12/09/2007

Cuestionan la demora en la causa del 20 de diciembre

Reproducimos comunicado de prensa:

Organizaciones de derechos humanos cuestionan demora en la causa y exigen un pronto
juicio oral

Más de cinco años y medio después, las graves violaciones a los derechos humanos
cometidas durante la represión de la protesta social en diciembre de 2001 -que dejó
cinco muertos en las inmediaciones de Plaza de Mayo, decenas de heridos y
detenciones arbitrarias- continúan impunes.

El CELS, CORREPI y la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) presentaron una
queja por «retardo de justicia» ante la Cámara Federal de Apelaciones y reclamaron
que el juez federal Claudio Bonadío eleve la causa a juicio oral. Entre los
imputados se encuentran el ex secretario de seguridad, Enrique Mathov, el ex jefe de
la Policía Federal Argentina, Rubén Santos, y los Comisarios Norberto Gaudiero y
Raúl Andreozzi.

En octubre de 2006 la jueza Servini de Cubría había decretado el cierre de la etapa
de instrucción y en febrero de este año la causa quedó en condiciones de ser
resuelta. Tras el alejamiento de Servini de Cubría, en julio, Bonadio se hizo cargo
de la investigación. Más de un mes después de asumir la causa, el juez informó a las
partes que en 15 estaría en condiciones de elevarla a juicio. Sin embargo, ese lapso
venció sin que hubiera una resolución. Por esta razón, los representantes de las
víctimas interpusieron un pedido de «pronto despacho», que tampoco fue tenido en
cuenta por el magistrado. Frente a la falta de respuestas, decidieron realizar una
presentación ante la Cámara Federal.

En la presentación conjunta, los abogados Rodrigo Borda (CELS), María del Carmen
Verdú (CORREPI) y Rodolfo Yanzón (Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos)
remarcaron que el plazo que fija el Código Procesal Penal para resolver la elevación
a juicio (5 días) «venció hace más de 6 meses», y estimaron que Bonadío «al asumir
competencia para intervenir en una causa de esta complejidad e importancia
institucional también asumió la responsabilidad de cumplir los plazos legales y no
dilatar el avance del proceso».

Los querellantes denunciaron que las defensas de los imputados «han venido
desarrollando, a lo largo de toda la investigación, una sistemática actividad
dilatoria», que frenó la elevación a juicio oral. En la presentación ante la Cámara,
cuestionaron las maniobras a las que recurrió la defensa y señalaron que corresponde
a los jueces «tomar las medidas necesarias para evitar la responsabilidad
internacional del Estado por denegación de justicia y retardo injustificado en el
trámite del proceso, en particular cuando se trata de un caso en el que se investiga
la violación de derechos humanos».

CORREPI

Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
Ciudad de Buenos Aires . Argentina

correpi@fibertel. com.ar

www.correpi. lahaine.org



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