Masacre de Avellaneda: La impunidad sigue, la lucha también
Al cumplirse cinco años de la masacre del Puente Pueyrredón, los responsables políticos de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán siguen impunes. En la cárcel, el comisario Alfredo Fanchiotti posee status de preso vip, tal como se denunció desde el Frente Popular Darío Santillán (FPDS).
El 26 de junio de 2002, distintas organizaciones piqueteras resolvieron efectuar una medida de fuerza para exigir al gobierno de Eduardo Duhalde la resolución de reivindicaciones concretas: el pago de los planes de empleo, aumento de los planes de 150 a 300 pesos, implementación de un plan alimentario gestionado por los propios desocupados, insumos para las escuelas y los centros de salud en los barrios, desprocesamiento de las y los luchadores sociales y la defensa de los obreros de Zanón. Esta medida consistía en la paralización de la ciudad a través del corte de los puentes.
Mientras los manifestantes intentaban llevar adelante el corte como se había establecido, la represión planificada por el Gobierno se desató brutalmente en el Puente Pueyrredón. El 26 de junio de 2002 fue la primera vez que actuaron conjuntamente las tres fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura y Policía Federal) y la Policía bonaerense. Se convocó además a personal retirado para que actuara como paramilitar.
Y allí estaban Dario Santillán (MTD-Lanús) y Maximiliano Kosteki (MTD-Guernica) pertenecientes, en aquel entonces, al Movimiento de Trabajadores Desocupados Anibal Verón. Ambos en la inicial fila de seguridad; Kosteki llevaba adelante su primera experiencia en lo relativo a la autodefensa. Y allí, en la estación de trenes de Avellaneda, las balas de la represión del grupo de tareas que dirigió el ex comisario Alfredo Fanchiotti, dieron en sus cuerpos.
Kosteki fue baleado en la entrada del supermercado Carrefour, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen. Recibió una lesión en el pecho; otros dos perdigones atravesaron sus piernas. Una vez herido, sus compañeros lo llevaron hasta la estación de trenes de Avellaneda para pedir una ambulancia. Allí también estaba Santillán, quien, al advertir que policías entrarían a la estación, dijo a sus compañeras y compañeros: «Me quedo yo, salgan».
Y mientras Darío se arrimaba al cuerpo de Maxi con el fin de auxiliarlo, su mano se alzó con el ímpetu de un luchador para frenar las balas asesinas. Éstas, fieles ejecutoras de la represión, debían continuar con el plan.
El disparo sobre Dario no tardó en llegar y, en los cinco metros que recorrió desde que se puso de pie y buscó la salida, la perdigonada completa de munición de plomo dio en su espalda.
La institución policial cumpliría así con el propósito pergeñado entre todas las fuerzas y el gobierno de Eduardo Duhalde.
Dario y Maxi y los miles de manifestantes, es decir, «la base social organizada y en crecimiento, demostraron, en esa jornada de lucha y resistencia, la voluntad política de pelear por esas reivindicaciones como una muestra real de la necesidad de exigir sus derechos», enfatiza Mariano Pacheco de la agrupación estudiantil La Nausea en el Frente Popular Darío Santillán. Y agrega que «el corte coordinado de los puentes constituyó una decisión política acertada ya que implicó, ni más ni menos, que la acción concreta de sostener el derecho a la protesta». Se jugaba allí la vigencia histórica de la posibilidad de ocupar las calles, las rutas y los puentes como medida de fuerza.
LAS RESPONSABILIDADES EN LA MASACRE
Los días posteriores a la movilización piquetera, el discurso directo del Gobierno y aquel que levantaron los medios de comunicación funcionales al poder político, dio muestras claras de hacia dónde debían dirigirse las responsabilidades de lo sucedido aquella tarde en la jornada de lucha: «fue simplemente un enfrentamiento entre la policía y los piqueteros causados por la gran crisis que atravesaba el país», como dejó entrever en su titular y en el desarrollo de las publicaciones del 27 de Junio de 2002, el Gran Diario Argentino, eludiendo la posibilidad de que existiese una orden política de reprimir.
Autores materiales condenados, responsables políticos, aún libres
En la investigación sobre lo sucedido, contenida en el libro Dario y Maxi, Dignidad Piquetero, publicado en 2003, se describen los movimientos efectuados por las fuerzas de seguridad, afirmando en su desarrollo que «el grupo que actuó en la estación (de Avellaneda) al momento del asesinato de Darío estuvo conformado por el comisario (Alfredo) Fanchiotti, el principal Quevedo, el oficial De la Fuente y los cabos Colman y Acosta. Junto al parapolicial Robledo y al menos otros dos infantes, se movieron en forma coordinada desde antes de que se iniciara la represión. El resto de los policías fueron expresamente contenidos por el oficial De la Fuente, quien dirigió el cordón de Infantería, y por otro agente apostado junto a la entrada de la estación, señalando a sus camaradas que volvieran a la formación.
