El millonario negocio del campo de deportes del Nacional Buenos Aires

El Consejo Superior de la UBA y la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. intentan resolver extrajudicialmente un problema legal por las tierras que pertenecen al campo de deportes del Nacional de Buenos Aires en la zona de Puerto Madero. Alumnos, ex alumnos, padres y docentes se oponen a la concesión por considerarla ilegítima e incluso anticonstitucional.

Por Facundo Barrio, egresado de la promoción 2006 del Nacional Buenos Aires

A fines del 2005, los alumnos del Nacional se enteraron por un artículo en el diario Clarín que el Consejo Superior de la UBA estaba considerando una oferta de la Corporación Antiguo Puerto Madero (CAPM S.A.) que proponía obtener la concesión por el terreno utilizado como campo de deportes del Nacional de Buenos Aires (CENBA) en Puerto Madero.

La idea de la Corporación era resolver con este acuerdo un problema legal existente, desde los 90, con la UBA por esas tierras millonarias que CAPM S.A. pretende adquirir para convertir dos canchitas de fútbol en dos monumentales torres de cuarenta pisos, un negocio más que millonario por donde se lo mire.

El terreno fue donado hace casi un siglo al Colegio y mediante una ley se estableció que sería para uso exclusivo de la institución. Sin embargo, durante la presidencia de Carlos Menem, fue creada la poderosa Corporación Puerto Madero con el fin de urbanizar las 170 hectáreas del lugar y con la facultad de poder «vender, conceder, permutar y arrendar total o parcialmente los inmuebles incorporados a la zona».

El Estado Nacional, así, ha transferido a la Corporación inmuebles que sólo pueden ser desafectados de la esfera pública a través de una ley del Congreso de la Nación, pero que en este caso fueron transferidos por la voluntad unipersonal del entonces presidente. De este modo, aunque las tierras son públicas, la Corporación puede disponer de ellas como si fueran privadas.

Por otra parte, en diez años Puerto Madero S.A. no ha presentado ningún balance al Estado del dinero obtenido con el emprendimiento.

En ese contexto, en los 90, se desató una batalla judicial entre la UBA y CAPM S.A. por la propiedad del campo de deportes, en la que la Universidad parece tener, al menos dentro de unos años, todas las de ganar. En los últimos años, el valor de las tierras en la zona aumentó espectacularmente por lo que la Corporación se ha mostrado particularmente interesada en obtenerlas de la forma que sea e hizo una tentadora oferta al Consejo Superior.

Intentando destrabar el conflicto por fuera de la ley, propuso entregarle al Colegio, a cambio de la mitad más valiosa del campo, un terreno perteneciente a la Armada a 100 metros del predio. Además, y aquí es donde los consejeros pusieron especial atención, entregarían a la UBA una suma millonaria de dinero para «refacciones edilicias» que podría ser utilizada como lo dispusiera el Consejo sin ningún control que garantizara transparencia en su manejo.

El Consejo Superior, misteriosamente, decidió tomar la decisión final rápido y durante el receso escolar de ese año, incluyendo en el proyecto de acuerdo una cláusula que exigía la ratificación del mismo dentro de los treinta días próximos a su primera firma. Ni alumnos, ni padres, ni profesores ni ex alumnos fueron enterados del asunto. Además, el rectorado no se preocupó por pedir una tasación oficial del predio para evitar que se malvendiera.

La noticia trascendió entre alumnos y ex alumnos que, preocupados por lo que pudiera ocurrir, organizaron un abrazo simbólico al predio en el que se manifestaron en contra del acuerdo y de la forma en que estaba siendo manejado. Al día siguiente a la protesta, el Consejo debería tratar el tema del campo de deportes, de modo que más de doscientos chicos marcharon a la sede correspondiente y, entre gritos y empujones, lograron entrar a la sesión para formalizar el reclamo.

Luego de que casi todos los consejeros se mostraran a favor de la firma del acuerdo, se decidió postergar por dos meses más la discusión y se resolvió que la decisión definitiva debería ser tomada en marzo del 2006. En el poco tiempo que tuvieron, los chicos se organizaron para juntar firmas en contra de la venta, se asesoraron con profesionales y trabajaron en comisiones para investigar y difundir el tema.

La postura de los alumnos no parecía ser un capricho adolescente. Otra vez en el centro de la escena mediática, los chicos del Nacional confrontaron sus argumentos con los de una poderosa sociedad de empresarios del establishment porteño, asesorada por un organizado equipo de abogados y favorecida por la complicidad creciente de las máximas figuras de la UBA.

El Consejo Superior ha enfatizado en que el presupuesto que la UBA recibe del Estado es muy bajo, y que por ese motivo se hace necesaria la firma de la concesión y la captación de los varios millones que significaría. Los chicos supieron responder argumentando que en lugar de exigir un aumento claramente necesario del presupuesto educativo, la máxima autoridad de la Universidad estaría firmando un acuerdo extrajudicial, otorgando bienes públicos para ser utilizados como si fueran privados y haciendo un turbio negociado con un símbolo como lo es el campo para una gran cantidad de ex alumnos, alumnos y futuros alumnos del Colegio (Aníbal Ibarra, que en aquel entonces era todavía Jefe de Gobierno de la Ciudad y por lo tanto tenía un vínculo más que estrecho con CAMPSA, juega todos los domingos el torneo de ex alumnos en el predio).

El primero de marzo del 2006 volvió a reunirse el Consejo. Cientos de estudiantes acudieron nuevamente a la sesión, y luego de una vergonzosa presentación de los estudios realizados sobre el tema por parte de los consejeros se postergó la decisión por 150 días más, de manera que el asunto quedara en manos de las nuevas autoridades de la Universidad.

Durante el año, los alumnos del CNBA organizaron charlas de debate en el Aula Magna del Colegio, hicieron un plebiscito que arrojó un ochenta y cinco por ciento por la NO VENTA y prepararon junto con algunos legisladores un proyecto de reforma del Código de Planeamiento Urbano para presentar en la Legislatura porteña.

Hasta el día de hoy, seguramente como consecuencia de la grave (y pública) crisis que está atravesando la UBA, el Consejo Superior no volvió a tratar el tema ni expidió ningún tipo de determinación. Sin embargo, la poderosa CAMPS.A tiene en jaque al campo de deportes con sus millones y sus grúas en las zonas aledañas. Con tanto dinero de por medio (estamos hablando de varios millones de dólares) los chicos saben que se trata de una batalla casi perdida»¦ casi.