Boletín de CORREPI Sur
Difundimos boletín:
«Los Derechos Humanos son los derechos que tienen los pueblos a hacer la revolución» (León «Toto» Zimerman)
boletín mensual de Correpi Sur- Noviembre 2007
Sumario
Presos políticos: los trabajadores de Las Heras, con arresto domiciliario
El juicio contra el genocida Héctor Antonio Febres
Militantes anarquistas, procesados por luchar
Juicio oral contra dos luchadores populares por participar de una marcha
Penal de Santiago del Estero: una masacre anunciada
Próximas actividades
Otro paso adelante en la lucha por la libertad de los presos políticos
Tras casi dos años de cárcel, los compañeros Juan Pablo Bilbao , Darío Catrihuala, Ramón Cortés, Hugo González, Franco Padilla y Alexis Pérez, detenidos durante la brutal represión contra el conflicto gremial que estalló en la localidad santacruceña de Las Heras en febrero de 2006, consiguieron la prisión domiciliaria .
El pasado 4 de noviembre, la jueza Graciela Ruata de Leone dictó esta medida, que incluye el derecho de los compañeros a regresar a sus lugares de trabajo. Al igual que en los casos de los dirigentes de Quebracho Fernando Esteche y Raúl Lescano «“que fueron excarcelados»“, y del compañero del FUTRADEyO José Villalba, también con arresto domiciliario, la intensa lucha por la libertad de los presos políticos dio sus frutos.
Sin embargo, la política de criminalización y judicialización de la protesta no ha cesado , tal como lo demuestran, entre otros hechos, la decisión de procesar a 15 compañeros anarquistas por exigir «“nada menos»“ que la liberación de un preso político, o la de llevar a juicio oral a otros dos compañeros por participar de una marcha (ver notas en este mismo boletín). Por eso, lejos de conformarnos con los avances que la lucha antirrepresiva va logrando, debemos redoblar los esfuerzos para alcanzar la libertad de todos los presos políticos y el cese de la persecución política y judicial a los que luchan.
Febres: un juicio parcial contra un feroz genocida
El pasado 18 de octubre comenzó el juicio oral contra el prefecto Héctor Antonio Febres, miembro de la Prefectura Naval que actuó durante la última dictadura en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA). Se trata del primer juicio contra un represor de ese campo de concentración, por el cual se calcula que pasaron más de cinco mil compañeros. Sin embargo, a pesar de que en la causa están denunciados más de 300 genocidas, este proceso se inicia sólo contra Febres y por su responsabilidad en solo cuatro casos de tormentos , cuando este siniestro personaje está acusado por centenares de delitos (homicidios, tormentos, desapariciones forzadas y sustracción de menores).
Esta decisión del Tribunal Oral Federal Nº 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que lleva adelante la causa, resulta de una total arbitrariedad y contradicción jurídica , ya que juzga al represor sólo por los tormentos contra cuatro personas (todas sobrevivientes de la ESMA), sin considerar su previo secuestro y su permanencia en condición de detenidos-desaparecidos. Todos los testimonios brindados ante el tribunal, además, fueron contundentes a la hora de señalar la responsabilidad de Febres en ese campo de concentración y su participación tanto en los operativos de secuestro como en las sesiones de tortura. Por si fuera poco, está también señalado como uno de los encargados de decidir el destino de los niños nacidos en cautiverio. Pero pese a las exigencias de la querella de unificar este juicio con el resto de la causa ESMA, esta solicitud fue rechazada.
La parcialidad del tribunal parece no tener límite, ya que a esta sumatoria de injusticias se agrega la decisión de requisar a los abogados querellantes en la entrada a las sesiones, y la de no dejar acceder a los periodistas con cámaras o grabadores. Ante esto último, la querella elevó un reclamo a la Corte Suprema, pero esta se declaró «incompetente».
En definitiva, esta forma de juzgar a los genocidas es no solamente parcial y arbitraria, sino claramente funcional a la impunidad , y responde tanto a los intereses políticos de aquellos que pretenden defenderlos y reivindicarlos, como a los de quienes pregonan que es suficiente con juzgar a unos pocos asesinos paradigmáticos y solo por algunas de sus víctimas. Por eso exigimos: ¡Cárcel común a todos los genocidas y por todos los compañeros!
