10/09/2008

Detenidos en Córdoba y Castelar

Difundimos comunicado de prensa:

EXIGIMOS LIBERTAD A LOS DETENIDOS DE CASTELAR Y DE CÓRDOBA

Dos hechos distintos, una misma política: la criminalización de la protesta y de la pobreza. Lo sucedido el jueves pasado con la rebelión de los pasajeros de TBA en Castelar y Merlo y las detenciones a nueve trabajadores cordobeses por participar de las movilizaciones contra la reforma de la Ley Previsional de esa provincia, indican la continuación de una política represiva que, cada vez más, avanza en la judicialización de los conflictos sociales.

En Castelar y Merlo ocurrió lo que ya había ocurrido en Haedo y Constitución, con la reacción de indignación popular ante el sufrimiento cotidiano de viajar en pésimas condiciones, en trenes abarrotados, con permanentes demoras y cancelaciones, viviendo la angustia diaria de no saber si se perderá el trabajo a causa del continuo incumplimiento de horarios. Sin embargo, el único cambio en el servicio desde aquellos primeros sucesos fue el aumento de la tarifa.

El jueves pasado, una formación quedó detenida durante dos horas. Pero el mensaje implícito en las declaraciones del ministro de Justicia Aníbal Fernández es que el pueblo tiene que aguantar. El que protesta, va preso. Y eso sucedió, con la detención de siete pasajeros. Ninguno de ellos es militante de agrupaciones políticas, a pesar del, esta vez sí, explícito mensaje macartista del ministro que denunció un sabotaje organizado por el Partido Obrero, el Movimiento Socialista de los Trabajadores y Proyecto Sur. Los dichos de Fernández llegaron al ridículo tal de acusar a Pino Solanas de provocar los incidentes para promocionar su película «La próxima estación», que trata sobre la crisis del sistema ferroviario.

En Córdoba, la tensión social viene en aumento desde hace varios meses, con la resistencia a las diversas medidas de ajuste y a la reforma de la Ley Previsional, que incluye modificaciones que afectarán seriamente al poder adquisitivo de los futuros jubilados. Al gobernador Juan Schiaretti, que se mostró emocionado ante la condena al genocida Luciano Benjamín Menéndez, no le tembló la mano para reprimir duramente las movilizaciones contra la reforma previsional. En ese marco, en la madrugada del pasado sábado fueron detenidos nueve trabajadores que participaron de una marcha el 20 de agosto, bajo los cargos de daño calificado, atentado a la autoridad calificado e intimidación pública agravada. Otra vez, el mismo mensaje: el que protesta, el que se organiza para luchar por sus derechos, va preso. En este caso se suma además el accionar brutal de las fuerzas policiales en los operativos de detención, con allanamientos violentos en plena madrugada, demostrando la vigencia de métodos que recuerdan a los que utilizaban las patotas de la dictadura.

Mientras la gran mayoría de los genocidas procesados por delitos de lesa humanidad gozan de los privilegios de la prisión domiciliaria o de celdas VIP, para el pueblo que lucha o que reacciona ante la opresión cotidiana, la unívoca respuesta a lo largo y a lo ancho del país es la represión y la cárcel (la detención de 23 personas, prolongada desde hace tres semanas, por su reclamo contra las condiciones de alquiler en el Hotel Carlos V, en la Ciudad de Buenos Aires, es otra muestra de esta política). Para el gobierno que se ufana de ser defensor de los Derechos Humanos, el pueblo trabajador y empobrecido no tiene derecho a reclamar ni a vivir mejor. Estos hechos demuestran la necesidad de seguir luchando contra la represión y la judicialización de los conflictos sociales, que, hoy como ayer, siguen siendo herramientas del Estado para imponer los intereses de los poderosos e intentar acallar las protestas populares.

 Exigimos la INMEDIATA LIBERACIÓN DE TODOS LOS DETENIDOS

 BASTA DE REPRESIÓN E IMPUNIDAD

 BASTA DE PERSECUCIÓN A LOS QUE LUCHAN

 CONTRA LA REPRESIÓN, ¡UNIDAD, ORGANIZACIÓN Y LUCHA!

CORREPI SUR

Teléfonos de contacto:

155-499-2811 (Martín Alderete)

153-256-5269 (Gerardo Etcheverry)

155-864-4064 (Ana)



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