La Alameda, en alerta por amenazas, responde injurias
Comunicado de la Alameda
Este martes un ala de los dueños de los talleres textiles clandestinos, encabezada por Alfredo Ayala, organizó una movilización contra la Defensoría del Pueblo. Los mismos que golpearon salvajemente a los miembros de nuestra ONG días pasados, que destruyeron la fachada de la Alameda en junio del año pasado, que intentaron quemarla en abril del 2006. Los mismos que han obstruído procedimientos inspectivos y de la justicia federal y que se niegan a formalizar la actividad.
En el texto de su convocatoria se pronuncian irónicamente contra la violencia cuando ellos la han ejercido abiertamente en varias oportunidades. También proclaman estar por la «descriminalización de las familias bolivianas”, eufemismo que oculta la defensa de los talleristas procesados por la justicia federal y con confirmación de Cámara por reducción a la servidumbre y violación a la ley de migraciones. Varios de esos procesados como Salazar Nina o Pedro Cocarico serán activos participantes de esa marcha.
Afirman estar contra el «saqueo de las maquinarias”, término con el que se refieren a las confiscaciones judiciales en los casos donde la justicia federal comprobó la reducción a la servidumbre de los costureros. La totalidad de las máquinas confiscadas a los talleristas procesados están embargadas en depósitos judiciales de Comodoro Py.
Sin embargo, para atraer mediante engaños a su marcha, Ayala ha afirmado una y otra vez que esas máquinas fueron a parar a la Alameda, argumento que no resiste el menor análisis, cuando es de público conocimiento que las pocas máquinas de nuestra cooperativa fueron donadas por la embajada de Australia, la Organización Internacional para las Migraciones y el Ministerio de Desarrollo Social. También sostienen que las máquinas del Polo textil que administra el INTI fueron «saqueadas” a los talleristas, cuando el 70 % de las mismas fueron aportadas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el 30 % restante confiscadas a un fabricante coreano que reducía bolivianos a la servidumbre y entregadas por un juez federal en comodato al INTI para que esos costureros antes explotados ahora puedan trabajar en forma cooperativa.
Mientras en el expediente de la Defensoria se apilan evidencias acerca de las carácterísticas irregulares del taller inspeccionado el 10 de julio y de la brutal violencia con la que irrumpieron, gracias al aporte de videos y fotos en gran cantidad aportadas por el periodismo, los mismos agresores pretenden colocarse en víctimas y ahora planean marchar a la Defensoría del Pueblo con el claro objetivo de intimidar al organismo que desde el 2005 viene denunciando sistemáticamente el trabajo esclavo, la trata y el trafico de personas y señalando claramente la responsabilidad de muchas marcas en todo este proceso.
Lamentablemente muchos costureros irán forzados a esa marcha porque no tienen opción. Viven y trabajan con toda su familia en un taller y cuando el patrón ordena, no tienen más chances que obedecer. Bastaría que los periodistas entrevisten libremente a los mismos para advertir que han sido llevados a esa marcha por la fuerza o mediante engaños como los que se plantean respecto al destino de las maquinarias confiscadas.
La Alameda tiene claro que uno de los problemas cardinales a resolver en la industria de la indumentaria es la perversa estructura de costos que condena a muchos talleres a la precarización extrema. Sin embargo, la Alameda ha llevado a más de 90 marcas por ello ante la justicia federal y ha propuesto a los talleristas movilizarse para exigir a los fabricantes aumentar los precios que pagan a los talleres para la confección de sus prendas. Inútiles han sido los intentos, desde el momento que muchos talleristas prefieren esclavizar a sus propios paisanos antes que enfrentar la avaricia de las marcas. Habría que preguntarse si alguno de estos talleristas en realidad no son más que testaferros de las marcas y por tal motivo se niegan a desafiar a sus patrones, tal como testimoniaron varios empleados de las marcas en la megacausa que inicio la Defensoria del Pueblo.
La Alameda continuará con su lucha consecuente contra la trata, el trafico de personas y el trabajo esclavo en todas sus formas y no cesara en su lucha por más intimidaciones y atentados que sufra. Nos van a tener que matar a todos para que nos callemos. Somos defensores de la actual ley de migraciones, una de las más democráticas del continente, del mismo modo que defendemos la igualdad que todos gozamos en el territorio argentino, pero la misma debe basarse en el respeto a los derechos humanos universales y al marco jurídico de la Argentina. Conductas como las del Señor Ayala que atacó en varias oportunidades nuestra sede, que envió una patota a golpearnos y que ha obstruído violentamente procesos inspectivos y judiciales y que ahora agita mentiras entre la colectividad para demonizar a la Alameda, no son las que ayudaran a terminar con el trabajo esclavo y a regularizar la industria textil. Esperamos que los jueces actúen en consecuencia, una vez que tengan todas las pruebas que ya se han aportado a la defensoria.