15 procesados por exigir la liberación de un preso político
15 compañeros, la mayoría de ellos integrantes de la organización Cruz Negra Anarquista, fueron procesados por la jueza María Romilda Servini de Cubría por participar de una manifestación que se realizó el 29 de agosto pasado frente a la Embajada de Uruguay, en reclamo por la libertad de Fernando Masseilot (militante uruguayo que en ese momento se encontraba detenido en el vecino país acusado del delito de «sedición» por asistir a una protesta local contra Bush).
En esa oportunidad, alrededor de 50 personas se concentraron frente a la sede diplomática. Pocos minutos después de iniciada la actividad, la policía reprimió a los manifestantes y detuvo a 15 de ellos, que fueron acusados de los delitos de «daño agravado» y «atentado y resistencia a la autoridad», y cuya defensa quedó a cargo de integrantes de CORREPI SUR.
Sin embargo, no se causó ningún destrozo a la Embajada: el único «daño» que recibió el edificio fueron algunas manchas de pintura y consignas escritas en las paredes. Entre los detenidos, ninguno fue identificado como responsable de estas pintadas, ya que no se les halló ningún instrumento que sirviera para tal fin , sino solamente elementos comunes a cualquier manifestación (volantes, banderas y pirotecnia). A pesar de no tener ninguna prueba, y dando muestras de lo que consideramos una abierta persecución ideológica, Servini de Cubría sostuvo que el objetivo único de la manifestación era causar daño, ya que «ello se vislumbra en el tipo de elementos utilizados por los encartados al manifestarse, las banderas pintadas exigiendo la libertad del nombrado y los demás elementos confeccionados con una única finalidad, la de causar daño» .
Con esta medida, adoptada el 22 de octubre pasado, la jueza que tan buenas relaciones tenía con el menemismo (y tiene con este gobierno), deja en evidencia la voluntad de judicializar y criminalizar la protesta, resolviendo dictar un procesamiento sin contar siquiera con pruebas que vinculen a los acusados con el supuesto delito investigado. Exigimos el desprocesamiento de los compañeros y el cese a la persecución de los luchadores.
Juzgan a dos compañeros por participar en una marcha
El próximo jueves 22 de noviembre comenzará el juicio oral y público contra Francisco Luis Gelso y Daniel Eduardo Rodríguez, acusados de «haber impedido el normal funcionamiento de los transportes por tierra al cortar el tránsito vehicular», en una movilización realizada 18 de julio de 2005, en la que más de 1500 personas marcharon desde Puente Saavedra hasta la Quinta Presidencial de Olivos en demanda por mejoras en los planes sociales. Este es un nuevo ejemplo de la política de judicialización y criminalización de la protesta que lleva adelante el gobierno, respondiendo con persecución, cárcel y procesamientos a los justos reclamos del pueblo.
Daniel Rodríguez es delegado gremial del Frigorífico Tango Meat, y se sumó a esa movilización en solidaridad con las organizaciones convocantes, en tanto que Luis Gelso es dirigente de la Corriente Clasista y Combativa de zona norte, una de las agrupaciones organizadoras de la marcha. En el caso de estos compañeros, al igual que en el de cientos de luchadores procesados en todo el país, se ha aplicado el art. 194 del Código Penal (creado por el dictador Onganía en el año 1968) que castiga el «entorpecer o impedir» el normal funcionamiento del transporte. Sin perjuicio de que cortar el tránsito para reclamar por el cumplimiento de derechos básicos y elementales no es un delito, la particularidad de esta situación es que en ningún momento se «cortó» el tránsito, sino que simplemente se marchó de un lugar a otro (como en innumerables manifestaciones).
Además, en el caso de Daniel Rodríguez, lo único que lo incrimina es haber dado una entrevista televisiva en el lugar de los hechos, manifestando su solidaridad con el reclamo. Esto demuestra el abierto carácter persecutorio de procesos judiciales como este, que intentan, mediante la aplicación de la ley penal, cercenar no solo el derecho al reclamo y a la protesta, sino castigar cualquier gesto de solidaridad con los que luchan.
El juicio comenzará el día 22 de noviembre a las 10.00 horas, en el Juzgado Federal nº 1 de San Isidro (3 de Febrero nº 110). CORREPI SUR llevará adelante la defensa de Daniel Rodríguez. Convocamos a todas las organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos a solidarizarse con los compañeros y exigir su absolución. Ante este nuevo ejemplo de la avance de la política de criminalización de la protesta, decimos: movilizarse y reclamar por los derechos pisoteados no es ni puede ser un delito. Si tocan a uno, nos tocan a todos. ¡Exigimos la absolución de Gelso y Rodríguez!
