16/11/2004

Resumen de Noticias Nº 2: Corrupción y violencia escolar en Moreno

También en esta edición: SIMECA denuncia aprietes policiales / Juicio contra MTR / Paro en Paraguay por desalojos


La Agencia de Noticias RedAcción (ANRed) – Distribuye el siguiente Resumen de Noticias por Cable – Agradecemos su difusión (16-11-2004)


Denuncian amenazas políticas y corrupción detrás del úlitmo caso de violencia escolar donde joven se hirió con su arma en la localidad de Moreno.

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2004 (ANRed) – Docentes y padres de la escuela 42 de Moreno, donde un alumno resultó herido la semana pasada por un disparo accidental del arma que llevaba a escondidas, denunciaron a ANRed que punteros de esa localidad tratan de responsabilizar por lo ocurrido a la directora del establecimiento. Los integrantes del
aparato clientelar del PJ no sólo se valieron de una campaña pública, sino que recurrieron a amenazas telefónicas a docentes, padres y contra la secretaria general de la seccional de esa localidad del Sindicato Ùnico de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA). La escuela 42 se ganó el calificativo de «zurda» entre los funcionarios del PJ local, luego de realizar numerosas actividades en defensa de los derechos humanos junto a las Madres de Plaza de Mayo y al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

Los docentes y padres de la escuela, que esta semana se hizo conocida el lunes 8 por el disparo accidental que hirió al alumno Matías de 16 años, confiaron bajo estricta preservación de sus indentidades que el instigador de las denuncias sería Sergio Pasos, ex Presidente del Consejo
Escolar entre 2001 y 2003 y ex Director de Gestión de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de la que se tuvo que alejar este año sospechado de corrupción.

Las fuentes, quienes temen represalias por la denuncia, señalaron que «desde que se produjo el accidente, los punteros del Barrio San Cayetano se hicieron pasar por padres de la escuela para responsabilizar a la directora ante los medios, acusándola de permitir que los chicos ingresaran a la escuela con armas blancas y drogas.» Además contaron el
buen vínculo que desarrolla la escuela con la comunidad: «a pesar de las denuncias promovidas por los punteros, al día siguiente del disparo, todos los padres siguieron mandando a sus hijos a la escuela, cuando se podrían haber sumado a la campaña de desprestigio pidiendo la suspensión de las clases y el alejamiento de sus directivos».

El capítulo mediático de la campaña tuvo ribetes scandalosos. Luego de una asamblea docente, el sindicato denunció al Canal 26 de cable del dirigente menemista Alberto Pierri ante el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) porque les pagaba a los chicos de la escuela dos pesos y les ofrecían comida a cambio de que hablen frente a las cámaras sobre su «mala experiencia en el establecimiento».

La parte oculta de la campaña fue peor que la mediática. La secretaria general de la seccional de Moreno del SUTEBA Mariana Cataneo fue amenazada telefónicamente el jueves 11 por la noche por un desconocido que le dijo que se cuide porque «van a caer como nosotros». La impericia
del amenazador en confirmar su pertenencia al grupo instigador de las amenazas, ya se había hecho sentir dos semanas antes cuando otro grupo de desconocidos ingresó a la sede de la seccional y robó una computadora y papel. El hurto y las amenazas se produjeron luego de que el gremio
docente junto a otras organizaciones firmara un volante titulado «Qué hacemos con los corruptos». El volante denunciaba que Sergio Pasos iba a volver a dirigir la Escuela Media 9, cargo en el que está con licencia, luego de haber sido implicado administrativamente en hechos de
corrupción.

* Persecución ideológica y pobreza en el conurbano

Según comentaron los docentes de la escuela 42 «la persecución ideológica en Moreno es moneda corriente», y «la intromisión de los punteros en las escuelas también se produjo en otras tres escuelas con el objetivo de desprestigiar a la escuela pública para poder avanzar en la
municipalización», un objetivo promovido desde hace años por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y firmemente resistido por la comunidad educativa.

