Bulacio: Estado argentino reconoció que incumple sentencia
Reproducimos comunicado de prensa:
CASO BULACIO
El estado argentino -que mata un pibe cada cuarenta horas- reconoció que la
sentencia en la causa Bulacio sigue incumplida.
En la audiencia convocada por la Corte Interamericana de DDHH (Corte IDH) a fin de
que el estado argentino de explicaciones sobre el incumplimiento de la sentencia
dictada el 18 de setiembre de 2003 en el caso Bulacio, representantes del ministerio
de justicia seguridad y derechos humanos debieron admitir que los dos puntos
principales de la condena siguen incumplidos. Las abogadas de CORREPI, que
representaron a la víctima, señalaron que las medidas anunciadas por el estado a
cinco años de la condena, no son oportunas ni suficientes, ni modificarán las
permanentes violaciones a los derechos humanos que comete el aparato represivo
argentino, con un promedio de una muerte por gatillo fácil y tortura día por medio.
En la audiencia realizada esta mañana en Montevideo estuvieron presentes el
Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y la Directora de Asuntos
Internacionales de la Secretaría, Andrea Gualde, quien admitió ante tres de los
jueces de la Corte IDH -Sergio García Ramírez, Manuel Ventura Robles y Margarette
May Macaulay-, que a cinco años de la condena dictada por el tribunal internacional,
el estado argentino no ha cumplido. Gualde enumeró las medidas anunciadas el martes
pasado por el Ministro de Justicia, Aníbal Fernández, como la designación de Duhalde
como querellante en la causa penal interna, y «la creación de una comisión de
expertos para adecuar la legislación en materia de detención de personas a los
estándares constitucionales y de derechos humanos».
Para tratar de explicar la paralización de la causa penal interna, pese a la
apariencia de trámite que le dan los permanentes recursos dilatorios de la querella,
la representante del estado recurrió al remanido argumento de la división de
poderes, lo que hizo que la jueza Macaulay se manifestara «pasmada» ante la inacción
del gobierno para asegurarse que sus jueces cumplan con las obligatorias sentencias
de la Corte IDH. «Si los jueces argentinos no saben que nuestras decisiones son
obligatorias para ellos, el poder ejecutivo podría organizar seminarios para que lo
aprendan», dijo la magistrada que representa a Jamaica.
Las integrantes de CORREPI explicaron a los jueces que la política de estado que
ocasionó la muerte de Walter Bulacio hace 17 años, es la misma que hoy mata a chicos
que no habían nacido entonces, a un promedio de uno cada 40 horas. Señalaron que
buena parte de los casos registrados en sus archivos corresponden a personas
detenidas en comisarías sin haber cometido delito alguno, en virtud de las
facultades policiales para «identificar» o «averiguar antecedentes» , o de los
códigos de faltas o contravenciones. En un informe escrito presentado en conjunto
por CORREPI, CELS Y CEJIL, se adjuntaron, entre otros anexos, los listados de unos
15 casos similares al de Bulacio, todos ocurridos en comisarías argentinas después
de la sentencia de septiembre de 2003.
Sobre el anuncio de que la Secretaría de DDHH sería querellante en la causa, María
del Carmen Verdú subrayó que el estado, lejos de ser la víctima en el caso Bulacio,
es, como en todo caso de gatillo fácil o torturas, el victimario, que no puede
pretender ser querellante. Aunque, aclaró, «eso lo deberá decidir el juez de la
causa, que bien podría dar al gobierno represor el derecho a ser parte que desde
2002 se nos niega a nosotros como apoderados de la familia, pese a la orden de la
Corte de reponernos como querellantes» .
Respecto de la derogación de las normas y prácticas que habilitan a las fuerzas de
seguridad argentinas a detener personas fuera de los supuestos de flagrancia o de
orden judicial, la representante del estado usó el carácter de país federal de
Argentina para justificar el incumplimiento. CORREPI, en cambio, sostiene que ningún
gobierno, ni éste ni ningún otro, mientras ejerza el poder en nombre de los que
tienen todo, y quieren tener más, querrá desprenderse de esas valiosas herramientas
para el control social. «No hace falta una comisión de notables para que el PEN
mande al congreso el proyecto de derogación de la ley 23.950 de averiguación de
antecedentes, o para que inste a los gobiernos provinciales y la ciudad de Buenos
Aires a derogar los códigos contravencionales o sus normas locales sobre Doble A, –
dijeron las abogadas Verdú y Góngora- La prometida ‘Comisión de Notables’ para
estudiar el tema es una típica aplicación de la doctrina peronista histórica: cuando
te quieras sacar un tema de encima, armá una comisión, decía el ex presidente Juan
Perón».
Por último, los abogados de CORREPI, CELS y CEJIL peticionaron a la Corte IDH que
tome medidas más activas para asegurar el cumplimiento de su condena por parte del
estado argentino, y solicitaron que se requieran en forma directa a la Corte
Suprema, al Consejo de la Magistratura y al Poder Ejecutivo Nacional, infomes sobre
las causas por las cuales no se ha cumplido todavía.
Después de la audiencia, en ronda de prensa, dijeron las representantes de CORREPI:
«Es un verdadero agravio a todas las víctimas de la represión policial que los
representantes de un gobierno que administra el estado argentino hace cinco años
vengan a llorar lágrimas de cocodrilo y a hacer promesas de un cumplimiento en el
que llevan esos mismos cinco años de demora».
La Corte IDH sesionará en noviembre próximo, fecha en la que puede emitir su
decisión sobre lo planteado, aunque los jueces fueron claros en manifestar su
preocupación por la falta de cumplimiento y la ausencia de iinterés real en hacerlo.
CORREPI
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
correpi@fibertel. com.ar
http://correpi. lahaine.org/
DRAS MARIA DEL CARMEN VERDU (011) 154 417 0659
SILVIA GONGORA: (011)154 095 4062