En la estación hubo al menos cinco detonaciones echas con anterioridad al asesinato de Darío, en los andenes, el patio y el hall de la estación, en vidrios, puertas y ventanas, de manera tan alevosa como no lo habían hecho en ningún otro tramo de la represión. Quienes los efectuaron tenían la intención de que se escucharan las detonaciones y se generaran corridas y caos. Fanchiotti diría que estos disparos previos provenían de los piqueteros y eran los causantes de las muertes.
El proceder de Acosta y Fanchiotti, como evidencian las fotografías y testimonios, consistió en aplicar sobre los manifestantes una particular versión de la ley de fugas con la que represores y guardiacárceles fraguan enfrentamientos: alentar una huída para fusilar por la espalda. El principal Quevedo y el cabo Colman patearon a Darío en el piso cuando agonizaba y le levantaron las piernas a Maxi para garantizar que se desangrara. Ambos se preocuparon por encubrir las pruebas que los incriminaban, recogiendo los cartuchos que dejaron rastros del plomo utilizado».
La lucha incansable de los familiares, movimientos populares, organizaciones y abogados de Derechos Humanos se materializó el 17 de mayo de 2005 con el inicio del juicio por la masacre . Luego de seis meses de indagatorias, el 9 enero de 2006 el Tribunal Oral N°7 de Lomas de Zamora sentenció a pena de prisión perpetua a Alfredo Fanchiotti y a Alejandro Acosta por los homicidios de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Condenó por tentativa de homicidio por otros siete heridos de bala de plomo a Félix Vega, Carlos Quevedo, Mario de la Fuente, Gastón Sierra y Lorenzo Colman, ex efectivos que actuaron en la masacre, acusados de encubrimiento agravado, quienes recibieron entre cuatro y dos años de prisión. El veredicto para Celestino Robledo, policía retirado que realizó detenciones, fue de 10 meses de cárcel en suspenso.
«Reivindicamos el fallo por tratarse de la sanción de las máximas penas a los autores materiales de los crímenes; aunque sostenemos que el comisario Vega, superior de Fanchiotti, no sólo encubrió sino que fue parte de una planificación mayor, y lo mismo los otros policías que recibieron penas menores», sostuvieron desde el Frente Popular Dario Santillán días posteriores a la sentencia. Y dejaron en claro que «deben ser condenados quienes decidieron esa represión criminal y dieron las órdenes», es decir, deben ser juzgados los autores ideológicos y responsables políticos de la represión que dejó como saldo dos manifestantes asesinados y más de 40 heridos con balas de plomo.
Sin embargo, a pesar de la exigencia de juicio y castigo para los autores intelectuales de los hechos del 26 de Junio, hasta ahora ningún funcionario fue juzgado. Actualmente, en la administración kirchnerista, todos ellos poseen cargos institucionales, situación que pone en evidencia la nula voluntad política de avanzar hacia un proceso judicial.
El ex presidente Eduardo Duhalde fue secretario político del MERCOSUR. El ex secretario de seguridad Juan José Álvarez, el ex Jefe de Gabinete Alfredo Atanasoff, el ex Ministro del Interior Jorge Matzkin, el ex Ministro de Justicia Jorge Vanossi, el número dos de la SIDE, Oscar Rodríguez ocupan en la actualidad una banca de diputados. Mientras Felipe Solá se mantiene en el cargo de Gobernador de la Provincia de Buenos Aires; el ex ministro de Seguridad y Justicia Luis Genoud se desempeña como juez de la Corte Suprema provincial y el ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Carlos Soria es hoy intendente de la localidad de General Roca y candidato oficialista para la gobernación de Río Negro.
La mayor culpabilidad pronta a encajonarse
Es la causa que se tramita en el Tribunal Federal Nº 10, a cargo del fiscal Miguel Ángel Osorio, que hoy, a cinco años de la masacre, se encuentra paralizada.
«Para entender mejor las conductas de los imputados es necesario analizar la responsabilidad de sus superiores jerárquicos y de los funcionarios políticos en lo sucedido», afirmaba en Mayo de 2005 Claudio Pandolfi, abogado de la querella, dejando claro que existe una omisión concreta por parte de la justicia en el avance de la causa en relación la intelectualidad de lo acontecido. «Nuestro derecho y nuestros jueces nunca han tenido la idea de avanzar más allá del autor material», recalcó a su vez.
