692 muertos por el gatillo fácil y la tortura en cuatro años de gobierno

Reproducimos información:

«EL RESPETO Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS», SEGÚN KIRCHNER: 692 muertos por el gatillo
fácil y la tortura en 4 años de gobierno

En la edición del viernes 25 de mayo del diario Clarín los lectores encontraron un
«suplemento especial» titulado Cuatro Años de la Gestión del Presidente Kirchner.
Claro que en letra chica se aclaraba que el aparente «suplemento especial», lejos de
ser una producción periodística del diario, era un «espacio de publicidad», es
decir, una gran solicitada de cuatro páginas a todo color que seguramente no se pagó
solamente con el aporte de los también aparentes «anunciantes», grandes sindicatos
burocráticos nucleados en la CGT y el intendente Julio Alak de Mar del Plata. De las
cuatro carillas, la contratapa está dedicada a la política de DDHH del gobierno
nacional. Bajo el título «POLÍTICA ACTIVA IMPLEMENTADA PARA EL RESPETO Y LA DEFENSA
DE LOS DDHH», luce una foto del presidente dando un discurso, atentamente seguido,
en primera fila, por una mujer con un pañuelo blanco en la cabeza. El texto es una
larga enumeración de actos de gobierno vinculados al tema, casi todas dirigidas a la
«memoria y justicia» respecto de hechos ocurridos con anterioridad a 1983.

De las pocas enunciaciones que, al menos en apariencia, tienen relación con las
violaciones a los DDHH posteriores al fin de la democracia, la mayoría son
iniciativas como la creación de Observatorios de Derechos Humanos y de delegaciones
provinciales de la Secretaría de DDHH. La experiencia concreta enseña que estas
medidas han sido, en efecto, muy eficaces, pero no para reducir el alcance y la
intensidad de la represión estatal, sino para normalizarla y naturalizarla, como si
el gatillo fácil, las torturas o las detenciones arbitrarias fueran producto de otra
cosa que una política de estado prolijamente gerenciada por el gobierno, y como si
desde el seno del Estado se pudiera desarrollar una militancia por la defensa de los
DDHH. La cooptación de organismos y referentes del ámbito de los DDHH, entre ellos
especialmente víctimas o familiares de víctimas actuales o pasadas de esa política
represiva, es central -como lo muestra la foto que ilustra la «nota»- para vestir de
legitimación lo que es, lisa y llanamente, la estrategia del gobierno para
defenderse de quienes exponemos a diario su voltaje represivo.

Por eso sostenemos que no hay un «doble discurso» en materia de DDHH: hay uno solo,
integrado por la dirección política del aparato represivo, que nadie sino el
gobierno ejerce, y una serie de iniciativas dirigidas a darle consenso para reprimir
más y mejor. En este aspecto son centrales para el gobierno la promoción de acciones
contra los represores del pasado, que para nada sino como lastre le sirven hoy; y la
presentación de los hechos de represión actuales como «abusos», «excesos»,
«desbordes individuales» o «resabios de la dictadura», posición avalada por todos
los que integran (aun admitiendo en algunos cierta posible «buena fe») los Programas
y Comisiones Antiimpunidad, las delegaciones de la Secretaría de DDHH o sus pares
provinciales y municipales y los «Observatorios», sin olvidar a quienes, sin estar
orgánicamente integrados al estado, reciben sus subsidios, firman convenios,
destacan funcionarios para esas áreas, o simplemente acceden a integrar comisiones
conjuntas con el gobierno en su condición de «actores de la sociedad civil»
dispuestos a «participar en la gestión de las políticas públicas de seguridad».

También se enuncia en el artículo de propaganda el «trabajo activo para la
implementación de la Convención Contra la Tortura (…)». Quizás fue un error de
imprenta, pues debería decir «trabajo activo para la implementación de la tortura
como método sistemático en cárceles y comisarías». Nunca desde 1983 ha sido tan
evidente el uso de la tortura como herramienta represiva cotidiana, con el
acompañamiento y defensa del conjunto del aparato estatal. No sólo dirige el
ejecutivo a las fuerzas cuyos funcionarios torturan a diario. Jueces y fiscales
vienen profundizando la doctrina del acto individual, condenando (cuando no tienen
más remedio) por homicidio lo que es tortura seguida de muerte (como en el reciente
caso Gallardo); ignorando como si no existieran las responsabilidades funcionales y
usando a destajo las figuras penales leves que los legisladores han tenido a bien
proveerles para que la tortura, aberrante delito contra la humanidad, crimen de
estado por excelencia, baje su intensidad para ser simples y excarcelables apremios,
vejaciones, severidades o maltratos. Nada que no se pueda resolver con un cursito de
DDHH dictado por los cooptados a que nos referimos más arriba, o con el reclamo
inconsistente del «desmantelamiento del aparato represivo del estado» que sólo puede
entenderse en estas circunstancias como purga de los «resabios de la dictadura» y
los «corruptos», o con la creación de una «nueva policía, transparente y honesta,
controlada por comisiones de vecinos, educada por los organismos de DDHH y
subordinada a la Constitución y las leyes». Tenemos, qué duda cabe, una policía, un
conjunto de fuerzas de seguridad, plenamente subordinadas a la legalidad del
sistema, aplicando a diario la política represiva del estado cuyo brazo armado
integran. Cursos de DDHH dictados por premios Nobel de la paz o por familiares de
víctimas actuales o pretéritas es lo que sobra en los institutos de formación. Sin
embargo, no es poco frecuente que el primer hecho de tortura o gatillo fácil que
protagonice un egresado ocurra en su primer año de servicio.