La persecución también cuenta con redes administrativas. «Los sumarios internos contra directivos y docentes están siendo cada vez más frecuentes. Por ejemplo, a la directora de la escuela 57, le abrieron un sumario por no respetar símbolos patrios, pero en el fondo se ataca a esta escuela por que es la única de Cuartel V -un barrio ubicado a 25 Kilómetros del centro de Moreno- en la que Sergio Pasos no pudo hacer
pié».

Pasos, fue presidente del Consejo Escolar de Moreno y luego Director de Gestión en la Dirección General de Escuelas, cargo al que tuvo que renunciar por sospechas de estar implicado en hechos de corrupción con fondos destinados a las escuelas. Los docentes comentaron que Pasos, cuando fue titular del Consejo Escolar entre el 2001 y el 2003, se negó
en varias oportunidades a suministrar fondos a la escuela alegando que «a la escuela 42 no le cambio ni un vidrio porque son todos zurdos».

Después del accidente de Matías el lunes 8, la escuela 42 fue
intervenida por la Dirección General de Escuelas. Según los docentes «la intervención ha llegado porque están viendo a quién cortarle la cabeza».

Los padres y docentes mantienen reuniones para debatir qué reclamos realizar para que terminen con la intervención. Sin embargo no sólo han tenido reuniones, la semana pasada más de 100 padres, alumnos y docentes realizaron un abrazo al establecimiento. La medida fue «un acto que intenta ser reparador de los vínculos de la escuela con la comunidad»,
expresó a ANRed uno de los docentes participantes. El apoyo fue decidido por una asamblea realizada en la sede del sindicato por más de 80 maestros, quienes se reunieron para debatir qué actitud tomar ante la rapidez con la que se habían desarrollado los hechos.

Luego de que un alumno asesinara a 3 de sus compañeros en la escuela Islas Malvinas de Carmen de Patagones (al sur de la Provincia de Buenos Aires) el 28 de septiembre pasado se desató una serie de hechos de violencia escolar que fueron ampliamente difundidos por la prensa nacional. Sin embargo la trama oculta del caso de la Escuela 42 de Moreno
confirma que existen métodos ilegales de coacción política entre la estructura partidaria de los municipios del conurbano bonaerense y las ya maltrechas comunidades educativas. Para la mayoría de los consultados por ANRed, «sería muy difícil imaginar lo que podría pasar si las escuelas de la provincia pasaran a depender de los municipios.»

«La 42», está ubicada en uno de los barrios más pobres del Municipio de Moreno, 38 kilómetros al oeste de la Ciudad de Buenos Aires. A ese establecimiento como a los demás que están repartidos por todo el distrito asisten miles de niños y jóvenes provenientes de una población mayor a los 400 mil habitantes que registra el 50 por ciento de desocupación y cuya principal fuente de trabajo es la docencia, con 16
mil trabajadores de la educación. El lunes 8 , la 42 se hizo conocida en todo el país. Uno de los alumnos de la escuela de 16 años, ingresó al aula con un arma que se le disparó accidentalmente hiriéndolo en el abdomen. El joven ya está fuera de peligro.(ANRed)

ANRed.org – 16-11-04


Sindicato de Trabajadores Mensajeros de Capital denuncia aprietes policiales y procesamientos por inspecciones laborales contra empresas.

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2004 (ANRed).- El Sindicato
Independiente de Mensajeros y Cadetes (SIMECA) denunció que viene sufriendo una serie de acosos por parte de efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) en su sede sindical de esta capital y agregó que los cinco integrantes de una comisión de inspección laboral, reconocida por el Ministerio de Trabajo, fueron detenidos a mediados de octubre y deben enfrentar una causa penal en su contra desde esa fecha. Según voceros del sindicato, las presiones policiales se intensificaron desde el 22 de septiembre cuando marcharon luego del horario de trabajo a la sede de la cartera laboral para exigir la regularización de la actividad, aumento del porcentaje percibido y la legalización del gremio.

Según cálculos del SIMECA sólo en Capital Federal y Gran Buenos Aires trabajan cerca de 60 mil mensajeros que cumplen una jornada laboral de 12 horas de lunes a viernes y perciben el 50 por ciento del total facturado por los viajes efectuados, menos los costos operativos que corren por
cuenta del trabajador.