Masacre de Santiago del Estero: una política de Estado
El 4 de noviembre pasado, otra masacre tuvo lugar en una cárcel, cobrándose esta vez la vida de 35 presos del Penal de Varones de Santiago del Estero . Una vez más también, las versiones oficiales hablaron de un intento de fuga y un posterior motín. De esta forma, buscaron responsabilizar a las víctimas, negando que las muertes hubieran ocurrido a causa de la feroz represión y de la inacción para prevenir y combatir el incendio que se desató en el penal. Lo cierto es que este hecho, como sus antecedentes, desnuda una política estatal en la cual el endurecimiento de las leyes y el abandono por parte del Estado de quienes se encuentran privados de la libertad origina un escenario de superpoblación carcelaria, pésimas condiciones de detención, maltrato físico y psíquico, y ausencia de todo tipo de dispositivos de seguridad ante los siniestros, que tarde o temprano provoca masacres como la ocurrida.
Según las denuncias de los familiares, los detenidos habían sufrido una violenta requisa ese mismo día y el anterior. Esto, sumado a la indignación por el maltrato que sufrían las visitas por parte del Servicio Penitenciario (que incluyeron la realización de un «tacto vaginal» a las mujeres con el supuesto objetivo de evitar el tráfico de drogas), el repentino acortamiento del horario de visita y, por supuesto, las inhumanas condiciones generales de detención, motivaron una protesta por parte de los internos. Los familiares comenzaron a congregarse afuera exigiendo que se respetara la vida y la integridad física de los presos y que se brindara información sobre lo que ocurría al interior de la cárcel, ya que escuchaban los disparos que se producían adentro y veían ingresar ambulancias permanentemente. Como respuesta, fueron también reprimidos. Sus temores se confirmaron ante el saldo terrible de los hechos y la comprobación a simple vista de las marcas de golpes que presentaban los cuerpos de las víctimas (pruebas que, por si faltara algún detalle del encubrimiento de la masacre, fueron obviadas en las autopsias).
Nada indica que las autoridades locales y nacionales estén dispuestas a llevar adelante una investigación seria sobre lo ocurrido ni, por supuesto, a atender los justos reclamos que desataron la protesta de los detenidos. Esto significaría un cambio rotundo en lo que ya es una política de Estado que, lejos de mejorar, empeora a pasos agigantados. Las condiciones de hacinamiento en el penal de Santiago del Estero (cuya capacidad, según cálculos del CELS, fue superada en un 122 por ciento y que aloja a 276 personas «“más de la mitad de su población»“ sin condena firme) son comunes a todas las cárceles del país. Que no exista un sistema mínimo de seguridad, comenzando por el cumplimiento de las normativas en el uso de colchones ignífugos y terminando por la provisión de extinguidores cargados y autobombas en condiciones de responder ante un siniestro (los extinguidores del penal estaban vacíos y el cuerpo local de bomberos tiene una autobomba que no funciona), tampoco es casualidad: expresa el desinterés del Estado en la seguridad de la población en general y de las personas privadas de la libertad en particular. Por eso decimos que no se trata de una tragedia, sino de una masacre, ya que no hay fatalidad alguna en los sucesos, si no que estos son producto de una política institucional que viola sistemáticamente los derechos humanos, a pesar de la retórica kirchnerista que dice reivindicarlos .
Próximas Actividades
Jueves 22 de noviembre, 10 horas: convocamos a todas las organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos a solidarizarse con los compañeros Gelso y Rodríguez, perseguidos por luchar. La cita es en el Juzgado Federal nº 1 de San Isidro (3 de Febrero 110)
Jueves 22 de noviembre, 19 horas: Charla sobre la Ley Antiterrorista en la Universidad Nacional de Lanús (Malabia y 29 de septiembre, Remedios de Escalada). Organiza el Centro de Estudiantes de Trabajo Social de la UNLa.
Para contactarnos:
Correpi Sur se reúne todos los martes a las 20 horas en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Corrientes 1785 2º «C», capital (teléfono: 4371-8066).
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NO A LA LEY ANTITERRORISTA
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