Fischberg. No fueron juzgados y tampoco hay referencia alguna a los responsables políticos, tanto de «la gestión Telerman» por perpetuar el régimen de irregularidades en las habilitaciones, como del gobierno nacional por la ausencia de una política migratoria. Además denuncian la ausencia del apoyo del Estado luego del incendio, lo que los obligó a volver a trabajar en talleres textiles en situación laboral igual o peor que antes.
Los sobrevivientes denuncian también graves falencias del plan migratorio oficial «Patria Grande» y cuestionan la falta de apoyo del gobierno nacional y porteño. La conferencia de prensa contó con la presencia del Cónsul boliviano en Buenos Aires, José Alberto Gonzalez.
El 30 de marzo de 2006 murieron seis personas, todas víctimas del trabajo esclavo y el tráfico de personas, en un taller textil ubicado en la calle Luis Viale 1269, en el barrio de Caballito. Las víctimas fueron Juana Vilca Quispe (25 años), Elías Carbajal Quispe (10), Rodrigo Quispe Carbajal (4), Harry Rodríguez (3), Wilfredo Quispe Mendoza (15), y Luis Quispe (4). La mayoría son de Cantón Ocaña, Provincia de Los Andes, Departamento de La Paz.
La fábrica textil figuraba habilitada desde el 2001 a nombre de dos empresarios: Jaime Geiler y Daniel Fischberg y estaba subalquilada a Juan Manuel Correa, de nacionalidad argentina y Luis Sillerico, boliviano. A pesar de estar habilitado sólo para 5 personas y como lugar de trabajo, en el predio vivían alrededor de 65 personas, de las cuales trabajaban 25 en pésimas condiciones laborales y habitacionales. Los sobrevivientes denuncian que la fábrica funciona en el mismo lugar desde el año 1997.
Luego del incendio se abrió una causa penal que está en manos del juez de Instrucción Alberto Baños, en la que todavía no han sido procesados ni los responsables políticos ni los dueños de la propiedad, Geiler y Fischberg. Sólo ha caído bajo la lupa de la justicia uno de los eslabones de la cadena productiva: los talleristas Luis Sillerico y Juan Manuel Correa. La figura penal que pesa sobre ambos es «incendio culposo seguido de muerte», este delito prevé una pena máxima de cinco años de prisión.
Luis Fernando Rodríguez y Sara Gomez Sarmiento son sobrevivientes del incendio y una de las victimas fue su hijo Harry Rodríguez de tres años. «Pido al Juez Alberto Baños que procese a los fabricantes Daniel Fischberg y Jaime Geiler y al gobierno de la ciudad porque entre ellos se encubren, y que se les de una pena máxima por su delito, mi hijo tenía solamente tres años, tenía una vida por vivir, han destruido la mitad de mi vida», señaló Sara Gomez Sarmiento.
Una de soluciones que brindó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la situación que están atravesando los sobrevivientes fue admitir que hubo fallas en los controles y cargar toda la responsabilidad a la Dirección de Policía del Trabajo y provocar la renuncia de Florencio Varela, responsable de la dependencia mencionada.
Además, el 27 de abril de 2006 el ministro del Interior, Aníbal Fernández, instruyó al Jefe de Policía Federal para que radicara una denuncia penal por el presunto cohecho que habría permitido el funcionamiento irregular del taller y también el ministro de Producción porteño, Enrique Rodríguez, aseguró que el Gobierno de la Ciudad se había presentado como querellante en la causa. A pesar de esto los sobrevivientes afirman que tanto Telerman como Rodríguez «están mintiendo y son cómplices porque nunca se presentaron en la causa como querellantes, sólo están Luis Fernando Rodríguez Palma, Sara Gomez Sarmiento y nuestros abogados Gabriel Chamorro y Miryam Carsen», aclaró Rodríguez Palma. Otra de las medidas oficiales fue un subsidio que duró algunos meses. Como los trabajadores carecen de la documentación necesaria no les fue posible conseguir un trabajo digno.
En los últimos días Cristina Mamani Condori, Lourdes Marciana Hidalgo Luján y Rubén Darío Cari Macuri, tres costureros que trabajaron en la fábrica textil de la calle Luis Viale, se presentaron como nuevos querellantes para la causa que investiga el caso a través del abogado Rodolfo Yanzón, quien asesora a la Unión de Trabajadores Costureros (UTC). Además solicitan al juez Federal Alberto Oyarbide que investigue la cadena de explotación ilegal que favorece a empresas de ropa.