La masa crítica de mensajeros tiene entre 18 y 35 años y cuentan con diferentes escalas de ingreso económico en caso de trabajar con bicicleta o moto. En el caso de los que trabajan pedaleando el ingreso mensual llega a los 400 o 450 pesos (unos 150 dólares) y entre los que viajan motorizados la facturación mensual es de 800 y mil pesos (unos 330
dólares). Sin embargo todos deben correr por su cuenta con los gastos de combustible, peajes, repuestos, indumentaria para la lluvia y hasta el uniforme de la empresa que los contrata.

La gran mayoría trabaja sin salario fijo y el nivel de facturación depende de los viajes realizados, lo que relaciona mortalmente a la velocidad con la suma acumulada al final del día. Hasta ahora no han podido precisar la cantidad de accidentes que sufren al año, ya que la mayoría de los siniestros son registrados como automovilísticos y no
como accidentes de trabajo.

* Detenciones y procesamientos

La movilización del 22 de septiembre llegó a las puertas del Ministerio de Trabajo para reclamar medidas que cambiaran las duras condiciones de trabajo de los mensajeros y cadetes, popularmente conocidos como «motoqueros». Los recibió el subsecretario de Relaciones Laborales Guillermo Alonso Navone, quien escuchó el reclamo de regularizacíon de la actividad, blanqueo con pago de aportes, aumento del porcentaje percibido al 80 por ciento en vista de los costos asumidos y poder discutir condiciones laborales con las cámaras que agrupan a las empresas de mensajería. Según confiaron los voceros del SIMECA, Navone se mostró abierto a los reclamos y propuso inspecciones conjuntas de la policía del trabajo junto al sindicato para reempadronar a las empresas y verificar cuántos mensajeros trabajan en relacion de dependencia. Según el SIMECA,»al gremio le pareció una buena propuesta porque les significaba una manera de ingresar a las empresas y comprobar las irregularidades cometidas.»

Así fue que tres semanas después de la audiencia, una comisión de inspección conjunta se presentó el 15 de octubre en la empresa Trans Cycle. Afirma el SIMECA que luego del relevamiento, cuando los inspectores del ministerio ya se habían retirado, «el dueño de la agencia se enojó mucho, amenazó a los 5 integrantes sindicales de la comisión y comenzó a gritar a los empleados y a ordenarles que no hablaran con nosotros.» El empresario le pidió al sindicato que se retirara y ordenó que llamaran a la policia. Los refuerzos no se hicieron esperar y luego de trasladarlos a la comisaría para que declararan por una presunta causa
civil por «amenaza recíproca», terminaron detenidos bajo una causa penal por «amenaza coactiva y violacion de domicilio».

Luego de ser liberados, los integrantes gremiales de la inspección continuaron trabajando y ya llevan 20 empresas relevadas, pero continúan procesados penalmente por verificar las condiciones laborales de sus compañeros.

* Los aprietes

Las detenciones no fueron más que el principio de una serie de acosos que aún no han concluido. El lunes 8 unos 15 efectivos con uniforme de infantería de la Policía Federal trataron de ingresar a los empujones a la sede sindical ubicada en Venezuela 1225. Los policías dieron con el
lugar luego de que siguieran a 4 integrantes del sindicato que volvían de repartir volantes gremiales a sus colegas. En el móvil 607, patente EDY 580, se trasladaron los policías comandados por el sargento Mamani y el cabo Silvestre que luego de llegar les dijeron: «Ustedes saben bien por qué estamos haciendo esto». Según el sindicato, los policías «sin mediar palabra intentaron ingresar al local diciendo que dos de los jóvenes habían cruzado un semáforo en rojo.»

El abogado miembro de la Liga Argentina por los Derechos Humanos Hector Trajtemberg, radicó una denuncia en los Tribunales Federales por abuso de autoridad, donde el SIMECA agrega que tres días antes los policías ya habían intentado ingresar a la fuerza con el pretexto de obligarles correr las motos de los trabajadores del sindicato «porque obstruyen el tránsito».

