Acuerdo social: otra vez sopa

«Lo que se oculta es que como todo acuerdo o pacto social tienden a preservar altos niveles de productividad y ganancias empresariales buscando potenciar la acumulación de capitales. La contrapartida siempre ha sido que los trabajadores y sectores populares recorten sus reivindicaciones en aras de un futuro mejor»¦ que nunca llega», afirma Eduardo Lucita en este artículo sobre la propuesta de la candidata oficialista de establecer un «pacto social».

Artículo enviado por Eduardo Lucita, integrante del colectivo EDI- Economistas de Izquierda; Revista Cuadernos del Sur

En un cuidado acto de lanzamiento de su candidatura presidencial por el Frente para la Victoria, la esposa del Presidente recurrió, en nombre del cambio que recién comienza, a un criterio básico de la política del peronismo histórico: el acuerdo social entre capital y trabajo, mediado por la intervención estatal.

La propuesta de la candidata del oficialismo en el inicio de su campaña electoral fue expuesta en un tono que tuvo una escenificación y un lenguaje característico de la socialdemocracia europea más moderada y está sustentada en «un acuerdo institucional que va a garantizar la novedad del cambio».

Claro está que la propuesta de la Senadora Fernández de Kirchner remite inmediatamente a la España post franquista y el Pacto de la Moncloa, no obstante que allí no intervinieron las corporaciones sindicales y empresarias, sino que fue suscripto por los partidos políticos, y aquel contexto era obviamente muy distinto del actual presente argentino.

Antecedentes locales

Sin embargo este tipo de concertación entre empresarios, sindicalistas y Estado, no es ninguna novedad entre nosotros.

Ya en el gobierno peronista de 1973, siendo titular del Ministerio de Economía José Ber Gelbard, se formalizó un Acuerdo Político entre la Confederación General Económica (CGE) y la Confederación General del Trabajo (CGT) que buscó estabilizar el nivel de precios y bajar las tendencias inflacionarias, al mismo tiempo que establecía como objetivo general alcanzar un crecimiento de la participación de los asalariados en el PBI del 40 al 50% en un período de cuatro años. Como telón de fondo se proponía aumentar la productividad general de la economía nacional.

El instrumento para llevar adelante este programa no fue otro que el llamado Pacto Social, firmado en junio de ese mismo año. Se congelaron los precios, se dio un incremento general de salarios y se cancelaron las paritarias por dos años.

Su aplicación tuvo dos etapas bien diferenciadas. En la primera, que llega hasta julio de 1974, hubo estabilidad de precios y un fuerte crecimiento económico; En la segunda estallaron todas las tensiones y contradicciones sociales acumuladas en la primera: alza generalizada de los precios, reapertura de paritarias y primera huelga general bajo un gobierno peronista. Culminó en 1976 con la dictadura militar genocida.

Más recientemente, fines de 1994 y mediados de 1995, se planteó un acuerdo entre la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) para controlar la evolución de precios y salarios. En ese momento los precios internos habían comenzado a retomar su tendencia ascendente (que continúa hasta hoy) lo que coincidió con el inicio de las negociaciones paritarias desatando un fuerte incremento de la conflictividad sindical.

Aquel acuerdo fue impulsado por algunas áreas políticas del gobierno nacional, pero no por el ministerio de economía que por el temor al rebrote inflacionario, sostenía que los aumentos salariales sólo podrían estar sujetos a los incrementos de la productividad. El intento abortó antes de nacer.

Más lejos en el tiempo, en el Segundo Plan Quinquenal -nueva etapa luego del Plan de Estabilización de 1952 que pusiera límites a los aumentos salariales- se instala la meta de aumentar la producción y aparece la mención a la productividad «del trabajo y el capital», tal como menciona Mario Rapoport en su monumental «Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2000)».

El Congreso Nacional de la Productividad y el Bienestar Social fue finalmente convocado por la CGT a principios de 1955 pero los acuerdos alcanzados no llegaron a ponerse en práctica, el golpe militar de septiembre de ese año dio por finalizado el intento.