Una marcha que defiende a procesados por reducción a la servidumbre, que se opone al decomiso judicial de maquinarias cuando esto se constata, que reivindica jornadas de trabajo de 16 horas, que se opone a todas las propuestas estatales de regularización y que agita mentiras contra una ONG para incitar a la violencia no es precisamente una marcha que apunte a combatir el trabajo esclavo, sino más bien todo lo contrario, aunque la mayoría de los que participan de la misma hayan sido llevados por la fuerza o por engaños desde muchos de los talleres en los que están encerrados.
Gustavo Vera , por la Alameda
Informes : 1561584835
Informe de Noticias Urbanas
La patota de talleristas va por la Defensoría
Un núcleo de gerenciadores de talleres textiles convocan a marchar contra la Defensoría del Pueblo porteña. Estos mismos atacaron a Gustavo Vera, periodistas, y mujeres en una inspección por esclavitud a costureros.
La patota de talleristas encabezada por Alfredo Ayala planea movilizarse hasta las puertas de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y la Legislatura. A las 10 de la mañana, en Bahía Blanca y Avellaneda, Plaza Vélez Sarfield, están convocando a concentrarse, y seguramente arrastren a sus empleados en camionetas traffic. La movilización se planeó a través de sus radios clandestinas y es convocada por el mismo sector de los gerenciadores de talleres textiles que atacaron con piedras y palos a mujeres, ancianas, periodistas y militantes pacíficos de la organización Alameda, en el medio de una inspección de gobierno para liberar a una familia costurera a dos cuadras de la comisaría 40, que no intervino para evitar el ataque y esto figura en unas 18 declaraciones ante la Defensoría que presentará la denuncia penal.
«Vienen porque saben que nosotros atendemos a las víctimas de ellos y tenemos las pruebas”, contestó a NOTICIAS URBANAS la titular de la defensoría, Alicia Pierini, sobre la movilización a la sede ubicada en Venezuela 842, bajo jurisdicción de la comisaría 4ª.
El titular de la comisaría del barrio Parque Avellaneda, Mario Rey, confirmó a este medio lo que divulgan las radios de los talleristas. «Dicen que van a la Legislatura y la Defensoría del Pueblo. En la comisaría 43 (cercana a la Plaza Vélez Sarfield) van a mantener una guardia de observación y estaremos en comunicación permanente”. Cuando se consultó al comisario Rey si marcharán sobre la sede de La Alameda, en Lacarra y Directorio, Rey contestó que «no estaba previsto. No tenemos esa información”.
Una fuente informativa que integra la colectividad boliviana reveló a este medio que «varias organizaciones se oponen a marchar contra la Defensoría del Pueblo. Por ejemplo se oponen la asamblea popular y originaria Coro Maita, en Radio Latina, y Alternativa Boliviana. Este sector de talleristas están diciendo a la gente que marchen porque van a decomisar las máquinas. Esto es ridículo. El mismo abogado de Ayala es Hugo Quinan, el mismo que dio el argumento del Aylú al juez Oyarbide”.
El lema de la marcha contra la Defensoría es por » la dignidad, en contra de la violencia, la difamación pública, discriminación, contra el decomiso de maquinaria y las discriminalización de las familias bolivianas”. El sector de talleristas que movilizarán son los comerciantes de La Salada y organizaciones textiles de La Matanza, entre otras agrupaciones.
Por reducción a la servidumbre y violación a la ley de Migraciones están procesados y confirmados por segunda instancia. Los talleristas que acusó el juez Norberto Oyarbide son Juan Carlos Salazar Nina, Remedios Flores Alarcón, Julio Parisaca Cocarico, Esteban Mario Lucana Choque, Lucio Huaca Calisaya, Raúl Poma Poma, y Martín Fernández Llanos. Todos estos talleristas junto a otros coreanos irán a juicio oral y público en el transcurso de este año.
Por su parte el subsecretario de Trabajo de la Ciudad, Jorge Ginzo, manifestó a NU que «hay muchos talleristas que quieren trabajar por derecha. Lo que hay que ver es la formalización del conjunto de la industria”, además agregó que «lamenta la agresión a Gustavo Vera por ser un referente de la reducción a la servidumbre y trata de personas”.
Por otra parte, el abogado penalista Rodolfo Yanzón informó que por la marcha de la patota tallerista se comunicó con el juez federal a cargo de la megacausa por el sistema neoesclavista en la industria textil. «Hemos solicitados al juez federal Julián Ercolini las medidas de seguridad para preservar la integridad física de particularidades y la sede de La Alameda”, expresó Yanzón a este medio.
«El artículo número 1 del código civil dice que las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, domiciliados o transeúntes. Esa es la postura de La Alameda”, aseveró Gustavo Vera.