«Hay que organizar la lucha para conseguir la derogación de la ley antiterrorista»
«Si bien hoy no se está aplicando, es una herramienta legal al servicio del Estado y cualquier situación de conflicto social puede dar lugar a su puesta en práctica», remarcó Martín Alderete, abogado de la CORREPI Sur, en una charla de la Multisectorial Chau Pozo, organizada para debatir los alcances de esta nueva norma sancionada hace ya casi dos meses a pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Según establece la nueva ley «antiterrorista» sancionada el pasado 13 de junio, una asociación terrorista será aquella «cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo». Dada la descripción de las células terroristas formulada por la ley, parece obvio que muchas organizaciones podrían contar con las características necesarias para recibir las penas previstas. «Por otra parte, lo que se establece como requisito es que el plan de acción de esa organización esté estimulada por lo que la ley denomina el odio político. Este odio político va a ser interpretado de la manera más proclive a la criminalización de la protesta», explicó Martín Alderete, abogado de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional Sur (CORREPI Sur).
Además, Alderete recalcó: «Lo único que deja en claro esta ley es que una asociación ilícita terrorista es aquella que reclama que el Estado o cualquier organismo internacional haga o deje de hacer algo. Todo lo demás queda a la libre interpretación de los jueces que intervengan en cada caso». A lo que agregó: «Puede ser aplicada en cualquier momento y una vez que se empieza a aplicar la discusión ya es en el terreno del enemigo, es decir, de la justicia. Constituye una enorme herramienta del Estado para reprimir la protesta social».
Con respecto a lo que significa la financiación del terrorismo, el miembro de la CORREPI Sur aclaró que no sería otra cosa que colaborar económicamente con cualquier organización que pueda ser encuadrada dentro de la figura de asociación ilícita terrorista. «Se abre la puerta a criminalizar o perseguir cualquier campaña de solidaridad con cualquier preso político», ejemplificó.
Por su parte, Nora López Tomé de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) resaltó: «Es obvio que esta ley es para poner en caja y reprimir las protestas sociales. Pero en realidad ya lo hacen, no necesitaron esta ley para mandar la gendarmería a Las Heras, por ejemplo. Lo que me parece es que esta ley es un claro guiño hacia fuera, mientras por un lado están haciendo un encuentro bolivariano, revolucionario con Hugo Chávez. Por otra parte, avizoran que las protestas se van a hacer más fuertes». Pablo, miembro de la Agrupación por la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA), reforzó esta idea: «Se trata de una verdadera ofensiva. No les alcanza la legislación que tienen, están preparando nuevas legislaciones para perseguir a los luchadores. Nuestro trabajo es incitar en dar cuenta cual es la perspectiva de las leyes».
El representante de APEMIA cuestionó también: «Cual es el sentido de proveer una Ley cuando es evidente que no existe actividad terrorista. Para qué quieren una ley que modifica todo el camino andado durante 30 años y del que este Gobierno dice ser representante».
Finalmente, Sergio «Cherco» Smietniansky, de la Multisectorial Chau Pozo, sostuvo: «No hay gobierno de los Derechos Humanos con los compañeros presos políticos, como los militantes de Quebracho que están presos por haber ido a hacer un escrache contra un local de Jorge Sobisch hora después del asesinato de Carlos Fuentealba, cuestión que sigue impune. Que se quiera desalojar el Bauen, que los compañeros de Las Heras sigan presos, que se quieran introducir medidas represivas también implica que hay un pueblo que lucha».
Asimismo, Smietniansky sostuvo que esta norma no significa otra cosa que la legislación de la represión por parte del gobierno de Néstor Kirchner: «Queda claro que sin la ley también nos van a reprimir. Siempre nos han reprimido con ley o sin ley. Pero siempre si pueden ganar hay un poco de legitimidad, van a intentar avanzar en eso. No es casual que sea el imperialismo yanqui, el principal terrorista, el que haya ordenado que se sancione».
Por último, frente al interrogante de: «¿Todos somos terroristas?», respondió tajantemente: «Nosotros no somos terroristas, somos luchadores sociales. Y por eso nos cabe esa ley. Porque terrorismo hay uno solo y es el Terrorismo de Estado. Genocidio hay uno solo y es el genocidio que comete el Estado. La lucha del pueblo- desde sus diferentes expresiones, habidas y por haber- jamás podrá cuadrar dentro del terrorismo, jamás podrá cuadrar dentro de la expresión de genocidio».
Desde la Multisectorial Chau Pozo, dejaron bien en claro que frente al avance represivo de un gobierno que se autodenomina como el de los Derechos Humanos sólo queda una respuesta: «La historia nos ha demostrado, especialmente en el campo de los Derechos Humanos, que hay que apostar a la unidad y la lucha«.
Represión a escala continental
«Esta Ley se enmarca en la aplicación de Leyes Antiterroristas a nivel continental para la persecución y criminalización de la protesta esto fue claramente a pedido del Departamento de Estado de Estados Unidos a partir del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Actualmente estamos siendo testigos de la sanción de leyes antiterroristas en todo el continente. Esto no es una política aislada», ahondó Alderete.
Días atrás, gracias a la presión de diferentes organizaciones de Derechos Humanos, el Senado paraguayo rechazó tres artículos referidos a terrorismo que modificarían el código penal de ese país. De introducirse esos cambios, se habría sancionado una normativa prácticamente igual a la que se está en vigencia en la Argentina. Sin embargo, desde las organizaciones se planteó que éste es sólo un triunfo parcial dado que hubo retrocesos en otras materias.
Perú, por su parte, también tiene larga tradición en esta materia. Como señaló un ex preso político peruano, «los 90 fueron una década en donde la protesta política llega a su punto más alto y es ahí donde, al no poder el Estado peruano contrarrestar esas luchas, Alberto Fujimori cambia la legislación para condenar como delito la protesta popular».
Además, agregó: «Lo que sucede en el Perú no es casual, forma parte de toda una ofensiva internacional sobre las protestas sociales para criminalizarlas y tener armas con que combatirlas. Si bien es cierto que aún no se aplicó, no tengan dudas de que, si las protestas sociales y políticas avanzan con la profundización de la crisis económica va a ser la primera herramienta con la que las juzgarán». Por último, convocó: «Es necesario la derogación, no se puede esperar que la sangre llegue al río para después reaccionar».