Los inmigrantes bolivianos son traídos ilegalmente al país. Ellos traen la esperanza de un buen porvenir y se encuentran con un taller textil precario en pésimas condiciones sanitarias, habitacionales, laborales, de seguridad, encerrados y amenazados por los talleristas. Ésta es una de las consecuencias de la falta de documentos de identidad, sin este requisito ningún inmigrante puede acceder a un trabajo digno. Con respecto a este tema el gobierno implementó luego de la muerte de las 6 personas el plan migratorio «Patria Grande», con el supuesto objetivo facilitar la regularización de los inmigrantes en la Argentina. Está compuesto por dos etapas, la primera es el otorgamiento de la residencia precaria y el segundo paso la residencia definitiva, lo que les posibilita obtener el DNI.
Maru Gonzalez del «Frente de Acción Humanista por los Inmigrantes», una de las invitadas como oradora a la conferencia de prensa, caracteriza a «Patria Grande» como «un manotazo de ahogado del gobierno ya que se lanzó luego de lo de Luis Viale y estaba pensado para lanzarse a mediados del 2006. Hace más de un año que existe el plan y hasta el día de hoy ningún inmigrante tiene DNI ni residencia. Lo que pedimos todos nosotros es que no haya otro Luis Viale, que no se vuelva a repetir y para que esto no pase tiene que haber muchas condiciones previas. Tiene que haber inmigrantes que tengan sus documentos y que se encuentren en igualdad de condiciones que un ciudadano argentino».
Además aclaró que «lo único que tienen algunos inmigrantes es la residencia precaria que ni siquiera es reconocida en la frontera, eso es lo que da «Patria Grande», una fotocopia plastificada, por eso queremos pedir la radicación directa gratuita y definitiva, ya que para obtener el DNI hay que pagar una tasa migratoria de 200 pesos. Argentina es el primer país receptor de inmigrantes de América Latina, por eso es muy importante que el gobierno tenga una política de Estado referida a la migración».
Según Melquíades Oña Heredia, del «Movimiento Boliviano por los Derechos Humanos», invitado a formar parte de la conferencia por los sobrevivientes, «tenemos una normativa que frena la investigación que no le permite a los jueces más allá de la voluntad que pueda tener de sumar procesados e investigar en las altas esferas como son los principales y verdaderos responsables de esta tragedia, se limita en los talleristas, ya que no está tipificado como delito la trata de personas porque cuando uno denuncia el delito tiene que estar tipificado, en este caso lo hemos hecho con la normativa del código penal de reducción a la servidumbre y en algunos casos por infracción a la nueva ley migratoria. Estamos esperando esta norma tipifique el delito y diga que la trata de personas es un delito y tiene tantos años de pena». A diferencia de Argentina, Bolivia tiene una ley contra la trata de personas.
Otra de las trabas que señala Heredia es que «hay una discordancia entre la ley de la Nación y la ley de la Ciudad de Buenos Aires por el problema de las competencias que hay entre una y otra, hasta el día de hoy la ciudad no dispone de las normas como para poder inspeccionar y sancionar a los responsables de los talleres».
La situación actual de los sobrevivientes no dista de las condiciones en las que se encontraban en el taller textil de la calle Luis Viale. «Como no hemos tenido una asistencia de parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires muchos de los sobrevivientes han tenido que volver a trabajar en talleres clandestinos o fábricas textiles con habilitación irregular igual que trabajábamos en la calle Luis Viale, trabajábamos y vivíamos ahí hemos quedado en la calle», relató Luis Fernando Rodríguez.
Los ex trabajadores del taller se ven impedidos a denunciar a los talleres textiles para los que trabajan actualmente ya que de hacerlo se verían nuevamente en la calle debido a que el gobierno no les garantiza ninguna protección luego de perder sus puestos de trabajo.
A un año y medio del incendio del taller textil de la calle Luis Viale no figuran en la causa ni los propietarios del local ni funcionarios del gobierno, no hay políticas de migración ni de erradicación del trabajo esclavo. La muerte de 6 personas no fue suficiente: a pesar de las denuncias tanto desde la Unión de Trabajadores Costureros, la Cooperativa La Alameda, del Movimiento Boliviano por los Derechos Humanos y la Defensoría del pueblo, todavía existen incontables casos de tráfico de personas y de explotación brutal a trabajadores en talleres textiles.