* El sindicato indepentiente

El SIMECA lleva 4 años de existencia y es un sindicato independiente que lleva adelante los reclamos de los trabajadores mensajeros y cadetes, en su mayoría jóvenes que sufren duras condiciones de trabajo que ponen en riesgo sus vidas y cuya actividad no cuenta con ninguna regulación legal que los proteja. Desde su existencia han tenido que soportar las presiones de la Camara de Empresas de Mensajería de la República Argentina (CEMARA) y han protagonizado importantes movilizaciones para exigir el libre pase de peaje de los trabajadores mensajeros de lunes a viernes en horario aboral, el libre estacionamiento y el repudio al pago del impuesto por el monotributo.

En las jornadas del 19 y 20 diciembre de 2001, durante la rebelión popular que provocó la renuncia del Presidente Fernando De la Rúa, uno de los integrantes del sindicato, Gastón Riva de 30 años, fue asesinado en la esquina de Avenida de Mayo y Tacuarí, a 5 cuadras de la Casa Rosada.
Riva es una de las 35 víctimas que se cobró la represión policial desatada en todo el país durante las jornadas de diciembre. El SIMECA lleva adelante una campaña para conseguir testigos que hayan visto cómo Gastón fue asesinado y poder reconstruir la escena del crimen.(ANRed)

ANRed.org / 16-11-2004


Audiencia preliminar para militantes del MTR-CUBA en Mar del Plata por pedir trabajo para desocupados. Lanzan petitorio en repudio al juicio.

Mar del Plata, 16 de noviembre de 2004 (ANRed).- Dos integrantes del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR-CUBa ), Chacho Berrozpe y Marta Venegas, fueron citados por el juez marplatense Walter Dominella para una audiencia preliminar el próximo miércoles 24 por su participación en
el año 2000 en una movilización y corte en la Ruta 2 por reclamar trabajo en las cercanías de la ciudad de Mar del Plata.

La carátula de la causa que se les imputa es «Impedimento del
transporte terrestre» y está inscripta en la Fiscalía 1 de los tribunales marplatenses bajo la investigación penal preparatoria 69377 a cargo del Agente Adjunto Fabián Ernesto Belén. Si en la audiencia preliminar se determina la culpabilidad de ambos acusados el juicio oral tendrá
lugar en marzo del año próximo, después de la feria judicial.

La causa abierta en contra de los trabajadores desocupados data de 4 años atrás, cuando el 23 de noviembre de 2000 el Movimiento Teresa Rodríguez realizó un corte de ruta para pedir trabajo junto con la Corriente Clasista Combativa (CCC) a pocos kilómetros de la ciudad de Mar del Plata por el acceso de la Ruta 2. Al año siguiente, el 12 de abril de
2001, también realizaron otro corte en el mismo lugar y con el mismo reclamo de fuentes de trabajo para los desocupados, pero esta vez sin la participación de otras organizaciones.

Como no tienen abogado propio, cuentan con un Defensor Oficial Correccional, abogado Ariel Ciano y quienes atestiguan en su contra son dos miembros de la policía bonaerense, Aníbal Darío Cano y Horacio Omar Fuentes, además de contar el juez con material televisivo grabado de
Canal Azul de Mar del Plata.

Antonio Bitto, dirigente de MTR- Cuba, manifestó a ANRed que «la progresiva transformación del derecho de petición a las autoridades, del derecho a la protesta y el reclamo por mejores condiciones de vida, en hechos tipificados como delito por los tribunales argentinos es una de las señales más claras de la sistemática persecución a los que no se
resignan a que la pobreza, la miseria y la desocupación sean su único destino»

Indignado por la persecución que sufren hoy los luchadores populares, Bitto expresó que para contrarrestar esto hay que estar «más unidos que nunca y en la calle, y demostrar al tribunal y al gobierno que toda la sociedad condena la persecución de las ideas políticas».

*Petitorio

En un comunicado el MTR-Cuba convoca a firmar un petitorio al juzgado que procesa a los dos militantes populares.