Garantizando el cambio con la continuidad

La convocatoria actual, que veremos como se instrumenta de concretarse el esperado triunfo electoral, remite a continuar con el «modelo de acumulación y de inclusión social» en curso. Paradojalmente esta continuidad sería la base del cambio. Y para esto llama a consensuar y adoptar como un patrimonio común el sostenimiento de los equilibrios macroeconómicos logrados: tipo de cambio competitivo, superávit fiscal primario, política exportadora y alto nivel de reservas, en el marco de un proceso de industrialización.

Precisamente buena parte de estos objetivos están desarrollados en «Lineamientos estratégicos para el desarrollo productivo de la Argentina» (1er. documento de discusión, Mayo 2007) elaborado en el Ministerio de Economía por un equipo bajo la dirección de Felisa Miceli, antes que fuera expulsada de su sillón ministerial por el toilette gate.

Continuidades y rupturas

Si hay un dato de continuidad del modelo en curso con el de los años ’90 este es el bloque de poder. Las clases y fracciones de clase que lo componen son las mismas que en la década pasada, por la sencilla razón que no hay otras fracciones. La llamada burguesía nacional, o mercado internista no tiene ya existencia real, en el sentido que no tiene capacidad para disputar la apropiación del excedente y la orientación de la acumulación de capitales.

Lo que si ha cambiado, y este es el dato de ruptura., es el peso relativo de las fracciones al interior del bloque. El comando ya no está constituído por el capital financiero y las empresas de servicios públicos privatizadas sino por el capital productivo: la burguesía agraria y la industrial más concentrada. Todas coinciden en mantener un tipo de cambio elevado
De ahí el perfil neodesarrollista de este período, cuyo sesgo industrialista sostuvo la ex ministra Miceli, que está presente con el nuevo ministro Peirano, y también en la propuesta del Acuerdo Social de la candidata presidencial.

Cuestiones en disputa

Sin embargo esta unidad de las clases dominantes frente al modelo económico en curso no cae en un cielo sereno. Resultado del ciclo expansivo del la economía la disputa por la apropiación de la riqueza social está retornando al centro del escenario.

Se percibe en la puja distributiva abierta en el plano de la relación capital/trabajo, donde el trabajo, fortalecido por la mayor actividad y la caída de la desocupación, busca mejorar las condiciones de venta de su fuerza laboral. Se intuye en la larvada disputa intercapitalista, donde las diferentes fracciones buscan mantener o mejorar su posicionamiento con miras al futuro inmediato.

Claro que estas disputas no alcanzan la virulencia de otras épocas, pero están allí. Coyunturalmente se expresan en la continuidad del nuevo ministro Miguel Peirano, que las diversas fracciones industriales apoyan con total euforia, o en las figuras de Mario Blejer o Martín Redrado cuyos nombramientos empujan la banca y la agroindustria.

En el fondo lo que se discute es si el modelo neodesarrollista, que no está en discusión, tendrá una base agraria o industrial, cómo se distribuye la riqueza social y quién se apropia del excedente económico.

Precisamente el acuerdo social propuesto intenta a futuro poner en caja, que no se desborde, esta previsible disputa distributiva, aminorar las tensiones futuras, cuando todas las estimaciones señalan que la economía argentina ya no seguirá creciendo a las tasas actuales.

De la misma manera el cerrar filas alrededor de los grandes equilibrios macroeconómicos del modelo implica acordar la brecha entre precios y salarios; qué nivel de retenciones y subsidios; qué incrementos tarifarios.

Lo que se oculta es que como todo acuerdo o pacto social tienden a preservar altos niveles de productividad y ganancias empresariales buscando potenciar la acumulación de capitales. La contrapartida siempre ha sido que los trabajadores y sectores populares recorten sus reivindicaciones en aras de un futuro mejor»¦ que nunca llega.

Ya hay experiencia en el país sobre este tipo de acuerdos. El final es abierto.