De este modo, el reciente comunicado del Frente Popular Dario Santillán, ratifica aquello que denunciaron hace dos años cuandolos responsables políticos no concurrieron a declarar al juicio de Lomas de Zamora: «Aquel argumento no fue más que una chicana jurídica para que ellos esquiven a la justicia. Hoy, a pesar de la evidencia que señala la responsabilidad de la SIDE en los asesinatos, de las confesiones de Atanasof que declaró que el gobierno «iba a una guerra» con los piqueteros un día antes de que se produjeran asesinatos con munición de guerra, a pesar de los informes que Juan José Álvarez dijo tener para inculpar a los piqueteros, como parte del plan criminal, ninguno de ellos será citado en ninguna instancia y la instrucción de la causa será prontamente archivada. Ante estos mecanismos de impunidad, solo nos queda la denuncia y la movilización popular».
Por otra parte, respecto a los autores materiales que hoy cumplen condena, difundieron que el comisario Fanchiotti, condenado a cadena perpetua el 9 de enero de 2006, se encuentra alojado en la Unidad 25 del Penal de Olmos de La Plata, lugar que, como denunciaron los presos comunes, «se destina a los amigos del servicio penitenciario. Con la excusa de tratarse de una unidad evangelista (bajo control de pastores de esa religión), allí Fanchiotti goza de un régimen de visitas permanentes que viola los criterios que se aplican al resto de los reclusos, se le permite tener objetos que se le niegan a los demás presos, como teléfonos celulares sin identificación, y se le facilita el acceso a los estudios universitarios arreglando los informes psicológicos que funcionan como un filtro insalvable para la mayoría de los reclusos pero que no resultan una dificultad para este criminal que cuenta con la complicidad de sus «camaradas» del servicio penitenciario.».
Asimismo, en el comunicado del Frente Popular Dario Santillán, se denuncia la gravedad del caso y se exige cárcel común, perpetua y efectiva a estos criminales: «Esta situación de impunidad cobra un grado mayor de peligrosidad si tenemos en cuenta que, una de las líneas de investigación por la desaparición de Julio López llevó a las condiciones operativas (virtuales oficinas y visitas que no quedan registradas) que Miguel Etchecolatz y sus cómplices disponen en las cárceles por complicidad del servicio penitenciario, similar situación que ahora denunciamos gozan los asesinos de Darío y Maxi».
«LIBRES O MUERTOS, JAMÁS ESCLAVOS»
«Cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directo con el poder, el mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre. Cortar rutas es un esfuerzo y una acción que tenemos que hacer para cambiar la situación que estamos viviendo, cambiarla de fondo. Nosotros no nos vamos tranquilos porque tenemos el plan de 150 o 200 pesos, hay un montón de cosas para cambiar y es a través de esta medida como se pueden llegar a ese cambio. Esta es nuestra visión sencilla de lo que es cortar una ruta, de lo que puede llegar a ser piquetero», expresaba Dario Santillán en una entrevista realizada en una de las medidas de fuerza efectuadas por el movimiento piquetero. «Vamos a dar el todo por el todo. Tomar la identidad de los compañeros que han matado y seguir adelante con la lucha. Lo que sentimos en carne propia es que somos parte de los que pelaron en aquellos años, de la misma historia y queremos cambiar la realidad en la que vivimos», relataba en aquel entonces.
Arremetidos por las balas, los cuerpos de los luchadores sociales Dario y Maxi estuvieron hasta el final enfrentando al mecanismo siniestro y represivo propio del aparato político.
Así como expresa Mariano Pacheco, del Frente Popular Darío Santillán: «Maxi y Darío son el símbolo y la síntesis de lo que pretendemos construir, de lo hacían y hacen cientos de compañeras y compañeros a lo largo y a lo ancho del país».
Los militantes asesinados el 26 de Junio de 2002 en el Puente Pueyrredón, «con su nivel máximo de compromiso, expresan la transformación necesaria de cada uno en justos, nobles y generosos. Es esa la enseñanza mayor. La historia de Dario y Maxi no se resume solamente en su muerte, creo que lo importante es el compromiso durante la vida. Ellos no se definen porque fueron asesinados por la represión, sino que se definen por esa vida cotidiana de construcción que se expresa esos gestos de fraternidad, en ese encuentro entre ambos en el momento de la represión. Como los militantes de la década del 70, los piqueteros fusilados estuvieron dispuestos a vivir por un proyecto. El compromiso de los luchadores es por la vida y no por la muerte. Luchar por la vida pero no de cualquier modo sino construyendo el socialismo para transformarnos en hombres y mujeres libres», expresa Graciela Daleo.
Hace cinco años que una imagen se construía en la actual estación Darío y Maxi (ex Avellaneda); los actos representativos del hombre nuevo volvían a tener vigencia en la autodefensa y en la actitud solidaria de arriesgar la vida en el intento por salvar a otro: Dario a Maxi, ese otro que horas antes estaba arrojando las piedras para impedir el avance de las fuerzas represivas y proteger al resto. Cuerpos heridos en plena resistencia ejerciendo en las calles una actitud coherente como pocas, son cuerpos en el pleno ejercicio de la libertad, que sienten y viven el peso de una historia cargada de opresión.