El texto original del petitorio es el siguiente:

«Los abajo firmantes, organizaciones y ciudadanos
comprometidos con la plena vigencia de las libertades públicas y democráticas; defensores de los DDHH e integrantes del campo popular, nos dirigimos a ese Tribunal a fin de manifestar nuestro repudio frente al procesamiento e inminente juicio oral contra los compañeros Chacho
Berrozpe y Marta Venegas con motivo de su participación en una movilización durante el año 2000 en la ruta 2, reclamando Trabajo, y una segunda acusación a Chacho Berrozpe por un corte en la misma ruta el año 2001. Ambos cortes fueron en la ciudad de Mar del Plata y la carátula es de impedimento del transporte terrestre. La progresiva transformación
del derecho de petición a las autoridades, del derecho a la protesta y el reclamo por mejores condiciones de vida, en hechos tipificados como delito por los tribunales argentinos es una de las señales más claras de la sistemática persecución a los que no se resignan a que la pobreza,
la miseria y la desocupación sean su único destino. El 24 de noviembre es la audiencia preliminar al juicio.»

Para ampliar información o recibir las firmas del petitorio el MTR -Cuba ha publicado los siguientes teléfonos: Antonio Bitto (154-1493213) o a Mar del Plata con Chacho Berrozpe (0223-4877911) o al 0223-4773970.

O por mail:
chachomtr@yahoo.com,bsas@elteresa.org.ar,noticias@elteresa.org.ar

(ANRed)

ANRed.org / 16-11-2004


Más de 1700 personas debatieron sobre salud mental y derechos humanos en el tercer Congreso convocado en Buenos Aires por Madres de Plaza de Mayo.

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2004 (ANRed).- El Tercer Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos organizado por la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo reunió a más de 1700 participantes de todo el país y de países limítrofes para debatir sobre las posibilidades de comprender a la Salud Mental como un campo de disputa, con el objetivo de alejarlo de su uso como herramienta de control social y que sea parte de un proceso de transformación hacia
una sociedad justa y equitativa.

Al encuentro asistieron sanitaristas, operadores comunitarios, psicólogos, artistas, terapeutas, comunicadores sociales, educadores populares y demás actores que participan e intervienen en la práctica de la Salud, tanto desde instituciones formales como desde movimientos
sociales u otros espacios de práctica terapéutica.

Los principales temas tratados fueron las prácticas clínicas, las instituciones, los dispositivos sanitarios, los movimientos sociales y la enseñanza en salud mental. El abordaje de la Salud Mental pretende, de acuerdo a lo tratado en los distintos espacios que convocó el Congreso, la cuestión clínica para entender los aspectos que refieren a la Salud Mental como herramienta para la crítica de los distintos aspectos que conforman la vida de los sujetos en la sociedad contemporánea.

Un claro ejemplo de esta visión se expresó en la conferencia del reconocido sanitarista Mario Testa cuando abordó los aspectos políticos de la salud, en tanto ésta no puede reducirse a «la ausencia de enfermedad o al imposible bienestar pleno biológico, psicológico y social», sino que debe apuntarse a comprender la salud en términos políticos, comprendiendo que «tiene que ver con las cuestiones de
poder, y una política de salud tiene que plantearse de qué manera se distribuye en poder en la sociedad. Una política de salud tiene que ser un proyecto de liberación».

El encuentro comenzó el jueves 11 con un acto en el marco de la tradicional marcha de las Madres que se realiza en Plaza de mayo cada jueves desde hace 27 años por el reclamo de sus hijos desaparecidos durante la última dictadura militar. Las principales actividades se llevan a cabo en la sede de Hipólito Yrigoyen 1584 de la Capital Federal, aunque la masividad del encuentro abarcó a otras dos sedes anexas.

Bajo la coordinación general de la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, el congreso se desarrolla con gran afluencia de concurrentes a las más de 200 actividades que se realizan en durante los cuatro días, que se organizan como mesas redondas,
talleres, debates, presentaciones de trabajos y libros, seminarios y conferencias.