El aparato represivo ES
el estado, gobierne quien gobierne. Sólo que algunos logran gobernar de modo que eso
se note menos, rodeándose de símbolos históricos y adoptando un lenguaje
políticamente correcto, mientras sus subordinados nos fusilan o matan en la tortura
un pibe día por medio.

En los cuatro años de gobierno kirchnerista, son por lo menos 692 las personas que
han muerto por el gatillo fácil y en cárceles y comisarías, muchas de éstas por la
tortura. Desde el cierre de nuestro Archivo de Casos 2006, hemos registrado 58 casos
posteriores al 15 de diciembre. Casi setecientas víctimas del aparato represivo del
estado en cuatro años, con un promedio de 173 por año; 15 por mes, uno día por
medio, lo que representa una intensidad represiva mayor que la de Alfonsín, Menem,
De la Rúa o Duhalde. Y más grave aún, con un grado de consenso que ninguno de ellos
alcanzó, gracias a su famoso «discurso de defensa de los DDHH», que logra
eficazmente que parezca para tantos que sólo Carlos Fuentealba fue asesinado por un
policía en lo que va del año.

Quizás donde más se evidencia la hipocresía que muchos confunden con decisión
política de no reprimir sea en el último punto enumerado en el artículo, que anuncia
la «colaboración con las provincias y otros actores en la promoción y defensa de los
DDHH en el marco de casos ante la Comisión y la Corte Interamericana de DDHH». El
estado argentino tiene una sola condena de la Corte IDH por una violación a los DDHH
posterior a 1983, y no la ha cumplido, ni la cumplirá nunca mientras se gobierne
reprimiendo a las mayorías oprimidas. Desde el 18 de septiembre de 2003 el gobierno
sostiene el incumplimiento de la condena en el Caso Bulacio, porque sencillamente no
puede hacerlo sin abandonar sus más preciadas herramientas represivas. Porque
cumplir la sentencia del Caso Bulacio requiere derogar todas las facultades de las
FFSS para detener personas arbitrariamente, como la averiguación de antecedentes o
las faltas y contravenciones, y eso no está dispuesto a hacerlo ni este ni ningún
gobierno que defienda los intereses de los que necesitan ejercer el control social
sobre los trabajadores y el pueblo. Por el contrario, desde 2003 a la fecha se han
ampliado en muchos distritos las facultades policiales para detener personas,
incluyendo la ciudad de Buenos Aires, donde ahora los candidatos oficialistas van
por más, como se desprende de los variados proyectos de «policía de la ciudad», sea
nueva o «traspasada».

No puede sorprender que el gobierno mienta en un material publicitario, encima en
pleno año electoral. No puede sorprender que quienes creen que se puede reformar,
purgar, transparentar o democratizar las fuerzas de seguridad del estado burgués,
aplaudan medidas propagandísticas, legitimadoras de las instituciones del estado, o
estigmaticen como «izquierda siniestra» (lo dijo un ministro) a los que exponemos lo
que ocurre en la calle, en los barrios, en las comisarías y en las cárceles, y
señalamos sin condicionamientos quién dirige esa represión, y para qué.

Los que se sorprenden cuando la gendarmería dispara contra manifestantes, cuando se
amenaza o secuestra a un militante, cuando se libera a un torturador o un asesino de
uniforme, cuando la policía mata y tortura, y sólo encuentran respuestas en que «el
pasado» no ha sido suficientemente exorcizado, son los que conservan la esperanza de
que asome un «rostro humano» en el sistema de opresión, convirtiéndose así en útiles
herramientas para consolidarlo.

CORREPI

Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional

correpi@fibertel.com.ar