El Congreso clausuró sus actividades el domingo 14 con el acto de cierre a las 15:30, en el que se entregaró un premio al mejor trabajo presentado en el Congreso.

Para mayor información puede consultarse la página web
del congreso http://www.congresoismydh.com.ar/. (ANRed)

ANRed.org / 15-11-04


INTERNACIONAL


Paraguay: Matan a un campesino y desalojan a otros 400. Hoy comienza paro nacional en repudio y hay más de 30 detenidos.

PARAGUAY, Asunción, 16 de noviembre de 2003. (ANRed) Una organización campesina de Paraguay denunció el violento desalojo de 400 trabajadores rurales llevado a cabo por militares y policías, que dejó como saldo un campesino muerto y varios heridos. Hoy martes, distintas organizaciones
políticas, sindicales y campesinas comenzaron un paro general en repudio a los atropellos y sus repercusiones profundizar la crisis para el gobierno de Nicanor Duarte Frutos.

El agricultor Aureliano Espínola, de 55 años, murió como resultado de los ataques de las fuerzas de seguridad, entre gases lacrimógenos y «violencia física contra hombres y mujeres». Durante esta operación,
realizada ante el fiscal de Santa Rosa, Victor Agüero y más de 30 campesinos fueron detenidos.

Los presos luego de ser desalojados de distintas propiedades privadas de la zona, están en huelga de hambre con la consigna de «libertad vivos o muertos». Además señalaron que Aureliano Espínola no murió de paro cardiorrespiratorio, sino apaleado en manos de la Policía Nacional. Los campesinos que realizan huelga de hambre en la cárcel regional de Concepción denunciaron que fueron brutalmente golpeados por antimotines
y humillados con tratos inhumanos.

La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas, CONAMURI, sostuvo además, a través de un comunicado que los dirigentes campesinos recibieron amenazas de encarcelamiento por parte del gobierno.

Esta organización denuncia que el 4 de noviembre desalojaron
cuatrocientos campesinos y campesinas acampados en la estancia Ku’ape (de 7.000 hectáreas, propiedad del alemán Rodi), distrito de General Resquín,departamento de San Pedro.

Los campesinos denunciaron que «la policía y los militares, apoyados por civiles, destrozaron los ranchos y persiguieron a los ocupantes hasta las viviendas de comunidades cercanas, donde con violencia apresaron a sus moradores». Además, requisaron y desmantelaron la radio comunitaria Naranjito.

En tanto, en varios departamentos del país, como Itapúa, Alto Paraná, San Pedro y Kanindeju, se siguen realizando desalojos violentos de varias ocupaciones.

Asimismo, a las cárceles de San Pedro y Ciudad del Este, «muy rebasadas en su capacidad, siguen llegando campesinos, hombres y mujeres, niños y niñas, quienes en los pequeños calabozos están en condiciones infrahumanas», denunció esta organización.

Aparicio Miranda, uno de los afectados por los desalojos, señaló que «la quema y destrucción de las viviendas la realizaron militares y policías el viernes, luego de que medios de prensa que habían ido a verificar el
desalojo de la propiedad se retiraran del lugar». Además denunció que los militares volvieron tres días después para completar la destrucción.

Los campesinos denunciaron que además de destruir y quemar, los militares robaron algunos animales y utensilios domésticos. Las familias habían abandonado el asentamiento para evitar ser arrestadas durante el procedimiento encabezado por la fiscal Adriana Pedretti.

En el lugar estaban asentadas unas 97 familias desde junio de 2003. Las tierras pertenecerían a Emilio Ramírez Russo, ex presidente de Petropar, aunque los campesinos señalaron que nunca vieron algún documento que lo acredite.

Las organizaciones reclaman la expropiación de 580 hectáreas del total de 3.800 que tiene la propiedad. En tanto, para hoy está convocado un paro general , con movilizaciones de sindicatos , estudiantes y diferentes organizaciones sociales, y organizaciones campesinas que llevarán cabo
cortes de rutas, entre otras medidas. (ANRed)

ANRed.org / 16-11-2004


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